«Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad…»; «El Presidente, el Vicepresidente (...) deberán ser personas de reconocida honorabilidad…»; «El Contralor General de Cuentas debe (...) …
«Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad…»; «El Presidente, el Vicepresidente (…) deberán ser personas de reconocida honorabilidad…»; «El Contralor General de Cuentas debe (…) de reconocida honorabilidad y prestigio profesional…».
La Constitución de Guatemala lo dice claramente. Quien ocupe un cargo público debe ser —entre otros requisitos— una persona honorable. Lo escuchamos recurrentemente, cada cuatro o cinco años, cuando hay elecciones, como este año, las de segundo grado.
Maite Menor, catedrática de bioética en la Universidad Rafael Landívar, explica que, en síntesis la honorabilidad tiene que ver con la integridad de una persona. Con la coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. Cómo se actúa y cómo se vive.
«Honorabilidad viene de honor. Una persona honrada es la que actúa de acuerdo con sus principios y sus valores y no dice una cosa y hace otra», explica Menor.
La experta recuerda a Adela Cortina, catedrática de ética de la Universidad de Valencia, España, que relaciona la honorabilidad con la coherencia. Ser una persona respetable y creíble.
En una sentencia del 24 de marzo de 1992, del expediente 273-91, la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese entonces describió la honorabilidad como «la reputación que una persona goza en la sociedad, es decir, el juicio que la comunidad se forma acerca de las cualidades morales, y de los méritos de la personalidad de un individuo».
¿Puede ser objetiva la honorabilidad?
¿Se puede definir objetivamente si una persona es honorable o no? Maite Menor lo tiene claro: cada persona ve e interpreta las acciones de los demás desde sus propios principios. Aun así, matiza, esto no quiere decir que la honorabilidad no pueda ser verificable.
«Yo no me puedo abstraer de toda mi formación, de todas mis experiencias, de todos mis valores. Pero sí podemos acordar y concretar aspectos que pueden ser verificables.», dice Menor.
Una persona con honorabilidad, señala, será una persona correcta, con ética.
¿Cuándo se puede decir que una persona no es honorable?
«Los corruptos, los sinvergüenzas, los que se quieren aprovechar, los injustos, están en la misma gaveta», resume Menor. Para la maestra de bioética, las personas que no tienen honorabilidad son «gente que se quiere aprovechar, que es egoísta y vive para sí o para su grupo, olvidándose del bien común, que es el objetivo de un país, de una comunidad. Hay gente que beneficia solo a su grupo».
Carmen Aída Ibarra es la directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, una organización que desde hace años se ha dedicado a dar seguimiento y fiscalizar las elecciones de segundo grado en Guatemala.
Para Ibarra, en estos procesos es crucial garantizar que las personas elegidas sean honorables. «Es la única manera de que, apelando a los valores, a la moral y a la ética, sea posible tener una persona que se despoje de sus intereses personales y sectoriales para tomar decisiones a la hora de resolver cuestiones sobre los derechos y las libertades de las personas», dice.
¿Las personas que se han elegido en estas elecciones son honorables?
Durante las elecciones de segundo grado para renovar a la Corte de Constitucionalidad , el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP), se presentaron decenas de tachas en contra de candidatos; algunos de los cuales fueron electos.
Los procesos han estado llenos de cuestionamientos. El 5 de marzo de 2026, autoridades indígenas llegaron al Congreso para protestar a las afueras del edificio. Expresaron su rechazo ante una posible reelección del magistrado Roberto Molina Barreto para la CC.
A pesar de las tachas en su contra, porque sus resoluciones han beneficiado a personajes corruptos y del crimen organizado, el Congreso nombró a Molina Barreto para un periodo más en la máxima corte.
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En las elecciones para magistrados titulares y suplentes del TSE, más de la mitad de los candidatos finales habían sido cuestionados por sus vínculos, por casos de corrupción o por resoluciones polémicas.
De los diez magistrados electos, cuatro tienen señalamientos.
En el Ministerio Público la actual Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, busca reelegirse a pesar de los señalamientos de corrupción en su contra y de una gestión que, según estudios, debilitó el sistema de justicia y contribuyó a la impunidad. Porras tiene sanciones internacionales, señalada de socavar la democracia y el Estado de derecho.
