Matilde Col Choc tenía 29 años y siete meses de embarazo. Era 1983 y aunque ella vivía una etapa anhelada, el país atravesaba la etapa más violenta del Conflicto Armado …
- En lo que ahora es el Comando Regional Creompaz, las autoridades encontraron 14 fosas clandestinas con los restos de 558 personas torturadas y masacradas, incluidos 90 menores.
- En 2016 un Juzgado de Mayor Riesgo emitió 22 órdenes de captura contra militares de alto rango de los años 80. El lugar fue considerado el mayor centro de torturas en Latinoamérica.
- En los últimos años la defensa de los militares ha presentado recursos legales para entrampar el proceso y el pasado 5 de noviembre una Sala de Apelaciones ordenó anular todo lo actuado en el caso.
Matilde Col Choc tenía 29 años y siete meses de embarazo. Era 1983 y aunque ella vivía una etapa anhelada, el país atravesaba la etapa más violenta del Conflicto Armado Interno.
Pese a la coyuntura, la fuerza y el amor por la vida de su bebé motivaron a Matilde para escribir el poema “Pequeño niño”.
«Pequeño niño juntos lucharemos hasta la muerte, pues nunca los vientos apagarán la antorcha, que será eterna como el amor».
La joven educadora maya Q’eqchi’ tenía a su cargo un programa radial en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER) en Cobán, Alta Verapaz
Así la recuerda su hermana Lucía Col Choc, durante una entrevista para el canal estadounidense Telemundo.
El bebé que esperaba con ilusión nacería en marzo de 1983, pero en enero de ese año ella fue detenida y desaparecida en la ruta de Cobán a Tactic.
En la década de 2010, la Fundación de Antropología Forense (FAFG), encontró en una fosa clandestina el cuerpo de Matilde, en la antigua Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri.
En esa, la Zona Militar No. 21 de Cobán, ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
«Lo primero que buscamos fue a su bebé, si estaba a la par. Si a ella la asesinaron tenía que tener a su bebé, pero no», relata Lucía.
A la fecha, nadie les ha dado información sobre el paradero del niño o niña de Matilde.
Creompaz: lugar de fosas clandestinas
En las instalaciones de Creompaz, donde encontraron los restos de Matilde, también se ubicaron otras 558 osamentas, en varias fosas clandestinas.
Los restos tenían «vendas en los ojos, ataduras en pies y manos y disparos por arma de fuego en el cráneo y abdomen. Otras presentaban heridas cortantes o contusas», relata el abogado Alejandro Rodríguez Barillas.
En su artículo Justicia transicional: el caso Creompaz, Rodríguez añade que durante el conflicto armado en ese lugar el Ejército coordinó la inteligencia militar para Alta y Baja Verapaz.
«Por su ubicación estratégica, se convirtió en un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y violaciones sexuales, cometidas entre 1968 y 1990», afirma Rodríguez.
En diversos testimonios, sobrevivientes y familiares confirmaron que en esa Zona Militar se cometían detenciones ilegales y ejecuciones.
En 2002 la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) solicitó judicialmente que se investigara ese lugar.
«Uno de los fiscales que hizo avanzar el caso, Allan Stolinsky, fue asesinado brutalmente en 2011 por los zetas (grupo armado del narcotráfico mexicano)», cita en su artículo Rodríguez.
En 2012 las investigaciones comenzaron en Creompaz, después de un proceso contra ocho exPatrulleros de Autodefensa Civil (PAC) por el asesinato de 264 personas Achi en la aldea Plan Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz.
En Creompaz, la FAFG logró identificar a través de pruebas de ADN a 128 víctimas de las 558 osamentas encontradas.
Justicia en transición: «no estamos en las mejores manos»
En un caso que conmocionó a nivel nacional e internacional, en 2016, el Tribunal de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo solicitó la captura de 22 militares.
Entre ellos algunos eran de alto rango militar como Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de su hermano Romeo Lucas García.
