Once lápidas se encuentran a la par de la escuela primaria de la aldea Aurora 8 de octubre, ubicada en la finca Xamán, en Chisec, Alta Verapaz. Un pequeño muro con malla separa la escuela del cementerio en el que sepultaron a once personas asesinadas por miembros del Ejército, el 5 de octubre de 1995. Hoy se escuchan risas de niñas y niños jugando a un lado del sitio donde, hace 27 años, se oían disparos y gritos de dolor. 

Martes, 30 de agosto de 2022. A un costado del cementerio, se ubica el centro de la memoria «Los mártires de Aurora -Xamán-». En las paredes cuelgan cruces de madera, los retratos de las personas asesinadas en la que hoy se conoce como la «Masacre de Xamán» y el retrato de monseñor Juan José Gerardi –un obispo defensor de los derechos humanos asesinado en 1998–. Dentro del salón hay sillas acomodadas en círculo y estanterías con documentos.

«Él es mi finado padre», dice un poblador mientras señala con el dedo un retrato. Luego señala otros retratos y menciona los nombres de dos personas asesinadas. Una mujer se sienta en una silla y observa la fotografía de su madre. Permanece en silencio, absorta en sus pensamientos.   

Debajo de las fotografías se leen algunas palabras de las personas asesinadas o testimonios de sus familiares. Entre las once víctimas de la masacre hay tres menores de edad.  

«Mamá, yo no quiero morir, quiero ir a la escuela y aprender a escribir», fueron las últimas palabras que la madre de Maurilia Coc Max escuchó de su hija de siete años.

«Papá, algún día vamos a volar en avión, y para que podamos hacerlo, ahora tenemos que sembrar cardamomo. Así podemos ganar un poco de dinero y vamos a ir en avión a Cobán», recuerda el padre de Santiago Coc Pop que era el deseo de su hijo, asesinado a los ocho años.

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La aldea Aurora 8 de octubre fue fundada hace casi 30 años, en 1994, por pobladores retornados, que habían huido de Guatemala durante la guerra y que se refugiaron en México por más de una década. Cuando ocurrió la matanza en esta aldea, la población tenía dos años de haber retornado al país.     

En 1993 hubo varios movimientos de retorno a Guatemala, algunos llegaron a la aldea Victoria 20 de enero, en Ixcán, Quiché. El espacio no era suficiente para todos los retornados, así que un año después el bloque de retorno, organizado en la cooperativa integral «La Unión Maya», compró la finca Xamán, con un crédito del Gobierno, a través del Fondo de Reinserción Laboral y Productiva (Forelap). 

«La gente estaba contenta de haber regresado de México. En el caso mío, no sabía yo nada de por qué se exiliaron, nos contaban la historia, pero temor no teníamos porque no lo vivimos», refiere un poblador, de 39 años –quien prefirió no ser identificado con su nombre por motivo de seguridad–. Él y su familia vivían en Uspantán, Quiché, en 1982. Huyeron de la guerra y se refugiaron en México, permanecieron allá durante más de una década.

Efraín Grave Morente, un líder comunitario de 41 años, es un sobreviviente de la masacre. Nació en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Su familia huyó a refugiarse a México cuando él era un niño y regresó a Guatemala siendo un adolescente. Ixcán es un municipio marcado por la guerra y la política de tierra arrasada. Muchos pobladores que escaparon a las masacres, huyeron a la selva o se refugiaron en México, durante la década de los ochentas.

«El 5 de octubre una patrulla militar ingresa a nuestra comunidad y se da una masacre, con el resultado de 27 heridos y 11 fallecidos. Dentro de eso, matan a mi finada madre Hilaria Morente de la Cruz. Es una fecha inolvidable y muy lamentable porque mataron a compañeros, hermanos, padres y madres», recuerda.

En el centro de la memoria «Los mártires de Aurora -Xamán-» está el retrato de su madre. Debajo de la fotografía de Hilaria Morente se leen las palabras que le dijo a su esposo José María Grave cuando retornaron a Guatemala: «Vamos al retorno, yo estoy dispuesta a derramar mi sangre sobre mi pueblo».

