La exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, fue seleccionada como parte de la nómina final de seis candidatos para ocupar el puesto de fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional.
El 10 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) hizo público un listado de seis candidatos del que elegirán a los dos nuevos fiscales adjuntos de este órgano. Entre los finalistas está Claudia Paz y Paz, la exfiscal general de Guatemala durante el periodo 2010- 2014.
La Corte Penal Internacional empezó a funcionar en 2003 gracias a un tratado internacional, el Estatuto de Roma, que fue firmado por varios estados en 1998. Guatemala se adhirió a este acuerdo en febrero de 2012.
Este órgano es un tribunal de última instancia y tiene competencia para juzgar a personas de los países adheridos al acuerdo que son acusadas de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
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Paz y Paz fue seleccionada como finalista por un panel de selección presidido por Karim Khan, el fiscal jefe de la Fiscalía de la CPI, entidad que investiga los casos que son presentados ante la corte.
Según la carta enviada por Khan a Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, 177 personas se postularon para los dos cargos de fiscales adjuntos que están disponibles. Su labor será asesorar a Khan en las investigaciones.
Los otros candidatos que conforman la nómina final son Sylvia Domaradzki, de Canadá; Nazhat Shameen Khan, de Fiji; Paolina Massida, de Italia; Mame Mandiaye Ninag, de Senegal; y Alex Whiting, de Francia.
Los dos fiscales adjuntos serán seleccionados en la próxima asamblea de los 123 estados que forman parte del Estatuto de Roma, que se realizará en diciembre de 2021. La elección será por votación secreta y se designará a quienes logren la mayoría de votos.
Según el Estatuto de Roma, el fiscal y los fiscales adjuntos deben ser personas “que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales”.
En la carta enviada a Fernández de Gurmendi, Khan resalta que el proceso de selección “tuvo como objetivo asegurar una amplia representación geográfica y de género dentro del grupo de solicitantes“.
El equipo de selección analizó los expedientes recibidos y los aspirantes fueron entrevistados después por Kharim Kahan; por Adama Dieng, Exsecretario General adjunto de las Naciones Unidas y asesor especial del Secretario General para la prevención del genocidio; y por Catherine Marchi-Uhel, asistente del Secretario General de las Naciones Unidas y jefa del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM) de Naciones Unidas.
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Sobre Paz y Paz, Kharim Khan escribió que la exfiscal ha demostrado “un historial impresionante, una capacidad para efectuar cambios, coraje para tomar acciones y una resiliencia para resistir la presión política con modestia y empatía por los demás”.
Además, dijo que como fiscal general, impulsó un cambio en los procesos penales de Guatemala en todos los niveles y remarcó que fue “de particular interés su trabajo pionero en la persecución de casos de genocidio”.
Elvyn Díaz, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, asegura que la nominación de Paz y Paz “es una buena noticia y un reconocimiento para ella, que impulsó casos de graves violaciones a los derechos humanos y realizó aportes al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala”.
Álvaro Montenegro, representante de la Alianza Por las Reformas, secundó a Díaz y calificó la selección de Paz y Paz como histórica: “El que haya conseguido la nominación es una muestra del reconocimiento internacional que tiene”. “Entre sus logros está el haber procesado por genocidio, en su propio país, al dictador José Efraín Ríos Montt. Además de haber sentado las bases para que el Ministerio Público contara con una política de persecución penal contra las grandes estructuras criminales de Guatemala”, añadió.
Actualmente, Claudia Paz y Paz es la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La exfiscal general fue directora del Bufete Legal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; coordinadora de la Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Rafael Landívar; jueza de paz y litigante experta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además integró el equipo que elaboró el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).
