A la sombra de árboles frondosos de pino y encino blanco, sobresale una estructura de cemento de unos tres metros de alto. Es un osario comunitario. Una retícula blanca, con …
A la sombra de árboles frondosos de pino y encino blanco, sobresale una estructura de cemento de unos tres metros de alto. Es un osario comunitario. Una retícula blanca, con recuadros celestes. En cada uno de los recuadros hay una placa con un nombre o un código. Una cruz blanca, con la frase «Víctimas C.A.I» corona la estructura.
Tres niñas que visten su indumentaria maya Kaqchikel y un niño permanecen de pie frente a la imponente estructura. La niña y el niño más pequeños se abrazan, mientras escuchan a las niñas mayores que intentan leer algunos nombres en las placas:
«Baldemar Sutuj Pichiyá, cinco años; Dionicio Sutuj Pichiyá, dos años; Francisca Sutuj Pichiyá, diez años; Mercedes Huz Martín, tres años; María Patricia Huz Martín, nueve años; Vicente Huz Martín, un año».
Los nombres forman parte de un grupo de 72 personas. Además de estos seis niños, también hay hombres, mujeres y adultos mayores, que fueron asesinados en masacres durante el Conflicto Armado Interno en 1980, en comunidades de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, en la región central de Guatemala.
En esa época, bajo el gobierno de Fernando Romeo Lucas García y su hermano, Benedicto Lucas García como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, se implementaron fuertes despliegues militares como parte de su política contrainsurgente, que buscaba eliminar a grupos guerrilleros. La estrategia también catalogó como «enemigo interno» a población civil.
«Ahora sabe dónde está su difunto»
Debido a algunos retrasos en la construcción de un osario comunitario, que se tenía previsto inaugurar el 26 de marzo, la actividad se realizó el pasado 15 de julio, para recordar las masacres que golpearon la región.
En esta fecha se rindió homenaje a las 72 víctimas que fueron colocadas en el osario comunitario. La mayoría pertenecen a la comunidad de Pacoj (masacradas el 12 de febrero de 1982), pero también hay algunas de Choatalun (ubicadas en un destacamento militar), Cruz Nueva y La Estancia de la Virgen, todas del municipio de San Martín Jilotepeque.
Sus restos ya habían sido identificados en distintas exhumaciones a cargo de la Fundación de Antropología Forense (FAFG) entre 1998 y 2014. Pero ante la falta de un sitio oficial de memoria y dignificación, las familias habían acumulado las osamentas en una especie de «bóveda» en el cementerio de Pacoj.
Qué hacer si buscas a una persona desaparecida durante el conflicto armado
Byron García, del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), fue una de las personas que trabajó en el traslado de la bóveda al osario y asistió a la conmemoración. García comenta que por las condiciones del clima y de las cajas donde se almacenaban las osamentas, el deterioro comenzó a ser evidente. Estaba poniendo en riesgo los años de trabajo de identificación, ya que las osamentas podrían mezclarse unas con otras
Las familias no contaban con un sitio digno para dejar flores y ofrendas a sus fallecidos de manera individual.
Más de 40 años después de los hechos «ahora sí se sabe dónde está cada difunto y pueden venir a colocar sus flores», comenta Silvio Tay, líder comunitario de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).
Tay remarca que las gestiones para levantar este osario comunitario las iniciaron líderes comunitarios que ya fallecieron —como Marcial Martín y Balvino Martín—, sin apoyo de instituciones del Estado.
Los aportes individuales de vecinos y personas cercanas a la comunidad fueron clave para la creación del osario y de un monumento a las víctimas en el cementerio de Pacoj. Se sumaron al apoyo de FAFG, CAFCA, y cooperación internacional de Valencia, España.
«El Estado se ha comprometido –a implementar acciones y sitios de memoria– pero no lo hace. La comunidad sabe la importancia de que los niños conozcan que hay en estas casitas, como ellos llaman a los nichos, o por qué se hizo una misa en el cementerio. Es un esfuerzo y un trabajo», añade Tay.
Las cerca de 300 personas que se reunieron este 15 de julio en el cementerio de Pacoj para conmemorar a las víctimas, también celebraron una misa católica en su honor. Finalmente, se develó un monumento que contiene el listado de sus nombres.
A 70 kilómetros: un tribunal beneficia a Benedicto Lucas
El mismo día en que se presentó el osario y el monumento por las víctimas en San Martín Jilotepeque, en la ciudad de Guatemala, a unos 70 kilómetros, el Tribunal de Mayor Riesgo B emitía una resolución. La jueza Marlin Mayela Gonzales Arrivillaga benefició con arresto domiciliario a Benedicto Lucas García.