Un vecino, de 58 años, –quien prefirió no ser identificado con su nombre por motivo de seguridad– recuerda que tenía 18 años cuando huyeron de Huehuetenango y se refugiaron en México. Regresó a Guatemala once años después. «El 5 de octubre fue una tristeza, porque mi mamá salió herida. Yo ya tenía familia (esposa e hijos), ellos huyeron, se escondieron y no alcanzó la bala. Solo mi mamá le alcanzó la esquirla en el estómago. Fue duro, estuvo ella internada en el hospital tres meses», relata.

Luto en el primer aniversario de la comunidad

El 5 de octubre de 1995, las personas se preparaban para celebrar el primer aniversario de Aurora 8 de octubre. A las 10 y media de la mañana, algunos pobladores notaron la presencia de una patrulla militar cerca de la finca de hule.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que reconstruyó los hechos de la masacre de Xamán en su informe Guatemala: memoria del silencio, explica que un grupo de diez residentes salió al encuentro de la patrulla y pidió al oficial al mando explicar por qué estaban en el lugar. 

En el informe de la CEH se detalla que algunas personas dijeron que los soldados habían solicitado participar en las festividades de aniversario, así que los pobladores les hicieron pasar. Otras aseguraron que los vecinos habían exigido que los soldados entraran a la finca, para dar ahí mismo las      explicaciones.

Según la CEH, el subteniente Camilo Antonio Lacán Chaclán estaba al mando de la patrulla y ordenó ingresar a la aldea. En el juicio realizado en el 2003, Lacán declaró que el 5 de octubre de 1995 fueron interceptados por unos pobladores alrededor de las 12 y media del mediodía, cuando se dirigían a San Pedro Limón, un caserío cercano a la finca Xamán. El subteniente testificó que pidió a las personas que los dejaran continuar su camino, pero les insistían para que ingresaran al centro del poblado.

«Les dije a mis soldados: “Coloquen la boca del cañón hacia abajo”. Cumplieron los soldados lo que yo les dije. Empecé a movilizarme, subí y empecé a ver las casas, el terreno era quebrado… Escuché que había una persona llamando con el megáfono, que las personas llegaran al centro de la comunidad. Yo dije: “Esto es una trampa”. Había personas colocando láminas. Aquí traté de salir, lo que yo quería era salir de ese lugar. Me colocaron una valla humana y me dijeron: “No se va de aquí hasta que se reúna toda la población”», testificó Lacán en el juicio desarrollado hace 19 años.

Según relataría este año Mario René Enríquez, exministro de Defensa y testigo en el actual juicio, el subteniente Lacán sabía de la orden de no ingresar a comunidades de personas retornadas para evitar fricciones o conflictos. 

A eso de la una y media de la tarde, el subteniente habló con el alcalde auxiliar, recoge la CEH. Los pobladores les solicitaron que dejaran sus armas y permanecieran en el lugar hasta que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) verificaran una presunta violación de los acuerdos del 8 de octubre de 1992. Estos acuerdos regulan el retorno de los refugiados guatemaltecos en México y reconocen el carácter pacífico y civil de la población retornada. 

Los integrantes de la patrulla intentaron salir del lugar empujando a la gente con sus fusiles. Una mujer tomó el cañón del arma del sargento y éste ordenó a otro miembro de la patrulla que disparara. El hombre mató a tres personas. Empezó un tiroteo. Ese día, miembros del Ejército asesinaron a once personas y provocaron heridas a 27.

En el informe de la CEH se especifica que no hay evidencia de que los pobladores portaran armas de fuego ni testimonios que indiquen agresiones físicas contra los soldados. El Ejército reportó que se dispararon 246 proyectiles calibre 5,56 milímetros. La verificación realizada por la Minugua concluyó que tres integrantes de la patrulla militar resultaron heridos por los disparos descontrolados de sus compañeros.

La última masacre en Guatemala

La Masacre de Xamán es conocida como la última masacre registrada durante el conflicto armado interno en Guatemala. En 1995, el Gobierno del presidente Ramiro de León Carpio estaba en negociaciones para firmar los acuerdos de paz, que se aprobaron en diciembre de 1996. El ministro de la Defensa, Mario René Enríquez, presentó su renuncia cuatro días después de la masacre. Enríquez dijo que había tomado esta decisión después de que el presidente decidiera asumir la responsabilidad institucional por la matanza.      

