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«El Ejército no ha cumplido con entregar sus archivos históricos, eso es un crimen»

Tras su llegada al país como perito en el juicio por el Genocidio Ixil, en donde se juzga al general Benedicto Lucas García, la investigadora Kate Doyle habla sobre su trabajo en la desclasificación de documentos sobre el conflicto armado en Guatemala y la importancia del acceso a la información para el esclarecimiento de la verdad.

En el nivel más alto de la Torre de Tribunales (15avo), en la Ciudad de Guatemala, una mujer  estadounidense se sienta frente al Tribunal de Mayor Riesgo A. A su …

Kate Doyle, portada Ocote, juicio Genocidio Ixil, Christian Gutiérrez

En el nivel más alto de la Torre de Tribunales (15avo), en la Ciudad de Guatemala, una mujer  estadounidense se sienta frente al Tribunal de Mayor Riesgo A. A su lado, tiene una intérprete, en caso de no entender alguna pregunta que le hagan sobre su peritaje.

Sin embargo, esta tarde de junio de 2024 ella ya habla mejor el español que en aquel lejano 2002, cuando por primera vez se presentó ante un tribunal en Guatemala.

Gervin Sical, Juez presidente en el caso Genocidio Ixil que se desarrolla en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García, le pide a la mujer que diga su nombre al micrófono. Todo quedará grabado y el acusado debe escucharla bien. 

Lucas García está presente a través de una videoconferencia desde el Centro Médico Militar debido a problemas de salud por su avanzada edad (91 años). 

La presentación de Kate Doyle, investigadora y analista, tomó dos días. Su intervención fue sobre documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. 

Es conocida por su trabajo en el Archivo Nacional de Seguridad, una institución de investigación privada que tiene su sede en la George Washington University en Washington D.C. 

Por décadas se ha dedicado a la investigación de las políticas de Estados Unidos en América Latina, pero su área de especialidad es México, Guatemala y El Salvador. 

El NSA es un grupo defensor del derecho a la información y utiliza la Ley de Acceso a la Información (Freedom of Information Act) para pedir la búsqueda, revisión y desclasificación de documentación secreta en las diferentes dependencias de los Estados Unidos.

Doyle resume el objetivo de su trabajo de esta forma: «en el gobierno hay muchos secretos y silencio, por lo que utilizamos esta ley para penetrar en esa cortina y buscar nuevas historias con la información [de los documentos desclasificados]».

En Guatemala, su nombre cobró notoriedad  por ser la analista que hizo públicos los documentos Diario Militar (sobre desapariciones forzadas en el área metropolitana) y Plan de Operaciones Sofía (sobre el genocidio Ixil).

Sin embargo, también ha tenido participación en distintos procesos de justicia transicional como el asesinato de Myrna Mack o la desaparición forzada de Edgar Fernando García y la masacre de la aldea Dos Erres.

La investigadora cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, y dirigió investigaciones como el Proyecto Guatemala, que recolecta documentos desclasificados de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala que datan desde 1954.

En 2012, fue premiada con el premio ALBA/Puffin al activismo por los Derechos Humanos, junto a Fredy Peccerelli de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

El pasado viernes 7 de junio se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo A en el debate oral y público del caso Genocidio Ixil, pero su participación se alargó hasta el lunes 10 de junio, cuando respondió a preguntas de las partes procesales. Fue cuando accedió a esta entrevista.

¿Cómo se involucró en el mundo del análisis de documentos?

Estando en la Maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia a finales de los ochenta, había un gran escándalo en los Estados Unidos que se llamaba «Irán-Contras». 

Tiene que ver con la secreta venta de armas por el gobierno de Ronald Reagan al gobierno de Irán, aunque públicamente Irán en ese entonces era enemigo declarado de los Estados Unidos. 

La venta de armas a Irán y el uso de los beneficios del dinero para financiar clandestinamente a los contras nicaragüenses, a pesar de que el Congreso norteamericano les prohibió apoyo o financiamiento, fue un gran escándalo porque el gobierno estaba haciendo algo completamente ilícito. 

