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Este es un episodio de podcast. Puedes escucharlo aquí:
Lee la transcripción del episodio aquí:
Narradora: En algunas casas de Guatemala, el agua llega a cuentagotas.
Las personas acceden al servicio durante algunas horas al día. Deben asegurarse de juntar la suficiente para que les alcance el resto del día o, incluso, la semana.
En otras, este acceso nunca ha existido.
Adela Díaz 2:¡Ay, es un gusto y una alegría si nosotros aquí en la comunidad tuviéramos agua potable! Cambiaría y nos ayudaría mucho porque aquí con nosotros sí lo sentimos mucho. Porque aquí, con nosotros, no hay agua potable.
Narradora: Estamos en Mayaland, una comunidad en el municipio del Ixcán en Quiché, en el norte de Guatemala, a unos 20 kilómetros de la frontera con México.
Aquí nos reciben cinco integrantes del Comité de Mujeres, con quienes nos encontramos frente a la Iglesia Candelaria de los Mártires, en el centro de la aldea.
Son las once de la mañana de un jueves de mayo. La temperatura alcanza los 39 grados centígrados. El sol quema, la piel arde y el calor sofoca. Algunas de las mujeres que nos reciben portan un trapo sobre sus hombros que ocasionalmente utilizan para secar el sudor que corre desde su frente y se arrastra por el cuello.
Están preocupadas.
Adela Díaz 2: En este tiempo de verano se secan los pozos. Entonces sí, es un sufrimiento lo que pasamos aquí en nuestra comunidad porque no hay agua potable.
Narradora: Escuchas a Adela Díaz, una de las vecinas de Mayaland que ha vivido aquí toda la vida. Pese a los esfuerzos de la organización comunitaria, dice, en las casas de Mayaland no han tenido nunca acceso al agua que necesitan para bañarse, beber y realizar las tareas del hogar.
Las opciones que les quedan son pocas. Las familias se ven obligadas a comprar agua de una cooperativa que construyó un pozo o de personas que la extraen de un río y luego la comercializan. Pagan alrededor de 250 quetzales —unos 33 dólares— por mil litros de agua, los suficientes para beber y lavar los platos durante una semana.
Pero el acceso es desigual: en un país donde el salario mínimo agrícola es de poco más de 3,600 quetzales, unos 475 dólares, no todas las personas pueden acceder a estas tarifas del agua.
Adela Díaz: En esta fecha ya cayó un aguacerito y eso es lo que nos está ayudando también: de que cuando llueve, logramos esa oportunidad de llenar los los trastes que tenemos en casa. Los que tienen su… compran su rotoplast, ellos lo llenan y con ese da tiempo que cae el agua, con eso se pasan en algunas familias. Sí, es carecemos del agua.
Adela Díaz: Eso es algo feo pues no todos tenemos la posibilidad. Algunos tal vez han hecho un esfuerzo (…) tal vez la gente que van migrando en los Estados Unidos. Pues de ahí han venido algunas personas, han enviado a su familia, a hacer sus pozos, pero no toda la gente han tomado la buena suerte.
Adela Díaz: (…) pero los pozos que tenemos en la comunidad también está sucia el agua. Los enfermeros han pasado en pozos, donde hay pozos, tiene heces fecales. Entonces, está sucio.
Así como lo escuchaste: heces fecales. Y esto es más común de lo que imaginas. En 2025, la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística, evaluó la calidad del agua en Guatemala.
Esto es lo que Mireya Palmieri, secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dijo a los medios de comunicación en abril de 2026, sobre el problema de las heces en el agua:
Mireya Palmieri: La cifra a nivel nacional es 52 %, los dos departamentos que tienen mayor problema, o sea que presentan porcentajes por encima de 52% son Huehuetenango y Alta Verapaz, lo cual no es sorpresa.
Narradora: Según la encuesta, es más probable que personas indígenas y de áreas rurales beban agua contaminada con heces fecales, en comparación a personas ladinas que viven en territorios urbanos. En Quiché, este problema afecta al 70% de la población, aproximadamente.
