Es el lunes 4 de marzo de 2024 y afuera del edificio del Ministerio Público, una mole gris de concreto en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, hace calor. El lugar está rodeado por una verja de metal, que se instaló en julio de 2023 y que se mantiene ahí desde entonces, como un primer muro. 

El ingreso al edificio para las personas que quieran presentar una denuncia o revisar un expediente es a través de una puerta pequeña, a un costado, controlada por agentes de seguridad. 

Al pasar el primer puesto de control, se permite el ingreso de la prensa, pero con la compañía de una de los agentes de seguridad primero y de un encargado del departamento de información y prensa después. 

Esta suerte de custodia es una de las medidas de la actual Fiscalía, liderada por Consuelo Porras Argueta. En las anteriores gestiones, el acceso a la prensa era mucho más ágil y menos protocolario.

En una sala pequeña con dos sillones negros, una pared tapizada con el logo del Ministerio Público, una mesa de centro y unas luces de estudio de grabación, aparece Edgar Oswaldo Gómez Pérez, jefe de la Fiscalía contra el delito de femicidio. Es el fiscal a cargo del caso Hogar Seguro.

Moisés Ortiz, el encargado del departamento de comunicación, le coloca un micrófono pequeño. La entrevista también será grabada por la institución. 

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El 8 de marzo de 2017, hace siete años, Guatemala despertó con la noticia de una tragedia: 56 niñas y adolescentes encerradas, hacinadas en un aula del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un hogar a cargo del Gobierno de Guatemala, se quemaron.

De esas 56 niñas y adolescentes, 41 morirían. La mayoría tenían entre el 50 y 95 por ciento de su cuerpo quemado. Quince más sobrevivieron con lesiones. En ese momento, el presidente era Jimmy Morales, quien era la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social a la que pertenecen los hogares de protección. 

Escucha aquí la historia de lo que sucedió el 7 y 8 de marzo de 2017:

Por tratarse de la muerte violenta de un grupo vulnerable de adolescentes y niñas, que además estaban institucionalizadas, el caso fue asignado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, para que la investigación tuviera una perspectiva de género. 

En los primeros días después del incendio, esta sección se desbordó. Necesitó de todos los auxiliares fiscales porque llegaron familiares de las víctimas y testigos  a brindar testimonios. Tras las primeras capturas, se conformó un equipo de tres auxiliares y dos agentes fiscales, que quedaron a cargo de la investigación. 

Dos meses después del incendio, el 15 de mayo de 2017, llegó a la fiscalía el abogado Edgar Gómez Pérez. 

Corpulento, con mejillas anchas, ojos pequeños y claros, con un traje sastre de atuendo, el profesional que tenía tres años de trabajar en la institución. Había estado en las fiscalías de delitos contra la vida y extorsiones. 

Su primer caso en la nueva fiscalía fue el del Hogar Seguro. Desde entonces, por casi siete años, se ha dedicado a intentar resolver este laberinto de la impunidad. 

Una de las primeras tareas en las que se involucró fue la declaración en anticipo de prueba de las niñas sobrevivientes que habían regresado de Estados Unidos a donde fueron llevadas por una organización no gubernamental para salvarles la vida. 

El fiscal Edgar Gómez tiene una memoria envidiable. Recuerda el nombre de las 56 víctimas, a menudo durante las audiencias. También recuerda con claridad las fechas de diligencias pasadas y lo que sucedió en ellas. A veces nombra a familiares de las víctimas sin necesidad de revisar el expediente. Apoyado por los querellantes ha librado batallas legales para defender pruebas del caso, para que el proceso avance o para que los acusados no se libren de la justicia.    

En la fiscalía, el expediente ocupa dos armarios metálicos que guardan 62 archivos leitz en los que hay 15 mil folios, videos y discos con prueba audiovisual, como las grabaciones circuito cerrado de la cámara de seguridad del Hogar Seguro y contenidos de medios de comunicación. La evidencia material está en el almacén de evidencias del Ministerio Público. 

Las pruebas que aporta el MP se resumen en al menos 45 peritos, 40 testigos que se espera acudan a declarar al tribunal, 21 declaraciones en anticipo de prueba de extrabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, de 10 sobrevivientes y de personal policial que estuvo en su momento. 

Aunque el caso está en la Fiscalía contra feminicidio, este delito no está entre los que se imputan a los acusados. En la primera etapa el caso se conoció en un juzgado de sentencia penal, ahora está en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes. 

A este tribunal es a donde cada semana el fiscal Edgar Gómez acude para representar al MP en las audiencias. Lo hace junto a dos colegas más: Marlon Ordóñez y Frank Barillas.  