El teniente Oliver North testificando en el juicio Irán-Contras en 1987. A pesar de haber sido encontrado culpable y condenado, no pasó ni un solo día en prisión. Foto: Ruby Washington para The New York Times.

En ese tiempo había un grupo que se llamaba el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) creado en 1985. La gente de esta organización, que era de la sociedad civil, estaba pidiendo la desclasificación de documentos sobre ese escándalo. 

Siempre los escuché en la radio, leía cosas sobre su trabajo y me parecía alucinante tener la capacidad y posibilidad de pedir del gobierno, que es tan secreto y tan lejano, la apertura de información previamente secreta para entender las historias escondidas. 

Eso me fascinó. Después de terminar mi maestría, llamé al Archivo, y les dije «me interesa mucho lo que hacen», y así empezó. En 1991 fui al NSA y siempre he estado ahí. 

¿Cuál fue su primer acercamiento con Guatemala y por qué se interesó en lo que pasó durante el conflicto armado?

A principios de los noventa hacía solicitudes de información para el NSA, sobre política o guerra contra las drogas, con un interés y una especialidad desde mi maestría en América Latina. 

Cuando la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador empezó su trabajo (1992), intentó obtener información del gobierno norteamericano diciendo «somos una comisión creada por un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones revolucionarias. 

Necesitamos información de la guerra civil y como Estados Unidos jugó un papel importante apoyando al ejército de El Salvador, nos imaginamos que tienen información» y el Gobierno negó a la comisión la información. 

Fue así como la comisión llegó a nosotros y nos pidió que usáramos la ley de información para conseguir documentos. Honestamente, el caso sobre El Salvador fue el primer proyecto de investigación que hicimos en el NSA. 

Desde ahí me interesé más en cómo pueden los documentos desclasificados, escritos con otro propósito, pedidos por nosotros con otro propósito —porque queríamos ser un repositorio— tener otro valor. 

Después de la comisión de El Salvador,  en el marco del Acuerdo de Oslo sobre Derechos Humanos, entre la guerrilla y el Gobierno de Guatemala, se creó la idea de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Ahí nos dimos cuenta de que podíamos anticiparnos a la existencia de esa comisión  con un proyecto sobre Guatemala. 

Kate Doyle declara como perito de documentos desclasificados, en el juicio que se lleva contra Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército. Foto: Christian Gutiérrez.

Entonces dijimos: «vamos a solicitar, vamos a investigar, vamos a conseguir documentos» para que cuando llegue la comisión estemos preparados con una colección.

A mí me interesó pensar en cómo íbamos a diseñar un proyecto sobre Guatemala que pudiera ser más útil para una comisión de la verdad. Lo que se me ocurrió, fue que la cosa más oscura en Guatemala es el Ejército, y pensaba que la comisión no iba a poder conseguir información del Ejército.

Entonces nuestra investigación fue sobre derechos humanos, las masacres, las desapariciones, pero también sobre el Ejército como institución. Los oficiales, las unidades, las zonas militares, las bases. ¿Cuándo y dónde estaba el poder en diferentes momentos del conflicto? 

Así fue como mandamos cientos de solicitudes [al Gobierno de los Estados Unidos], específicamente sobre las fuerzas armadas, todo lo de  defensa, además de información sobre la catástrofe de derechos humanos que ocurría en el país. 

El primer juicio en el que participó fue en el de los autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack, ¿cómo pasó y cómo fue el proceso?

Después de decidir crear un proyecto sobre Guatemala, estuve en una conferencia en Washington sobre la policía en Centroamérica, y una persona que no conocía se me acercó. 

Se presentó como Helen Mack y me dijo: «Mira, acabo de enterarme de que tienes un proyecto sobre Guatemala y estás pensando en buscar documentación de tu Gobierno. Yo tengo un caso, tal vez puedas buscar documentación sobre mi hermana». 