Lucas García está acusado en el caso genocidio contra el pueblo maya Ixil, pero también fue sindicado en otros como CREOMPAZ y Molina Theissen. Aunque no ha enfrentado cargos relacionados a las masacres de San Martín Jilotepeque, Tay reitera que «las masacres no sólo se cometieron en el área Ixil cuando él era un alto mando del Ejército».
La jueza argumentó el deterioro de su salud y su avanzada edad como motivos para beneficiarlo. Lucas García tiene 93 años y según su defensa, la prisión preventiva que cumple en el Centro Médico Militar deteriora su salud
«Yo estoy perdiendo parte de mi vida al estar encerrado en un cuarto en el Centro Médico Militar, a pesar de que me están dando todas las comodidades gracias al Ejército», dijo Lucas García a Prensa Libre, durante la audiencia.
Para las víctimas y líderes comunitarios la noticia sobre la resolución a favor de Benedicto llegó cerca de la hora del almuerzo. Aún con su plato de comida por terminar, Silvio Tay se acercó a los periodistas para informar que darían una conferencia de prensa.
Unas 25 personas se colocaron frente al osario y al monumento a las víctimas para respaldar la declaración de Tay: «Para las víctimas es algo muy indignante. Benedicto Lucas, como autor intelectual, formó parte importante de la cadena de mando del alto mando militar y por eso no estamos de acuerdo con la resolución del tribunal».
Tay reiteró que Benedicto Lucas también debería responder por el genocido en la región maya Kaqchikel de San Martín Jilotepeque.
Después, en un comunicado, AJR señaló que «estamos ante una resolución que privilegia por sobre los derechos de las víctimas, al acusado». «El interés particular no debe primar ante los derechos colectivos de los pueblos, menos aún cuando los crímenes cometidos han sido tipificados como de trascendencia universal», lamentaron.
Uno de los seis municipios con más violaciones
Aunque la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) no registró todos los casos de hechos de violencia ocurridos en San Martín Jilotepeque durante el CAI, según la investigación de Glenda García y Emiliano Armira, existen datos que pueden graficar la dimensión de la violencia estatal en esa región.
«Chimaltenango fue el cuarto departamento más afectado por la violencia durante el conflicto armado interno. Dentro del departamento, San Martín Jilotepeque ocupa el sexto lugar a nivel nacional de los municipios que registraron mayor número de violaciones a Derechos Humanos», resaltan los investigadores.
De 209 testimonios que recibió la CEH en San Martín Jilotepeque, se identificaron 1,692 víctimas. Un 39% por ejecuciones arbitrarias; 32% por desaparición forzada; 19% por masacres y el 10% de otros hechos como violación sexual contra mujeres, tortura, amenazas, desplazamiento, atentados y heridos.
En el 73% de las violaciones se identificó que fueron cometidas por el Ejército, 7% escuadrones de la muerte; 7% grupos guerrilleros; 5% por Patrullas de Autodefensa Civil; 2% por la Policía Nacional; el 1% por comisionados militares.
Ana Leticia Atz indica que «por eso es importante saber lo que sucedió en la comunidad». Ella asistió este miércoles a la conmemoración en San Martín Jilotepeque porque su abuelo, Modesto Atz, es una de las víctimas. Cuenta que fue masacrado debajo de un árbol.
«El lugar donde ahora descansan debe ser un recuerdo para que no se olvide lo que las familias sufrieron. Deberíamos ser más humanos y reconocer que este sufrimiento no debe volver a pasar», añade Atz.
Vidalia Hernández, de Cruz Nueva, Estancia de la Virgen, cree que lo más importante es que «las personas masacradas ahora tienen una casa digna, porque Dios ha dicho que todos tenemos que estar en un lugar santo. Ellos fueron sacrificados en la violencia. Yo tengo casi 60 años y vi todo lo que pasó».
Antolina, Luisa, Teodoro (que no quisieron que se hiciera público su apellido) son víctimas y sobrevivientes y también toman la palabra. Hablan del susto, de conocer la verdad, de mantener la memoria. Pero también de la justicia que sigue pendiente.
Conoce en aquí las actividades y pronunciamientos de AJR a favor de la justicia y la memoria histórica en Guatemala.
El viaje a San Martín Jilotepeque se realizó con apoyo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Texto: Lourdes Álvarez Nájera
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