Después de casi siete años marcados por suspensiones y reprogramaciones de audiencias, el juicio del caso Hogar Seguro en contra de 8 de los 12 acusados inició en enero de 2024. Los sindicados son exempleados y empleados públicos que debían velar por la protección de las niñas y adolescentes y mandos de la PNC que estaban a cargo de los agentes al momento de los hechos,

En esta entrevista el fiscal Gómez mira hacia atrás para recordar los obstáculos a lo largo del proceso. Pero también lo hace hacia el futuro, para imaginar el impacto que podría tener en Guatemala la sentencia de este caso.

¿Qué significan para el fiscal Edgar Gómez los días 7 y 8 de marzo de 2017?

Una tragedia nacional.

Pasaron casi siete años para que iniciara el juicio por el caso Hogar Seguro, suspendieron el inicio del debate más de ocho veces, ¿esto es usual en el sistema judicial? 

No es usual, pero hay que considerar que este caso es un caso bien emblemático. Representa bastantes sindicados, bastantes víctimas, bastantes sujetos procesales y se dieron muchas incidencias en el tribunal séptimo. 

Recordemos que la jueza titular, a los días de asignársele el caso es designada para cubrir en otro tribunal y se quedó vacante esa mesa. Las personas que estuvieron cubriendo empezaron a hacer trámites de jubilación y una serie de situaciones poco usuales. 

Nos impactó bastante la pandemia decretada en el 2020 donde se suspendió la tramitación de muchos procesos, una cuestión que contribuyó muchísimo más a que se aplazara casi siete años el inicio del debate. 

¿En su trabajo, con qué frecuencia se enfrenta a la mora judicial y a la suspensión de audiencias? 

El sistema de justicia ha avanzado bastante, tenemos muy pocas audiencias que se suspenden a comparación de unos seis años atrás. Ayudó mucho que los juzgados se volvieran pluripersonales donde hay más capacidad del Organismo Judicial de administrar justicia.

Aunque tenemos varios resabios aún de la incomparecencia del sindicado porque no lo traslada el Sistema Penitenciario, excusas que puede presentar la defensa, pero en síntesis es bastante poco. 

¿Cuánto tiempo en promedio llevan los procesos para llegar a sentencia en Femicidio, la fiscalía que tiene a cargo el caso del Hogar Seguro?

En femicidio es otra temática, recordemos que el delito de violencia contra la mujer es uno de los más denunciados, está en el top 10 a nivel nacional. La mora judicial que tienen los juzgados y tribunales de femicidio es mucho más alta que los juzgados ordinarios. 

Le pongo un ejemplo, nosotros llevamos por nuestra experiencia algunos casos que van relacionados con la ley contra la narcoactividad. Estos procesos en un promedio de un año llegan desde la primera declaración hasta la sentencia. Los juicios por asesinatos que ven en torre de tribunales. Es un promedio de año y medio a dos años, en femicidio es otra situación: llevamos procesos también desde hace cuatro, cinco años, esperando debate. 

En abril de 2018 el juez Pedro Laínez dejó fuera del caso Hogar Seguro una de las pruebas reinas de la investigación: el peritaje de incendio. Loconsideró ilegal por realizarse sin una orden judicial. El Ministerio Público y los querellantes emprendieron una batalla legal para que se admitiera, fue hasta julio del 2020 que la Corte de Constitucionalidad lo aceptó. Esto también implicó un atraso en el proceso, ¿por qué era tan importante librar esta batalla judicial?

Probar el incendio es un acontecimiento de mucho interés para el esclarecimiento de la verdad. Con este peritaje se nos indica que el incendio se inició desde el interior del hogar. 

Al final, la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón. El Ministerio Público tiene esa facultad de poder designar y nombrar a los peritos, principalmente cuando el Inacif no presta los servicios. Esta es una prueba que será explotada en el debate. 

El perito hace un estudio y determina que el incendio inició en el interior del aula, que no fue a consecuencia de un corto circuito o un problema eléctrico. 

Hacía referencia también de que la temperatura pudo haber alcanzado hasta 300 grados centígrados aproximadamente. Es un dato muy importante, puesto que recordemos que, por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Estuvo a 200 grados más de temperatura para el punto de ebullición del agua. 

Recordemos que los peritos que ya prestaron su testimonio en el debate han manifestado qué a partir de 50, 60 grados, hay algún tipo de quemadura térmica en la piel.    

