Corrupción, vínculos y resoluciones polémicas: más de la mitad de los 20 candidatos al TSE ha sido cuestionado

La comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) eligió a 20 candidatos en la nómina final que entregó al Congreso. En el listado, hay 10 aspirantes con señalamientos en los que organizaciones de la sociedad civil cuestionan su honorabilidad. La mayoría por su relación con casos de corrupción. Otros candidatos emitieron resoluciones judiciales cuestionadas. De este grupo de 20, los diputados elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes para integrar el TSE.

La comisión de postulación ya cerró la lista final de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Son 20 personas —15 hombres y 5 mujeres— entre las que los …

Óscar Donado

La comisión de postulación ya cerró la lista final de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Son 20 personas —15 hombres y 5 mujeres— entre las que los diputados del Congreso de la República tendrán que elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes. 

Estos 10 magistrados tendrán a su cargo la organización de las próximas elecciones generales: las de 2027 y las de 2031. 

En cuanto la comisión de postulación terminó el listado, organizaciones de sociedad civil criticaron la nómina final de candidatos. Por lo menos la mitad tiene algún señalamiento  en su contra que pone en duda su honorabilidad. 

En las últimas semanas, la comisión de postulación recibió decenas de tachas en las que se desarrollaban estos señalamientos. 

Candidatos con señalamientos de corrupción

Lesther Castellanos Rodas

Lesther Castellanos es el actual relator de la Oficina de Prevención Contra la Tortura. Antes, fue juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. En 2023, fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, en la conocida como «la Lista Engel». Esta lista identifica a personas involucradas en actos de corrupción o antidemocráticos.

En concreto, a Castellanos lo sancionó por socavar las instituciones democráticas, al tomar represalias contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien había presentado una queja contra Castellanos por filtrar información de un caso penal cuando era juez. Castellanos denunció a Laparra quien estuvo en prisión y actualmente se encuentra en el exilio.  

El informe sobre la Trayectoria de 181 aspirantes al TSE 2026-2032, elaborado por el Movimiento Pro-Justicia, expone que en septiembre de 2025, Castellanos Rodas se vio envuelto en un escándalo por el traslado de Aldo Dupei Ochoa Mejía, alias «El Lobo», a una cárcel con menores restricciones. Castellanos Rodas negó haber hecho la recomendación. 

Los vinculados al caso Comisiones paralelas

Cinco de los veinte candidatos están vinculados o fueron mencionados en alguna etapa del caso Comisiones paralelas 2020. Esta investigación, a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval, demostró un entramado de trueque de favores y corrupción alrededor del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones, primero en 2014 y luego en 2019. 

Juan José Bolaños Mejía

En 2019, Bolaños Mejía litigaba como abogado. La FECI lo señaló de pertenecer al grupo de operadores que negociaron los cargos de magistrados para las salas de apelaciones.

En 2021, el Juzgado de Mayor Riesgo D emitió una orden de captura en contra de Bolaños Mejía por el caso Comisiones paralelas 2020, pero ese año no fue detenido. La Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló la orden.

Meses después, en 2022, fue capturado por asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución. Pero, como la orden de captura del caso había sido anulada, el juez de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, lo dejó en libertad.

En 2024 fue elegido como magistrado de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla.

Wilber Estuardo Castellanos Venegas

En 2019 Wilber Castellanos era magistrado de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La FECI lo vinculó al caso Comisiones paralelas 2020, señalado de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos para amañar las elecciones de cortes.

«Pudimos observar cómo en el curso del proceso investigativo, fue documentado contacto de Alejos Cámbara, con personas señaladas por la sociedad civil organizada, entre ellos, Wilber Estuardo Castellanos Venegas», señala la Feci en la investigación.

Su candidatura para ocupar un cargo en el TSE fue empañada por dos tachas de la sociedad civil. Una de esta señala que, a través de un reparto ilegal de cuotas, apadrinamiento a candidatos y votos controlados, Castellanos habría recibido los votos necesarios en la comisión de postulación que lo incluyó en la nómina remitida al Congreso para las elecciones de cortes de 2019.

Sergio Amadeo Pineda Castañeda

En 2014, Pineda Castañeda fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aunque su periodo debía terminar en 2019, ante la falta de las elecciones de los nuevos magistrados, él y los demás togados se quedaron en el poder hasta noviembre de 2023.

En junio de 2021, dentro del caso Comisiones paralelas 2020, la FECI solicitó que Pineda y otros magistrados de la CSJ perdieran su inmunidad. Señalados por actividades presuntamente ilícitas para amañar la elección de los magistrados de las cortes de apelaciones, mientras integraban la comisión de postulación para la elección.

Entre las tachas en su contra por la candidatura para el TSE, el abogado Eddie Cux  alegó que también estuvo señalado en el caso Comisiones paralelas de las elecciones a cortes de 2014.