El primer juicio por la masacre se realizó en 1999. Entonces, se condenó a 10 militares por homicidio y lesiones graves, y se absolvió a 15. Esta decisión fue anulada. Un año más tarde, se ordenó otro juicio tras la aceptación de un recurso de casación presentado por el Fiscal Especial, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, quien señalaba anomalías en el proceso. Se giraron órdenes de captura contra las personas absueltas y once militares fueron declarados prófugos.      

El nuevo debate oral inició el 3 de junio del 2003. Al año siguiente, 14 militares fueron condenados a 40 años de prisión por los delitos de ejecución extrajudicial y lesiones graves. 

Entre 2021 y 2022, cinco de los 11 sindicados que tenían orden de captura por este caso fueron detenidos. Julio César Armando López Rodríguez, José Asig Tec, Manuel Chen Yat, Carlos Juc Coy y Alejandro Cu Caal fueron acusados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa, lesiones culposas y allanamiento ilegal. Los cinco enfrentan juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Cobán, en Alta Verapaz. 

Por ahora, aún hay seis militares que siguen prófugos: Fernando Caal Coc, Manuel Tec Caal, Marcelino Caal Chub, Marcelino Caal Sacul, Mauricio Juc Caal y Pedro Beb Xol

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En 2018, 14 años después de la primera sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable al Estado de Guatemala por la muerte de once personas en la Masacre de Xamán. Las víctimas eran indígenas q’eqchi’, mam, q’anjob’al, ixil y k’iche’. La Corte también declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de familiares de los fallecidos. 

La querella contra el Estado de Guatemala ante la CorteIDH había sido presentada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). La CorteIDH refiere que en este caso faltó una investigación independiente e imparcial para lograr la sanción de todas las personas responsables.

Así, la Corte ordenó continuar con la investigación. Además, estableció una serie de medidas de reparación:, brindar tratamiento psiquiátrico y psicológico a las víctimas que así lo solicitaran; publicar la sentencia de la Corte y su resumen; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; crear un centro de salud en la comunidad; ampliar y asfaltar una carretera que se dirigiese hacia el interior de la aldea; y pagar las cantidades fijadas en la sentencia. Estas cantidades, en un rango entre 5 mil y 108 mil dólares, se establecieron por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costos y gastos.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por parte de los países firmantes de la Carta de la OEA (1948), entre los que está Guatemala.  

Sin embargo, el Estado de Guatemala no cumplió esta sentencia.

El incumplimiento del Estado

El camino hacia el poblado está en el kilómetro 482 de la Franja Transversal del Norte, a ocho horas de distancia de Ciudad de Guatemala. Un cartel da la bienvenida a las visitas: «Bienvenidos a la aldea Aurora 8 de octubre. Si acabas de llegar, bienvenido. Si te vas, vuelve pronto». 

Para llegar a la talanquera de ingreso a la aldea se deben recorrer otros cinco kilómetros de terracería. Cuando llueve se dificulta el tránsito. Ante la ausencia del Estado, las personas de la comunidad se organizan para colocar piedrín en el trayecto y así evitar que los vehículos queden atrapados en el lodo. 

La CorteIDH ordenó al Estado en 2018 que, en el plazo de dos años, ampliara y asfaltara la carretera que se dirige de la autopista hacia el interior de la aldea. El plazo venció en 2020, pero la carretera no ha sido asfaltada. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debía encargarse de la construcción de esta carretera y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) era la institución encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, en 2020, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei cerró la Copredeh y otras dos entidades que nacieron con los Acuerdos de Paz: la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Las funciones de estas tres instituciones fueron integradas en la naciente Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). 

Desde entonces, la Copadeh es quien asesora y coordina acciones para la protección de los derechos humanos y está a cargo, entre otras funciones, de garantizar que se cumplan las medidas de reparación ordenadas por la CorteIDH. La abogada Karla Campos, del GAM, señala que el proceso se ha vuelto más lento y engorroso, debido a la inexperiencia de los funcionarios de la Copadeh.

Aldo Dávila es diputado de la bancada Winaq. Ha dado seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana. El legislador dijo que convocó a tres reuniones de trabajo a representantes de la Copadeh, del Ministerio de Salud, y a Luis Gabriel Jo Lau, jefe de la Dirección de Caminos del CIV, para conversar acerca de los avances en el cumplimiento de la sentencia. Dávila asegura que Jo Lau no acudió a las reuniones y tampoco delegó su participación en otro funcionario.  

