Condena para acusado de la desaparición forzada de tres dirigentes comunitarios
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Un tribunal declaró culpable al excomisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio de la desaparición forzada de tres dirigentes comunitarios en enero de 1983, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.


“39 años de lágrimas, 39 años de luchas, de poder saber y clamar a Dios dónde está mi hermano”, dice Consuelo López, pocos minutos después de escuchar cómo un tribunal declaraba culpable al excomisionado militar, José Manuel Castañeda Aparicio.

Castañeda Aparicio fue sentenciado por la desaparición forzada de Rodolfo López Quej, el hermano de Consuelo, de su primo Francisco Guerrero López, y su tío Jacobo López Ac. Luego de tantos años, la mujer dijo: “Se hizo justicia”.

En la tarde del 24 de febrero de 2022 —casi cuatro décadas después de que los tres dirigentes comunitarios fueron secuestrados de sus casas en la aldea de Tampo, en el municipio de Tactic, en Alta Verapaz— la jueza Sarah Yoc Yoc, presidenta del Tribunal de Alto Riesgo “D”, leyó la sentencia condenatoria en contra de uno de los responsables de este crimen.

Audiencia del caso Tactic. Fotografía: Verdad y Justicia Guatemala.


El tribunal ubicó la detención de los tres dirigentes dentro del contexto del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996). Sucesivas dictaduras militares aplicaron la doctrina de la seguridad nacional y el uso de la fuerza contra personas consideradas “enemigo interno”. 

La jueza vocal dijo que, para los militares, el término “enemigo interno” se aplicaba a personas que representaban una amenaza al orden establecido por los militares. Entre ellas, catequistas, promotores de salud y líderes comunitarios

El tribunal afirmó que durante el proceso judicial quedó probado que en la madrugada del 26 de enero de 1983 se realizó un operativo en el cual comisionados militares y patrullas de autodefensa civil (PAC) de Tactic ingresaron de forma agresiva a las viviendas de las víctimas, encañonaron a sus familiares y tomaron el control del lugar, para posteriormente atar de manos a las víctimas  y capturarlos. 

La jueza Yoc Yoc afirmó que esta forma de actuar, que cabía entre los patrones de los comisionados militares y las PAC en otros lugares, parecía una “cacería de brujas” y afirmó que a la población se le sometió a una historia de terror. 

Los testimonios de los familiares de las víctimas fueron tomados en cuenta como prueba. Según la jueza, dichos testimonios acreditaron el contexto que se vivía en la época, los hechos y la práctica de desaparición forzada.

[Puedes leer más sobre el caso Tactic aquí: Se acerca el final del caso por la desaparición forzada de tres hombres en 1983]

Según las declaraciones, la familia López comenzó a sufrir intimidación y seguimiento a finales de 1982. Entonces, Rodolfo López fue detenido, amenazado y encarcelado. Los familiares identificaron a José Manuel Castañeda Aparicio, quien se conocía con el sobrenombre de “Zacapa”, como una de las personas que participó en su detención. Rodolfo López logró ser liberado entonces, pero desde este momento, la familia fue catalogada como enemigo interno

El excomisionado militar, José Manuel Castañeda Aparicio. Fotografía: Verdad y Justicia Guatemala.

El tribunal dijo que, bajo este marco, quedó comprobado que, semanas después, entre el 25 y el 26 de enero de 1983, los comisionados militares y patrulleros detuvieron ilegalmente a Jacobo López Aj, Francisco Guerrero López y Rodolfo López. 

Los familiares de las víctimas identificaron a Castañeda Aparicio y a Baltazar Milián como las personas que se llevaron a los tres dirigentes comunitarios, y que negaron cualquier información sobre su paradero hasta el día de hoy. 

El cuerpo de Jacobo López Ac fue encontrado entre 2012 y 2013 en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), que antes se conocía como Zona Militar No. 21 de Cobán.

El tribunal resolvió que José Manuel Castañeda Aparicio, bajo el principio jerárquico de mando de la Zona Militar No. 21 de Cobán, cometió el delito de desaparición forzada en contra de Jacobo López Ac, Francisco Guerrero López y Rodolfo López Quej. Fue sentenciado a 45 años y cuatro meses de prisión.

El tribunal dijo que también quedó demostrado que agentes del Estado de Guatemala, bajo la figura de comisionados militares y PAC, fueron responsables de la privación de libertad de las tres víctimas, sin ningún castigo o reacción por parte de los altos mandos. 

“No era posible negar que los altos mandos de la Zona Militar No. 21 y del Estado Mayor del Ejército de Guatemala tuvieran conocimiento de los hechos”, explicó el tribunal, ya que los comisionados militares estuvieron sujetos a la jerarquía de mando de los mismos. 

Como tal, eran obligados a informar sobre capturas y entregar a las personas catalogadas como enemigo interno era parte de sus funciones. 

Por tanto, el tribunal ordenó al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias en contra de los altos mandos de la Zona Militar No. 21, por su presunta responsabilidad en los hechos. 

La búsqueda por los desaparecidos continúa

Jacobo López Aj fue una de las 565 personas exhumadas por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) en la antigua Zona Militar No. 21 entre 2012 y 2013 y fue identificado en 2016 gracias a pruebas de ADN. La familia López aún no sabe el paradero de Rodolfo López Quej y Francisco Guerrero López. 

Familiares de los tres hombres desaparecidos en enero de 1983. Fotografía: Verdad y Justicia Guatemala.

“Vamos a seguir buscando en ese lugar”, dice Genara López, otra de las familiares, sobre a la antigua Zona Militar No. 21, ahora conocida como Creompaz. “Vamos a seguir averiguando dónde los dejaron”.

“Clamamos los restos de nuestros familiares”, insiste Consuelo López, “no sólo de nosotros, porque hay muchas familias que, así como sufrimos nosotros, están sufriendo ellas”.

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