Durante la investigación, la CICIG y el MP lo identificaron ingresando a oficinas privadas del exministro Alejandro Sinibaldi. Además, se habría reunido con Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia para coordinar su candidatura. Ambos, Sinibaldi y Baldizon fueron señalados como actores del grupo que negociaba las cortes en la primera investigación de Comisiones paralelas.

Rafael Morales Solares

En 2019 Morales Solares era magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio y buscó reelegirse.

En 2020 la FECI solicitó un antejuicio en su contra por el caso Comisiones paralelas.

Junto a otros magistrados, lo señalaron por sostener comunicación con Gustavo Alejos para negociar la elección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que mantendría con su inmunidad y no podría ser investigado.

En 2019, decretó medidas de protección para Sandra Torres y ordenó a elPeriódico no realizar publicaciones periodísticas de la candidata presidencial. 

José Luis de Jesús Samayoa Palacios

Para las elecciones de las cortes de 2019, mientras era magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Sacatepéquez, José Luis Samayoa buscó ocupar un cargo en la CSJ. A causa de la investigación de la FECI, la elección quedó bloqueada.

En 2019 no hubo un relevo de las cortes, pero en 2023 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con el informe del Movimiento Pro-Justicia, Samayoa Palacios aparece mencionado en un informe de la fiscalía en el que asegura que visitó a Gustavo Alejos para pactar la nómina de candidatos.

Samayoa Palacios está en el listado de los 13 funcionarios judiciales señalados por el MP de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita dentro del caso Comisiones paralelas 2020. Aunque el MP pidió a la CSJ que perdiera su inmunidad, la corte lo resolvió sin lugar y el magistrado no pudo ser investigado.

Candidatos que litigaron o emitieron resoluciones cuestionadas

Roberto Estuardo Morales Gómez

Roberto Morales es magistrado vocal I de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

La Sala tuvo un papel decisivo en las recientes elecciones de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad del Colegio de Abogados. Concedió un amparo provisional a Ricardo Sagastume y a Diego Sagastume. 

La resolución ordenó modificar la convocatoria de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el CANG, excluyendo a profesionales de ciencias afines, que no pudieron votar. 

Su participación en la cuestionada resolución le valió una tacha en el proceso de magistrado para el TSE. 

Julio César Recinos Fabián

Fiscal de extinción de dominio del Ministerio Público. 

Intentó beneficiar al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. En mayo de 2024, solicitó que se levantara el embargo del menaje de casa, pinturas y esculturas, de Sinibaldi, investigado por casos de corrupción como Odebrecht, Construcción y Corrupción y Bantrab-Arca. 

Recinos Fabián argumentó que no había lugar para almacenar los bienes, y que su mantenimiento representaba un alto costo.

La solicitud fue denegada, porque las pinturas y esculturas estaban almacenadas en la bodega de un museo, y el menaje de la casa seguía en uso, ya que las viviendas se alquilaban con su mobiliario.

La sociedad civil presentó una tacha en contra de Recinos Fabián. Lo señalaron de no cumplir con el requisito de honorabilidad, por intentar beneficiar a actores señalados de corrupción a través de su trabajo como fiscal de Extinción de Dominio. 

La tacha en contra de Recinos Fabián menciona que es una persona cercana a la actual Fiscal General Consuelo Porras, señalada de poner en peligro la democracia del país y  que acumula más de 40 sanciones internacionales. 

Eva Marina Recinos Vásquez

Eva Marina Recinos es vocal II de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio.

Se le señala de favorecer a la exprimera dama, Sandra Torres. En 2020, Recinos, como suplente de la jueza Claudette Domínguez, realizó una audiencia de revisión de medida para Torres y permitió que saliera de prisión a cambio de una fianza de Q 800 mil.  

En noviembre de 2019, autorizó que Gustavo Alejos, señalado en varios casos de corrupción, fuera internado en el sanatorio Ciudad Nueva, zona 2, lugar donde tuvo la libertad para reunirse con operadores políticos y buscar manipular el proceso de elección de cortes, según la investigación de la Fiscalía

Giovanni Francisco Soto Santos

Giovanni Soto es exmagistrado de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Entre sus resoluciones polémicas está la habilitación de candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana de Carlos Pineda. Además, fue uno de los magistrados que evitó que Gloria Porras fuera juramentada como magistrada de la CC designada por el CSU-USAC.

Mario Alexander Velásquez Pérez

Es el secretario general del Tribunal Supremo Electoral. 

En las elecciones del 2023 fue denunciado por el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. Lo señaló de extralimitarse en sus funciones al girar una circular, que fue clave en la exclusión de Rodas como candidato a vicepresidenciable del partido MLP. 

