La Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, integrado por todos los presidentes de los colegios profesionales de Guatemala, confirmó la sanción que dictó el Tribunal de Honor del Colegio de Veterinarios contra Dennis Guerra Centeno, catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac, quien fue denunciado por exalumnas que lo señalaron de acoso y abusos sexuales.
El 12 de mayo de 2021, cinco exalumnas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) denunciaron ante la facultad y ante el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala a Dennis Sigfried Guerra Centeno, entonces catedrático de la Escuela de Posgrado de la facultad.
Las exestudiantes señalaron que Guerra Centeno había utilizado su papel como docente para abusar sexualmente de dos de ellas y para acosar y buscar acercamientos sexuales con las demás, durante varios años, cuando ellas todavía eran alumnas.
Estas acusaciones fueron recogidas en un reportaje periodístico publicado por Ocote.
[Lee aquí el reportaje “Exalumnas de veterinaria denuncian a docente por abusos sexuales”]
Dos meses después, el 16 de julio de 2021, luego de realizar una investigación, el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas resolvió amonestar públicamente a Dennis Guerra, por faltas a la ética.
Según el fallo del Tribunal de Honor, Guerra Centeno incumplió el artículo 41 del Código de Ética del Colegio de Veterinarios, que establece que “como docente, el colegiado deberá observar, además de la debida ética en todo su actuar, ecuanimidad en el trato para con sus alumnos, absteniéndose de favorecer o perjudicar a alguno en especial, ya sea por simpatía, dádivas o presiones de cualquier tipo”.
En la resolución, el Tribunal de Honor concluyó que la comunicación profesor-estudiante de Guerra “dejó de ser ética, ya que en ocasiones puntuales la misma se tornó inapropiada y alejada de una intención académica”.
La institución añadió que el mismo Guerra había admitido “no poder controlarse” y aseguró que “quisiera ser más respetuoso” con una de las alumnas. “Además de que en las pruebas de descargo que el denunciado entregó, admite ‘hacer piropos o comentarios’ que después lamenta hayan sido sacados de contexto”, explica el fallo.
El Tribunal de Honor también estableció en julio que hubo un trato desigual con sus estudiantes ya que Guerra entregó “dádivas” a sus alumnas. Una de estas, según el órgano administrativo, fue un libro con una dedicatoria.
La amonestación pública implica que esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial y en el periódico de mayor circulación de la Ciudad de Guatemala.
Según indicó entonces a Ocote el Colegio de Veterinarios, en respuesta a una solicitud de información, Guerra apeló la resolución del Tribunal de Honor, que pasó a conocer la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales.
Esta asamblea es un cuerpo colegiado, integrado por todos los presidentes de los colegios profesionales de Guatemala. El 26 de octubre de 2021, la institución emitió su resolución: rechazó la apelación de Guerra y confirmó la resolución del Tribunal de Honor.
Los argumentos de Guerra y la respuesta de la Asamblea de Presidentes
En la resolución de la Asamblea de Presidentes, al que Ocote tuvo acceso, Guerra Centeno compartió varios argumentos para apelar a la resolución del Tribunal de Honor. Entre ellos, aseguró que el órgano del Colegio de Veterinarios no le había permitido tener una “audiencia a viva voz”, como la que tuvieron las denunciantes. Según Guerra, esto evidencia la parcialidad de este órgano.
Sin embargo, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales explicó en la resolución que el mismo catedrático, en un memorial que envió al Tribunal de Honor, confirmó que sí se le concedió una audiencia, pues él mismo expresa en el documento que, de ser necesario, se le “brinde nueva audiencia para responder las preguntas y dilucidar dudas que pueda tener este honorable tribunal”.
El catedrático también indicó en la resolución que durante el proceso administrativo en su contra no se le entregó copia de las grabaciones sonoras o audiovisuales que se hicieron durante la audiencia de las exestudiantes. “A la fecha, sigo sin saber qué se dijo ni qué preguntas se les hicieron a las denunciantes, me dejan en un absoluto estado de indefensión”, alegó Guerra.
La Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales explicó que éstas grabaciones se realizaron bajo la condición de “confidencialidad” y que son de uso exclusivo del “Tribunal de Honor y de la asesoría legal” de ese órgano, si esta fuese necesaria.
Otro de los reclamos del docente fue la supuesta existencia de “un segundo periodo probatorio” durante el proceso en su contra, en el cual las exalumnas pudieron entregar más “medios de cargo” en su contra. Guerra calificó esto como un “vicio procedimental”.
