(Nota aclaratoria: El estudio de Flacso utiliza nombres ficticios para guardar la identidad de las adolescentes; pero según nuestro manual de estilo, en Agencia Ocote optamos por omitir su nombre)
Ella tenía 18 años. Estudiaba quinto de primaria, en un municipio de Alta Verapaz. De origen étnico maya, venía de una familia humilde. Empezó a salir con un joven. Él llegó a su casa un día, para “pedirla” para casamiento. Su padre y su madre aceptaron.
Los dos adolescentes migraron a la capital. Ella comenzó a trabajar limpiando en una casa. A los cinco meses comenzaron los dolores. De espalda, de pies. En la casa le preguntaron si estaba embarazada. Desde hacía semanas no le bajaba la menstruación, pero ella rechazaba esa idea. Se negaba a aceptarla.
Pero el vientre se le empezó a hinchar.
La joven regresó a casa de sus padres. Su madre, preocupada, achacó la hinchazón a alguna enfermedad.
Al poco tiempo, ella se quitó la vida. Su hermana pequeña la encontró detrás de la vivienda, sobre el suelo de tierra, lodoso.
Había consumido herbicida.
La autopsia despejó las dudas: 29 semanas de embarazo. Siete meses.
Esta historia es una de las 14 recogidas en el estudio , publicado en agosto de 2019 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Guatemala.
La investigación, realizada principalmente por Ana Lucía Ramazzini Morales y coordinada por Walda Barrios-Klee, recoge casos de adolescentes que se suicidaron después de saber que estaban embarazadas. Fue su única vía de escape ante una situación que para nada buscaron, y ante la que el Estado no dio ninguna respuesta.
El estudio tiene ese subtítulo, “Una tragedia de la que no se habla”, porque en Guatemala se desconoce cuántos casos de suicidio adolescente están relacionados con un embarazo forzoso. Las instituciones públicas no los sistematizan.
Las investigadoras hallaron 14 historias, que ocurrieron entre 2010 y 2019.
Algunos datos del documento: las adolescentes de los casos que identificaron tenían entre 13 y 20 años. El 42.8% era de origen maya. El 78.57% estaba en condición de pobreza.
El 64.28% murió por envenenamiento.
El 35.71% por ahorcamiento.
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Violencia machista, Estado ausente
Segundo caso. Igual que la primera adolescente, ella también tenía 18 años. También era de Alta Verapaz. De origen étnico q’eqch’i. Familia en condiciones de pobreza.
Hasta allí las similitudes. A ella la violó su cuñado, el esposo de su hermana mayor, unos 20 años mayor que ella. De esa violación, resultó embarazada. Ese día, ella llegó llorando a su casa, pero nadie le puso atención. Sus padres no se dieron cuenta de lo sucedido y ella no contó nada.
Después de violarla, él la amenazó para que no hablara. “Si tú le decís eso, voy a ver qué hago, puede ser que pueda matar a tu hermana”. Y ella calló.
Cuando descubrió su embarazo, decidió abortar. Fue con un curandero, pero días después se seguía sintiendo mal.
Decidió tomar veneno.
Igual que en la primera historia, también fue la hermana quien la encontró, aún con vida. Vomitaba compulsivamente. Llamó a los bomberos, quienes la llevaron al hospital. Horas más tarde, murió ahí.
Su familia presentó una denuncia en el Ministerio Público, pero la fiscalía la desestimó al considerar que “no hay delito que perseguir”.
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En ocho de los 14 casos del estudio —como éste— las adolescentes fueron sometidas a violencia de género. En casi todos —12— se menciona la relación tóxica de las adolescentes con hombres. En varias de las historias se asume —porque no siempre se cuenta con información— que eran hombres mayores que ellas.
Un caso recurrente es el de las parejas de las madres, de quienes recibieron abusos. En las historias también se habla de relaciones sentimentales con un profesor, con un “señor” de quien se desconoce el nombre y de un “hombre más grande” que una de las adolescentes conoció por Facebook.
Las relaciones, dice la investigación, “muestran características de la masculinidad hegemónica: naturalización de la violencia, apropiación de los cuerpos y limitación de la autonomía”.