Eso fue como a mediados de los noventa. Entonces también me empecé a enfocar en varios casos de derechos humanos y el de Myrna Mack fue uno. 

Pedimos muchos documentos, y realmente no teníamos la palabra «juicio» en mente. Aunque Helen ya habría contribuido a un juicio contra el autor material, Noel de Jesús Beteta. 

En ese tiempo, ella ya estaba buscando evidencias en contra de los autores intelectuales. Fue por eso que me pidió ayuda. Entonces, busqué y conseguí documentación. Y de repente… ¡El caso estaba avanzando!

Cuando mi familia y yo vivíamos en la Ciudad de México, Helen se comunicó conmigo y me pidió participar. Ni siquiera  recuerdo si usó la palabra perito, pero nosotros no teníamos la idea en el NSA de «vamos a ser peritos», ¡nunca!

Recuerdo que el juicio (2002) fue en la misma sala donde (en 2013)  fue el caso por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt. En ese tiempo casi no podía hablar español, entonces pedí intérprete. 

El día llegó. Me recogieron en el hotel y al entrar al tribunal vi por primera vez a la gente. Había cientos de personas. Me sentí nerviosa.

Vi la mesa de los acusados y cada uno tenía dos abogados. Eran cerca de diez personas en la mesa de la defensa y en el otro lado, Helen y sus abogados. Fue una experiencia muy fuerte, y aunque la traducción fue un desastre y muchas cosas pasaron, me sentí bien porque tenía los documentos y no estaba inventando u opinando nada. 

Soy analista, tenía los documentos desclasificados que conseguí con mucho esfuerzo, y entendí perfectamente lo que me dijeron. Fue algo nuevo para las partes, y al final, fue una experiencia muy gratificante para mí, porque pude contribuir a algo importante. 

Kate Doyle ha participado en distintos procesos de justicia transicional en Guatemala, el último, el caso por Genocidio Ixil. Foto: Christian Gutiérrez.

¿Percibe que el actual caso por genocidio es diferente a otros procesos en los que ha estado?

El caso Mack es el único en que participé como perito que usó esa gran sala para el juicio. Todos los demás, como el de Fernando García, Héctor de la Cruz, y este caso por genocidio, han usado salas pequeñas con poca gente.

Considero que el trabajo de los fiscales y los jueces ha sido muy profesional. En este juicio siempre me sentí bienvenida y respetada. A pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años y las dificultades con el sistema judicial, considero que el caso genocidio Ixil ha sido tratado con seriedad. 

La gran diferencia que veo es que… no hay gente. Tal vez porque hay mucha gente siguiendo el caso en streaming, pero en el caso de Fernando García había mucha gente. 

Fue un poco triste ver que dada la magnitud de los crímenes de los que estamos hablando, haya tan pocas personas. Quizá están pensando en otras cosas.

A su nombre han quedado investigaciones sobre documentos fundamentales para entender lo que ocurrió en el país, ¿cómo percibe el impacto de su trabajo en Guatemala?

No estoy completamente de acuerdo con la premisa de esa pregunta. Sí, los documentos desclasificados son muy importantes y nos dan una ventana diferente y privilegiada de pensamientos, observaciones, y evidencias con información muy importante. Pero la información más importante existe en los documentos de Guatemala, que todavía no son públicos. 

¿Cuál es el impacto? Podemos hablar de casos específicos, el Diario Militar, por ejemplo, es un documento guatemalteco que ha tenido un impacto enorme.

 Por eso quiero hablar del acceso a la información. Hay que abrir la puerta de lo imperativo, de la necesidad de tener acceso a la información clasificada en su país. Ese es el punto.

Hasta hoy el Ejército no ha cumplido con entregar sus archivos históricos, eso es un crimen, es terrible. Es algo que debe cambiar. Porque nunca vamos a entender lo que pasó en Guatemala durante dictaduras militares, si no tenemos los archivos de los militares. Entonces, ojalá sea una inspiración para empujar políticamente a que se abran los archivos militares.

