Después de las tormentas
Salud pública y seguridad
M. Montenegro: “La sociedad les hace pensar que el premio a la violencia sexual es el embarazo”
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En Guatemala, las cifras de embarazo en niñas y adolescentes van en aumento. Lo aseguran las inscripciones del Renap y los datos del Ministerio de Salud. Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), asegura que la consciencia en las autoridades y en la sociedad son indispensables para reducir el número de menores que viven traumas físicos y psicológicos. Según Mirna, una paternidad responsable, un Estado diligente, el acceso eficiente a salud y a educación son imprescindibles para que se prevenga la violencia sexual y los embarazados forzados.


El último informe del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) registra, de enero a octubre de 2019, el embarazo de 2,030 niñas entre 10 y 14 años; y 69,158 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Desde hace 11 años, el OSAR ha llevado la contabilidad de las miles de niñas embarazadas y supervisa las políticas públicas relacionadas con salud y educación.

Mirna Montenegro Rangel es médica salubrista, socióloga y directora del OSAR. En esta entrevista, Montenegro analiza las cifras de embarazos en niñas adolescentes que implican procesos de trauma para las menores. Montenegro retrata a un país que está obligado a reconocer que este es un problema gravísimo, que afecta a miles de personas; afrontarlo y resolverlo.

El OSAR fue fundado en 2008, por el Congreso de Guatemala, en su función de fiscalizador, en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), el Instituto Universitario de la Mujer de la Usac, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, el Colegio de Médicos y Cirujanos. Con el apoyo de organismos internacionales y del Ministerio de Salud (a partir de 2019), se enfoca en contabilizar los casos de niñas y adolescentes embarazadas. Monitorear e identificar casos. El objetivo: aportar a la reducción de muertes maternas, fortalecer el trabajo de las comadronas y atender a víctimas de violencia sexual.

El OSAR, además ha impulsado, con ayuda de la Comisión de Salud del Congreso, proyectos de ley en planificación familiar y desarrollo social, con enfoque en la educación integral en sexualidad. En los que buscan poner en las agendas temas como la desigualdad de género, los derechos sexuales y la visión de la anticoncepción, explica Montenegro.

Entre sirenas de ambulancias que poco descansan, en un edificio frente al Ministerio de Educación en zona 10, están las oficinas del Observatorio. Montenegro traza la ruta: “Este es un país conservador, todo lo que suene a salud reproductiva o salud sexual, rápido lo colocan entre corchetes”.

OSAR cuenta más de 80 mil niñas y adolescentes embarazadas, entre enero y agosto de este año. Mientras la cifra aumenta en adolescentes, la tasa de embarazos en mujeres adultas disminuye. ¿Cuáles son las causas?

El embarazo en adolescentes y la violencia sexual realmente son multicausales. La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil indica que el 60% de las adolescentes embarazadas es pobre. Son quienes tienen menos acceso a servicios -de educación y salud, quienes tendrán más posibilidades de tener un embarazo adolescente o están más vulnerables a sufrir violencia sexual-. Existe una tríada de vulnerabilidad cuando hablamos de embarazo en adolescentes: pobreza, poco acceso a educación y población indígena.

¿El Estado está actuando a la altura del problema?

Yo te diría que de todos los ministerios, el Ministerio de Salud es el que más avanzado está. Y tal vez porque al Ministerio de Salud le toca contar los casos y atender los partos. Hay un protocolo especial para la atención. Tiene personal sensible que denuncia en el Ministerio Público (MP). Que el MP y la PGN (Procuraduría General de la Nación) investiguen, ese ya es otro tema. Sin embargo, faltan sistemas de información. A las niñas embarazadas las buscas en los registros locales (puestos de salud) y cuando las buscas en sus viviendas no encuentras ninguna. Aparecen cuatro en Sololá y cuando preguntas en el departamento te dicen que el digitador se debió haber confundido, porque no saben cómo localizarlas.

Falta tener una atención más especializada para las niñas. Normalmente es el Ministerio de Salud el que da la atención psicológica, que es otra gran carencia que tienen las niñas. La salud mental no se ve en los procesos de embarazo. Las psicólogas se enfocan en que la niña acepte el embarazo. Y debería enfocarse en aprender a convivir con la agresión que sufrió; y no en la aceptación del embarazo y del bebé.

