–¿Tuvo miedo cuando lo capturaron ayer?

–No, yo ya estoy acostumbrado –dice Eduardo Bin Pou mientras clava la mirada en el  horizonte agreste desde la ventana del vehículo que lo lleva a su casa.

En la carretera, bordeada por árboles y maleza, se empieza a divisar el lago de Izabal. Hace un par de horas, Bin Pou salió de la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, a 121 kilómetros de El Estor, el municipio donde vive. Hace cuatro días el Gobierno estableció un toque de queda en El Estor, de seis de la tarde a seis de la mañana, como una de las medidas del Estado de Sitio que se decretó después de que se desalojara a un grupo de pobladores que habían bloqueado el paso de los vehículos de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), la encargada de tratar el mineral que extrae la CGN. 

Faltan 20 minutos para las seis de la tarde. Todavía quedan unos 25 kilómetros de recorrido. Es poco probable que llegue a tiempo.

Bin Pou es líder del colectivo Asociación de Pescadores Artesanales con Enfoque Ambiental y Social Waqaxha’. También es dirigente de su comunidad, Creek Zarco, ubicada a unos tres kilómetros del parque central de El Estor. El 27 de octubre fue detenido frente a la municipalidad.

Antes de que lo capturaran, Bin Pou, de 56 años, se preparaba junto a su hijo para ir a pescar. Eran casi las 10 de la mañana. Llevaban el motor de su lancha, la factura de ese aparato -que carga siempre porque los guardarrecursos la solicitan en sus patrullajes en el lago para corroborar que es suya- y hielo, para mantener fresco el pescado. Mientras caminaba de su casa al lago, que queda a medio kilómetro, recibió una llamada. 

Del otro lado del teléfono, Romel Reyes, director del departamento de Comunidades en Desarrollo de la municipalidad, le pidió que llegara a recoger a la alcaldía unos documentos del trámite que sigue el pescador para inscribir legalmente en la municipalidad a Creek Zarco.

La familia de Bin Pou y otras 80 más se asentaron en este lugar hace tres años, en 2018. Él explica que llegaron porque estaba abandonado y necesitaban un lugar para vivir, ya que no contaban con terrenos propios. Ahora tratan de legalizar su situación.

El pescador dejó sus cosas en la playa y caminó hacia la alcaldía. Cuando se acercaba, le pareció raro que Reyes lo esperara afuera del edificio.

A cien metros de la municipalidad la Policía Nacional Civil (PNC) había instalado un retén donde registraban e identificaban a las personas que pasaban por ahí. Apenas cruzó algunas palabras con el funcionario cuando unos agentes de la PNC se acercaron a donde estaba Bin Pou y le pidieron su Documento Personal de Identificación (DPI). Él aún se pregunta por qué los agentes fueron directamente hacia él y por qué Reyes no lo recibió dentro de la alcaldía. 

—Yo creo que fue una trampa la que me tendieron. Todo fue en menos de un minuto y medio. Yo no cargaba mi DPI, pero como sabía que no le debía nada a la ley, les dije cuál era el número. Ellos lo buscaron en el aparatito (el Mi3, un dispositivo que utiliza la PNC) y me dijeron que tenía una orden de captura —dice Bin Pou.

Hoy, Romel Reyes asegura que ese día le quería entregar al pescador el resultado de un censo realizado en Creek Zarco, como parte de los trámites de inscripción de la comunidad, y afirma que no lo atendió dentro de la alcaldía como parte de los protocolos para prevenir casos de COVID-19.

—En ese momento nos rodearon y nos pidieron nuestro DPI. Fue ahí cuando lo tomaron a él —dice el funcionario.

La orden de captura con la que fue detenido Bin Pou tenía relación con un caso que está abierto desde hace más de tres años, por el que él ya fue procesado y por el que está en libertad condicional. De acuerdo con su abogado, Santiago Choc, la orden de captura no debía estar vigente. 

Un pescador muerto y el caso contra sus compañeros

El 13 mayo de 2017, pescadores y otros habitantes de El Estor salieron a protestar y a bloquear el paso de los vehículos y de trabajadores de la CGN. Así estuvieron durante 14 días.

