Durante los dos años de gobierno de Bernardo Arévalo, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ha sido …
Durante los dos años de gobierno de Bernardo Arévalo, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ha sido la más baja.
La ejecución del MCD en 2025 fue del 65.6% y en 2024 del 71%. Por su parte, el CIV ejecutó el 68.2% del presupuesto 2025, mientras que el año anterior fue del 70.7%.
En estos dos años de gobierno, el CIV ha tenido cinco ministros: Jazmín de la Vega, Félix Alvarado, Paola Constantino como interina, Miguel Ángel Díaz Bobadilla y Norma Lissette Zea Osorio, actual jefa de la cartera.
Además, ha destituido a directores de las oficinas encargadas de la adjudicación de obras y reparaciones como Dolam Domínguez (Dirección General de Caminos) y Miguel Estuardo Gómez (Unidad Ejecutora de Conservación Vial).
Cultura ha sido uno de los ministerios que ha mantenido a sus autoridades. Es dirigido por Liwy Grazioso Sierra.
¿Qué dice Arévalo?
El presidente Bernardo Arévalo justificó ante la prensa, el pasado 7 de enero, acciones de corrupción del pasado, problemas administrativos en la adquisición de terrenos y otros, pero no la gestión de sus funcionarios. En todo caso, sus argumentos fueron vagos.
Sobre el trabajo administrativo para sacar adelante las obras en el CIV, Arévalo dijo que «es parte del problema de encontrar los mecanismos para ir rompiendo las estructuras mediante los cuales se llevaban a cabo proyectos de tipo corrupto».
Para las convocatorias para realizar los trabajos, aseguró que «en determinado momento se suben convocatorias que finalmente se caen alrededor de proyectos porque se identifica que hay alguna forma en que estos fueron intervenidos».
Además, justifica la judicialización de algunas carreteras.
Corrupción en el CIV
Uno de los casos más costosos y que sigue paralizado es el de la ampliación a cuatro carriles en la CA-02 Occidente, de Suchitepéquez a San Marcos, que lleva nueve años de abandono por el caso Odebrecht.
En las mismas condiciones se encuentra esa carretera pero en ruta a El Salvador (CA-02 Oriente), entre Escuintla y Santa Rosa.
O el caso de la construcción de un puente paralelo al Nahualate (Suchitepéquez), que fue adjudicado desde 2012 por el Congreso, pero también quedó paralizado por el caso Odebrecht.
En 2021, el gobierno de Alejandro Giammattei volvió a adjudicar el nuevo puente a otra empresa y, en 2022, adjudicó la reparación del puente actual.
No hubo nueva obra ni reparaciones.
Con el gobierno de Arévalo continuaron los problemas legales y fue hasta julio de 2025 que se inició la construcción del nuevo puente.
En Cultura y Deportes
Sobre el MCD, el presidente indicó que hubo problemas administrativos para adquirir los terrenos de las Ciudades Deportivas un proyecto que anunció desde mediados de 2025 y que estaba presupuestado para 2025.
Se trata de cuatro complejos para deportes y recreación en Zaragoza, Chimaltenango; Las Cruces, Petén; Jutiapa, Jutiapa y en Los Amates, Izabal.
Cada complejo se estima en más de 100 millones, pero terminó 2025 y la ejecución había sido cero, según consta en el portal de la Secretaría General de Planificación Estratégica.
«Han habido problemas que han estado ligados a la legalización de los terrenos en los cuales tienen que implementarse la construcción de las ciudades deportivas»
Estos proyectos, que buscan evocar la ciudad deportiva de la zona 5 capitalina, según Arévalo, «son una parte importante del presupuesto de inversión de ese ministerio».
Ejecutar sobre la marcha
Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN), comenta que aunque las justificaciones son parte del problema, no llegan a explicar la problemática completa de la ejecución presupuestaria.
Según Lavarreda, existen 11 instituciones que quedaron por debajo del promedio 2023-2024 y 8 que lo superaron.
«Sobre estos ministerios (MCD y CIV) son muchos factores que afectan, como la rotación de personal, desde ministros hasta directores de las distintas instituciones. En el CIV, que es el que más rotación ha tenido en este gobierno, solo cambiar autoridades ya genera problemas».
Lavarreda reconoce que los proyectos judicializados también afectan, pero explica que debe existir una planificación del presupuesto en el plan operativo de cada entidad.
«Normalmente, los que no ejecutan también son los que tienen más debilidad en esa vinculación plan y presupuesto».
«Significa que van haciendo sobre la marcha. Los procesos de compra no están listos y en estos ministerios está el factor adicional de los temas legales», explica.
Sin capacidad de iniciativas
Erick Coyoy, exministro de Finanzas y coordinador de investigación en la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES) explica que «definitivamente ha afectado el tema de proyectos que no tuvieron el avance esperado, como los pasos a nivel de la calzada Roosevelt y la avenida Petapa».
Sobre las redes de corrupción, menciona el exministro: «Lo preocupante de esa afirmación del presidente es que reconoce que persisten y a la mitad de su período de gobierno y que no puede hablar de avances en la lucha contra la corrupción.
Esto, según Coyoy, «a pesar de que fue uno de los pilares de su discurso de campaña electoral y de su plan de gobierno».
Coyoy explica que esto refleja que no se lograron establecer capacidades institucionales para la ejecución de programas y proyectos de inversión.
«La judicialización influye, pero la capacidad para plantearse nuevas iniciativas tampoco ha estado presente, y eso ha hecho que los recursos quedaran sin utilizarse por dos años», lamenta.
Hay dinero, pero no obras
Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que «no hay una sola explicación ni las razones son tan claras como uno quisiera».
Para Barrientos, la baja ejecución por dos años consecutivos evidencia que el equipo de gobierno no conocía de gobierno.
«Ellos ganan las elecciones y asumen el poder sin estar preparados, pese a que hubo un período de transición especialmente largo».
Para Barrientos, las problemáticas del CIV igual aplican en el MCD.
Coloca como ejemplo de una mala planificación las transferencias de capital que se hicieron a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes).
«Se les ha asignado presupuestos extraordinarios y su ejecución fue malísima»…
Jorge Lavarreda también incluye en su análisis a los Codedes. «Los Codedes tienen ese aporte ordinario que aparece en el presupuesto que queda del año pasado más los saldos que no ejecutaron este año».
«No hay obras. Solo está la asignación de dinero, no hay planificación, y no se ejecuta bien».
