Manuel Antonio Baldizón se encuentra en una encrucijada. Parecía que en su carrera política, que se inició en 2003 como diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el 2015 iba a ser su mejor año. Pronosticaba que en ese momento «le tocaba» la Presidencia, pero, ese año perdió las elecciones.

Tras retirarse de la política, se fue de Guatemala. Años después lo detuvieron y condenaron en Estados Unidos por lavado de dinero y hace apenas cuatro meses fue deportado a Guatemala, envuelto en más polémicas.

En octubre de 2022, a su regreso, dijo «vengo a dar la cara y a presentarme voluntariamente». Minutos después estaba esposado, con chaleco antibalas y camino a la Torre de Tribunales para que un juez le indicara que estaba involucrado en los casos Transurbano y Odebrecht y debía ir a prisión.

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Pero el 11 de enero quedó libre tras pagar una fianza de Q 1.8 millones, mientras los procesos en su contra seguían su curso.

El 5 de febrero se confirmó que buscaría regresar a la política. El partido Cambio lo proclamó candidato al Congreso. 

Para dos abogados expertos en transparencia, el hecho de que Baldizón sea un exconvicto, sentenciado en 2019 por lavar dinero del narcotráfico, tiene implicaciones en su carrera política. Ambos consideran que no debe ser inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

La capacidad, idoneidad y honradez

«En él aplica el artículo 113 de la Constitución Política», asegura Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ese artículo indica que «los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez».

«En alguien como él ya no se aplica si se duda de su honorabilidad. Es claro que no es una persona idónea para ese o para cualquier cargo», explica Cux. 

Además de los casos Transurbano y Odebrecht, en Estados Unidos Baldizón se declaró culpable de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral.

Asimismo, en República Dominicana existe una investigación sobre corrupción en la que ha sido involucrado por el Ministerio Público de ese país. Por este caso están siendo juzgados dos hermanos del expresidente de la isla, Danilo Medina, y más de 20 exfuncionarios de gobierno.

«No deberían permitir su participación, porque no reúne las condiciones del 113», añade Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas.

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El abogado también aclara que en el caso de Baldizón no se violaría el principio de presunción de inocencia, que implica que a una persona se le debe tratar como inocente durante un proceso en su contra, durante el cual el ente acusador buscará probar su responsabilidad en un hecho particular, explica Cadena.

Según el jurista, el hecho de que haya sido sentenciado implica que no debe volver a cargos públicos. 

«En el país los grupos criminales buscan desvirtuar el concepto de la inocencia llevándolo al ámbito político, cuando sólo compete al judicial», asegura Cadena.

El abogado añade que para estas personas ya se probó su culpabilidad, y en el momento en el que buscan ser inscritas, debe verificarse su idoneidad y honradez. «El problema —concluye— es que el TSE está aplicando un doble estándar y hay probabilidades de que lo inscriba».

El criterio del TSE

Con «doble estándar» el jurista se refiere a que el Tribunal Supremo Electoral ya inscribió como candidatas a algunas personas cuestionadas. 

Por ejemplo, Esduin Jerson Javier Javier, alias «Tres Quiebres», inscrito como candidato a diputado por Cambio y a quien el Ministerio Público (MP) vincula con la estructura del narcotráfico denominada «Los Ipala». Desde marzo de 2021 la Fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad para investigarlo por un triple crimen cometido en Chiquimula.

Otro candidato inscrito es Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue aceptado en la casilla 1 por Lista Nacional del partido Todos, pese a los señalamientos de corrupción y de manipulación de poder entre el Legislativo y el Judicial.

Por este motivo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando estaba dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, lo implicó en el caso Traficantes de influencias.

Alejos se alista a seguir otros cuatro años protegido por la inmunidad del Congreso, pese a que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido también lo han sancionado mediante leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero.

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Por otra parte, el TSE ha denegado otras candidaturas haciendo referencia al artículo 113 de la Constitución y a la idoneidad y honradez de la persona.

Por ejemplo, la de Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, que buscaba la reelección con el partido Vamos. Su inscripción no fue aceptada por el máximo órgano electoral porque Estados Unidos hizo un pedido de extradición en su contra en diciembre de 2022, por vínculos con el narcotráfico.

El pedido en extradición también fue girado en contra del actual diputado de Sacatepéquez por el partido Todos, José Armando Ubico Aguilar; contra Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente de la UCN al Parlamento Centroamericano; y contra Crysthian Omar Escobar Ángel, actual alcalde de El Rodeo, San Marcos, electo con el partido Creo.

Los cuatro son requeridos por un juez de la Corte del Distrito Este de Texas, pero se desconoce si los últimos tres solicitarán ser inscritos también.

Jorge Alberto Chávez Muñoz, vecino de Malacatán, San Marcos; tampoco fue aceptado este año por el TSE. En 2019, al no ganar las elecciones, dirigió una turba que quemó las papeletas en el municipio. Fue condenado a tres años de prisión por el delito de atentado contra el transporte de material electoral.

El Tribunal tampoco aceptó la candidatura de Miguel Antonio López Barahona, quien se convirtió en alcalde de Pastores, Sacatepéquez, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad en agosto de 2021. Esto sucedió pese a que el TSE le había impedido participar en 2019 por no cumplir con los requisitos.

«Yo creo que los magistrados interpretan de forma discrecional inscribir a quienes quieren, y de no inscribir a quienes no quieren. Es una decisión arbitraria que ya no está basada en ley, sino que responde a intereses políticos», comparte Edie Cux.

Y ahora ¿qué investiga la FECI?

Después de que Baldizón fuera dejado en libertad y de que el Ministerio Público no apelara, el 13 de febrero la FECI, que dirige Rafael Curruchiche, coordinó una serie de allanamientos y detuvo a siete personas, entre abogados y representantes de empresas fantasma ligadas a Baldizón, siempre por el caso Odebrecht.

Dos días después, durante la audiencia de primera declaración de estas personas, Curruchiche pidió al juez revertir la puesta en libertad del excandidato presidencial. Sin embargo, no es posible tener acceso a detalles del caso, ya que se encuentra bajo reserva, como sucede en varios de los procesos que esta unidad presenta.

El medio Quórum publicó que la FECI solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) información relacionada con las condenas que tuvieron en Estados Unidos Baldizón (2018, por lavado de activos del narcotráfico); el expresidente Alfonso Portillo (2014, por lavado de activos con dinero de una donación de Taiwán), y el diputado José Ubico (2003, por trasiego de drogas).

El Minex confirmó la gestión presentada el 17 de febrero, e indicó que «ese mismo día se envió a la embajada de EE.UU., pero no se ha tenido respuesta aún».

Por su parte, el MP indicó que «en virtud de la reserva que conllevan las investigaciones de la fiscalía, no es posible ahondar en detalles. En el momento oportuno se podrá dar a conocer más información».