Quejá, la aldea de Alta Verapaz en la que murieron enterradas al menos 88 personas durante el paso de la tormenta Eta ha sido declarada por Conred como una zona …
El 7 de junio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales (Conred) recomendó “el no asentamiento de personas en el área declarada de riesgo en la aldea Quejá”, en el municipio de San Cristóbal Verapaz. A través del acuerdo JE-01-2021, la institución estableció que “hay alta susceptibilidad a deslizamientos y a daños físicos”, por las condiciones de la estructura del terreno.
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En el acuerdo se establece que el área delimitada por Conred comprende 1.9 kilómetros cuadrados, y está marcada por diez coordenadas.
El polígono rojo corresponde al área establecida en la declaratoria de alto riesgo por la Conred. En amarillo se señala el área cubierta por el deslizamiento de Quejá en noviembre del 2020. Autoría: Rüdiger Escobar Wolf.
La Conred señala en el acuerdo que la decisión de declarar a Quejá zona de alto riesgo se tomó después de que el consejo científico de la institución realizara una evaluación de susceptibilidad por deslizamientos en el lugar.
Francisco Juárez, subdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entidad que preside el consejo científico que hizo la evaluación, explica cómo fue el proceso: “Entre enero y febrero (de 2021) la Secretaría Ejecutiva de Conred solicitó que se evaluara Quejá, debido a los daños producidos por las tormentas”, indica.
El consejo científico hizo un levantamiento de información en el campo, dice Juárez. Según explica, se realizaron estudios de vulnerabilidad y riesgos: determinaron la población que residía en la aldea y que fue afectada; revisaron la estructura de las viviendas; hicieron un análisis de posibles deslizamientos; localizaron fuentes de agua cercanas y determinaron sobre qué fallas geológicas se encontraba el lugar.
“En la primera semana de mayo presentamos la conclusión y recomendación a Conred para que tomara una decisión” añade Juárez, quien asegura que, en paralelo, se encuentran evaluando otras áreas.
David De León, portavoz de la Conred, confirma que el consejo científico evaluó territorios en Campur y Sesajal, (en el municipio de San Pedro Carchá) y en Chinasajal Chibut, Xemox Yalicar, Seraxquen y Chibut (en Chisec). Todos los lugares se encuentran en Alta Verapaz.
Juárez, del Insivumeh, asegura que a finales de junio entregaron las conclusiones de los estudios de Campur y de las aldeas de Chisec, pero indicó que no pueden adelantar detalles hasta que la Conred los conozca. En la coordinadora todavía no confirman cuándo sesionarán para decidir si estos lugares serán declarados zonas de alto riesgo o no.
Según De León, actualmente no se están evaluando zonas en otros departamentos afectados. El vocero asegura que la Conred cuenta con un listado de comunidades que “podrían analizar después”, según disposiciones de la misma institución o a solicitud de las municipalidades. El portavoz se comprometió a entregar el listado a Agencia Ocote, pero al cierre de esta edición no lo había facilitado.
Juárez indica que, por ahora, no tienen más solicitudes de evaluaciones de lugares afectados por Eta y Iota. “La siguiente evaluación será en El Cajón y en El Socorro en Escuintla, para actualizar las condiciones de sus terrenos, tras la erupción del volcán de Fuego en 2018”, concluye.
Los terrenos con amenaza de deslizamiento
Después del paso de Eta y Iota en Guatemala, la Secretaría Ejecutiva de la Conred registró 54 personas fallecidas. Se estima que al menos 100 desaparecieron y más de 300 mil fueron evacuadas en 91 municipios de siete departamentos de Guatemala: Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula.
Se estableció que más de 6 mil viviendas estaban en riesgo, casi 19 mil con daños leves, 56 mil con daños moderados y más de 4 mil con daños severos. En marzo de este año, habitantes de varias comunidades de Alta Verapaz, Izabal y Quiché todavía temían regresar a sus casas, por miedo a deslizamientos o derrumbes.
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La Conred ha elaborado mapas municipales (actualizados en 2016) que muestran las amenazas de deslizamientos e inundaciones en Guatemala, para que la población y las autoridades conozcan las áreas vulnerables de sus territorios.
La institución estima que de los 108,889 kilómetros cuadrados del territorio de Guatemala, 53,356 están expuestos a deslizamientos. Es decir, el 49% del país.
Varios de los lugares afectados por Eta y Iota están cerca de las zonas expuestas. A pesar de esto, por ahora, la Conred solo ha evaluado algunos lugares en Alta Verapaz y únicamente ha declarado como zona de alto riesgo uno de ellos.
“No se podría denominar todo este territorio (el 49% de Guatemala) como zonas de alto riesgo porque mucho del país se declararía inhabitable”, se justifica De León. “Las autoridades ediles deben tomar en cuenta estos mapas al aprobar licencias de construcción. Muchos alcaldes no se cuestionan dónde sí o dónde no, porque les representa pérdida de votos en las elecciones. Esto nos lleva a enfrentar que las áreas urbanas crezcan de forma desorganizada”, explica.
“Hay comunidades que resultaron más afectadas por estas tormentas, entonces se priorizan para evaluarlas e identificar lo que sucedió”, añade. Según el vocero de la Conred, la institución ya llegó a “todas las comunidades” afectadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, para verificar daños a viviendas y decidir si habría otros terrenos a evaluar. Pero, por ahora, únicamente decidieron evaluar, además de Quejá, terrenos en San Pedro Carchá y Chisec, en el departamento de Alta Verapaz.
Según especialistas como Rüdiger Escobar Wolf, profesor y asistente de investigación del Departamento de Ingeniería y Ciencias Geológicas, de la Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos, llama la atención cómo hay zonas afectadas por las tormentas y rodeadas de terrenos con amenazas de deslizamientos que no han sido evaluadas.
