A Eduardo Bin, un pescador de El Estor que se ha opuesto al trabajo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la justicia le ha dicho en tres ocasiones que es inocente. Pero el Ministerio Público (MP) ha apelado todas las sentencias absolutorias. A inicios de noviembre, la fiscalía impugnó nuevamente uno de los fallos que lo libera de los cargos por los que fue acusado.
Pescadores, autoridades indígenas y pobladores se han opuesto desde hace décadas al funcionamiento de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, en el departamento Izabal.
La minera ha sido señalada de contaminar el lago Izabal y de operar a pesar de una prohibición de la Corte de Constitucionalidad.
El 17 de noviembre, junto con la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), encargada de tratar el mineral que extrae la CGN y otras empresas mineras, la compañía fue sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de este país evidenció la existencia de corrupción rusa en el sector minero guatemalteco y sancionó a Dmitry Kudryakov — líder de las operaciones mineras de Solway, de la que CGN y Pronico son subsidiarias— y a Iryna Litviniuk de dirigir «múltiples esquemas de soborno» que, aseguró, involucran a políticos, jueces y funcionarios del Gobierno guatemalteco.
La CGN también ha sido señalada de perseguir a pobladores, periodistas, dirigentes y pescadores que se oponen a su funcionamiento. Uno de ellos es Eduardo Bin.
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Bin, que trabaja como pescador, fue acusado de participar en uno de los bloqueos en protesta por el trabajo de la minera. En mayo de 2017, un grupo de comunitarios interrumpió la cadena de producción de la CGN y de Pronico.
Los pobladores habían salido a las calles luego de que apareciera una mancha roja en el Lago Izabal. Culparon a la CGN y decidieron detener el paso de sus vehículos y sus trabajadores. El Gobierno los dispersó con violencia. En medio del caos, cayó abatido uno de sus compañeros, Carlos Maas.
El MP señaló entonces a Bin de cometer tres delitos: amenazas, instigación a delinquir y detenciones ilegales. En cambio, la Fiscalía no culpó a nadie por la muerte de Maas.
Además de a Bin, se procesó a otros tres pescadores y un periodista. Ellos fueron acusados de instigación a delinquir. En el proceso contra los cinco se sumaron como querellantes varios trabajadores de la CGN.
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La sentencia absolutoria
El 19 de octubre de 2022, cinco años después, un tribunal de Izabal decidió absolver a Eduardo Bin de los tres delitos que le imputó la Fiscalía. Fue la primera persona declarada inocente por las manifestaciones de 2017.
Los otros tres pescadores y el periodista sabrán si también enfrentarán un juicio en los próximos días. Este 24 de noviembre estaba previsto que iniciara la audiencia de etapa intermedia contra ellos, pero esta fue suspendida.
El caso contra Bin avanzó más rápido que el del resto porque fue detenido antes. Además, se presentaron menos recursos legales en el proceso en su contra y las audiencias no se suspendieron tan recurrentemente.
Aunque un tribunal declaró inocente a Bin, el 7 de noviembre de 2022, el MP presentó una apelación con la que busca anular esta sentencia.
Santiago Choc, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y parte de la defensa de Bin, explica que la impugnación de la Fiscalía se basa en que el juez no le dio valor probatorio a los testimonios de los trabajadores de la CGN.
Esto quiere decir que el juez consideró que las declaraciones de los trabajadores no demostraban que Bin fuera culpable de los hechos que le señalaban.
Choc asegura que, para el juez, los testimonios eran contradictorios. «Por ejemplo, en un testimonio se dice que se vio a Eduardo Bin (en la protesta), pero en otro se declara que no fue posible verlo porque la gente tenía tapada la cara. Entonces ese tipo de contradicciones favorecen al acusado», dice.
Ocote solicitó, a través del equipo de comunicación del MP, una entrevista con el fiscal a cargo del caso contra Bin para conocer los argumentos de la apelación, pero hasta la publicación de esta nota no se recibió respuesta.
En este proceso penal en contra del pescador se dio una irregularidad en octubre de 2021. Ese mes, como consecuencia de una serie de protestas contra la CGN, el Gobierno decretó un Estado de Sitio. En ese contexto, Bin fue detenido, con una orden de captura que ya no estaba vigente.
Pasó una noche en prisión, en una celda donde tuvo que dormir en el suelo. Fue liberado 20 horas después. La Policía Nacional Civil argumentó que la captura se dio por un error de actualización en la base de datos.
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Las otras dos veces que fue declarado inocente
El caso de la manifestación no es el único que ha enfrentado Bin. En los cinco años que tardó en resolverse el caso en su contra, el pescador fue absuelto en otras dos ocasiones. Y en esas dos ocasiones la fiscalía actuó de la misma forma: apeló la resolución del juez.
En 2016, Bin fue denunciado por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco). Lo señaló de haber liderado a una comunidad llamada Agua Caliente, que buscaba asentarse en el cerro San Gil, en Livingston, Izabal, que forma parte de un territorio catalogado como área protegida.
Bin fue capturado por ese señalamiento en junio de 2018. Ese fue el primer caso que enfrentó y mientras estaba en prisión por esa investigación, le sumaron el proceso judicial por la protesta de 2017.
En ese mismo año en que fue capturado, Fundaeco desistió del proceso judicial que se había generado por su denuncia, pero la fiscalía continuó con el caso y acusó al pescador del delito de usurpación de áreas protegidas. Pero un tribunal estableció que no existían suficientes pruebas y Bin fue absuelto en 2019.
El Ministerio Público presentó un recurso. Una sala de apelaciones aceptó la impugnación a la sentencia y ordenó que se repitiera el juicio. El pescador demostró nuevamente su inocencia en junio de 2022.
El pescador pasó un año en prisión. En junio de 2019, salió de la cárcel bajo medidas sustitutivas porque aún tenía pendiente el caso de la protesta de 2017, en el fue declarado por tercera vez inocente.
Para Santiago Choc, el abogado de Bin, los casos en contra del pescador y las sucesivas apelaciones de la Fiscalía son una muestra de la criminalización que se vive en El Estor. Choc asegura que únicamente se busca enviar un mensaje a los demás pobladores sobre lo que ocurrirá si ellos se oponen a los proyectos extractivistas como el de la CGN.
«No se puede criminalizar el derecho de manifestación de las personas que defienden su territorio, la naturaleza. Son pescadores que dependen del lago, es su sustento diario. Lo que vemos es un uso indebido del derecho penal», afirma el abogado.
