Expertos de la ONU reavivaron acusaciones sobre adopciones ilegales en los años ochenta en el hogar temporal Elisa Martínez, pero esta vez con señalamientos directos contra la fiscal general Consuelo Porras Argueta. Tras el rechazo de la acusación por parte de la jefa del Ministerio Público (MP), varias páginas anónimas publicaron en redes sociales que Porras Argueta «tendría 15 años» cuando se habrían dado los hechos; sin embargo, documentos oficiales confirman que ella fue administradora del orfanato cuando tenía 28 años.