Ante lo sucedido con el peritaje del incendio en el 2018, el MP argumentó que el Inacif carecía de peritos de incendios, por eso habían tenido que recurrir a pedirle el peritaje a un experto. ¿Con qué otras limitantes para la investigación del caso Hogar Seguro se toparon? 

Este es un caso bien paradigmático que rebasó muchas capacidades de muchas instituciones que nos dedicamos a la administración de justicia. Una de estas fue precisamente un experto en incendios que trabajara para alguna institución, el Inacif carece de esto. Además, los querellantes planteaban algún tipo de peritaje arquitectónico para poder establecer la ubicación y construcción del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 

También habían pedido algún tipo de peritaje acústico para establecer a qué distancia se escuchaban los gritos. Fueron algunos peritajes que plantearon los querellantes y que sí se nombraron  los cargos para estos peritos. 

Confiamos que ahora en el debate se presenten esos resultados. Hasta la presente fecha el Ministerio Público no ha tenido a la vista esos resultados. Como fueron peritos propuestos por querellantes, ellos quedaron que en el debate los iban a presentar. 

Recordemos también que se propusieron todavía en el 2021 dos peritas mexicanas que realizaron un tipo de análisis psicológico al expediente de investigación. 

En agosto de 2017 el juez Carlos Guerra amenazó con denunciarlo al Colegio de Abogados y a la Corte Suprema de Justicia luego que usted criticara la resolución por la cual el juez benefició a Anahy Keller liberándola del proceso, aunque por recursos legales Keller continuó ligada al caso. ¿Al final lo denunció?, ¿cree que este fue un intento de sacarlo del juicio?

No, se determinó que todo fue un malentendido y esto se pudo verificar con un recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, que eran acordes con la postura institucional. 

¿Qué supondría para el desarrollo del juicio que usted fuera recusado/retirado del proceso?

El Ministerio Público es único e indivisible, cualquier fiscal de la fiscalía está preparado para llevar a cabo el debate. 

¿Cree que para los acusados sería más cómodo que no estuviera a cargo del caso? 

Tenemos equipos muy preparados, hay fiscales con mucha experiencia, con buena preparación académica y considero que aplicándose y leyendo bien el caso, podrían llevarlo incluso mejor de lo que su servidor lo podría llevar. 

Ahora que inició el juicio, siete años después, ¿qué retos representa contactar de nuevo a los testigos y peritos para que se presenten a declarar? 

Es un reto bastante grande, derivado de eso es que hemos tenido la comprensión del tribunal que nos ha dejado las audiencias bastante espaciadas. Se tiene una logística acá en la fiscalía para localizar a los peritos, hacer contacto con los testigos, para indicarles que ya inició el debate, que próximamente se les va a estar citando. 

Tenemos un equipo detrás de cámaras que son quienes realizan toda esta logística, también ha repercutido en que tengamos varios auxiliares fiscales que hoy se están dedicando a este extremo.  

Si llevamos a todos los peritos de un solo a las audiencias, corremos el riesgo de dejar sin las capacidades al Inacif, de esa cuenta es que se están llevando solo los peritos necesarios para cubrir en el día. Por la cantidad de sujetos procesales nos hemos dado cuenta de que cada perito se está llevando en promedio dos horas para su intervención.

¿Qué supone para las sobrevivientes esta mora? 

Si nosotros como litigantes, como fiscales, vivimos con muchas ansias el inicio de este debate para decir: «Misión cumplida», para poder decir: «Terminamos ya con esta espera»; para las querellantes y víctimas en general considero que ha sido una espera muy angustiosa, una incertidumbre de en cada fecha tener esa esperanza de que se iniciara el debate. Han sido bastante frustrantes todas las veces que se ha suspendido, todas las veces que ha tocado esperar. Pero este 2024 lo iniciamos con un buen pie, por fin inició el juicio. 

En paralelo con el caso Hogar Seguro, durante estos siete años, ¿cuántos casos de impacto ha llevado? 

En promedio hemos llevado uno o dos casos por año. Le puedo recordar por ejemplo el caso de Luz María López Morales, que junto con el licenciado Marlon Ordoñez lo trabajamos, el de Hilary Arredondo en Escuintla, también Sharon Arriaza de Petén, que estamos todavía en la lucha con este caso. 

[En octubre de 2022, Jorge Zea fue condenado a 50 años por la saña con la que mató a su esposa Luz María López Morales, investigadora criminalística. En esa misma fecha, tres hombres fueron condenados por abusar y matar a Hilary Arredondo de tres años. Sharon Figueroa Arriaza es una niña que desapareció y luego fue asesinada]  

¿Considera que los fiscales del MP llevan demasiados casos en paralelo?