En Huehuetenango hay tres psicólogos para 33 municipios y 100 casos de violencia sexual. Si les va bien, podrán ir una o dos veces al año con cada una de las niñas. Y eso asumiendo que la niña va a tener los recursos para movilizarse hacia el servicio de salud. Existen terapias grupales para la autoayuda que han sido de beneficio. Hay que fortalecer la respuesta multisectorial.

¿Qué políticas públicas resguardan a las menores de edad embarazadas?

Tienes un marco legal favorable de protección a la niñez. La Ley contra la Violencia Sexual dice que un embarazo en cualquier menor de 14 años automáticamente se tipifica como violencia sexual. Tendría que haber una denuncia inmediata y todo un sistema de protección que se active para defender a la niña. Pero en lo operativo, tú puedes sacar a un agresor si lo encuentras en flagrancia. Es decir, mientras la persona está cometiendo la violencia sexual se le puede llevar presa, pero si no, el Ministerio Público (MP) tiene tres meses para investigar si el agresor realmente actuó contra la niña.

Si el agresor es el papá o el padrastro, la PGN hace un rescate y se lleva a la niña. Para nosotras esa es una de las vulneraciones más grandes, porque sacas a la víctima de su entorno como si ella fuera la delincuente. Si le va bien, podrá ir a uno de los albergues de organizaciones como La Alianza o El Refugio donde las tratan bien, tienen psicólogas y tratamientos.

[Escucha aquí el episodio de Radio Ocote: “Madre a los trece. La pandemia del abuso sexual contra menores”]

Pareciera que es una construcción a medias, un tanto abandonada. ¿Qué hace falta para poder defender a las menores de edad?

Necesitamos ser una sociedad con criterios más amplios. Discutir. Si tuviéramos conocimiento suficiente sobre la violencia sexual, lo más probable es que cuando una niña se sienta vulnerada, confiaría en que el entorno ayudará a protegerla y a llevarla a un servicio de salud. Debemos tratar la violencia sexual como una emergencia médica.

Tenemos un marco legal favorable ante los derechos de la niñez, pero es un marco teórico que no se aplica en lo práctico. Las niñas víctimas de violencia sexual, embarazadas, están siendo contadas, pero después se hace poco por ellas. Las mujeres no tienen suficiente acceso a información o a métodos anticonceptivos, y por eso tienen que enfrentar un embarazo. Y en el caso de las niñas es peor, porque la sociedad les hace pensar que el premio al sufrimiento y a la violencia sexual es precisamente el embarazo.

Poco se entiende la situación de una niña madre. Desde la psicología se trabaja con ella para que le dé de mamar a su hijo, aunque ella tenga 10 años. Se le habla de ser buena madre, querer a su bebé y lavar los pañales. Ahora agreguemos que muchas de estas niñas viven en comunidades indígenas y rurales. Y luego son discriminadas porque no entran ni en la categoría de niñas ni en la categoría de adultas.

¿Cuál es el impacto sobre los hijos e hijas que nacen de niñas embarazadas?

Hablemos primero de lo médico. El cuerpo de una niña menor de 14 años no se ha desarrollado. Habrán complicaciones obstétricas, infecciones urinarias a repetición, puede haber anomalías en el sistema nervioso, porque como es un embarazo no deseado entonces no hay procesos prenatales, ni tratamiento de ácido fólico y hierro. El tamaño de las niñas en Guatemala, a causa de la desnutrición, conlleva a que una niña de 10 años mida 1.35 metros y su cuerpo pese 80 libras. ¿Cómo dar a luz un embarazo de 40 semanas saludable en esas condiciones (físicas y sicológicas)?

La mayoría de partos en menores de 12 años son a través de cesáreas. Eso presupuestariamente te implica tres o cuatro veces más que un parto normal. Por norma todas las niñas deben ir a un servicio de salud o a un hospital, donde igual te van a tratar si eres niña de 10 u 11 años, a que si eres una adulta de 30 o 35.

El recién nacido, tendrá problemas de bajo peso al nacer. Pesará menos de cuatro libras, tendrá 14 veces más probabilidades de morir y tendrá complicaciones en su crecimiento. A nivel social se contabilizan intentos de suicidio. Hay depresión en las niñas, violencia por parte de la familia, falta de aceptación hacia el bebé.

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En un albergue de Alta Verapaz donde viven al menos 20 niñas, era increíble ver como las niñas chiquitas cargaban bajo el brazo a los recién nacidos, como que fueran muñecos. Hay muchos casos en que las abuelas se hacen cargo de los nietos, asumiéndolos como hijos propios.

