En Guatemala, se determinó que el Ejército cometió actos de genocidio contra la población maya en donde las mujeres vivieron el 99% de casos documentados de violencia sexual. Esos datos …
- El Ejército cometió genocidio y actos de violencia sexual contra la población maya Ixil. Esta violencia fue utilizada como «arma de terror».
- Las víctimas y sus representantes buscan justicia para dignificar a los pueblos mayas y evitar la repetición de estos crímenes.
- Durante el juicio, se presentaron 71 testimonios de víctimas maya Ixil, incluidos relatos de once mujeres que sufrieron violencia sexual.
En Guatemala, se determinó que el Ejército cometió actos de genocidio contra la población maya en donde las mujeres vivieron el 99% de casos documentados de violencia sexual.
Esos datos los recopila el informe Guatemala Memoria del Silencio, Tomo III: Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia.
La información se retoma en el informe La Violencia Sexual en el Genocido Ixil en Guatemala, de la organización internacional Impunity Watch.
Este documento forma parte del análisis del proceso penal en contra del exmilitar Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Al 13 de noviembre de este año iban 97 días de debate en el Tribunal Primero de Sentencia por procesos de Mayor Riesgo del Grupo A, en la ciudad capital.
El juicio oral y público inició el 5 de abril de 2024.
Desde el 7 de noviembre se inició la fase de conclusiones donde el Ministerio Público (MP) pidió 2 mil 860 años de cárcel en contra de Lucas García como actor principal de las atrocidades cometidas.
El 8 de noviembre fueron las conclusiones de los querellantes, quienes también pidieron la misma pena de cárcel solicitada por el MP.
Los 2 mil 860 años se dividen de la siguiente manera:
- 30 años por genocidio.
- 30 por crímenes de lesa humanidad.
- 40 años por cada persona desaparecida de manera forzosa (70 documentadas en total).
Entre el 11 y el 13 de noviembre, la defensa de Lucas García presentó sus conclusiones. Estuvieron a cargo de Carmen Peralta y Teresa Martínez, abogadas por la Defensa Pública Penal.
Entre las conclusiones destacan las que hizo el coronel Juan José Recinos contra el peritaje militar sobre Inteligencia y Operaciones del argentino Edgardo Benjamín Carloni.
En junio de este año, Carloni explicó ante el tribunal que «el Ejército de Guatemala usó una fuerza desmedida contra la población civil en el territorio Ixil».
Además, la defensa dio lectura a las conclusiones del consultor Óscar Platero, exvicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo y excandidato a diputado por el partido Valor.
Antonio Arenales Forno, exdiputado por el partido Valor, también presentó conclusiones como parte del equipo consultor que propuso la defensa.
Luego de agotar la fase de conclusiones, el tribunal indicará la fecha de la sentencia en el segundo caso por genocidio que se conoce en Guatemala.
«La bala entró en sus corazones»
Durante este tiempo se han presentado 71 testimonios de víctimas maya Ixil, incluyendo las declaraciones de 11 mujeres sobrevivientes de violencia sexual.
Según otro informe elaborado por Impunity Watch, nueve testigos declararon
por videoconferencia desde Nebaj, Quiché y uno como testigo calificado.
Además, se presentaron 55 peritajes, 42 de antropología forense y 13 de otras disciplinas como arqueología, sociología, psicología, historia y derecho internacional.
Entre los testimonios recopilados se encuentra el de Benancio Ramos Us, quien recuerda que en 1982 los soldados llegaron a la aldea Xolcuay, Chajul.
Ramos Us dice que el Ejército mató a su papá, mamá y hermanos. Él huyó en ese momento y cuando regresó vio a mucha gente asesinada en su comunidad.
«La bala entró en sus corazones (…), no sé por qué les dieron muerte».
Según la abogada Jovita Tzul, reconocer estos hechos es fundamental para que se haga justicia para las víctimas.
Tzul representa a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y es parte del equipo legal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Además, dice que es importante que se responsabilice a las personas que ejecutaron y planificaron estos hechos.
«Por eso es importante este proceso, porque se puede marcar un antes y un después y empezar a sanar las heridas del pasado».
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documenta que el Ejército cometió genocidio durante el gobierno de Romeo Lucas (1978-1982) hermano de Benedicto Lucas.
También continuaron esas prácticas durante el régimen de José Efraín Ríos Montt (1982- 1983).
El periodo de estos dos militares es considerado por personas expertas en el más cruento del conflicto armado.
Según las conclusiones de la CEH el Ejercitó arrasó entre el 70% y 90% de las aldeas del pueblo maya Ixil.