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[Música]
Narradora: Para entender por qué en Guatemala, en pleno 2026 lo que viven comunidades como Mayaland sigue pasando, hay que conocer cómo se maneja el agua en el país.
Para hacerlo, visitamos la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar. Está en la Ciudad Guatemala, a más de 360 kilómetros de Mayaland. El clima aquí es frío y la lluvia amenaza con caer, como lo ha hecho los días anteriores, en cualquier momento.
Nos recibe Pedro Pineda, director interino del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la universidad. En sus visitas de campo, Pineda ha visitado el Ixcán, específicamente, las comunidades cercanas al río Chixoy. Sus hallazgos son clave.
Pedro Pineda: Cuando uno mira los datos de la del balance hídrico, pues sale que que ahí no hay déficit de agua, la verdad, que ahí ahí está el río y hay…hay otros ríos y todo. Eh, entonces ahí hay una disponibilidad, pero la gente no tiene acceso.
Narradora: Aunque las comunidades tengan agua disponible, no pueden utilizarla. Según un informe de Human Rights Watch, para 2025, el 90 % de las fuentes de agua del país se encontraban contaminadas.
Y aquí es donde entra un asunto clave: Guatemala es el único país de Latinoamérica que aún no tiene una ley de aguas. Es decir, una ley que regule claramente el uso, manejo y cuidado de los recursos hídricos.
Luis Fernando Paiz: Lo que pasa hoy en Guatemala es que por la falta de legislación apropiada, además de, digamos, nuestro débil estado de derecho y… situaciones estructurales muy fuertes, ese desorden, ese caos que hay hoy en el agua lo aprovechan los actores que tienen poder. Ese poder puede ser económico, local, político y de diversa índole.
Narradora: Escuchas ahora a Luis Fernando Paiz, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas, también de la Universidad Rafael Landívar.
Lo que viene a decir, es que, sin una ley de aguas que establezca las «reglas del juego», la gestión y manejo del agua queda en manos de personas la usan a su conveniencia. Ya sea para regar plantaciones, alimentar hidroeléctricas o procesar metales extraídos por minería.
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Narradora: Desde 1986, en Guatemala se han hecho intentos por aprobar una ley de aguas. Hace 10 años, en 2016, 80 organizaciones sociales atravesaron el país, desde Tecún Umán en San Marcos, Purulhá en Baja Verapaz y La Mesilla en Huehuetenango hasta la ciudad capital en la Marcha por el Agua. A su llegada, presentaron una iniciativa de ley de aguas en el Congreso. Había sido producto de un proceso de consulta realizado en las comunidades urbanas y rurales de Guatemala durante más de dos años.
Audio- Conggsignas: ¡El agua no se vende, el agua se defiende! | ¡Liberen los ríos!
Narradora: Esta fue una de las 14 iniciativas de ley de aguas que se han presentado en los últimos 40 años. Sin embargo, ninguna ha logrado avanzar en el Congreso de la República y convertirse en decreto.
Luis Fernando Paiz: Yo considero que es en parte por los intereses que mueven —o que se mueven— alrededor del agua. Digamos, no es un secreto que el Congreso, dentro del sistema democrático, republicano, representativo que tenemos, es el órgano político por excelencia y sus decisiones no atienden a términos jurídicos del todo, sino que es parte del acuerdo político.
Luis Fernando Paiz: Entonces, lo que tenemos que ver es a qué intereses responden los diputados y las diputadas de acuerdo a cómo fueron electos. Eh, en qué departamento están, eh por qué vehículo electoral diría yo, más que partido político fueron electos. Eh, y eso nos va a ir dando ciertas pautas.
Narración: Este es el presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, del partido CREO, en una entrevista con periodistas del Canal Antigua el 17 de mayo de 2026.
Luis Contreras: Esa ley nos dio a nosotros un problema de conflicto social muy fuerte, hasta hubo un muerto en Alaska por esa ley. Los 48 Cantones de Totonicapán salieron y manifestaron. Dicen que ya lo tienen consensuado con ellos. Es una ley necesaria y si está bien consensuada y cabildeada, es una buena ley para Guatemala.
