Después de las tormentas
Niñez y adolescencia
¿Por qué en los hogares de protección hay más niñas que niños?
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En Guatemala, hay más niñas que niños que viven en instituciones del Estado y en hogares de protección. Ellas corren más riesgos y han sido víctimas de delitos, por lo que se ven obligadas a vivir lejos de sus hogares. Otra muestra de la desprotección de las menores por cuestiones de género.


La pequeña fue abandonada en los baños de un centro comercial en la zona 4 de Mixco, en 2013, cuando tenía 20 días de nacida.  Pasaría siete años en hogares de protección.  

Durante estos años en las instituciones no podía ser adoptada. Primero, la Procuraduría General de la Nación (PGN) demoró dos años para determinar si la menor de edad tenía familia o familia ampliada (tíos, abuelos, padrinos) y, después, un Juzgado del departamento de Guatemala demoró cinco, para notificarle al Consejo Nacional de Adopciones (CNA), la sentencia de adoptabilidad.

En marzo de 2020, el CNA dio a conocer el caso y dos meses después, la niña fue integrada a una familia adoptiva.

Este caso, hasta cierto punto, es inusual, no por los tiempos de la burocracia; sino porque es poco común que los menores de edad que están en instituciones del Estado no tengan familiares. La Secretaría de Bienestar Social (SBS), que tiene a su cargo los hogares públicos, ha determinado que hasta el 90% de las niñas, niños y adolescentes (NNA) sí tienen familia. 

La niñez ingresa a los hogares por diversas razones: porque escapan de su casa, fueron encontrados en la calle, porque los padres de familia lo presentan ante un juzgado por rebeldía, por que sufren maltrato, o porque son víctimas de delitos.  Estos NNA son presentados a un Juzgado, que demanda a la PGN buscar familia ampliada o recurso familiar idóneo, sin embargo, si se agotan todas las instancias y no encuentran a adultos responsables que se hagan cargo de ellos, permanecen institucionalizados.

Foto: Consejo Nacional de Adopciones

¿Cómo llegaron allí?

De acuerdo con el CNA, que es la entidad que supervisa los hogares públicos y privados, hasta el 31 de diciembre del año pasado, había 3,741 menores en las residencias: 2,157 niñas y adolescentes, y 1,584 niños y jóvenes.  

En los hogares públicos, había 537 menores de edad: 296 niñas y 241 niños.  Mientras que los hogares privados albergaban a 3,204: 1,861 niñas y 1,343 niños. 

Los cinco motivos principales de ingreso de las niñas son: en primer lugar, el riesgo social, que va desde causas asociadas a la deserción escolar, hasta amenazas por grupos delincuenciales.  El segundo es por abuso y comercio sexual.  El tercero, convenio (entre las familias y el Estado), por ejemplo, hay familias que necesitan dejar a sus hijas en un hogar, mientras trabajan en el campo en determinadas fechas del año.  El cuarto, abandono de los padres y el quinto, violencia. 

En el caso de los niños, los principales motivos de ingreso son: riesgo social, la definición es la misma que en el caso de las niñas. Convenio educativo (necesitan estar en un hogar para estudiar).  Así como por abandono y porque necesitan abrigo y protección. 

Niñas: mayor desprotección y delitos en su contra

El que un 58% de menores de edad en instituciones sean niñas, tiene explicaciones. Justo Solórzano, especialista de protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dice que los estudios reflejan, que hay más niñas institucionalizadas porque están en mayor desprotección que los niños por cuestiones de género.

Solórzano agrega que las niñas también son institucionalizadas por ser víctimas de delitos como violencia sexual y trata.  En el año 2020, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realizó 6,370 reconocimientos médicos por delito sexual a personas de 1 a 19 años, 4,286 correspondían a niñas y jovencitas y 483 a niños y jóvenes de la misma edad.

De acuerdo con el especialista de Unicef, es necesario mejorar la coordinación entre el sistema de justicia y de protección.

Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, un hogar que atiende a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata, explica que no existen entornos protectores en general, pero principalmente para las niñas y adolescentes, que son afectadas por el sistema “patriarcal, machista y autoritario”.

A criterio de Escobar Sarti, es necesario analizar cada caso de institucionalización de niñas con sus especificidades y particularidades. 

“En países con entornos protectores y seguros, la institucionalización debe ser para casos excepcionales, pero en países en entornos como el nuestro a veces la institucionalización es lo único que ha sido una tabla de salvación para muchas niñas y adolescentes que no tienen acompañamiento”, indica la directora de La Alianza.

Escobar Sarti dice que para evitar la institucionalización se deben generar entornos protectores, trabajar en las comunidades y en la prevención, aunque eso implica procesos de largo aliento.  En La Alianza, se han implementado protocolos y se intenta hacer reintegraciones seguras de las niñas a sus entornos familiares.

En el mismo sentido, Justo Solórzano, la cifra de institucionalización ha disminuido, pero todavía hay resabios del sistema tutelar, aunado a que algunos funcionarios piensan que institucionalizar es una respuesta para las niñas y niños víctimas, pero el problema es que la niñez tampoco es parte de un programa especializado y de recuperación del daño, que debe ser a nivel familiar y comunitario.

“Un hogar no reemplaza a la familia”

El artículo “Un hogar no reemplaza a la familia”, de Francisco Javier Figueroa, publicado en el sitio web de Unicef en 2017, explica que la institucionalización prolongada por más de seis meses provoca desvinculación y desapego con la familia.