«Es importante que haya una condena para que se dignifique a las víctimas y la memoria de los pueblos. Y principalmente, para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir», reitera Tzul.
Justicia por una, por todas
Haydeé Valey de Impunity Watch, dice que también es muy importante que en este caso se reconozca la violencia sexual contra las mujeres Ixil.
Valey quien es Coordinadora del Programa de Participación de Víctimas, indica que históricamente la violencia sexual contra mujeres ha sido silenciada en el mundo.
Además, dice que a las mujeres se les impone una carga de vergüenza por esos hechos que otros cometieron contra ellas.
«Como lo muestran conflictos armados en otros países y a lo largo de la historia, las mujeres cargan con la estigmatización de haber sido víctimas de violencia sexual».
La entrevistada asegura que eso es grave, porque además se les señala a las mujeres por haber «permitido» la violencia en sus cuerpos.
Valey reitera que la violación sexual «es un arma que ha sido utilizada por los ejércitos en combate para infundir temor».
El impacto de ese tipo de crímenes afecta de sobremanera la vida de las mujeres en lo individual, pero también a sus comunidades y trasciende generaciones.
«No solo se impacta a nivel físico, también en lo psicológico, a nivel cultural y espiritual», añade Valey.
En la misma línea, durante el juicio, la perita española Paloma Soria dijo que la violencia sexual afecta de forma desproporcionada y silenciada a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Añadió que por eso la prohibición del uso de la violación y la violencia sexual como «arma de terror» es una norma de derecho internacional consuetudinario.
En su peritaje indicó que para que la violencia sexual sea considerada como genocidio es necesario valorar el contexto, es decir, si ocurrió en el marco de la destrucción de un pueblo.
En la recopilación de testimonios que hizo Impunity Watch, las mujeres que sufrieron agresiones sexuales también narraron otras afecciones por lo sucedido.
Entre ellas, algunas dijeron que sus hijos sufrieron «susto» y murieron, además otras indicaron que padecen diversas dolencias en el cuerpo.
«Me agarraron, me empujaron…, me desnudaron; me da pena decirlo, pero me violaron. No sé cuántos fueron, pero me dejaron tirada», cuenta una de las víctimas.
Ella, que reveló su identidad solo ante los miembros del Tribunal, recuerda que «No tenía fuerza para levantarme. A mi hijo lo dejaron tirado en el monte».
Las mujeres tienen traumas profundos y han desarrollado padecimientos físicos y algunas ya no pudieron quedar embarazadas, señala la organización.
Al poder testificar sobre los crímenes, también se les reconoce el valor que tiene su voz y se ejemplifica sobre la importancia de ser escuchadas, dice la abogada.
«Es una forma de poder demostrar a otras mujeres que es posible que sus casos puedan ser juzgados, que ellas puedan obtener un resultado y alcanzar justicia», puntualiza Valey.
«Nos acercamos a la justicia»
Benedicto Lucas García, también implicado en otros casos por crímenes de lesa humanidad, ha intentado evitar o revertir sentencias.
En 2016 fue acusado por el caso del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Pero el pasado 5 de noviembre una Sala de Apelaciones ordenó anular todo lo actuado en el caso y dejar en libertad a Lucas García y otros implicados.
Por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y detención y violación sexual contra su hermana Emma Molina Theissen, Lucas García también fue beneficiado.
En 2023 una sala ordenó que Lucas García y otros implicados gozaran de una medida sustitutiva con arresto domiciliario y sin vigilancia.
Este tipo de resolución, para delitos de lesa humanidad no es aceptada por la legislación internacional.
Lucas García también tiene una condena por un tribunal de Bélgica por crímenes de lesa humanidad contra 4 misioneros belgas que fueron detenidos y asesinados en su gestión.
El pasado 4 de noviembre, AJR y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) señalaron que las estrategias jurídicas en Guatemala buscan perpetuar la impunidad.
Señalan que han pasado más de 40 años buscando justicia frente a un sistema capturado por las mafias vinculadas al terrorismo y represión.
«Es nuestra palabra y nuestra memoria contra la fuerza de las mafias de siempre; ha sido y es nuestra lucha por la vida en contra de un proyecto constante de ocultarnos a la luz de la historia».
Las víctimas puntualizan en que a pesar de la constante impunidad «estamos ganando un juicio en su propio terreno y no tienen forma de demostrar que no son culpables».
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Sigue las transmisiones del juicio por genocidio en redes sociales de FGER y Verdad y Justicia en Guatemala.
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