Hace falta una atención integral a la niña cuando está embarazada. Tenemos casos de niñas de 10 años que después de haber tenido un bebé aún no tienen senos para poder amamantar. Y aun así en el hospital le dicen “ponételo, dale de mamar”, sin ponerse a pensar en la situación mental de la niña. Hay un síndrome de alienación parental en el que la niña ve al bebé y lo que le recuerda es al agresor. Imaginemos cuando el agresor es su papá, su padrastro, su abuelo y que no es una única violencia, sino es una violencia sistemática que empieza cuando la niña tiene seis o siete años.

Muchas niñas notifican a su mamá y no les creen. Pero quizá esas mamás también son víctimas de violencia, y son abusadas. Hay todo un ejercicio patriarcal en que el hombre siempre va a tener la razón. Él no es el culpable.

En el Censo de Población y Vivienda 2018 se hizo esta pregunta: “¿A qué edad tuviste tu primer hijo o hija?” y la pregunta iba dirigida únicamente a mujeres. ¿Por qué no preguntar también a los hombres?

A los hombres tendrías que preguntarle a qué edad tuvieron su primera relación sexual. La mayoría ni siquiera sabe cuándo resultó embarazada su pareja. Allí falta una pregunta con enfoque de género.

En el caso de las madres adolescentes vas a encontrar que sólo un 9% está unida o casada. Si se ve el caso de los hombres, ni siquiera aparece el tema de la unión o el matrimonio. Sería importante preguntarles para no invisibilizar el tema de la paternidad.

Cuando le preguntas a una mujer, existen estadísticas de controles prenatales, el embarazo y demás. En cambio, el único dato que te puede sustentar la paternidad en un hombre es su palabra. Eso es lo difícil en el marco de las estadísticas.

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Es necesario trabajar el tema de las nuevas masculinidades y la paternidad responsable para que los hombres aprendan de sentimientos, de responsabilidad a no ser agresivos y a aprender a organizarse. Eso es el mismo hombre quien lo hace. En el feminismo nos reconstruimos como mujeres, pero todavía no tenemos nuevas masculinidades para que los hombres puedan reconstruirse. Pero ese es un trabajo que les toca hacer a los hombres.

¿Podemos afirmar que este es un país del padre ausente?

El Censo de Población y Vivienda 2018 dice que en el 18 por ciento de los hogares guatemaltecos una mujer es la jefa de hogar. Entonces sí.

Pero no sólo es ausente porque no está la figura de padre, es ausente porque en realidad los roles que juegan los hombres no son precisamente de integración familiar, de sentimientos, de experiencias. Eso tiene que ver con los patrones patriarcales en que son formados y por las relaciones de poder. Suelen copiarse los modelos, entonces de un padre agresor, violento y machista lo que vas a tener son hijos agresores, violentos y machistas.

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Sabemos que ustedes en el OSAR se centran en la salud de menores, pero ¿es posible definir un perfil de los abusadores?

No tenemos ese tipo de estudios. En el año 2013 y 2014, cuando empieza el tema denuncias porque antes no había ninguna, se publica un estudio circunstanciado de la Procuraduría de los Derechos Humanos que te dice que el 90% de los agresores son familiares cercanos a la niña. Vecinos o que viven y conviven con la niña. Y de este 90% un 30% es el padre de la niña. Sin embargo, no tienes estudios que te digan cuál es el perfil de un agresor y tampoco tienes procesos de rehabilitación para los agresores.

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Conocemos casos en los que las niñas denuncian a sus agresores ante el sistema, a su padre por ejemplo, pero  terminan siendo ellas las juzgadas por la sociedad. ¿Cómo podemos desarticular este sistema que coloca a las víctimas como culpables?

Yo te diría que tiene que ver con el contexto y el entorno social. Nuestro sistema es eminentemente conservador. La maternidad es idealizada; es patriarcal y machista. Nosotras hemos visto casos donde las niñas denuncian y son desterradas de la comunidad por haber denunciado al agresor. El sistema de justicia tiene operadores que a veces piensan que en realidad la niña tiene la culpa por estar provocando al padrastro, al hermano o al abuelo. Nosotras creemos que eso puede cambiar en la medida en que vayamos desnaturalizando esos patrones.

