“No fuimos nosotros los que los matamos”, le dijo Eusebio Raxcacó a la jueza Erika Aifán. Raxcacó es uno de los nueve sindicados de la masacre que fueron capturados el 2 de febrero de 2022, . 

Luego de escuchar los motivos de la captura de los nueve hombres, la jueza ordenó que fueran enviados a Pavón hasta la audiencia de la primera declaración, que se programó para 14 de febrero. Al escuchar esto, Raxcacó se agitó. “Fue el Ejército”, aseveró. “Y nosotros vamos a pagar por ello”.

De las 25 víctimas de la masacre que ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío El Rancho Bejuco, al menos 18 eran niños y niñas. 

La masacre en el caserío Rancho Bejuco, ubicado en la aldea Pacoj en Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz, ocurrió durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. Los 17 meses de su gobierno, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, fueron el periodo más sangriento de la guerra, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). 

La audiencia de presentación de los motivos de la detención

Las detenciones se realizaron en los municipios de Santa Cruz El Chol y San Jerónimo, de Baja Verapaz temprano el 2 de febrero. Esa misma tarde, los sindicados fueron llevados ante el Tribunal de Alto Riesgo “D”, presidido por la jueza Aifán.

Erick de León Morataya, fiscal que lidera la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, informó a la jueza sobre los motivos por los cuales había solicitado la captura de los nueve sindicados: por considerarles responsables de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de 25 personas asesinadas en 1982 en El Rancho Bejuco. 

Los hombres capturados serían exmiembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC) y comisionados militares que coordinaban entre las PAC y el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. La CEH atribuye a las PAC aproximadamente uno de cada cinco crímenes cometidos en la guerra interna. 

Los sindicados en el caso son Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado de Paz, Carlos Sesan Cajbon, Venancio Mendoza, Lauro Garrido Cajbon, Mauro Garrido Cajbon, Juan López Sis y Eusebio Raxcacó.

Jesús Tecú Osorio, director de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal, que representa a las víctimas en el caso, nos comentó que el jefe de los comisionados militares, Nicolás Orrego, no llegó a ser capturado por estar hospitalizado, pero espera que sea detenido a la brevedad. Otro sindicado que no llegó a ser capturado el 2 de febrero, Santos Cojon Galeano, se entregó ante las autoridades.

Un undécimo sindicado en el caso es el coronel retirado Juan Ovalle Salazar. Él no fue detenido el 2 de febrero, pues ya estaba recluido en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Ovalle Salazar fue detenido y ligado a proceso en 2016 en el caso Creompaz, acusado como responsable de la masacre ocurrida en Pambach en 1982.      

Según el Ministerio Público, Ovalle Salazar mantuvo la conducción de las operaciones militares de captura, traslado y ejecución, así como violencia y violación sexuales en contra de menores de edad.

Ovalle Salazar fue enviado a juicio en junio de 2016 —junto con otros siete acusados, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el general en retiro Benedicto Lucas García—, pero el caso está entrampado en un laberinto legal que aún no se resuelve. 

La masacre en el caserío El Rancho Bejuco ocurrió en un contexto de violencia sistemática y generalizada en Baja Verapaz que se originó durante el gobierno del General Romeo Lucas García (1978-1982) y que continuó durante la gestión de Ríos Montt. 

El 8 de enero de 1982, 32 hombres fueron masacrados en la aldea de Chichupac. Un mes después, en febrero de 1982, ocurrieron las masacres en Río Negro, donde se estima que 600 personas fueron asesinadas. 

En julio de 1982, 260 personas fueron masacradas en el caserío de Plan de Sánchez. En todas estas masacres fueron ejecutados extrajudicialmente niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres y hombres.

Paulina Ixtapá: sobreviviente de la masacre El Rancho Bejuco

Paulina Ixtapá, una de las 36 mujeres achies que denunciaron haber sufrido violencia sexual en un caso por el que se logró una condena contra cinco expatrulleros el 24 de enero de 2022, es también una de las sobrevivientes de la masacre en El Rancho Bejuco. Tenía 18 años el 29 de julio de 1981, cuando perdió a 15 familiares.

“Murió mi hermana y sus dos niñas; una tenía tres años, otra nueve meses. Murió mi hermano y sus cuatro niños. Murió otro hermano mío, él tenía 16 años. También murieron mis tías y mis primos”, nos cuenta Paulina. Su hermana estuvo embarazada. 

Algunos informes de la masacre en Rancho Bejuco hablan de 29 víctimas y no de 25, como indica el Ministerio Público. La diferencia, según Jesús Tecú Osorio del Bufete de Rabinal, se debe a que no están contabilizando a los recién nacidos que murieron, pues aún no estaban inscritos. Además, dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas. 

Según Melissa González, psicóloga del ABJP, no se ha contabilizado a los recién nacidos que no estaban inscritos ni a los casos de mujeres embarazadas que fueron victimizadas como la hermana de Paulina.

Esta no fue la primera vez que Paulina perdió a familiares a manos de las fuerzas de seguridad. En 1981, dijo, su hermano Tereso, quien había ido a la costa sur para trabajar en las fincas, fue capturado por la Policía Judicial, un cuerpo de la Policía Nacional implicado en varios casos de violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, asegura, mataron a su cuñado. 

Ese 29 de julio de 1982, Paulina se salvó, junto con su madre, pues esa mañana temprano habían ido al mercado para hacer compras. Cuando regresaron al caserío, dice Paulina, la puerta de la casa estaba abierta pero no había nadie adentro. 

Salieron a buscar a sus familiares. Eventualmente encontraron a una prima, quien le contó que soldados y patrulleros habían juntado a los hombres y mujeres y niños, los habían encerrado en una casa y los mataron. Después, habían excavado un pozo en el mismo caserío donde les enterraron. 

De inmediato, Paulina y su mamá fueron al lugar donde les habían dicho que sus familiares y vecinos estaban enterrados. Asustadas, Paulina y su mamá huyeron hacia Rabinal. “Se quedó nuestra casa, nuestros animales, nuestra cosecha”, dice. “Nada trajimos”.

Ahí no termina la historia de Paulina. El siguiente año, el 25 de septiembre de 1983, caminaba con su madre cuando fue capturada por patrulleros. La acusaron de ser guerrillera y la llevaron al destacamento militar de Rabinal. “Me violaron durante 25 días”, nos cuenta Paulina. “Por nueve meses estuve en manos de los militares. Me obligaron a hacer las tortillas de los soldados”. 

Su testimonio fue uno de los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público en el caso de las mujeres achies, que ayudó a condenar el 24 de enero a cinco expatrulleros a 30 años de cárcel por delitos contra los deberes de la humanidad en la forma de violencia sexual contra cinco mujeres maya achies. 

“Estoy contenta con la sentencia”, dice Paulina. “Pero aún falta la justicia para los otros tres (expatrulleros que la jueza Claudette Domínguez) dejó en libertad”. 

La primera audiencia fue convocada para el 14 de febrero, aunque finalmente se suspendió y se reprogramó para el 7 de marzo. Con este paso, Paulina Ixtapá y los demás familiares de las víctimas de la masacre de Rancho Bejuco están un paso más cerca de lograr justicia.

Jo-Marie Burt es profesora de ciencias políticas de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 

Paulo Estrada es defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son codirectores del Observatorio Judicial Verdad y Justicia en Guatemala.