Cuatro mujeres de cabello blanco se entrelazan y se preparan para hablar frente a la cámara. Cada una se sostiene y coloca su mano sobre la otra, a la altura …
Cuatro mujeres de cabello blanco se entrelazan y se preparan para hablar frente a la cámara.
Cada una se sostiene y coloca su mano sobre la otra, a la altura de los hombros.
Ellas visten blusas blancas donde fue plasmada la fotografía de un niño que sonríe.
Él es Marco Antonio Molina Theissen, hijo y hermano de estas mujeres.
Quienes llevan el rostro de Marco Antonio cerca del corazón, son sus hermanas Emma Guadalupe, Ana Lucrecia y María Eugenia Molina Theissen que van soltando frases sueltas.
Su mamá, Emma Theissen, de 90 años de edad, es la última en pronunciarse y completar el mensaje: «Ayúdennos a encontrar a Marco Antonio».
Este octubre se cumplen 43 años de su incansable búsqueda.
La escena forma parte de una campaña de comunicación y solidaridad lanzada este mes para reiterar las cuatro décadas de búsqueda de justicia por la desaparición forzada del niño.
Esto ocurrió, según se demostró en juicio, a manos de un comando militar que sacó de su casa a Marco Antonio cuando tenía 14 años de edad.
En el proceso también se comprobó la detención, tortura y violencia sexual contra Emma Guadalupe.
Aunque en 2018 un tribunal guatemalteco condenó a varios exmilitares por esos hechos, la sentencia no se encuentra firme.
Tampoco se han cumplido las medidas de reparación digna ordenadas a favor de la familia Molina Theissen.
«El caso está en total impunidad»
La pesadilla de la familia Molina Theissen comenzó en septiembre de 1981, cuando Emma Guadalupe, militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, fue capturada de forma ilegal en un operativo militar cuando viajaba por la ruta Interamericana.
De ahí fue trasladada a la zona militar de Quetzaltenango, en el Altiplano guatemalteco, en donde sufrió torturas, interrogatorios y violencia sexual.
Días después logró escapar, lo que desencadenó un nuevo operativo militar para tratar de localizarla.
Esto llevó al secuestro de su hermano menor, el 6 de octubre, en su casa, donde también golpearon a su mamá.
Desde ese momento no se supo más del paradero del niño.
Según el abogado de la familia Molina Theissen, Alejandro Rodríguez, esta forma de operar reveló la existencia de un plan coordinado por entidades de seguridad e inteligencia del Estado.
Este incluyó seguimiento, vigilancia y un circuito clandestino de detención y torturas.
Por los delitos cometidos contra Emma Guadalupe, en 2018, el Tribunal C de Mayor Riesgo impuso condenas a cuatro militares en situación de retiro.
Estos son Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército y Manuel Callejas y Callejas, Director de Inteligencia Militar.
También Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar de Quetzaltenango y el oficial de Inteligencia, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.
Las condenas, de entre 33 y 58 años de cárcel, son por delitos contra los deberes de la humanidad y violación sexual agravada contra Emma Guadalupe.
Por la desaparición forzada de Marco Antonio fueron sentenciados Lucas García y Callejas y Callejas.
«Se probó claramente que Emma Molina fue introducida a ese circuito clandestino de detención en la base militar de Quetzaltenango», asegura Rodríguez.
«Se pudo comprobar también el canal de inteligencia y las relaciones entre el Estado Mayor del Ejército y los oficiales de inteligencia G2», añade el abogado.
Pero la sensación de impunidad prevalece para la familia Molina Theissen.
Para Ana Lucrecia, «esa sentencia no está firme, porque tres de los convictos fueron favorecidos por las altas cortes del país con una medida sustitutiva»
El beneficio de pagar la condena en su casa «contraviene estándares internacionales que lo prohíben cuando se trata quienes han cometido crímenes de lesa humanidad».
La entrevistada se refiere a la medida otorgada el 9 de junio de 2023, por la Sala Primera de Mayor Riesgo, a favor de los oficiales Lucas García, Callejas y Callejas y Gordillo Martínez, para que gozaran de arresto domiciliario sin vigilancia.
Según el abogado Rodríguez, presentaron una recusación, pero la sentencia se encuentra en apelación ante una sala de la Corte de Apelaciones.
«Se ha presentado una recusación contra el tribunal porque se expresó criterio en el cual lamentaba las condenas -contra los militares- y esto es anticipar criterio», afirma Rodríguez.
«Definitivamente, el tribunal no era imparcial, ya tenía un criterio preconcebido, así que se tramita esta recusación para que se nombre una nueva sala de apelaciones», considera.
El especialista Zaldaña Rojas también ha pedido el mismo beneficio en diversas ocasiones, pero no le ha sido otorgado.
Alcanzar la justicia
Alcanzar justicia por lo sucedido ha sido un camino cuesta arriba para la familia Molina Theissen.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Guatemala en una sentencia de reparaciones y costas del 3 de julio de 2004, la investigación, juicio y castigo a los responsables de los hechos sufridos por Marco Antonio.