Ante su postulación para magistrado del TSE, recibió dos tachas en su contra. La primera por Manuela Castro Coxaj y la segunda por Eugenio Miza Perén y José Pata Coc. 

Ambas quejas señalan la circular 02-2023, una orden administrativa que instruyó al Registro de Ciudadanos a realizar una doble verificación de finiquitos, requisito no previsto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

«Esta disposición administrativa fue la herramienta jurídica utilizada para bloquear la inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)», señalan los documentos de las tachas contra Velásquez. 

Además, lo señalan de haber certificado los acuerdos del pleno relacionados con la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), caso por el cual los magistrados titulares del TSE perdieron la inmunidad. 

Con vínculos cuestionados

José Albero Godínez Rodríguez

Director del Centro Universitario de Sacatepéquez de la Universidad San Carlos de Guatemala. 

La sociedad civil presentó una tacha en su contra por ser hermano de Juan Carlos Godínez Rodríguez, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en la Lista Engel de 2021. Juan Carlos Godínez es abogado y exmiembro de la comisión de postulación que seleccionó a los magistrados de la Corte Suprema.

«Socavó los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para puestos de altas cortes», señala La Lista Engel, sobre el hermano de Godínez Rodríguez. 

La tacha también cuestiona que en 2017, José Albero Godínez se postuló, bajo la planilla 2, al cargo de tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La planilla habría sido encabezada por Luis Fernando Ruiz Ramírez, quien fue capturado en febrero de 2021 en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020.

Los ocho candidatos contra los que no presentaron tachas 

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

Desde el 2024 es asesor en la subgerencia de tecnología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

En el 2022 fue director del sistema penitenciario. Durante su gestión hubo un paro de labores en dos centros carcelarios. Los guardias protestaron por el impago del aumento salarial que había sido ofrecido cuatro años antes. 

Ha prestado sus servicios al Organismo Judicial y al Ministerio de Gobernación. 

Selvin Guadalupe Guevara Farfán

Fue juez de paz y después juez de primera instancia penal de Chiquimula. 

En 2020 ligó a proceso penal a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados por la detención ilegal de la periodista Norma Sancir.

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Fue abogado del Parlamento Xinca. Participó en acciones legales y de incidencia contra el proyecto minero El Escobal y la empresa Minera San Rafael. 

El 3 de julio de 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Jiménez Villalta, por sufrir amenazas relacionadas con su labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En particular, en defensa de la minería. 

Entre 2024 y 2025, prestó sus servicios profesionales a la Gobernación Departamental de Santa Rosa por ocho meses y de 2017 a 2023 fue asesor legal de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima. 

Esmeralda Judith Orozco Navarro

Presidenta de la Sala Primera de Apelaciones de Familia. 

De acuerdo con el Movimiento Pro-Justicia, la CC declaró con lugar una apelación presentada por Orozco Navarro que revocó un amparo provisional a favor de la Alianza por las Reformas. 

El amparo impedía que los profesionales electos tomarán posesión de treinta puestos auxiliares del Consejo de la Carrera Judicial, porque el proceso de concursos de oposición se realizó sin un reglamento. 

Francisco Javier Puac Choz

Vicepresidente de la Junta Directiva del CANG, electo en 2025 por la agrupación Unidad por la Justicia. Es comisionado en la Comisión Nacional Registral.

En 2022 se postuló para candidato a Fiscal General —cuando Consuelo Porras fue reelecta por Alejandro Giammattei— y en 2024 fue candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones 2024-2029. 

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo

Magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil desde 2014. 

Entre 1987 y 1992, fue procuradora de la Asesoría Jurídica del Banco Agromercantil S.A. También fue candidata para magistrados del TSE en 2020.

Karin Virginia Romero Figueroa

Es coordinadora adjunta de la unidad de régimen disciplinario del Organismo Judicial. 

Fue magistrada suplente de la corte de apelaciones de 2014 a 2019. También trabajó como letrada de la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia del 2016 al 2023. 

Alfredo Skinner-Klée Arenales

Socio principal en la firma de Latamlex Abogados, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guatemala. Fue diputado al parlamento centroamericano. 

Fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

Es hermano del embajador Jorge Skinner Klée Arenales, señalado de participar en el lobby para la salida de la CICIG de Guatemala.


Así fue la votación de los integrantes de la comisión de postulación: Walter Mazariegos, rector de la Usac; Mynor Augusto Herrera Lemus, representante de universidades privadas, Gregorio Saavedra, representante del CANG; Henry Arriaga Contreras, decano de la Facultad de Derecho de la Usac  y José Ángel González Cuevas, representante de los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades privadas:


Redacción:  María José Longo Bautista 

Edición: Carmen Quintela 

Diseño de portada: Oscar Donado 

María José Longo Bautista

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