Uno de los hallazgos del estudio es que no existe una ruta estandarizada o un protocolo que relacione el suicidio o intento de suicidio con el embarazo en adolescentes. La investigación incluye información de entrevistas realizadas a personal de diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, les comentaron que cuando se establece que la muerte de la adolescente fue provocada por un suicidio, automáticamente queda fuera de la ruta de investigación y seguimiento del Protocolo de Vigilancia de Mortalidad Materna, y no se investiga si el suicidio estuvo asociado o no a un embarazo no deseado.
Otro de los hallazgos es que las instituciones especializadas en violencias contra las mujeres apenas recogen datos sobre suicidio. Y esto es un problema, porque implica que no existen cifras reales del tema. Y sin datos, no se puede entender el problema y llevar a cabo políticas públicas para prevenirlo.
En la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público dijeron que no tienen información. En la Fiscalía contra el delito de Femicidio, sin embargo, sí guardaban un pequeño registro: en los primeros siete meses de 2017, contabilizaron nueve suicidios de adolescentes y dos casos de adolescentes embarazadas, en Ciudad de Guatemala. Según el informe, estos datos se generan al descartar que no se trató de femicidios, pero la investigación se detiene ahí.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) sí cuenta con algunas cifras, a partir de información del Registro Nacional de las Personas y los certificados médicos de defunción. El estudio analizó datos de 2009 a 2017. Durante estos años, se identificaron 535 suicidios a nivel nacional de adolescentes menores de 20 años. 404 hombres y 131 mujeres.
Esta es la representación de las 131 mujeres por departamentos:
En su análisis, las investigadoras confirmaron que ninguna institución produce o publica información estadística sistematizada que permita dimensionar la vinculación entre suicidios y embarazos. No relacionan los dos fenómenos.
Sin embargo, al hacer un trabajo más minucioso y enfocado en un único departamento (Alta Verapaz) aseguran que existe esta relación entre suicidio y embarazo. Las investigadoras cruzaron los registros de estadísticas vitales con los de vigilancia epidemiológica y concluyeron que en 2015, el 40% de las adolescentes que se suicidaron estaban embarazadas.
La culpa
Ella vivía en del departamento de Guatemala. Tenía unos 15 o 16 años. En el estudio no se recoge su edad exacta. Estudiaba primero básico y quería estudiar Ingeniería en sistemas en la universidad.
Cuando su madre se iba a trabajar, ella quedaba a cargo de la casa y de su hermana.
Según recoge el estudio, ella tenía una relación con la pareja de su madre. Cuando su madre se enteró, comenzó a tratarla mal. No le daba dinero, la insultaba, le reclamaba haberse “metido con su pareja”.
El esposo de su madre la embarazó. Cuando él se enteró, se desligó. Dijo que seguramente no era de él. Que saber de quién era.
Antes de suicidarse, la adolescente escribió una carta. Decía que estaba embarazada, que él la había violado y que por eso quería morirse. Dijo que él le había dado dinero, que se sentía incomprendida, que su madre no la había escuchado. También le pedía perdón a ella.
Del mismo modo que en las primeras dos historias, también la encontró su hermana pequeña, de 13 años.
Murió ahorcada en su habitación.
La Policía Nacional Civil se llevó al esposo de su madre, pero finalmente la mujer retiró la denuncia.
El peritaje concluyó que ella tenía tres meses de embarazo.
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En el estudio se cuenta que cuando entrevistaron a las madres de las adolescentes, ellas dijeron que esa era la primera vez que hablaban de las muertes de sus hijas. En el tiempo desde que ocurrieron las muertes hasta que les realizaron la entrevista —en algunos casos habían pasado años— ninguna había recibido acompañamiento psicológico. Por la situación de pobreza en la que se encuentran, a la mayoría se les dificulta además desplazarse para recibir terapia.
Varias de las madres se sienten culpables. La investigación recuerda que el estigma generalmente recae en ellas. Que las familias y las comunidades las consideran “malas madres”. Primero, por “permitir” que embarazaran a sus hijas, después por el suicidio de ellas. Las culpan por haberse ido a trabajar, por haberlas dejado solas.
De las historias recogidas en “Vidas silenciadas”, que se sepa, más de la mitad las adolescentes querían seguir estudiando. Varias tenían ya una idea de la carrera que querían seguir. En sus proyectos de vida no tenían planes de quedar embarazadas.
Salvo dos casos, las adolescentes no tenían indicios de depresión. El estudio recuerda que esto da una oportunidad de desestigmatizar el suicidio y reflexionar sobre que no siempre la persona aislada o deprimida es la que puede llevarlo a cabo.