Bernardo Arévalo: Hoy tenemos la oportunidad de darle a las generaciones un marco para que este recurso invaluable, que en Guatemala abunda, sea utilizado por todos, en beneficio de todos, que alcance para todos y que sea cuidado, preservado y protegido por todos.
Narradora: El 29 de agosto de 2024, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció la creación del «Gabinete del Agua», un esfuerzo interinstitucional que abordaría la crisis hídrica en Guatemala presidido por la vicepresidenta, Karin Herrera.
Ese mismo día, anunciaron el lanzamiento del Proceso Nacional del Agua. Se trató de una serie de diálogos en distintos territorios del país con el objetivo de recabar información para la construcción de una ley de aguas.
Narradora: Los primeros diálogos iniciaron en 2025. Fueron dirigidos a autoridades ancestrales, empresas de agroindustria e integrantes de la sociedad civil. Participaron 2,224 personas, según información del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Narradora: La ministra Patricia Orantes también participó. Entre julio y agosto de 2025, realizaron una segunda ronda de diálogos. Además, al menos 112 organizaciones y personas presentaron propuestas escritas.
Narradora: Sin embargo, en los territorios rurales, el proceso despertó desconfianza. Por ejemplo, en regiones como Alta Verapaz y el mismo Ixcán. Yolanda Montejo, integrante de la organización de mujeres Mamá Maquín, explica la reacción de su comunidad así:
Yolanda Montejo: Entonces, dicen ellos: que ya se ponga en ley, que bueno que exista una ley, pero como las leyes no nos favorecen a nosotros. Entonces, a lo mejor esa ley va a ser para afectarnos más, aunque ya estamos bien afectados porque nosotros sí, la verdad, como yo les contaba, pues este.. ya no no tenemos entrada para el río por ese lado.
Narradora: En Guatemala, el limitado acceso al agua es un problema estructural. Mientras algunas comunidades no pueden acceder al recurso —por falta de infraestructura o por la contaminación—, el sector privado la utiliza para la minería o agroindustria. La inexistencia de una ley de aguas hace que esto sea posible.
Narradora: En el Ixcán, las comunidades acusan a las empresas de palma aceitera —conocida como palma africana—, de acaparar el agua del río Chixoy para regar sus plantaciones. También de contaminarlo. Ella es Pantaleona Morales de la organización Puentes de Paz en el Ixcán.
Pantaleona Morales: En el río Chixoy lo que ha perjudicado es que la empresa palmera en la microregión 5 ha este… metido bomba de agua en el río grande, en el río Chixoy para este… bombear el agua para la palmera.Entonces, eso también viene a perjudicar porque este coopta el agua también, como la empresa coopta el agua y no pide permiso a las comunidades, ¿verdad? Entonces también esto viene a afectar no solo al río, sino que también a las personas que viven alrededor, ¿verdad?
Narradora: Entre algunas comunidades que autogestionan el agua y cuidan los ríos y bosques, la llegada de una ley de aguas ha causado preocupación. Temen que, precisamente, se privatice el agua. También que la legislación no reconozca el rol que tienen para su conservación y que, con la aprobación de «licencias de aprovechamiento especial», se privilegie el uso de las empresas privadas por encima de ellas.
Esto nos dijo cuando lo entrevistamos hace unos meses Bernardo Caal, líder comunitario q’eqchi’ criminalizado por defender el río Cahabón:
Bernardo Caal: si si pasara así como lo están presentando, el Estado otorgaría poder a las empresas para que controlen el agua. ¿Y cómo le van a dar poder a las empresas?. «La empresa privada» dice ahí, «la iniciativa privada» o «una empresa privada». Ellos son los que se van a se les va a dar el poder sobre el agua. No a las comunidades, no a los pueblos.
Periodista: Digamos que el temor es que… mucho se habla de que esta ley vendría regular a las empresas. Entonces, ¿usted no lo ve así?
