Deportan a Manuel Baldizón
Baldizón no decidió venir a Guatemala, fue deportado
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El excandidato presidencial, Manuel Antonio Baldizón, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico, cumplió una condena reducida luego de colaborar delatando a otros criminales guatemaltecos. El Servicio de Inmigración estadounidense lo deportó este 5 de octubre para que enfrente dos casos de corrupción ante la justicia guatemalteca.


Manuel Antonio Baldizón Méndez, de 52 años, ha pasado los últimos cuatro entre preso y en libertad condicional en Estados Unidos. El 5 de octubre regresó a Guatemala, y lo hizo deportado. Las autoridades lo esperaban en la Fuerza Aérea para detenerlo y llevarlo con grilletes, chaleco y casco blindado a la Torre de Tribunales.

Le esperan dos casos de corrupción que fueron investigados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). 

En 2016, Baldizón salió de Guatemala y, según verificaciones de la fiscalía de vuelos de la época, viajó entre Nicaragua, República Dominicana y el estado de Florida. Esto, luego de perder las elecciones de 2015 y de anunciar que se retiraría de la política, y tras conocerse una investigación en su contra por el escándalo de Odebrecht.

Manuel Baldizón, a su llegada a Guatemala. Fotografía: Instituto Guatemalteco de Migración.

Fue justamente en un vuelo entre el país caribeño y el condado de Miami que lo detuvieron el 20 de enero de 2018. Baldizón tenía un aviso de búsqueda internacional, y una orden de captura en su contra, ya que las investigaciones apuntaban que había lavado dinero del narcotráfico para su campaña electoral en Guatemala. Como había comprado un apartamento en Florida eso le permitió ser juzgado por la justicia estadounidense.  

Tras aceptar los cargos el 3 de octubre de 2018 y negociar información para delatar a otros criminales ante la Fiscalía, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Florida el 12 de noviembre de 2019.

El compromiso de facilitar información que fuera valiosa para el Buró Federal de Investigación y el Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos, permitió que de una pena de hasta veinte años a la que podía enfrentare, se la redujeran a 50 meses en prisión.

La periodista Claudia Méndez Arriaza, directora editorial de ConCriterio, que le dio seguimiento al caso, asegura que confirmó con fuentes judiciales en Estados Unidos, que «Baldizón colaboró y participó en entrega de información que no está directamente relacionada con su caso. Esto está verificado en el proceso que siguió la Corte del Distrito Sur de Florida en contra del excandidato presidencial».

Aunque las autoridades norteamericanas no tienen información abierta al público en casos de informantes, el medio Plaza Pública realizó un análisis sobre las detenciones del banquero Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante y de Acisclo Valladares Urruela quien fue funcionario durante los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales. Ambos fueron detenidos por lavar dinero del narcotráfico, y habrían sido capturados con el apoyo del excandidato presidencial.

Manuel Baldizón, a su llegada a Guatemala. Fotografía: Instituto Guatemalteco de Migración.

Baldizón regresó a prisión el 1 de septiembre de 2020, luego de varios intentos de no ser recluido y de un padecimiento de COVID, que retrasó su ingreso varias semanas. La pena de cincuenta meses se cumpliría hasta diciembre de 2023, pero fue dejado en libertad el pasado 7 de junio, un año y medio antes de lo previsto y con apenas veintiún meses confinado. 

Inmediatamente pasó a control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que lo mantuvo retenido hasta que bajó del avión que lo trajo deportado, cuatro meses después. 

Su expulsión obedeció a que al quedar en libertad ya no contaba con la visa que le permitía estar en territorio estadounidense, por lo que el Servicio de Inmigración cumplió con el proceso de deportación, según explicó su abogado defensor Saúl Zenteno. 

¿Decidió venir a Guatemala?

En días previos, en sus redes sociales, Manuel Baldizón hizo varias publicaciones en las cuales aseguraba que era su decisión retornar a Guatemala a enfrentar a la justicia. «Como hombre de derecho, comprometido y orgulloso de mis orígenes y nación deseo acudir ante las autoridades de justicia de mi país a resolver las situaciones que se presenten», aseguró mediante una grabación.

Su hijo, Jorge Baldizón, quien lo esperó a las afueras de la Fuerza Aérea y lo acompañó hasta la Torre de Tribunales, dijo: «Sabemos que se puso voluntariamente a disposición de las autoridades. Él está feliz y contento de haber arribado al país».

Pero las autoridades norteamericanas reportan algo distinto: ellos lo retuvieron en una prisión de Arizona hasta que, junto con otros 130 deportados, lo enviaron a Guatemala el mediodía de este 5 de octubre. 

Como sabían de los procesos que aquí lo esperaban, ya habían coordinado con el Instituto Guatemalteco de Migración su llegada al país. El Ministerio Público (MP) confirmó que sería detenido en la Fuerza Aérea con el acompañamiento de la Policía Internacional (Interpol).

El MP detalló que «Baldizón Méndez es sindicado en los casos Transurbano por los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero; y en el caso Odebrecht por cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita».

Ahora, ya en Guatemala, un juez de turno le explicó que existen procesos penales en su contra y le informó que debía permanecer recluido en la cárcel de Mariscal Zavala hasta que los juzgados contralores de las investigaciones le programen audiencias para detallarle las acusaciones.

Los casos en su contra

En el «caso Transurbano» la FECI, entonces liderada por Juan Francisco Sandoval, determinó que la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, a través de una estructura liderada por el empresario del transporte público, Luis Gómez (detenido), desvió millones de quetzales que fueron a parar a las campañas presidenciales de Baldizón en 2011 y 2015, incluyendo la compra de un lujoso helicóptero valorado en US$ 1 millón.

En el «caso Odebrecht» donde también está involucrado el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti (ambos detenidos), se señala a Baldizón de ser uno de los principales beneficiarios de los sobornos que la constructora brasileña entregó a cambio de la ampliación de la carretera a la frontera con México Este trabajo nunca se realizó.

Según la investigación —que cuenta con información y documentos de la misma constructora y testimonios de los exfuncionarios que  actuaron en varios países como colaboradores— le entregaron a Sinibaldi US$ 17.9 millones, quien los repartió con Baldetti y Baldizón. Según esta información,  el excandidato presidencial obtuvo US$ 1.3 millones.

Luego de que la Sala Segunda de Apelaciones dejara sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz con los exdirectivos de la empresa sudamericana en junio, Baldizón pidió al juzgado contralor del caso, a través de sus abogados, ser querellante adhesivo. La misma petición realizó Sinibaldi, por lo que ambos acusados también buscan ser acusadores.

Ambos políticos presos persiguen declararse víctimas de los exfiscales de la FECI, incluido el exjefe de la misma, Juan Francisco Sandoval, y con ello buscan que ya no existan delitos que perseguir en su contra. 
El fiscal Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI, anunció en junio pasado que, tras la anulación de los acuerdos de colaboración, perseguiría a fiscales e investigadores que realizaron aquellas gestiones.

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