En la siguiente imagen, por ejemplo, puede observarse el área delimitada por la Conred en Quejá, y a la derecha, a un kilómetro y rodeada de zonas con amenaza de deslizamientos, la comunidad de Saquixim, que no fue evaluada ni declarada de alto riesgo.
La falta de prevención
Raúl Maas, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar, cuestiona que la Conred no actúe preventivamente, sino hasta que ocurre una catástrofe, como sucedió en Quejá. “Las acciones preventivas son pocas. En Guatemala los sistemas de gestión de riesgo suelen actuar de forma reactiva. Sabemos que el país es de alto riesgo pero no hay recursos económicos ni humanos para atender hasta que se presenta algún evento”, señala.
“El beneficio para la población es evitar que se expongan al riesgo, pero en la práctica pocas veces se logra eso. El problema es que la ayuda estatal aparece según la coyuntura política”, comparte Escobar Wölf.
Según Edgar Roberto Mérida, investigador geólogo del Área de Geofísica del Insivumeh, las zonas de alto riesgo son una categoría para brindar protección a personas en condición vulnerable que habitan territorios afectados por fenómenos naturales. “Porque algo pasó o porque algo podría pasar. El objetivo es resguardar a la población de catástrofes”, asegura.
Igual que Maas y Escobar, Mérida también cuestiona que no exista mayor prevención. “En Guatemala hacen falta políticas, planificación y compromiso para responder de forma preventiva y también voluntad. La metodología actual no está diseñada para prevenir, sino para que las catástrofes no se repitan”, comenta.
Según el investigador, para analizar todos los territorios afectados por Eta y Iota es necesario contar con mejores estudios ambientales, ordenamientos territoriales y con personal profesional calificado para hacer evaluaciones.
Francisco Juárez, del Insivumeh, comenta que, en ocasiones, el consejo científico solicita a las municipalidades que contraten equipo para hacer los estudios, o piden apoyo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o al Instituto Nacional de Estadística. “De contar con más equipo en las instituciones de Gobierno, los análisis de suelo y subsuelo, los sistemas de información geográfica y la elaboración de mapas se podría agilizar”, dice.
Sin soluciones para las personas de Quejá
En Quejá, 233 viviendas fueron afectadas y la Conred aún desconoce dónde serán reubicadas las personas que vivían en la aldea. David De León, portavoz de la institución, explica que, por seguridad, las personas deben ser trasladadas a albergues de transición o centros con capacidad para brindar resguardo mientras se les dé un nuevo espacio para vivir. Esto último, explica, está a cargo del Gabinete de Reconstrucción, dirigido por el Viceministerio de Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones.
Sobre por qué todavía no han logrado reubicar a las personas siete meses después de las tormentas, De León indicó que “la búsqueda de terrenos inició en diciembre (de 2020) como parte de una solución habitacional para comunidades como Quejá y Campur, que fueron de las más afectadas”.
Según Yasmín Ávila, directora de Comunicación del Ministerio de Comunicaciones, desde el 17 de noviembre de 2020 solicitaron al Registro de Información Catastral (RIC) el listado de terrenos cercanos a Quejá para que la Conred los evaluara. El RIC entregó esta lista de lugares, todos en San Cristóbal Verapaz.
David de León asegura que “ya se evaluaron dos fincas en Saquixim y Chepenal, pero fueron rechazadas por la Conred porque no cumplen con las condiciones de habitabilidad en sus suelos. Se concluyó que la inversión para acondicionar el área sería muy alta, por eso se continúa con la búsqueda de terrenos (para las personas de Quejá)”, dice el vocero.
A pesar de la evaluación de la Conred, en febrero de 2021 varias familias de Quejá se instalaron en Chepenal, un caserío a una media hora de la aldea en vehículo. Las personas decidieron establecerse ahí porque era un lugar cercano y estaba disponible, aunque cuestionan que el clima no permite sembrar los cultivos que tenían en Quejá.
Jorge Suc, uno de los pobladores afectados de Quejá cuya familia vive en Chepenal, comenta a Agencia Ocote que fue el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) el que notificó a los vecinos que la aldea había sido declarada zona de alto riesgo. Los miembros del Cocode fueron quienes les recomendaron evacuar.
Sin embargo, por ahora, Suc seguirá en Quejá, porque ahí tiene trabajo. “Ahora alquilo un cuarto en casa de mi hermana, siempre aquí en Quejá. Estoy vendiendo pacayas y voy a cosechar café y cardamomo”, asegura.
Raúl Maas considera que es necesario resolver la situación de vivienda de las personas evacuadas. “Se rompen tradiciones, costumbres, cultura. Tienen que dejar sus casas, sus cosas, sus muertos. La capacidad de respuesta para movilizar a las personas por parte del Estado es poca”, dice.
Maas explica que si alguien regresa a vivir a Quejá no se le puede obligar a evacuar, ya que no pierden los títulos de propiedad de sus terrenos. Esto fue confirmado por David de León, vocero de la Conred.
Sin embargo, según el acuerdo, en el terreno no podrán desarrollarse ni apoyarse proyectos públicos o privados. La zona pierde el derecho a recibir servicios o inversión pública. Esto implica que “no habrá centros de salud o maestros asignados a la escuela”, dice Maas.
“Si las personas deciden no evacuar, se quedarán sin inversiones públicas en el lugar, así que les va a tocar estar allí por su cuenta y sin apoyo del Estado. Aunque quizás no es muy distinto de la situación normal”, añade Escobar Wolf.
“Es necesaria una política para saber qué pasará con el terreno, como opción a no quedar en abandono. Hace falta actuar más allá de una declaración”, concluye Maas.