Sí. Recordemos que la mora judicial nos impacta muchísimo porque a la espera de una audiencia, de un debate, ya tenemos en puerta otros casos que se van generando. El problema serio que vemos como institución de administración de justicia es que son muchos más los casos que ingresan, que los que terminan llegando a una sentencia condenatoria. 

¿Qué considera que ha sacrificado en busca de la verdad y la justicia en el caso Hogar Seguro? 

Hemos sacrificado bastante tiempo. Al inicio teníamos una jornada bastante larga, hasta las dos de la mañana en la fiscalía. Se sacrificó mucho. Compartir con la familia, estar los fines de semana. Recordará usted también de cuando se dieron las audiencias de primera declaración específicamente del segundo grupo, un 15 de agosto (feria patronal del departamento de Guatemala) la pasamos en audiencias. Esas audiencias también se postergaban hasta las ocho y nueve de la noche. Pero al final ha sido bastante satisfactorio que se está poniendo un granito de arena para la consecución de la justicia.  

¿Ha recibido amenazas por el caso Hogar Seguro?

Sí, he recibido amenazas de muerte derivado de diligencias practicadas para localizar a una de las víctimas sobrevivientes, que convivía con un pandillero.

También fui denunciado penalmente por un extrabajador del Ministerio de Cultura y Deportes, el mismo que denunció a las adolescentes sobrevivientes. En mi caso, la denuncia fue desestimada por ser espuria y derivado que el denunciante declaró que le habían falsificado su firma.

¿Y para las sobrevivientes, también se desestimó? 

Hasta hace como seis meses que indagué ese extremo, seguía abierto en investigación en la fiscalía de adolescentes en conflicto con la Ley penal. 

¿Qué ha representado para su salud mental ser el fiscal del caso Hogar Seguro?

Ha sido bien complicado, puesto que estuvimos de primera mano escuchando muchos testimonios desgarradores de las víctimas. Sentir la impotencia y la impotencia propia de no haber podido hacer nada, además ver el procesamiento ha sido bien complicado, bien duro.   

¿Qué apoyo ha significado para el Ministerio Público el trabajo de los abogados de las víctimas, de los querellantes?

Un apoyo invaluable. Han coadyuvado con la investigación y además con ser ese soporte victimológico para sus representadas. El Ministerio Público ha tenido en ellos ese bastión para ya no mandarlos a redes de derivación. Las propias instituciones han apoyado con ese acompañamiento victimológico.

¿Qué representa para la justicia, la historia, la niñez y la adolescencia de Guatemala el inicio de este juicio? 

Este juicio es un juicio bastante histórico. El juicio debe simbolizar que esa búsqueda de justicia ha tenido un fruto. En términos generales este caso debe representar un antes y un después para todo el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, principalmente para quienes habitan en los hogares de abrigo y protección. 

¿Cómo puede marcar a Guatemala la sentencia del caso Hogar Seguro? 

Se espera que al presentarse toda la investigación que desarrolló el Ministerio Público, al valorarse, al diligenciarse ya como prueba, exista una mejor comprensión de la sociedad de qué fue lo que sucedió y que realmente las víctimas de esta tragedia ya eran víctimas desde el momento en que ingresaron al Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Que la sociedad pueda entender lo necesario que es que realmente se cumpla la legislación en materia de niñez y adolescencia. 

La sociedad también debe voltear los ojos a este grupo vulnerable, no ver a las adolescentes que están institucionalizadas como adolescentes en conflicto con la ley penal, que son dos situaciones totalmente diferentes. Esa ha sido una de las grandes confusiones a manera de la percepción social. 

No es lo mismo un niño, niña o adolescente que está institucionalizado por medidas de protección, por abrigo temporal o las medidas de institucionalización en estos centros especializados, a una medida de privación de libertad por estar sujeto a la ley penal. Son dos situaciones diferentes. 

Ahora que el expresidente Jimmy Morales no tiene inmunidad, ¿el MP ha comenzado a investigar su posible vinculación con el incidente? 

Tengo entendido que esa parte la investiga la fiscalía de delitos administrativos, que fueron quienes en su momento presentaron la solicitud de antejuicio.

[Cuando ocurrieron los hechos el expresidente Morales tenía derecho de antejuicio. Los siguientes cuatro años también gozó de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen)]

¿Confirma entonces que la fiscalía de delitos administrativos está investigando a Jimmy Morales?

Desconozco en este momento si la fiscalía de delitos administrativos tiene investigación abierta en contra del expresidente. La respuesta está enfocada a que es la fiscalía de delitos administrativos a quien se le asignó esos hechos para investigación.