Bernardo Caal: No. No, no, al contrario. Se les estaría dando todo el poder y a través de una ley. Ahorita tienen el control sobre el agua, pero sin ley, sin reglas. Pero ya con las reglas se les está dando un superpoder sobre el agua. Entonces ya se les estaría acreditando.
Narradora: Pantaleona Morales secunda lo que dice Bernardo Caal:
Pantaleona Morales: Y lo que hemos hablado es que siempre quién tiene el poder de las decisiones pues son los empresarios, los ricos y decimos, bueno, dimos una propuesta como queremos, pero de plano esa nuestra propuesta. Quién lo va a cooptar? Lo va a cooptar las empresas, ¿verdad? Empresas palmeras, las empresas de hidroeléctricas y otras empresas de monocultivos, ¿verdad? que hay en Guatemala, entonces.
Narradora: Esto pasa a nivel nacional. En este momento, los vecinos de distintas zonas de la ciudad capital están obligados a comprar pipas de agua para abastecer sus hogares. En otras regiones del país, como en el Ixcán, las vecinas deben pagar hasta 15 quetzales (casi dos dólares) a los dueños de los terrenos cercanos al río para lavar en sus aguas.
En este escenario, expertos consideran que el recurso ya está privatizado y que, más bien, una ley de aguas podría ayudar a prevenir que esto suceda.
Luis Fernando Paiz: Partiendo de la discusión jurídica, digamos, constitucionalmente, sí lo reconoce la Constitución, el agua es un bien público, es decir, no puede ser objeto de propiedad. No puede privatizarse.
Luis Fernando Paiz: En este caos ya está privatizado en ciertos sectores el agua. No ha llegado a todos los sectores y esperemos que no llegue a todos los sectores, y hay comunidades que son muy buenas en su gestión y en la protección de sus recursos, pero de hecho ya está privatizado. Entonces la ley realmente al reconocer el derecho al agua, el reconocer el derecho a defender el derecho al agua y en todo el desarrollo que hace digamos no veo que haya un riesgo de privatización.
Narradora: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó en octubre de 2025 su borrador de la iniciativa de Ley de Aguas, para recibir los comentarios de la población. Pero el camino aún es incierto.
En el Congreso de la República, la iniciativa podría enfrentar enmiendas o cambios. Su aprobación, según los expertos consultados, dependerá de acuerdos políticos y de intereses económicos que históricamente han frenado cualquier intento de regulación.
Pedro Pineda: Por nuestra estructura pues son las grandes empresas las que tendrían como la mayor influencia o las agroindustrias que podrían hacer mayor presión para que sus intereses puedan quedar plasmados en cualquier iniciativa, ya sea de esta, del agua o cualquier otra.
Narradora: Mientras tanto, en lugares como Mayaland, las familias siguen esperando lluvia para llenar recipientes. Siguen hirviendo agua contaminada. Siguen pagando por un recurso que debería ser un derecho. Porque aunque el debate sobre la ley ocurra en el Congreso, sus consecuencias se sienten lejos de ahí: en comunidades donde el agua no llega.
Y quizás esa sea la pregunta de fondo que Guatemala todavía no logra responder: ¿Cómo garantizar agua para todos en un país donde, hasta ahora, el acceso al agua también ha sido una forma de desigualdad?
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Este podcast cuenta con el apoyo de Justicia Alimentaria, InteRed y ACCD. La responsabilidad del contenido es de Agencia Ocote.
La edición sonora es de Isaac Hernández y la edición periodística de Carmen Quintela. La imagen de portada es de Christian Gutiérrez. Yo soy Kristhal Figueroa, periodista de Agencia Ocote.
¿Quieres conocer más sobre la ley de aguas? Te invitamos a escuchar el episodio «¿Quién gana y quién pierde con la ley de aguas?», un podcast conversacional producido por Agencia Ocote. También a explorar nuestro sitio web, agenciaocote.com. Ahí encontrarás notas informativas, visualizaciones y entrevistas para profundizar en el tema.