La asamblea estableció que se trató de la investigación ordinaria que se practica luego de celebrar las audiencias en las que se escucha al denunciado y al denunciante, y que está regulada en el artículo 73 de los Estatutos del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala.
En este apartado y en el artículo 72 se establece que el Tribunal de Honor de este colegio le dará 10 días al denunciado para que presente sus pruebas de descargo y luego este órgano tendrá un plazo de 30 días para realizar la investigación del caso.
Guerra Centeno aseguró que le impusieron una “sanción grave”, pese a que nunca antes había sido sancionado. Sin embargo, la Asamblea de Colegios Profesionales argumentó que en el artículo 76 del Estatuto del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala, en el que se incluyen las sanciones, “no indica claramente qué sanciones son graves, porque únicamente menciona varias clases de sanciones”.
Este estatuto se mencionan cinco sanciones, en el siguiente orden: amonestación privada, sanción pecuniaria, amonestación pública (la sanción impuesta a Guerra), suspensión temporal y suspensión definitiva en el ejercicio de su profesión.
En el siguiente párrafo se indica que “El Tribunal de Honor queda facultado para imponer gradualmente la o las sanciones que correspondan al sancionado y, en caso de reincidencia, la sanción será la inmediata superior.
En la resolución la Asamblea concluye que la sanción impuesta por el Tribunal de Honor fue “congruente y con proporcionalidad de acuerdo a los hechos denunciados”.
El docente también argumentó que el Tribunal de Honor conoció hechos que podrían ser delito y por lo tanto, según dijo, los únicos competentes para pronunciarse son el Organismo Judicial y el Ministerio Público.
“El Tribunal de Honor (…) actuó con apego a derecho, no vulneró derechos individuales ni violentó garantías constitucionales del apelante”, concluyó la Asamblea de Presidentes. Por esto, declararon sin lugar el recurso de Guerra y confirmaron la resolución del Tribunal de Honor.
Según pudo conocer Ocote, el 10 de noviembre, Guerra presentó un recurso de ampliación en la Asamblea Colegios Profesionales. En el mismo, presentó varios de los argumentos que había expuesto en la apelación. El recurso fue rechazado dos semanas después por este órgano.
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Estaban Celada, abogado de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), explica que, a pesar de esta resolución de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, el proceso sancionatorio todavía podría seguir abierto.
De acuerdo con Celada, la ley deja la posibilidad de que la persona apelante, en este caso Guerra, presente una solicitud de amparo ante una sala de apelaciones del ramo civil, que podría revertir o confirmar la decisión de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales.
Además, el abogado aclara que la última instancia para resolver el caso sería la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal de justicia en Guatemala. “El docente todavía podría presentar una apelación de amparo si considera que alguno de sus derechos se vulneró”, indica Celada.
Ocote trató de comunicarse con Guerra Centeno para conocer su opinión sobre la resolución de la Asamblea de Presidentes y saber si la acatará o tomará otras acciones, pero no respondió las llamadas, los correos ni los mensajes de WhatsApp.
Su abogado, José Roberto Barrios Aguilera, se contactó con Ocote para informar que Guerra únicamente daría una entrevista sobre el caso por medio de una transmisión en vivo a través de Instagram.
En respuesta a esto, Ocote le recordó que el medio se rige por un código ético y que los entrevistados no deciden sobre las publicaciones. El 27 de enero se propuso a Barrios que Guerra pudiera dar las declaraciones de manera verbal al periodista, por escrito o a través de su abogado, pero al cierre de la edición de este texto no se recibió ninguna respuesta.
El silencio del MP
El 15 de mayo de 2021, un día después de la publicación del reportaje de Ocote, el Ministerio Público (MP) abrió un expediente de oficio e inició una investigación contra Guerra Centeno.
Dos meses después, la Fiscalía de la Mujer, a cargo del caso, tomó declaraciones a tres de las exalumnas, al Tribunal de Honor del Colegio de Veterinarios y a la junta directiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Pero, hasta enero de 2022, las exestudiantes no han sabido de más avances en el caso.
Rosana Castro, fiscal a cargo del caso en la Fiscalía de la Mujer, indicó por teléfono a Ocote que no podía pronunciarse al respecto y pidió que el medio se comunicara con el departamento de comunicación del Ministerio Público.
Ocote solicitó una entrevista a Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, y a su asistente, pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
Nota de edición: El 8 de febrero de 2022 se corrigió la información sobre el puesto de Dennis Guerra en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Según informó la dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad, Guerra no tiene contrato laboral para el año 2022.