Los documentos desclasificados de Estados Unidos indican claramente que los crímenes fueron la política del Estado. Los documentos dicen plenamente que no fue por accidente, fue una estrategia y nos ayudan a entender cómo funcionaban. 

Y como soy archivera, una persona que tiene documentos, algunas personas se acercaron para darme los documentos de la Operación Sofía, sobre el Genocidio Ixil en época de Ríos Montt y el Diario Militar, sobre desapariciones forzadas. 

Esos son los documentos de impacto, que son guatemaltecos. Ustedes pueden ver todo a través de esos archivos, por eso el Ejército no quiere que los tengan. 

El Diario Militar y Operación Sofía llegaron a manos de Kate Doyle de parte de terceros. Estos documentos ayudaron a esclarecer las acciones que tomó el Ejército durante el conflicto armado interno. 

Hablando de la filtración de esos documentos, ¿estaba usted consciente de lo que tenía en las manos cuando se los entregaron?

Los documentos me llegaron a través de personas que querían anonimato con la solicitud de que los analizara para verificar que fueran auténticos. Empezando con el Diario Militar, que fue en 1999. 

Realmente estaba trabajando sobre Guatemala solo hacía 4 años. En ese tiempo estaba entregando solicitudes, recibiendo documentos, leyendo documentos y aprendiendo más de la política de Estados Unidos en Guatemala. Pero todavía no conocía a Guatemala.

Cuando me llegó el documento, por unos minutos no entendí realmente. Fotos, nombres, fechas y personas… Empecé a comparar los nombres con informes de derechos humanos contemporáneos al diario y me di cuenta pronto que estas personas eran las mismas que aparecían en el listado de desapariciones forzadas. 

Entonces dije: «Ok, esto es otra cosa, es un tipo de bitácora, de las notas diarias de “Quién capturamos hoy” y con fechas de su destino». También me costó descifrar los códigos que se usaron para indicar la ejecución de una persona. Con mucha investigación fue evidente lo que tenía en mis manos. 

Pero el momento en que realmente me golpeó la realidad del Diario Militar no fue cuando lo entendí intelectualmente como «Ah, es un libro de capturas de personas que desaparecieron». El momento en que lo entendí fue cuando lo publiqué en una rueda de prensa el 20 de mayo de 1999. 

Horas después empecé a recibir llamadas, correos electrónicos, ¿ya había correos…?, sí, y cartas, de familiares y sobrevivientes que aparecen en el diario. Ahí realmente entendí lo que tenía. 

Fue triste para mí, porque había gente llamando que no conocía, hablando muy rápido en español, contándome su experiencia en el teléfono 15 años después [de lo ocurrido]. 

¿Cómo descifró los códigos del Diario Militar?

Alguien me dijo hace mil años. «Kate, si lees vas a saber mucho más que otra gente». Entonces leí todos los informes de derechos humanos, los recortes de prensa, las declaraciones en Naciones Unidas o frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Me leí todo sobre Guatemala entre 1983 y 1985, y poco a poco me fui dando cuenta de que había gente desaparecida, y que todavía hoy no se sabe qué pasó con ellos. 

Hay otros que sobrevivieron, gente que se escapó, realmente fue una persona, y gente que murió. 

Podemos decir que murió porque sí descubrieron un cuerpo, y era «fulano», y ese «fulano» es una de las personas en el Diario Militar, ves que dice 300 [el código para las personas que eran asesinadas]. Así pudimos descubrir los destinos de esta gente, de quienes sabíamos solo lo que dice el Diario Militar.

Hay que comparar fuentes, nunca puedes tomar como verdad o que está escrito en piedra algo que dice un documento, aun un documento del gobierno, porque a veces, las autoridades mienten. 

Y ¿cómo fue con Operación Sofía?