Desde su instalación, hace cinco décadas, pobladores y líderes comunitarios se han opuesto a la Compañía Guatemalteca de Níquel, antes llamada Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (Exmibal). Los vecinos de El Estor han denunciado  la contaminación de la minera en el lago de Izabal, la falta de de puestos laborales para los vecinos del municipio y las condiciones de trabajo poco seguras en sus instalaciones. También denunciaron las violaciones de mujeres q’eqchi’es cometidas por trabajadores cuando la minera era propiedad de la canadiense Hudbay Minerals. 

El detonante hace cuatro años fue una mancha roja que había aparecido en el lago de Izabal. Los pobladores culparon entonces a la CGN porque la mancha, denunciaron, se había originado de la planta procesadora que está a las orillas del lago. La empresa negó los señalamientos.

El Gobierno de Jimmy Morales decidió dispersar el bloqueo de 2017. El 27 de mayo envió un contingente de agentes antimotines para enfrentar a los pobladores. En medio de las bombas lacrimógenas y las piedras que lanzaban de un lado a otro, Carlos Maaz, un pescador de 27 años que participaba en la protesta, murió de un balazo en el corazón. Otro de los proyectiles se incrustó en el cuerpo del pescador Alfredo Maquín, quien, en 2019, aún vivía con una bala en la cadera, sin justicia y sin atención médica.

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La muerte de Carlos Maaz hasta hoy sigue impune. Nadie fue capturado por ese crimen. Sus compañeros y otros testigos han señalado a la Policía, pero los únicos que terminaron frente a un juez, meses después, en 2018, fueron cuatro pescadores y un periodista. Los señalaron de planificar la protesta, de incitar a los pobladores para detener a los trabajadores de la minera y dañar vehículos de la empresa. Uno de ellos fue Bin Pou.

La primera vez que capturaron al pescador, sin embargo, no fue por esa protesta. En 2018 lo  señalaron de haber liderado a una comunidad llamada Agua Caliente, que buscaba asentarse en el cerro San Gil, en Livingston, Izabal.

Lo detuvieron por este caso el 28 de junio de 2018, un día después de que su hijo de 11 años muriera.

—Me dolió porque acaba de morir mi muchacho, un día amaneció enfermo y al otro ya estaba muerto —recuerda sin dar más detalles del fallecimiento de su hijo.

Entonces, lo sindicaron por el delito de usurpación de áreas protegidas. Mientras estaba en prisión preventiva, empezó el caso en su contra por haber participado un año antes en la protesta de 2017, en la que murió su compañero Carlos Maaz.

Bin Pou fue absuelto por el caso de la usurpación de áreas protegidas el 3 de mayo de 2019. Pero continuó en el centro penitenciario de Puerto Barrios un mes y medio más, por el segundo caso.

Lo procesaron y lo enviaron a juicio por los delitos de amenazas, instigación a delinquir y detenciones ilegales. El 14 junio de 2019 lo liberaron, bajo medidas sustitutivas, mientras continúa el proceso judicial. Desde entonces, ha estado en libertad condicional.

Más de dos años después, el debate ante un tribunal de sentencia no ha empezado. El Bufete Jurídico de Derechos Humanos, a cargo de la defensa de Bin Pou, asegura que el inicio del juicio se ha suspendido nueve veces porque los abogados de la Compañía Guatemalteca de Níquel se han excusado por problemas de salud o porque el tribunal ha detenido sus labores por la pandemia de COVID-19.

El debate está programado para marzo de 2022.

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Por esos dos casos, es que Bin Pou dice que está acostumbrado a enfrentar a la justicia. Cuando lo detuvieron el miércoles 27 de octubre, solo se preguntaba de qué lo señalarían esta vez, si no había participado en el nuevo bloqueo de los pobladores, que empezó el 4 de octubre y que esta vez tenía dos reclamos principales.

El primero, que la Compañía Guatemalteca de Níquel continuaba funcionando pese a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que suspendió sus operaciones.

En julio de 2019, la CC emitió esta resolución porque el Estado de Guatemala no había celebrado una consulta comunitaria antes de otorgarle la licencia de extracción minera a la empresa en 2005. 

