Ocote viajó a El Estor, Izabal, para conocer la situación del Estado de Sitio decretado por el Gobierno, después de nuevas protestas de los pobladores en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Grupos de pescadores y líderes de comunidades q’eqchi’es protestan por su exclusión del proceso de consulta comunitaria y denuncian las operaciones de la minera a pesar de que una sentencia de la Corte de Constitucionalidad suspendió su funcionamiento.
Autoría: Sandra Sebastián y José David López
El 4 de octubre de 2021, pobladores de El Estor bloquearon el paso a automóviles y camiones de la CGN en la entrada del municipio. El Gobierno los desalojó el viernes 22 de octubre. Alegó que el bloqueo impedía la movilización no solo de los vehículos de la empresa, sino de todas las personas. En el desalojo, la Policía Nacional Civil (PNC) custodió los camiones de la minera para que avanzaran hacia las instalaciones de la empresa.
Desde hace cinco décadas, pobladores, líderes comunitarios y organizaciones ambientalistas se han opuesto a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), antes llamada Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (Exmibal).
El 13 de enero de 1971, pocos meses antes de que se firmara el contrato con Exmibal, el diputado Julio Mijangos López fue asesinado. Mijangos era parte de la comisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que evaluó la lesividad del convenio entre Guatemala y EXMIBAL y se opuso a la concesión del terreno que actualmente ocupa la CGN. Le dispararon en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Los familiares de Mijangos exigieron que se investigara el crimen y señalaron al Gobierno del entonces Presidente, Carlos Arana Osorio.
Desde entonces, los vecinos de El Estor han denunciado la contaminación de la minera en el lago de Izabal, la falta de de puestos laborales para los vecinos del municipio, las condiciones de trabajo poco seguras en sus instalaciones y también las violaciones de mujeres q’eqchi’es cometidas por trabajadores cuando la minera era propiedad de la canadiense Hudbay Minerals.
En mayo de 2017, un grupo de pescadores acompañados de decenas de pobladores bloquearon la carretera que lleva a la mina. La Policía, después de 14 días de protestas y sin que el Estado respondiera con instrumentos de diálogo, llegó a dispersar el bloqueo. Durante la manifestación murió Carlos Maaz, uno de los pescadores. Cuatro pescadores y un periodista aún enfrentan cargos por las protestas de ese día.
[Lee aquí: Los pescadores perdieron la paciencia]
Hace un mes, los pobladores salieron a la calle de nuevo, esta vez con dos reclamos principales: el primero es que la empresa opera pese a que la Corte de Constitucionalidad suspendió sus operaciones. La CC emitió una sentencia en julio de 2019, en la que dictaminó que el Gobierno no había celebrado una consulta comunitaria antes de que el proyecto se pusiera en marcha.
La CGN ha informado que sus operaciones de extracción están detenidas, pero no el funcionamiento del proyecto extractivo Montúfar, ubicado en Los Amates, Izabal, ni la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), que es la encargada de tratar el mineral que extrae la CGN y otras empresas mineras.
El Ejecutivo asegura que la “planta procesadora y otros derechos mineros“ no están relacionados con la resolución de la CC. “Su operación está vigente y se considera apegada a la ley”, asegura.
Desde imágenes satelitales se puede observar el enorme cambio en las montañas explotadas por la minera. El cambio más significativo ha ocurrido después de 2010.
El otro señalamiento de los pobladores es que la mayoría de comunidades indígenas q’eqchi’es han sido excluidas de la preparación de la consulta comunitaria que el máximo tribunal había ordenado hacer en ese mismo fallo. Según el Bufete de Pueblos Indígenas, 47 comunidades han sido excluidas de la consulta.
En entrevista con elPeriódico el 27 de de octubre, Oscar Pérez, viceministro de la cartera de Energía y Minas, aseguró que a esas 47 comunidades se les informará más adelante sobre este proceso de consulta, ya que ahora están en una fase de “preconsulta“.
