En los años de la guerra interna en Guatemala, entre 1960 y 1990, la desaparición forzada fue una estrategia de las fuerzas de seguridad dirigida contra la población civil que …
En los años de la guerra interna en Guatemala, entre 1960 y 1990, la desaparición forzada fue una estrategia de las fuerzas de seguridad dirigida contra la población civil que alcanzó a la niñez.
Entre 1978 y 1984, al menos 340 niñas y niños desaparecieron en el marco de operativos militares, masacres, capturas colectivas y desplazamientos forzados internos, según el informe Hasta Encontrarte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag).
El 75 % de niñas y niños de esos casos documentados, tenía menos de cinco años de edad. Muchos eran bebés de brazos, otros apenas comenzaban a caminar. Algunos ni siquiera habían sido inscritos en el registro civil.
En al menos 117 de los casos documentados por ese informe, la última referencia conocida ubica a los niños y niñas bajo control de fuerzas del Estado.
Cifras generales estimadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), detallan que de cada 100 personas que sufrieron diversos tipos de violencia durante la guerra, incluida la desaparición forzada, aproximadamente 18 eran niñas, niños o jóvenes.
La información sobre niñez desaparecida durante el conflicto se encuentra dispersa y solo puede ser ubicada por casos que se presentan en distintos informes.
Uno de ellos es Niñez desaparecida en Guatemala como parte de la estrategia de guerra, donde se destaca que gran parte del reto al abordar la problemática, pasa precisamente por los subregistros de información.
Añade el nulo avance de los casos y también los constantes recortes de financiamiento a la causa.
A la fecha, no hay acceso completo a los archivos oficiales -por restricciones que aducen temas de seguridad o porque ya no existen- en instituciones clave como el Ejército, ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas, casas de resguardo a cargo del Estado, entre otros.
Sin una ley general de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, los esfuerzos no tienen respaldo institucional. En el Congreso de Guatemala se estancó la iniciativa de ley 3590 desde el 2016.
De cifras de adopciones a los casos
Las cifras que las organizaciones sociales han recopilado, permiten dimensionar el fenómeno, donde los testimonios aportan información clave sobre los patrones de actuación, también algunos indicios de los responsables directos.
En uno de los registrado por la Odhag, en 1982 en Quiché, un bebé fue separado de su madre durante un operativo militar y fue visto por última vez en manos de soldados. No existe registro oficial de su destino. No hay acta de traslado, tampoco constancia de hospitalización por alguna lesión.
El rastreo tampoco ha logrado dar con un expediente de resguardo a cargo del Estado o de adopción posterior al suceso, que explique el paradero de ese bebé.
En un segundo expediente documentado en Alta Verapaz en 1982, se recogen indicios de un posible cambio de identidad posterior a la desaparición. El niño habría sido trasladado a otra región, pero sin constancia pública de un proceso formal de adopción.
Otros expedientes recogen situaciones similares. Aunque el mayor número de casos documentados por la Odhag se ubica entre 1981 y 1983, existe un repunte en 1982.
Ese período coincide con lo señalado por la CEH sobre la implementación de la política de tierra arrasada en distintas regiones del país.
El tiempo como obstáculo y prueba
Para conocer el número de casos sobre niñez desaparecida durante el CAI que se ha investigado por parte de la fiscalía, Agencia Ocote solicitó al Ministerio Público mayores detalles, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
De acuerdo con Nery Rodenas, director ejecutivo de Odhag, en los últimos 25 o 30 años se estima que son entre diez y veinte casos los que han logrado llegar ante la justicia.
Señala que la desproporción entre la dimensión del daño y la respuesta judicial es evidente, también una deuda pendiente a las víctimas del conflicto armado.
Rodenas sostiene que las limitaciones no responden únicamente al paso del tiempo. «Realmente son contados los casos que se han logrado llevar a tribunales porque existen muchas dificultades».
Entre esas dificultades señala lo que también se recopila en los informes de las organizaciones: la falta de recursos, la escasez de fiscales especializados y el acceso restringido a archivos estatales.
A ello se suma el desgaste humano de las víctimas. «Muchas de las personas que sufrieron las violaciones a los derechos humanos son personas mayores. Entonces, han tenido que esperar mucho tiempo para ver los procesos que están desarrollándose».
La demora también implica un mensaje claro por parte del Estado. «No existe un compromiso muy serio, entiéndase por parte de las autoridades que tienen que llevar adelante la persecución penal de este tipo de procesos», añade Rodenas
«El Ejército no ha cumplido con entregar sus archivos históricos, eso es un crimen»
Niñez desaparecida en casos emblemáticos
Paulo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), coincide en el análisis del director de la Odhag.
Añade que en el Caso Diario Militar —donde se incluye también niñas y niños víctimas— el impulso al esclarecimiento de los casos es prácticamente inexistente.
«No hay ninguna acción para avanzar. Lo que han hecho es pedir el cierre», sostiene.
Para Estrada, la desaparición forzada no pertenece al pasado. «La desaparición forzada es una tortura que pasa día a día. De la tortura no hay cura».
Los casos de niñez y mujeres embarazadas que aparecen en el Diario Militar corresponden a los registros 9, 86, 94, 99 y 140. También existen otros casos emblemáticos como el niño Marco Antonio Molina Theissen
Aunque se aprobó la ley de búsqueda de niñez y juventud desaparecida, reconocida como Ley Alba-Keneth únicamente se centra en casos actuales y no de la guerra.
Adopciones ilegales: otra línea de búsqueda
La desaparición de niñas y niños durante el conflicto armado se encuentra vinculada a un sistema de adopciones internacionales que se expandió en Guatemala incluso durante los años posteriores a la firma de la paz.