¿Todos estos señalamientos cuestionan la honorabilidad de las personas?
«Sí, siempre y cuando esa ciudadanía que los hace esté informada», asegura Maite Menor. «Si quienes son señalados tuvieran honorabilidad, no aceptarían. La persona que es honorable, cuando ve que hay mayores fuerzas que te dicen que no te quieren, ¿cómo es posible que estés ahí diciendo que no te quieren?», dice Menor.
Esto no le quita responsabilidad a quienes integran las comisiones de postulación, que durante las elecciones de segundo grado tienen a su cargo la evaluación de los candidatos, así como a los funcionarios y funcionarias que tienen el poder de nombrar en cargos para al CC, el TSE o el MP.
Desde la mirada de Ibarra, estas personas no suelen conocer las tachas por temor de que las personas señaladas presenten denuncias penales contra ellos.
«Las comisiones de postulación y los entes que designan no se sienten cómodos atendiendo las tachas o las denuncias de impedimento que hay contra aspirantes a estos cargos, pese a que es un postulado constitucional histórico», cuestiona Ibarra.
El dilema: la presunción de inocencia
Hasta ahora, los miembros de las comisiones de postulación no han tomado las tachas y los señalamientos como un criterio para identificar si los candidatos son honorables o no.
Para César Vega, sociólogo y coordinador de la organización Acción Ciudadana, no hay garantía sobre cómo va a actuar un magistrado o un fiscal, pero la ausencia de señalamientos en su contra debería ser un aliciente para ser electo.
«No es que nos dé garantías de que va a actuar bien, pero cuando hay señalamientos, al menos ya sabemos de dónde viene», dice Vega.
El sociólogo agrega que, «cuando hay señalamientos en contra de ciertas personas que se postulan para estos cargos por corrupción, vinculaciones políticas, fallos cuestionables, acciones antidemocráticas, acciones antiderechos… sí nos puede dar como ciudadanía indicios de cuáles serán sus decisiones y su honorabilidad, porque hay un antecedente».
Además, explica Vega, los comisionados se basan en la presunción de inocencia.
«La verdad jurídica para los abogados y los jueces es la sentencia que está firme», resume. Aun así, recalca que también hay una «verdad conocida», cuando la ciudadanía conoce las acciones cuestionables de algunas de estas personas.
Pero, concluye el sociólogo, en estos procesos la verdad conocida queda enterrada por la verdad jurídica.
La honorabilidad de los que eligen
Algunas de las personas que eligen a magistrados de la CC, del TSE o al Fiscal General también han sido cuestionados.
Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario —señalado de ilegítimo— y la Corte Suprema de Justicia —en la que varios de sus magistrados tienen señalamientos por casos de corrupción, conflicto de intereses o resoluciones cuestionables— nombraron a magistrados de la CC.
Ante este panorama, Menor afirma que solo una persona honorable puede reconocer la honorabilidad. «Si la persona que tiene que reconocer quién es honorable no es honorable, o no tiene claro el concepto de honorabilidad, es un problema», explica.
Vega se suma a la mirada de la experta y recuerda que varios diputados del Congreso —una de las instituciones que nombran magistrados de la CC y del TSE— también tienen señalamientos. Para el sociólogo, esta es una muestra del bajo nivel de honorabilidad que pueden exigir las personas que nombran.
«En el Congreso hay diputados señalados de pertenecer a estructuras del crimen organizado, narcotráfico, coyotaje… Entonces, es su estándar. Pueden nombrar a alguien con ese tipo de señalamientos», dice Vega.
¿Qué hacer ante este panorama?
«Necesitamos seguir manteniéndonos informados y demandando, exigiendo. El efecto, se siente lento, pero estamos atestiguando el agotamiento de ese modelo —que permite elegir a personas no honorables—. Es una pelea larga la que como ciudadanía vamos a tener», dice Vega.
Para Maite Menor, la solución está en la educación en ética y valores. «Aquí todo el mundo habla de valores, hasta los jardines infantiles. Pero cuando se habla mucho de eso es que no está. El Estado tiene la obligación de educar a la población, si no, vas a tener profesionales incorrectos», concluye la experta.
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Créditos:
Redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