Para hacerle frente a los pobladores que se oponen a la minera, el Gobierno decidió imponer un Estado de Sitio el 23 de octubre de 2021, que incluye un toque de queda que dura de las 18:00 a las 6:00.
La PNC reporta hasta el 10 de noviembre 63 capturas. Ninguna relacionada con el desalojo ocurrido el 22 de octubre.
Entre los capturados hay personas que, según la PNC, se encontraban en estado de ebriedad y un hombre que supuestamente guardaba municiones para armamento pesado dentro una cantina llamada Iguana Power. El bar continuaba funcionando un día después de su detención.
Otro de los capturados, el 27 de octubre de 2021, fue Eduardo Bin, líder comunitario y dirigente de un grupo de pescadores de El Estor. Su detención fue realizada con una orden de captura que ya no estaba vigente: era una orden que se había girado después del enfrentamiento que tuvo lugar en 2017 en el que murió el pescador Carlos Maaz, y por la que Bin ya fue procesado y está en libertad condicional. Fue liberado después de pasar una noche en la cárcel de Puerto Barrios.
[Quizás te interesa leer: Las sombras detrás de la captura de un pescador]
Como parte del Estado de Sitio también se hicieron allanamientos en casas de personas que habrían estado involucradas en el bloqueo de la carretera. Uno de estos operativos se realizó en casa de Juan Bautista Xol, periodista de Prensa Comunitaria. Otro allanamiento fue en la vivienda de Germán Chub Choc, quien quedó en silla de ruedas por el ataque de un guardia de seguridad de la CGN, en septiembre de 2009. En ese incidente fue asesinado Adolfo Ich, defensor de derechos ambientales y líder de la comunidad de Las Nubes.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) manifestó su condena a la violencia ocurrida durante el desalojo de los pobladores “fundamentalmente por las acciones de los agentes de la PNC”. Además expresó su rechazo a las agresiones y restricciones a la prensa ocurridas ese día.
Algunos de los líderes de El Estor han huido del municipio. Temen que los capturen. Otros temen por sus vidas.
Un trabajador de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (Aepdi) conocida también como Defensoría Q’eqchi’, que prefiere que no se publique su nombre para evitar represalias, señala que su oficina ha sido asediada por agentes policiales. Luego de las protestas de 2017, la Defensoría Q’eqchi aseguró que, durante el desalojo de ese año, las balas que mataron a Carlos Maaz venían del bando de la policía.
Aunque el toque de queda, avalado por el Congreso, está vigente, pocas personas lo respetan. Después de las seis de la tarde, en las calles de El Estor las tiendas de conveniencia, restaurantes, carretas de tacos, ventas de pupusas y de pollo, puestos de licuados y una que otra cantina siguen abiertos.
Un taxista entrevistado por Ocote dice que el Estado de Sitio le ha causado más pérdida de dinero que el bloqueo de los pobladores que, asegura, solo impedía el paso de los vehículos de la mina. “La gente que sale ahora ya no es la misma que antes que vinieran los policías y los soldados“, añade.
La vendedora de una farmacia y una vendedora de tamales coinciden en que el bloqueo no les impedía el paso a los pobladores.
Los tres prefieren no dar su nombre, por seguridad. Creen que puede haber consecuencias en su contra.
Cerca de la casa de la señora que vende tamales hay un retén de la PNC. Dos agentes aseguran que estos días han tenido que dormir en un mercado desocupado de Río Dulce. “En el mercado tenemos nuestras colchonetas. Otras veces en el suelo nos ha tocado dormir”, dice uno.
El otro policía añade que hasta hace unos días le dieron hotel. “Todo esto es para proteger a la empresa”, admite. “La empresa solo le hace daño al pueblo, pero nosotros solo venimos a cumplir. Lo malo es que el sábado (23 de octubre) no nos mandaron armas y no teníamos cómo defendernos”, dice.
Con el paso de los días, la presencia de la Policía ha disminuido y más negocios empiezan a abrir durante el toque de queda que durará 30 días.