En los años noventa y principios de los 2000, Guatemala se convirtió en uno de los países con mayor tasa de adopciones internacionales per cápita. Luego de una serie de debates al respecto, en 2007 entró en vigencia la Ley de Adopciones (Decreto 77-2007).
El marco de esa ley pretendía regular de manera formal los procedimientos de adopción y dar cumplimiento a la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional.
La ley estableció el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) como autoridad central para supervisar todo el proceso, sustituyendo las prácticas notariales que funcionaban prácticamente sin fiscalización.
Marco Garavito, director de la Liga de Higiene Mental de Guatemala, que ha acompañado procesos de búsqueda de personas adoptadas en el extranjero, cuenta que en los años 80 las adopciones se hacían bajo un Estado capturado.
«Si hablamos específicamente del año 82, estamos hablando del período más duro de la guerra, donde la estructura del Estado estaba absolutamente cooptada por las instituciones de seguridad, particularmente el Ejército», explica.
Esa organización ha trabajado en más de 1,200 casos y ha logrado 547 reencuentros familiares.
También cuenta con el proyecto específico sobre niñez desaparecida durante la guerra Todos por el Reencuentro que se sostiene con financiamiento de la cooperación internacional.
Garavito advierte que el vínculo entre desaparición y adopciones no puede descartarse como una hipótesis marginal.
«Por años, muchos involucrados todavía hoy día siguen en la estructura del poder del Estado, son funcionarios del Estado, son personas entre comillas socialmente respetables».
El entrevistado señala que cuando existen niñas y niños bajo custodia estatal y el país experimenta un auge extraordinario de adopciones con controles frágiles, la obligación institucional debería incluir el cruce de información.
En uno de los casos que llevó la Liga de Higiene Mental, unos 40 niños que fueron sustraídos de una finca en Alta Verapaz durante el conflicto, años después 14 fueron localizados en Italia.
Estructuras que no desaparecen
Tras la firma de los Acuerdos de Paz , Guatemala inició un proceso formal de transición democrática. Sin embargo, análisis sobre redes de poder y sobre justicia transicional señalan que esa transición no implicó una ruptura con las estructuras de poder que operaron durante la guerra
Investigaciones como el informe Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco, elaborado por Harald Waxenecker, muestran cómo grupos políticos, económicos y militares consolidaron sus redes.
Eso influye en la política legislativa y en la permanencia de prácticas que afectan la legitimidad del sistema democrático y la rendición de cuentas.
El análisis de Waxenecker, así como en el estudio de redes ilícitas vinculado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), identifica conexiones entre actores públicos y privados que han buscado influir en nombramientos judiciales y en decisiones del sistema de justicia.
Otras investigaciones sobre la «economía de captura» muestran cómo alianzas entre élites económicas, funcionarios públicos y operadores políticos han moldeado políticas públicas e instituciones estatales para beneficio propio, contribuyendo a la continuidad de estructuras de poder que se remontan incluso al periodo posconflicto.
Estas dinámicas estructurales ayudan a explicar por qué la investigación de crímenes del pasado avanza de manera fragmentaria o se estanca.
Durante la gestión de Claudia Paz y Paz (2010–2014), el Ministerio Público impulsó procesos de justicia transicional que marcaron un precedente en el país. Se judicializaron casos como el genocidio contra Efraín Ríos Montt y la masacre de Dos Erres, que derivaron en condenas contra militares por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
Para organizaciones de víctimas, ese período evidenció que el sistema de justicia podía avanzar cuando existía voluntad institucional.
Porras: vínculo a estructuras y adopciones
Cuatro décadas después de los hechos del conflicto armado, la búsqueda de niñas y niños desaparecidos sigue pendiente. La responsabilidad recae en el Ministerio Público, institución encargada constitucionalmente de la persecución penal y actualmente dirigida por la fiscal general Consuelo Porras.
Durante su gestión, organizaciones de víctimas han documentado retrocesos en materia de justicia transicional: cambios de fiscales, debilitamiento de unidades especializadas y ausencia de avances sistemáticos en la judicialización de casos vinculados a niñez desaparecida.
Recientemente, el 7 de febrero pasado, expertos independientes de Naciones Unidas señalaron a Porras por adopciones irregulares durante el conflicto armado. En 1982, Porras se desempeñó como tutora legal en el Hogar Elisa Martínez, donde niñas y niños estaban a su cargo.
Aunque no existe una acusación formal en su contra, los expertos subrayaron la necesidad de investigar con profundidad cualquier vínculo histórico, institucional o personal que pudiera haber facilitado la desaparición y traslado ilegal de menores.
Para Raúl Nájera, integrante de la organización HIJOS Guatemala, la investigación no puede centrarse únicamente en una persona.
«No es que Consuelo Porras llegara sola -a la jefatura del MP-, forma parte de una red de actores que han ocupado espacios clave del Estado y que responden a intereses históricos que se resisten a que ciertos crímenes se esclarezcan».
Porras no ha sido investigada por esos señalamientos y públicamente se ha pronunciado para decir que se trata de acusaciones sin fundamento.
Agencia Ocote también solicitó al Ministerio Público una postura por parte de Porras para ampliar al respecto, pero no se obtuvo.
Este martes, en una citación al Congreso convocada por el diputado José Chic, para conocer el avance sobre una denuncia de oficio presentada por la Procuraduría General de la Nación sobre las acusaciones contra Porras, se conoció que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas declaró el caso bajo reserva.
«Cuando el Estado no cumple con la obligación de investigar y buscar, comete un doble crimen: el primero fue la desaparición; y el segundo es la negación de verdad y justicia», puntualiza en su análisis Nájera.