«No han venido, ellos (funcionarios de la Dirección de Caminos) se han resistido a venir a las reuniones, a pesar de que Copadeh tiene que coordinar con quienes están involucrados en el cumplimiento de la sentencia. Se han resistido a darme información a mí y a Copadeh», expresa Dávila.

Walter Beltrán, director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos de la Copadeh, indicó que la Dirección del CIV les ha informado que afrontan problemas de déficit financiero para atender los proyectos con ejecución de arrastre y se encuentra limitada la contratación de nuevos proyectos, por lo que continúan gestionando la asignación de fondos en el corto plazo. De momento, el CIV no ha indicado la fecha en la que empezará la construcción del tramo carretero.

Ocote solicitó contactar a Jo Lau por medio del área de comunicación de la Dirección de Caminos, pero al cierre de esta publicación todavía no se había obtenido respuesta. 

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En Aurora 8 de octubre viven 364 familias. Según un censo elaborado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística, en la aldea se contabilizaron 1,813 personas. El registro de las autoridades locales suma 2,184 habitantes. 

Se dedican al cultivo de maíz, frijol, cardamomo y hule. Algunos residentes crían animales como gallinas, cerdos, patos y vacas. El municipio de Chisec está a 230 metros de altura sobre el nivel del mar.  El clima es caluroso y húmedo. El terreno es irregular, las montañas rodean la aldea. La mayoría de las construcciones de las casas son de madera con techos de lámina, otras de adobe y algunas de concreto.

Palos de hule y cultivos de maíz ocupan algunos terrenos del trayecto que conduce al poblado. Unas fincas de cultivo de hule se ubican a 10 metros del ingreso a la calle principal sobre la que se localizan las iglesias, algunas tiendas, la escuela primaria, un campo de fútbol y salones comunales. La aldea está organizada en tres barrios, con tres calles principales y 10 secundarias.

Desde noviembre de 2020, no se puede transitar en vehículo por la calle principal, porque un puente colapsó durante las tormentas Eta y Iota. La municipalidad de Chisec empezó la construcción de un nuevo puente, pero han pasado casi dos años y todavía no ha finalizado el trabajo. 

No hay educación de nivel diversificado. En 2012, empezó a funcionar un instituto de educación básica por cooperativa. Las personas tampoco tienen acceso a salud en la aldea, deben movilizarse a un centro de salud en Chisec –a unos 50 kilómetros– o a Playa Grande en Quiché –alrededor de 60 kilómetros– para recibir atención médica. Otra de las medidas que ordenó la CorteIDH al Estado es la construcción de un centro de salud. El plazo para cumplir con esta orden venció en 2020.

En este año, 2022, la comunidad cedió un terreno al Ministerio de Salud para la construcción. El terreno mide 40 x 50 metros, aproximadamente la mitad de una cancha de fútbol. En este espacio hay una casa de concreto sin techo ni ventanas que antes albergaba una organización de mujeres que, según cuenta una vecina, dejaron de utilizar por el grave deterioro del techo de lámina.      

Este terreno se encuentra en la pendiente de una colina, por lo que se deberá hacer trabajo de terracería para ser nivelado y poder construir ahí el centro de salud. 

El diputado Aldo Dávila afirma que el Ministerio de Salud ha mostrado buena disposición para avanzar con el proceso, y espera que el proyecto de construcción se ejecute en 2023. De momento, el Ministerio de Salud todavía no ha definido las fuentes de financiamiento para la construcción, aún no se han publicado el proceso de contratación en el portal de Guatecompras. 

Luis Castellanos, de la dirección del área de Salud de Alta Verapaz, explicó en una reunión en el Congreso, que evalúan usar fondos del programa Crecer Sano del Ministerio de Salud o de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del CIV para financiar la construcción del centro de salud en Aurora 8 de octubre.

Ocote consultó al vocero del Ministerio de Salud, Boris Barrios, acerca de los retrasos para cumplir con el plazo de esta medida de la CorteIDH. “No se había tenido la disponibilidad de un terrero con certeza jurídica y todos los esfuerzos en salud se centraron en el combate del COVID-19 en nuestro país. Recientemente el Cocode de la localidad ha cedido un terreno, la próxima semana un grupo de ingenieros del Ministerio de Salud se trasladará para evaluar las condiciones del terreno donado. Si se determina que cumple con las condiciones, se iniciará el proceso de preinversión correspondiente”, respondió Barrios.