La CGN, a través de su equipo de comunicación, ha informado que sus operaciones  de extracción están detenidas, pero no el funcionamiento del proyecto extractivo Montúfar, ubicado en Los Amates, Izabal ni la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), que es la encargada de tratar el mineral que extrae la CGN y otras empresas mineras. Según la CGN y el mismo Gobierno, esto no tiene relación con la sentencia de la CC. “Su operación -la de Pronico- está vigente y se considera apegada a la ley”, dice el Gobierno.

El otro señalamiento de los pobladores es que la mayoría de las comunidades indígenas q’eqchi’es han sido excluidas del proceso de consulta comunitaria que la Corte de Constitucionalidad había ordenado hacer en ese mismo fallo, y que el Ministerio de Energía y Minas empezó a preparar en junio de 2021 y que hasta ahora no tiene fecha de realización.

Según la cartera, la notificación para ejecutar la sentencia para realizar la consulta les fue entregada en marzo de este año, a pesar de que el fallo de la CC se emitió hace dos años.

Este proceso de preconsulta (en el que participó Romel Reyes, el director del departamento de Comunidades en Desarrollo de la municipalidad que citó a Eduardo Bin Pou el 27 de octubre) ha sido calificado como excluyente por los Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’es y los pescadores que instalaron el bloqueo contra la mina, pues consideran que ha dejado fuera a la mayoría de las comunidades que se oponen a la CGN.

Bin asegura que no estuvo en estas protestas recientes porque ha estado enfermo desde hace semanas. Tiene una inflamación en la parte superior del abdomen. Cree que es algún problema en el hígado.

Aun así, el pescador explica que fue capturado en medio del Estado de Sitio. La Policía afirma que en su base de datos todavía aparece la orden de detención que fue emitida en 2017. 

De vuelta a casa

Después de que lo capturaran frente a la Municipalidad de El Estor, el pescador fue llevado hasta el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios.

Bin Pou llegó entre las tres y las cuatro de la tarde. No recuerda la hora exacta. Pero en el juzgado ya no quisieron atenderlo para decidir qué pasaría con él al tratarse de una orden de captura que ya no estaba vigente. Lo enviaron directamente a prisión preventiva.

—Vino ya muy tarde y por eso se le envió al centro penal —asegura el oficial del juzgado que ha conocido el caso, al preguntarle por qué no se liberó de inmediato a Bin Pou.

—Es un infierno allá dentro, es un lugar estrecho, incómodo. Pero no nos queda de otra —dice Bin Pou el 28 de abril, al salir de la prisión de Puerto Barrios donde pasó la noche.  La carceleta donde estuvo unas 20 horas la compartió con siete hombres más. Hasta el 2020, en este centro había 1,432 hombres recluidos, aunque su capacidad es de 400 personas. Durmió sólo un par de horas. No había camas ni ventilación. Viste la misma ropa que tenía el día anterior, cuando lo capturaron. Una camisa fucsia, un jean azul y zapatos tenis negros.

Sus abogados, Santigo Choc y Hugo Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, llegaron al centro penal a solicitar que lo dejaran libre, pues ya se había enviado un documento en el que informaba que la orden de captura no estaba vigente.

Según Choc, el juzgado pudo haberlo liberado de inmediato, cuando lo llevaron detenido el día anterior, ya que llegó durante el horario laboral del juzgado (8:00 a 15:30). Aunque hubiera llegado después, dice, la ley le permite habilitar el tiempo que se necesite para atender a los capturados.

El artículo 145 del Código Procesal Penal dice: “Salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Durante las audiencias, el presidente del tribunal hará conocer de viva voz a todos los concurrentes el día, hora y lugar de su reanudación, en caso de aplazamiento o suspensión con plazo determinado”. Con eso, explica Choc, pudo haberse evitado que Bin Pou pasara la noche en prisión.

—Máxime cuando se está vulnerando un derecho fundamental como es la libertad de una persona —secunda Archila, el otro abogado.

El pescador abandonó la prisión a las 2 y media de la tarde del 28 de octubre.

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A la salida del juzgado, los abogados empezaban a apurarse. Faltaban apenas tres horas y media para las seis de la tarde, cuando empieza el toque de queda. Temían que la Policía volviera a capturar a Bin Pou con la excusa de que aún no había sido actualizada su base de datos, pese a la notificación enviada por el juzgado.

Los dos debían volver a la Ciudad de Guatemala esa noche, y no podían llevarlo hasta El Estor. Así que nos pidieron que lo lleváramos porque hoy nadie más acompañó a Bin Pou a su salida de la prisión.