La persona que me regaló Operación Sofía me pidió llevarlo a España e introducirlo como evidencia [en el caso por genocidio contra los expresidentes militares Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt que se inició en 2000 ante la Audiencia Nacional]. 

Hice lo mismo, estudié el contenido por meses. Luego me comuniqué con las abogadas en el caso de España, y eventualmente fui como perito. 

Este caso fue muy impactante porque yo nunca había visto los documentos del Ejército y ahí había un paquetón sobre un período ya identificado como de tierra arrasada, que tenía sus mapas y sus informes escritos a mano. 

Tú puedes ver en ese paquete de documentos desde la estrategia, ver como la orden va [desde arriba] hacia lo más bajo, y cómo los informes llegaban hasta lo más alto, al Ministerio de la Defensa, en la Ciudad de Guatemala.

Tomando en cuenta toda la información que usted analizó, ¿cuáles fueron las acciones del Ejército durante esos operativos contrainsurgentes?

[Para analizar] tienes que empezar con los testimonios, porque los sobrevivientes son los testigos. Ellos lo vivieron y nos pueden decir «quemaron mi casa», «mataron a mi bebé», «ejecutaron a mi esposo», «me violaron», «me escapé», o «miré desde un árbol».

En los documentos solo hay referencias a los enfrentamientos armados entre dos grupos. También del Ejército contra poblaciones no armadas, y ¿qué pasa cuando el Ejército entra a una comunidad? Si el Ejército tiene sus sospechas o está con un deseo de venganza, ¿qué pasa cuando entra y quema todo y mata todo lo que se mueve?

Los documentos desclasificados dicen eso. También hay documentos, como sobre la masacre de Dos Erres, en donde oficiales norteamericanos fueron por helicóptero y vieron casas quemándose, cuerpos. Luego bajaron y hablaron con gente que sobrevivió. 

Lo que pasa con estas campañas de contrainsurgencia es que no es una guerra. Por eso nadie llama a lo que pasó en Guatemala una guerra civil, fue un conflicto de, en efecto, grupos armados revolucionarios y un gran y enorme ejército. 

Pero el Ejército consideró a mucha de la población maya como un enemigo y así trató a esa población.  Entonces mataron mujeres, niños, ancianos. 

También sabemos eso por las exhumaciones, los documentos hablan de la misma cosa. Operación Sofía tiene mucha evidencia de eso, a pesar de que los oficiales, ancianos hoy [lo niegan]. 

Estas acciones del Ejército bajo la excusa de la protección ante el comunismo, ¿se parecen a las que tomaron otros países en Latinoamérica?

Sí, lamentablemente. Aunque Guatemala tenía un nivel de violencia y ferocidad que era distinto. 

En Argentina hubo guerra sucia, aunque esta tuvo menos masacres y más desapariciones forzadas. Con lo de proteger al país en contra del comunismo, el ejército consideró como blanco no solo al grupo revolucionario, sino a mucha gente como estudiantes, profesores, doctores, abogados, periodistas, escritores. Hay evidencia de que casi 30 mil personas fueron desaparecidas.

También hay que nombrar a México, que tenía su propia guerra sucia y ahora está tratando de reconocerlo. 

América Latina fue infectada con la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue una doctrina comunicada a través de las escuelas de Estados Unidos, sobre que el comunismo era el peligro más grande y no importaba cómo, había que erradicarlo. Eso tuvo un gran y muy mal efecto en toda la región durante la Guerra Fría. 

Kate Doyle comenta que América Latina fue infectada con la Doctrina de Seguridad Nacional, aunque el nivel de violencia en Guatemala fue distinto. Foto: Christian Gutiérrez.

***

Si te interesan los archivos históricos, puedes visitar el Archivo Histórico de la Policía Nacional, ubicado la Avenida La Pedrera 10-00 en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. 

También puedes visitar el Archivo General de Centro América, ubicado en la 4 avenida 7-41 de la zona 1. 

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