La Corte Interamericana también ordenó al Estado a entregar un resarcimiento a sobrevivientes y a familiares de las personas fallecidas y heridas durante la masacre. Según la sentencia, 99 personas afectadas debían recibir en 2019 la reparación económica en un rango entre 5 mil y 108 mil dólares. El Estado tampoco ha cumplido. 

«La comunidad está totalmente descuidada. No hay salud, no hay carretera, no hay educación de nivel diversificado, tampoco hay policía cercana, no hay nada. Es un lugar totalmente abandonado por el Estado», dice la abogada Karla Campos, del GAM.

Campos detalla que la extinta Copredeh entregó a 44 de las 99 personas, en marzo y septiembre de 2019, dos pagos que no representan ni el 0.01% del monto total del resarcimiento dispuesto por la CorteIDH.

El 22 de agosto de 2022, el GAM completó la documentación –auténticas de DPI, números de cuentas bancarias, registros de las cuentas en SICOIN– de los expedientes de 62 de las personas que deben recibir los fondos. La Copadeh hizo la solicitud de transferencia al Ministerio de Finanzas para que en este año se realicen los pagos correspondientes. Quedan 37 expedientes pendientes para 2023, son personas que el GAM no ha podido ubicar, o que viven fuera de Guatemala, o que les falta algún documento. 

«Queremos ver un desarrollo de la comunidad… lamentablemente el Estado no quiere responder por el hecho que hizo», manifiesta un profesor y líder comunitario de 42 años, –quien prefirió no ser identificado con su nombre por motivo de seguridad–. El profesor cuenta que nació en San Antonio Tzejá, Ixcán, Quiché. Sus padres, él y su hermano huyeron a México por la guerra en 1982. Allí nacieron cuatro de sus hermanos. Cuando retornó a Guatemala era un adolescente. El día de la masacre estaba estudiando en Cobán. 

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El 31 de agosto de 2022 se celebró una audiencia del juicio contra cinco soldados acusados de participar en la Masacre de Xamán. Son las 12 y treinta del mediodía, los soldados y cinco custodios del Sistema Penitenciario esperan en el jardín del edificio donde se ubica el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Cobán, en Alta Verapaz. Unos cuarenta minutos después ingresan a la sala. 

Dos de los acusados necesitan apoyo de un traductor del idioma q’eqchi’, quien se sienta en una silla en medio de ambos y les traduce todas las intervenciones. En este día, únicamente declara un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif). 

Al terminar la audiencia, Elfido Coy Ibarra, abogado defensor de cuatro de los acusados, comenta acerca del actual juicio. «A estas alturas, casi 27 años después, las circunstancias son diferentes. Eran 25 miembros los que constituían la patrulla, 14 de ellos fueron condenados, cumplieron la pena y están libres. De nuevo empieza el debate. Lo complicado está en la búsqueda de los testigos, muchos funcionarios de la época están fallecidos», menciona. El abogado indica que los condenados tenían buena conducta y sus defensores solicitaron reducir sus condenas a través de la redención de penas.

Coy también fue uno de los representantes de los militares condenados en 2003. Él opina que las circunstancias del actual juicio son diferentes al debate de hace 19 años, porque no hay instituciones querellantes como la Fundación Rigoberta Menchú Tum y los soldados no tienen un equipo de cinco abogados que los defiendan.

Mientras el juicio avanza, sobrevivientes esperan que la historia no se vuelva a repetir y puedan vivir sin miedo. 

«Lo que uno espera es que ya no haya más masacres, no más violencia, para que no siga igual como estamos ahorita. Uno tiene miedo», dice una sobreviviente, de 49 años, sentada en una silla afuera de un salón comunitario –ella prefirió no ser identificada con su nombre por motivo de seguridad–. Su cabello luce algunas canas que contrastan con su piel tostada por el sol. Una sonrisa tímida se pinta en su rostro al recordar su infancia en Barillas, Huehuetenango. Cuando tenía 9 años tuvo que huir de la guerra y refugiarse en México junto a su familia. Ella y sus cinco hermanos quedaron huérfanos tras el asesinato de su madre en la Masacre de Xamán.

La búsqueda de justicia continúa 27 años después, aún hay seis militares prófugos y el Estado todavía no cumple con las medidas de reparación ordenadas por la CorteIDH.