Por eso, cuando se decide institucionalizar a un niño, niña o adolescente, debe ser el menor tiempo posible e idealmente en espacios cercanos a su comunidad para facilitar el acceso a la familia.

Paralelamente, se deben fortalecer los programas dirigidos a las familias para que reciban asistencia en casos de pobreza y apoyo en relación con sus hijas e hijos, mejorar la comunicación y los diferentes ciclos de vida y de desarrollo de la niñez y adolescencia.

Los hogares que no son hogar

El 8 de marzo de 2017, ocurrió un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que era administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.  En esa ocasión murieron 41 niñas y 15 resultaron heridas.

Antes de ese incendio, los menores ya habían denunciado malos tratos, aseguraban que en el hogar les daban comida “con gusanos” y en mal estado.  Hubo decenas de abandonos de proceso, denuncias de maltrato, violencia física, sexual y psicológica.

Uno de los adolescentes que se escapó de ese hogar, denunció en 2015, que recibía maltrato físico y psicológico de parte de los monitores.  Dijo que estaba en el módulo San Gabriel del Hogar Seguro, pero en 2012 se escapó porque era golpeado.  A él y a sus compañeros les lanzaban agua fría en la madrugada, los obligaban a correr desnudos y a realizar ejercicios por varias horas, hasta provocarles náuseas.

[Lee también: La casta de las niñas inflamables]

Tras el incendio, niñas que escaparon del Hogar Seguro y madres de adolescentes que murieron en el incendio, denunciaron una red de trata de personas, que funcionaba de dos formas: las niñas eran supuestamente trasladadas a sus audiencias, pero en realidad,  eran llevadas a “casas cerradas” para prostituirlas.  En otro caso, una adolescente denunció el ingreso de extranjeros para violarla.

La Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público inició una investigación por los indicios y denuncias, pero a la fecha no se conocen avances, ni resultados.

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), opina que los hogares de protección no garantizan seguridad y bienestar para las niñas y niños institucionalizados.

A criterio del representante de Ciprodeni, casi cuatro años después del incendio en el Hogar Seguro, estos lugares siguen siendo macro instituciones que no llenan los estándares para abrigar a la niñez y adolescencia. 

Los hogares de la SBS

La SBS tiene capacidad para a 620, niños, niñas y adolescentes, pero actualmente tiene a 736 en protección especial.

Luis Fernando de León, defensor de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que el hacinamiento en los hogares es el mayor desafío que enfrenta la Secretaría.

De León dice que en las últimas semanas realizaron supervisiones en los hogares de protección y determinaron que los hogares de niñas: Zafiro I, II y III, reflejaban mayor hacinamiento, por ejemplo, en hogares con capacidad para 18 niñas, puede haber hasta 30, aunque la estadística varía.

Según la SBS, en 2020, 649 NNA fueron reunificados a su solicitud, por medio de la Subsecretaría de Protección, por lo que se redujo la sobrepoblación de 2019.  Agrega que esto permitió la reducción de abandonos de proceso.  Asimismo, se gestionó la renta de nuevas residencias para reducir el hacinamiento.

La SBS tiene un presupuesto total de Q.295,250,000 y tiene asignado un monto de Q.33,649,664 para las residencias de protección. Para alimentación asigna Q.8,197,941 y para salud de los hogares Q.2,474,976.

“En el rubro de educación se utiliza una modalidad a distancia y flexible a través del CEEX (Centro de Educación Extraescolar de la SBS) con el aval del Mineduc; también las niñas, niños y adolescentes están inscritos en el sistema de educación pública.

Además, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tiene un convenio con Intecap para la tecnificación de las y los adolescentes en temas laborales y productivos. “Por esa razón, no aparece un rubro específico para educación”, explica.

Según la SBS, en 2020 solicitó a la Comisión de Moneda y Finanzas del Congreso de la República una ampliación presupuestaria por Q.59.2 millones que servirían para mejorar la atención integral a la niñez y adolescencia en todas las subsecretarías, incluida la de Protección, sin embargo, el presupuesto se mantuvo sin modificación.

La Secretaría tiene siete médicos, 50 psicólogos, 212 educadores y 97 niñeras para atender todos los hogares de protección.

Desinstitucionalización

Otto Rivera, de Ciprodeni, considera que Guatemala debe evitar la institucionalización de NNA, a través de la creación de entornos protectores, de la promoción de educación sexual y programas enfocados a las familias. 

En el mismo sentido, Justo Solórzano, de Unicef, opina que se debe invertir en una política de prevención de la violencia contra la niñez.  

“La prevención general o primaria que va dirigida a todas las niñas y los niños.  La prevención secundaria para aquellas niñas que tienen alto riesgo de ser víctimas y la prevención terciaria, que es atención”, explica el especialista de Unicef.

Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento de la SBS, que tiene a su cargo la administración de 20 hogares públicos o residencias de protección, apuesta por la creación de políticas públicas orientadas a la prevención del maltrato, consumo y callejización. 

Actualmente la SBS tiene a su cargo siete residencias de niñez con discapacidad leve, moderada, severa y profunda; diez por maltrato, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, pertinencia a grupos antagónicos y “callejización”; tres hogares de atención a niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, explotación y trata, con una población de 135 menores de edad, así como nueve bebés producto de esas violencias. 

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