El 9 de enero de 2026, el Consejo de la Unión Europea (UE) renovó las medidas restrictivas contra actores que socavan la democracia en Guatemala. Con ello, las sanciones se …
El 9 de enero de 2026, el Consejo de la Unión Europea (UE) renovó las medidas restrictivas contra actores que socavan la democracia en Guatemala. Con ello, las sanciones se mantienen hasta el 13 de enero de 2027.
Dichas sanciones se aplican a la fiscal general Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, al juez séptimo del ramo penal Fredy Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Morales, y al secretario general del Ministerio Público (MP) Ángel Pineda.
Este grupo de funcionarios fue sancionado por primera vez en febrero de 2024, y cada año la UE lo ha renovado.
Posteriormente, en junio de 2025 la UE incluyó en la lista a la entidad Fundación Contra el Terrorismo. También al presidente de esta organización, Ricardo Méndez Ruiz y al representante legal Raúl Falla.
El juez décimo del ramo penal Jimi Bremer, también fue sancionado por la persecución e intimidación hacia representantes de medios de comunicación, abogados y fiscales.
¿Por qué las sanciones?
Los motivos por los que estas ocho personas y la entidad fueron incluidas en la lista están relacionados con las movilizaciones sociales de 2023.
Porras avaló ese año los esfuerzos por invalidar los resultados de la primera y segunda vuelta de las elecciones, con procesos judiciales contra el Tribunal Supremo Electoral, el partido Movimiento Semilla y el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Sobre Ángel Pineda, argumenta la UE que en diciembre de 2023 participó en una rueda de prensa en la que el MP desconoció públicamente las elecciones y, sin tener la autoridad legal para hacerlo, anunció que la Primera Vuelta fue inválida y con ella todos los cargos asignados.
De esta rueda de prensa también se mencionan a Rafael Curruchiche, que lideró una supuesta investigación, realizó un allanamiento en la sede del TSE y se abrieron cajas electorales selladas cuyo procedimiento no corresponde al MP, según la Ley Electoral
Junto a ellos participó la fiscal, Leonor Morales, quien estuvo a cargo de los casos y la criminalización de políticos, funcionarios y actores sociales.
A los jueces Freddy Orellana y Jimi Bremer se les responsabiliza de supervisar y autorizar las actuaciones de la FECI en la criminalización de decenas de actores sociales, políticos y periodistas.
Las sanciones contra estas personas han sido renovadas en enero de cada año y con la actual, las restricciones llegan hasta 2027, año de las Elecciones Generales en el país.
Guatemala: @EUCouncil prolonged sanctions in view of the situation in the country until 13 Jan 2027.
— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 9, 2026
The EU and Guatemala have a long-standing partnership and the EU remains committed to supporting democracy in the country.
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Las sanciones para las personas incluidas en la lista son:
- Restricciones de viaje que les impide entrar o transitar por los Estados miembros de la UE.
- Congelación de activos para las personas en la lista.
- Prohibición de poner fondos a su disposición, tanto directa como indirectamente, por parte de ciudadanos y empresas de la UE.
«La UE y Guatemala mantienen una larga colaboración, y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país. El despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y estas sanciones selectivas forman parte de este esfuerzo», dicta el comunicado que renueva las sanciones para todo 2026.
En el diario La Hora, el MP respondió en nombre de sus funcionarios, que «tales sanciones impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico».
Agregan que la entidad es autónoma e independiente: «No está subordinada ni sujeta a la supervisión de ningún ente internacional, ni sus funciones pueden ser condicionadas por decisiones ajenas al sistema jurídico nacional».
Lee aquí la criminalización que el MP llevó a cabo en contra de sus mismos fiscales e investigadores como parte de su plan para socavar la democracia y procurar impunidad.