El trayecto hacia El Estor empezó hace una media hora. El viaje es largo: 121 kilómetros, casi tres horas y media  en total. Hay largas filas de tráileres que buscan llegar o salir del Puerto Santo Tomás de Castilla.

El pescador no puede evitar hablar sobre la crisis que atraviesa El Estor y entiende que esta vez, a diferencia de otras capturas y otras audiencias de líderes comunitarios, ninguno de sus compañeros haya llegado a acompañarlo o ser testigo.

Tienen miedo. Los líderes de las comunidades temen que los capturen por las protestas de los últimos días, así que han decidido esconderse en el municipio o salir de El Estor. Uno de ellos es su hermano Juan Bin Pou. Vivir en la clandestinidad es una constante para algunos líderes de El Estor desde las protestas de 2017, cuando se rumoraba que habría capturas por el bloqueo de ese entonces.

–Para mí la resistencia es necesaria porque no tenemos a dónde acudir. Si decidimos ir a las instituciones del Estado, todas están cooptadas. La empresa minera tiene el poder económico para cooptar a todas las personas –dice Bin Pou.

Desde que se decretó el Estado de Sitio en El Estor, los policías y fiscales han hecho por lo menos 15 allanamientos en busca de evidencias relacionadas con el bloqueo que los pobladores mantenían para los camiones de la minera.

Uno de estos operativos se realizó en casa de Juan Bautista Xol, periodista de Prensa Comunitaria, a quien los fiscales obligaron a entregar su teléfono. Otro allanamiento fue en la vivienda de Germán Chub Choc, quien en 2009 quedó en silla de ruedas por el ataque de un guardia de seguridad de la CGN.

Además allanaron la casa de Juan Eduardo Caal Suram, un pescador y barbero que también es acusado en el caso por la protesta de 2017. Se han realizado allanamientos en bares y se ha capturado a personas ebrias por escándalo en la vía pública.

–El Estado de Sitio es una injusticia en contra del pueblo q’eqchi’. Estamos siendo criminalizados por querer que se haga la consulta comunitaria a la que tenemos derecho como pueblo indígena– dice el pescador.

El sol ya desapareció y una tormenta se avecina en El Estor. Son ya las seis y cuarto de la tarde. El toque de queda empezó hace 15 minutos, pero el pescador aún no llega a casa, todavía faltan cinco minutos.

Aunque el toque de queda tiene una vigencia de 30 días, que concluyen el 23 de noviembre, en El Estor pocos lo obedecen. En las calles del pueblo las tiendas de conveniencias, restaurantes, carretas de tacos, ventas de pupusas y pollo, puestos licuados y una que otra cantina siguen abiertos. 

En la carretera principal, además, no dejan de pasar decenas de camiones de carga. Según los pobladores, son de la empresa.

El vehículo en el que vamos sale de la carretera principal, dos kilómetros antes de llegar a El Estor, donde hay un retén policial, y se adentra en un camino de terracería, bordeado por siembras de palma africana. Es la única vía para llegar a la casa de Bin Pou.

Ya anocheció. En medio de la oscuridad del camino de terracería titila una luz. Es un foco instalado a la entrada de una vivienda de madera y varillas de bambú, como la mayoría de la zona. Es la casa de Bin Pou. El bombillo alumbra la puerta y también su cocina, pequeña, hecha con madera y láminas de metal. Ahí, su esposa, Alicia Pop, de 55 años, tira las tortillas sobre un comal para la cena.

Abandona el fogón cuando Bin Pou baja del vehículo. Lo recibe con un abrazo tímido. Algunos de sus nietos corren emocionados a encontrarlo. Los demás niños y los hijos del pescador, que siguen alrededor del fuego, lo saludan en q’eqchi’. Sonríen.

***

El 31 de octubre, la Policía intentó capturar de nuevo a Eduardo Bin Pou mientras caminaba en las calles de El Estor. Utilizaron como argumento la orden de detención del caso en el que fue absuelto tras comprobar que no había ayudado a una comunidad a que se asentara en áreas protegidas.

El pescador evitó que lo esposaran gracias a que sus abogados le enviaron la sentencia a través de Whatsapp.