“No hay fundamento serio para someter a Nanci Paola Chiriz Sinto a juicio”. Con esas palabras, Wendy Coloma, titular del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, ordenó cerrar el caso contra la activista kaqchikel, que estaba acusada de hacer una pinta en la fachada del Congreso de la República. 

El fallo de la jueza se emitió casi siete meses después de que Sinto fuera capturada y procesada por el delito de depredación de bienes culturales, que contempla una condena de seis a nueve años de prisión y una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. 

La activista fue señalada por el Ministerio Público (MP) de haber hecho pintas que supuestamente habían dañado los muros del Organismo Legislativo durante una manifestación el 21 de noviembre de 2020. Ese día, cientos de ciudadanos protestaron contra el Presupuesto General que había aprobado el Congreso. Un año después de estas protestas, en noviembre de 2021, Sinto fue capturada.

Por los hechos ocurridos en la manifestación de 2020 también fueron procesados Dulce María Archila Cáceres y Juan Francisco Monroy Gómez, estudiantes universitarios, cuyo proceso no se ha resuelto.

En la imputación después de la captura de Sinto, el MP presentó un peritaje con el que se había determinado que varias paredes del Congreso sufrieron deterioros durante la manifestación.

Sin embargo, en la resolución emitida el 10 de junio de 2022, la jueza explicó que la Fiscalía no había documentado “la pérdida de la esencia de su estado de conservación y autenticidad”, que según la acusación había sufrido el edificio de Congreso con la pinta. 

La jueza explicó que en los informes presentados por el MP no se detalla el deterioro sufrido por la pared del Congreso.  En cambio, precisó, en los documentos se indica que el daño “fue leve“ y “fue revertido” cuando el Congreso limpió la pinta con agua y un jabón especial.

Coloma  mencionó además que  se estableció que el monto total para quitar la pintura fue de Q1,300. “Que vaya a un debate oral y público sería un desgaste, puesto que la afectación fue mínima y ya fue revertida”, concluyó. 

El delito de depredación de bienes culturales por el que se acusaba a Sinto tiene una pena de prisión que no es conmutable. Sobre esto, la jueza consideró  que “se debe evaluar qué se puede afectar más, si a la persona o al bien”.

Jueza ordena investigación por abuso de autoridad

“Están pidiendo justicia por una pared”, dijo Isabel Sinto, la madre de la activista, durante un receso antes de que la jueza emitiera la resolución. Sinto criticó la persecución a su hija y cuestionó que la Fiscalía no investigara las agresiones que ella había sufrido durante la protesta.

Como parte de su fallo, la jueza Coloma ordenó a la fiscalía que investigara por posible abuso de autoridad a los agentes policiales que presuntamente golpearon a Sinto frente al edificio del Organismo Legislativo. 

La decisión de la jueza se dio luego de que la defensa de Sinto expusiera un video en el que se observa cómo las fuerzas policiales la habrían empujado y golpeado. Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad del Congreso. 

Este video no había sido utilizado por la Fiscalía en la acusación. Durante su intervención, el fiscal Hipólito Archila afirmó que se había identificado a Sinto como la persona que había hecho la pinta gracias a fotogramas de cámaras de seguridad y las imágenes de los medios de comunicación que cubrieron la protesta. 

Archila también explicó que se analizaron los datos del teléfono celular de Sinto y con esto también se había logrado establecer su ubicación el día de la manifestación. Otra de las pruebas que el fiscal mencionó fue la mochila y la ropa que llevaba la activista en la protesta y que fueron localizadas en el allanamiento realizado el día de su captura.

Estaban Celada, abogado defensor de Sinto, cuestionó que la Fiscalía utilizara imágenes que periodistas y manifestantes entregaron como evidencia por las lesiones que habían sufrido durante la protesta, ya que estas pertenecían a otros expedientes de investigación y no al que se había abierto contra Sinto. Celada criticó que no hubo una cadena de custodia adecuada, que implica un control formal del origen y traspaso de las pruebas.

La jueza cuestionó que en la acusación se usara la palabra “violencia”, ya que el MP no habían presentado evidencia que hiciera ver que Sinto hubiera actuado de manera violenta. Por el contrario, aseguró que la violencia se había ejercido en el otro “extremo”, el de las fuerzas policiales que desalojaron con bombas lacrimógenas, macanas y escudos a los manifestantes.  

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Tras escuchar el fallo, Sinto se acercó a su mamá, que la recibió con un abrazo. Afuera de la Torre de Tribunales, un grupo de jóvenes la esperaba entre aplausos. “¡Por un país distinto, luchamos con Nanci Sinto!”, gritaban. 

Antes de retirarse, Sinto habló ante la prensa sobre el fallo: “Unas de las discusiones que salieron en el proceso penal fue que yo había dañado la esencia del Congreso, y eso no es cierto, la esencia del Congreso sigue siendo la misma”, dijo. “Su esencia es la corrupción y las leyes anti derechos”, concluyó.