Este es el listado de los militares de alto rango y especialistas detenidos por el caso Creompaz:
- Manuel Benedicto Lucas García
- Edgar Rolando Hernández Méndez
- Raúl Dehesa Oliva
- Luis Alberto Paredes Nájera
- Carlos Augusto Garavito Morán
- Gustavo Alonzo Rosales García
- César Augusto Cabrera Mejía
- José Antonio Vásquez García
- Byron Humberto Barrientos Díaz
- Ismael Segura Abularach
- Pablo Roberto Saucedo Mérida
- Carlos Humberto Rodríguez López
- Cesar Augusto Ruiz Morales
- Juan Ovalle Salazar
Este listado elaborado por el abogado Alejandro Rodríguez señala como prófugos del caso a:
- Ángel Aníbal Guevara Rodríguez
- Luis René Mendoza Palomo
- Otto Erick Ponce Morales
- José Isauro Oliva Vásquez
- Luis Felipe Miranda Trejo
- Erick Rolando Guzmán Anleu
- Mario Roberto García Catalán
- Edgar Otoniel Peláez Morales
Pero lo que parecía un rayo de luz, ese mismo año se convirtió en un gran laberinto jurídico, según el abogado Héctor Reyes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Señala que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Marta Claudette Domínguez, señalada por proteger a sindicados en casos de gran corrupción, sobreseyó a algunos militares o dictó clausuras provisionales.
Domínguez también evitó pronunciarse sobre la violencia sexual, uno de los delitos documentados y recurrentes contra víctimas de este caso.
El abogado Reyes cuenta que luego de la resolución de etapa intermedia de ese proceso, la jueza también dejó fuera del caso a la organización de víctimas de Alta Verapaz (Codevi).
Entre 2017 y 2024 ha habido muchas acciones legales con la intención de retardar el caso y no permitir que los militares vayan a juicio por delitos de lesa humanidad.
Otro revés para las víctimas
Sobre la etapa actual del caso, este martes 5 de noviembre de 2024 se conoció que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal otorgó un amparo al exmilitar Carlos Augusto Garavito Morán.
Dicha sala anula todo lo actuado en el caso Creompaz contra exmilitares porque indica que «no había competencia ampliada» del Juzgado de Mayor Riesgo “A” para conocer el proceso.
Entre los beneficiados está Benedicto Lucas García, que anteriormente también fue beneficiado con arresto domiciliario tras su condena por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la violación agravada de su hermana Emma Guadalupe.
Sin embargo, Lucas García actualmente también enfrenta juicio por el caso genocidio Ixil, cometido durante el gobierno de su hermano Fernando Romeo Lucas García.
En el caso Creompaz, el pasado 11 de octubre también se cerró el proceso contra Raúl Dehesa Oliva, porque falleció sin conocer si debía enfrentar cargos.
Al respecto, la organización internacional Impunity Watch a través de su cuenta en X cataloga estas acciones como un retroceso para la justicia transicional.
Además, hace énfasis en la remoción del fiscal Erick De León, jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado, que este lunes 4 de noviembre hizo el Ministerio Público.
Famdegua también se pronunció a través de su presidente, Paulo Estrada, quien asegura que apelarán el fallo en favor de los militares beneficiados en el caso Creompaz.
«Lamentamos que una sala recién electa haya beneficiado de esta manera a militares acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad», asegura Estrada.
Nuevas cortes, «la misma penumbra judicial»
Aunque Creompaz es un caso emblemático a nivel latinoamericano sobre centros de detención clandestina, ante la elección de nuevas cortes, la penumbra no parece disiparse.
«Estas nuevas cortes, tanto de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia, no nos dejan en muy buenas manos, creo que vamos a seguir por otro periodo más en penumbra», indica Reyes.
Señala que ve muy difícil obtener «resoluciones objetivas, conforme a derecho, respetando la tutela judicial efectiva, porque definitivamente no estamos en las mejores manos».
La resolución de la corte, además de anular todo lo actuado, incluidas las órdenes de captura emitidas, también ordena la libertad de los militares detenidos.
La reparación que dignifica y sigue lejana
Hablar de la reparación que el Estado debe a las víctimas y sus familias queda muy lejos, pero las oenegés que les acompañan están al tanto de la seguridad, salud y bienestar psicosocial.
Para Victoria Tubin, socióloga maya Kaqchikel, el Estado tiene una responsabilidad y deuda, sobre todo, con las comunidades indígenas.
Tubin dice que se conoce que «hubo familias maya y comunidades completas que terminaron (asesinadas) en Creompaz».
Señala que esto tiene implicaciones para el resto del país, porque primero se debe reconocer que esos crímenes estaban estrechamente vinculados al racismo.
Ella señala que pese a la coyuntura actual del país, «las familias siguen buscando y la sociedad en general debe vincularse y comprender».
La entrevistada puntualiza en la importancia de «cambiar los imaginarios sociales» donde exista comprensión y sensibilización.
«No puedo decirle a una persona que olvide el pasado, cuando las nietas, los nietos siguen viviendo sobre ese pasado doloroso», finaliza.
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