El pasado 16 de febrero, expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento en el que dijeron que tras una reciente visita a Guatemala se …
El pasado 16 de febrero, expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento en el que dijeron que tras una reciente visita a Guatemala se mostraban preocupados ante señalamientos de adopciones ilegales en las que Consuelo Porras, actual Fiscal General, estaría involucrada.
Según los expertos, recibieron información de que al menos 80 niños de origen maya fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Centro Asistencial II del Centro de Bienestar Social Colón (más conocido como hogar temporal Elisa Martínez).
El grupo de expertos dijo que las adopciones anómalas en Guatemala habrían ocurrido entre los años 1968 y 1996, en el contexto del Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala. Sin embargo, el señalamiento contra Porras
Según la información recibida por los expertos, Consuelo Porras, como administradora del hogar, «fue la “tutora legal” de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982».
#Guatemala – Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) February 16, 2026
Horas después de la presentación del informe en la sede de Naciones Unidas, Consuelo Porras rechazó las acusaciones. Mencionó que «iniciaría las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las NU a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección».
Mensaje al secretario general de la ONU y a la prensa nacional e internacional:
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) February 17, 2026
Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente,
las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra por parte de la señora… https://t.co/74nKTa7CM4
Tras la publicación de Porras, varias páginas anónimas y desinformadores reaccionaron asegurando que el señalamiento no habría sido posible.
Aseguran las cuentas desinformadores que la fiscal «habría tenido 15 años en la fecha que dice la amiga de Arévalo… cuando ocurrieron las supuestas adopciones ilegales».
Mencionan que el nacimiento de Porras fue el 23 de agosto de 1953 y las adopciones ocurrieron en 1968, por lo que Porras «habría tenido 15 años».
Documentos confirman versión de expertos
Aunque es verdad que Porras nació en 1953, el señalamiento de los expertos de NU indica que las adopciones irregulares empiezan a registrarse en 1968 (cuando tenía 15 años), pero la señalan por lo ocurrido en 1982 (cuando tenía 28).
La actual fiscal general trabajó durante nueve años en hogares temporales de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), de 1973 a 1982, según documentos oficiales.
Estos son documentos presentados por Consuelo Porras en su expediente para fiscal general en 2018 y 2022:
Su paso por la SBS fue registrado por la misma Porras en la documentación de su postulación para fiscal general en 2018 y cuando se postuló para reelegirse en 2022.
En su papelería agrega una constancia de la SBS que describe su paso por la institución del 2 de abril de 1973 al 30 de agosto de 1982. Ahí tuvo tres puestos, el último como administradora del Hogar Elisa Martínez, hasta que fue «removida por reorganización».
Dicho cargo también lo exhibe el MP en la página oficial sobre la información profesional de la jefa de la institución.
Porras, sancionada por más de 40 países de la Unión Europea y Estados Unidos por ser un actor corrupto y antidemocrático, entregó expediente a la Comisión Postuladora para fiscal general en busca de un tercer mandato.
La Procuraduría General de la Nación, tras conocer los señalamientos en el seno de la ONU, presentó una denuncia ante el MP para que Porras sea investigada.
El Hogar Elisa Martínez
El Hogar Elisa Martínez, lleva el nombre de la esposa del presidente Juan José Arévalo y primera dama Elisa Martínez. Fue ella quien creó los centros de atención para niños y ancianos en Guatemala.
Un documento sobre las adopciones de la Dirección de los Archivos de la Paz indica que en dicho hogar temporal pudo haber 730 menores entre 1947 y 1997.
La Dirección, dependiente de la Secretaría de la Paz, documentó sobre los señalamientos de adopciones irregulares durante el Conflicto Armado Interno (CAI).
El documento reflexiona que las instituciones de asistencia social aparecen como responsables por los procedimientos anómalos contra los menores de edad en situación de desamparo.
Venta de niños como arma de guerra
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida en Guatemala, uno de los objetivos de las fuerzas represivas del Estado durante el CAI fue la captura y desaparición de menores. Muchos de ellos eran dados en adopción y con el tiempo, su venta se volvió un negocio.
El informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) revela que muchos niños indígenas eran arrancados de sus comunidades como botín de guerra y entregados a familias sustitutas en Guatemala o en el extranjero. Las anomalías también fueron investigadas por la extinta CICIG.
Investigaciones judiciales demuestran que figuras públicas de la actualidad, principalmente abogados y militares, participaron en ese negocio.
Políticos como el excandidato presidencial Edmond Mulet, o la excanciller y actual diputada Sandra Jovel, fueron procesados por esos casos.
Otros como el exdiplomático y exdiputado Antonio Arenales Forno tuvieron participación y fueron parte del bloqueo de investigaciones al respecto.
