El CSU, con el 73% de sus miembros tomando decisiones cuando sus cargos ya vencieron, recibió entre el 5 y 6 de febrero los expedientes de catorce personas que buscan …
El CSU, con el 73% de sus miembros tomando decisiones cuando sus cargos ya vencieron, recibió entre el 5 y 6 de febrero los expedientes de catorce personas que buscan la magistratura en la Corte de Constitucionalidad en su representación: 10 hombres y 4 mujeres.
Destacan los nombres de la fiscal general Consuelo Porras y la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus. Dos personas vinculadas actos de corrupción y decisiones legales que favorecen la impunidad.
La presencia de estas personas, con altos cargos en el sistema de justicia guatemalteco, valida un CSU ilegítimo, según organizaciones civiles y organismos internacionales.
Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) refuerza lo negativo de ambas representaciones.
«Es evidente que ellos (CSU) no tienen ni la legalidad ni la legitimidad para convocar a las elecciones,han irrespetado los plazos. Y cuando ha habido elecciones tampoco les dan posesión (a los nuevos miembros)».
«En cuanto a esas nominaciones (Lemus y Porras), es preocupante que personas que tienen puestos de enorme responsabilidad en el sector justicia están aplicando. Porque al postularse le dan un aspecto de legitimidad a las elecciones», puntualiza Zelaya.
¿Quiénes integran el CSU?
El consejo cuenta con 41 integrantes, entre el rector, los decanos de las 10 facultades y un representante estudiantil, otro docente y uno de cada colegio de profesionales de cada facultad.
De los 41 integrantes, 28 tienen un cargo vencido y una plaza está vacante. Esto representa un 73.1% de ilegitimidad en la máxima autoridad. En la mayoría de los casos ni siquiera han convocado a elegir sustitutos, en 5 ya hay electos, pero el CSU no les da posesión.
El CSU juega un papel directo en la elección de la CC designando a un magistrado titular y uno suplente. Pero su rector y el decano de Derecho también participan en los procesos de postulación del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general.
Presentaron papelería para ser magistrados
- Alejandro José Gutiérrez Dávila, suplente
- Carlos Guillermo Demetrio España, titular y suplente
- Elfego René Jerez Chacón, titular y suplente
- Erwin Rolando Rueda, titular y suplente
- Jorge Mario Godoy, titular y suplente
- José Luis Aguirre Pumay, titular y suplente
- Julia Marisol Rivera Aguilar, titular y suplente
- Héctor Ovidio Pérez Caal, titular y suplente
- Héctor Ricardo Echeverría, titular y suplente
- Leyla Susana Lemus Arriaga, titular
- Luis Ernesto Cáceres, titular y suplente
- María Consuelo Porras, titular y suplente
- María De los Ángeles Araujo Bohr, titular y suplente
- Walter Paulino Jiménez Texaj, titular y suplente
Un CSU ilegítimo pone en riesgo la elección
Desde noviembre de 2025, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misión a Guatemala, destacó la importancia de que la Usac renovará su máxima autoridad.
Los enviados de la OEA pidieron legitimidad en todos los procesos, incluida la Usac, porque los procesos de elección «son fundamentales para preservar el Estado de derecho».
El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala, un grupo de juristas internacionales que también observa los procesos, expresó su preocupación por las irregularidades en la Usac.
«Cualquier decisión adoptada por un órgano integrado de forma anómala – incluida la designación de magistrados – es ilegítima, atenta contra la institucionalidad democrática y corre el riesgo de ser declarada nula», según los expertos.
Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, explica que desde la organización se levantaron alertas dirigiendo la atención a los plazos que estaban por vencer en 2025 en el CSU.
Ahora, al aferrarse a los cargos, puede acarrear atrasos o decisiones judiciales que afectarán el sistema de justicia, asegura Fuentes.
«En los últimos años, hemos visto que los procesos se judicializan de manera escandalosa. Es un abuso de recursos y, sin embargo, no lo podemos evitar, porque es un derecho y las autoridades están obligadas a conocer todos los procesos».
«El problema es que cuando los mecanismos ya están establecidos en las comisiones, este mundo de recursos entorpece los procesos, para bien o para mal. Las personas pueden presentar un recurso esperando que un proceso mejore, y termina debilitándose la figura de las comisiones de postulación».
La justicia «se está volviendo una farsa»
Frank LaRue, subcoordinador de Alianza por las Reformas, explica que «estas elecciones han sido difíciles por todos los abusos y la anterior criminalización que ha habido».
Menciona que debido a esa criminalización, la sociedad se limita en participar y cuando lo hacen se ven injustamente detenidas. Puso de ejemplo los casos de los líderes de 48 cantones y el periodista José Rubén Zamora.
«Uno ve que el sistema de justicia se está volviendo una farsa. Y dentro de esta farsa, se ve la descomposición total de la Universidad San Carlos».
LaRue recordó como Walter Mazariegos «se impuso como rector, luego la CC lo ratificó, y el MP no investigó absolutamente nada».
«Nos preocupa que el CSU tiene a dos personas absolutamente inaceptables que se presentan como candidatas (Porras y Lemus). Pero lo más grave, es que este consejo ya no es legítimo».
«Sería absurdo que el pueblo de Guatemala acepte una elección del actual Consejo Superior Universitario», asegura.
Tanto Frank LaRue como Marielos Fuentes destacan que el papel original de la Usac, de ser un ente asesor del Estado, ha desaparecido.
Mencionan que pasó de ser un órgano académico donde la gente se disputaba cargos internos, volviéndose en una instancia política y de disputa de poder.