Fue entonces que se inició a investigar y a documentar el caso.
«En ese momento Emma Guadalupe no figuraba como víctima. Ella no quiso, se sentía que no era merecedora de justicia», añade su hermana Ana Lucrecia.
Otras reparaciones que no ha cumplido el Estado incluyen la devolución de los restos de Marco Antonio, la creación de un banco de datos genético y el reconocimiento legal de muerte presunta en caso de desaparición forzada con efectos civiles.
«Lo que nos interesa de sobremanera es la justicia y la devolución de los restos de mi hermano», enfatiza Ana Lucrecia.
Pero el tiempo pasa y las medidas de reparación no llegan.
Al respecto, ante la avanzada edad de los procesados, Ana Lucrecia indica que «no se trata de viejitos víctimas, sino de criminales envejecidos que merecen estar donde están».
«Ellos cometieron graves crímenes de lesa humanidad, graves crímenes que no tienen fecha de prescripción, la edad no es un impedimento para ser sometidos a juicio y condena».
Ana Lucrecia dice que además se sienten «burladas por las cortes del país» y señala que persisten los intentos de la defensa de los exmilitares de criminalizarlas.
Estos han dicho que ellas mismas secuestraron a Marco Antonio y ahora lo hacen pasar por su cuñado en Costa Rica.
Cuenta que de buena voluntad, su mamá Emma Theissen y su cuñado se sometieron a pruebas de ADN en Costa Rica a solicitud del Ministerio Público de Guatemala.
Tras los resultados que ratifican que no son parientes consanguíneos, la defensa pidió hacer otra prueba en Guatemala, a lo que ellas se opusieron.
La familia Molina Theissen persiste en mantener viva la atención sobre este caso pues lo consideran emblemático para abordar casos de justicia transicional y poner fin al silencio e impunidad.
«Una buena parte de la impunidad se sostiene por el silencio social, un silencio autoimpuesto. Mucha gente no habló por temor a ser desaparecida, pero es importante saber y conocer», apunta Ana Lucrecia.
Indica que «la memoria es parte de la identidad de una persona, de un país y de una sociedad. Somos un país que ha sufrido mucho y debe romper el silencio, debe señalar a los responsables».
Un caso de muchos
Según el abogado Rodríguez «este caso tiene una importancia superlativa para la justicia transicional en Guatemala y en todo el mundo, porque está generando un precedente de cómo operaba el sistema clandestino de detención y desaparición forzada».
Señala que este sistema se aplicó a nivel Latinoamericano. Hay registros de Guatemala, Argentina o Chile y otros, porque formaba parte de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
«Se acreditó dentro del juicio que oficiales argentinos vinieron a Guatemala a dar colaboración a las fuerzas militares», según Rodríguez.
Pero además, «que el jefe de inteligencia, Manuel Antonio Callejas viajó a Argentina para hacer convenios para que oficiales guatemaltecos fueran entrenados en las técnicas de cárceles clandestinas e interrogatorios».
También recuerda Rodríguez que los hallazgos del caso Molina Theissen fueron presentados en un juicio que se siguió en Bélgica donde se juzgó -sin estar presentes- a Callejas, Lucas y a otros altos mandos militares guatemaltecos.
Estos fueron condenados en ausencia por la justicia belga a cadena perpetua y tienen órdenes de captura internacional por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de cuatro misioneros belgas entre 1980 y 1982.
Para Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), el caso Molina Theissen se enmarca en las cuatro grandes acciones de la justicia transicional.
La primera que resalta es la incansable lucha de estas cuatro mujeres, la familia, en la búsqueda de la verdad.
En la segunda acción, Santos señala el nivel de acceso a la justicia, ya que el caso de Marco Antonio se suma a los más de 5 mil niños desaparecidos durante el conflicto armado.
Menciona las medidas de reparación, como la tercera acción, porque estas deben ser impulsadas desde el Estado para garantizar que se repare el daño de manera integral.
Y por último, una serie de medidas que permitan la no repetición de estos hechos como parte de la lucha por la construcción de la democracia.
«Conocer que durante el conflicto armado se cometieron hechos de tortura y desaparición como el secuestro, detención ilegal o la violación sexual», afirma Santos.
La espera sigue y la memoria persiste
De nuevo, la familia Molina Theissen se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para continuar el análisis de las apelaciones sobre este caso.
Para Jorge Santos, ante la elección de nuevas cortes en el país y el rumbo que puedan tomar este caso, el escenario debería ser uno solo: justicia para Marco Antonio y Emma Guadalupe.
Sostener este proceso ha implicado un gran desgaste para las cuatro mujeres de la familia Molina Theissen, pero Ana Lucrecia enfatiza que el amor a Marco Antonio, a su familia, a la justicia y a la verdad las impulsa todos los días.
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En caso de contar con información sobre el paradero de Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido en septiembre de 1981 a la edad de 14 años, la familia tiene habilitado el número de WhatsApp +1 (917) 889-5511 para que de manera anónima y confidencial pueda brindarse la información con que se cuente.