En el sistema social es más difícil. La prevención es totalmente familiar y comunitaria. Los casos que se descubren es porque algún eslabón de la cadena se rompió. La abuela, la tía, la hermana más grande que ya había sido víctima de violencia sexual y que al ver a una de sus hermanas embarazada, va y denuncia. Hay que fortalecer este protagonismo de mujeres y hombres empoderados que pueden ir cambiando los patrones patriarcales para que las niñas tengan mejores oportunidades.

Hay programas de empoderamiento de niñas donde les enseña sobre sus derechos, les enseñas hasta sobre créditos de productividad, que van asociados al empoderamiento de la mujer. Cómo generar trabajo para tener tu propio dinero y así poder tomar decisiones.

Con la iniciativa de ley 5272, que prohíbe la educación sexual en las escuelas, ¿cómo hacer para que la información esté al alcance de las y los adolescentes?

Hemos hecho el análisis de la iniciativa 5272. Realmente tiene artículos que son inconstitucionales. Ya tenemos un marco legal que te habla de desarrollo social y de maternidad. Y hay estudios donde los padres de familia te aseguran que prefieren que la educación sexual la dé la escuela porque ellos no saben y no quieren hablar con sus hijos. Esta iniciativa es retrógrada en el marco de la educación integral en sexualidad.

Cuando hay educación, los y las adolescentes, los y las niñas, tienen realmente mayor empoderamiento en la capacidad de asumir las consecuencias de lo que hacen. Se define el empoderamiento y tienen una mejor planificación sobre su vida sexual y reproductiva. La educación sexual otorga instrumentos y herramientas para madurar, transformarte e ir definiendo qué es lo que quieres hacer en un futuro.

A nosotras como médicas el tema del aborto espontáneo, que en términos médicos es un 10% de los embarazos los que terminan en aborto por naturaleza. Y esta iniciativa dice que si hay cualquier tipo de aborto se te puede acusar legalmente. No estamos de acuerdo.

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¿Qué propuestas hay desde los  movimientos ciudadanos?

El movimiento de mujeres es el que más se ha pronunciado y el que más ha colocado el tema en el debate. El movimiento por la niñez también es fuerte en Guatemala. Está empujando la Ley de Protección Integral a la Niñez y ha propuesto programas en relación al trato de las niñas y su protección, pero hace falta que sea relevante para la agenda pública.

Los movimientos están un tanto fragmentados. Yo puedo decir que nosotras como Observatorio cumplimos con dar la información y poner los datos. Señalamos, para nosotras, casos emblemáticos. Creo que ayudaría mucho si se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que aún se evalúa en el Congreso, porque varios artículos hablan específicamente de las niñas. Pero nos hace falta construir escenarios conjuntos. El cambio de gobierno y el cambio de Congreso sería buen momento para sentarnos a construir escenarios y articular esfuerzos, porque si cada quien jala para su interés, será difícil dar una respuesta.

Lo que necesita la ciudadanía es tener más mecanismos de participación. Este es un tema que deberían tratar los consejos de desarrollo departamental, en las alcaldías, en las iglesias. El tema se trata en conferencias de prensa y de repente en algún tipo de congreso, pero faltan acciones concretas y falta unificar esfuerzos.

¿Cómo es posible hacernos conscientes de la gravedad de este asunto?

Los datos y el marco legal te hacen consciente. Si vieras los casos te harías sensible ante la problemática de la niña y luego necesitamos espacios de articulación dentro de tantos temas que compiten y tanta crisis que tenemos a nivel de país. Es difícil que uno de estos temas sea el prioritario. Entonces, necesitamos articuladores o gestores de políticas que harán de este tema un tema prioritario y que le puedan dar respuesta y una respuesta no sólo en el marco de una ley. Debe ser una respuesta que también baje a lo local, porque igual tienes que trabajar en la prevención y en la atención.

Y aun así no somos conscientes como sociedad.

No. No somos conscientes porque el tema de la violencia sexual toca muchas fibras sensibles. ¿Cómo hacer para que alguien que está creado en una fe religiosa comprenda que la anticoncepción de emergencia debe estar en todos los hospitales, y todos los niños y niñas deben saber que si hay violencia sexual hay que buscar un servicio de salud?

¿Cómo haces para que una mente conservadora entienda esto? ¿Cómo haces para explicar que las niñas deberían tener opción a una interrupción voluntaria del embarazo porque pone en riesgo sus vidas? Al menos un 70% de la población se cierra ante este tema. Necesitamos ser más tolerantes, ampliarnos a la evidencia científica y al contexto de los datos que están sucediendo.

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