Eduard Martín Borregon y María José Longo Bautista Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center. Entre los documentos de compras, alquiler, mantenimiento e inventarios de cámaras …
Eduard Martín Borregon y María José Longo Bautista
Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center.
Entre los documentos de compras, alquiler, mantenimiento e inventarios de cámaras de videovigilancia en instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Empresa Portuaria Quetzal, el Ministerio de Salud Pública y al menos 12 municipalidades, hay dos marcas que se repiten: Hikvision y Dahua.
En Guatemala no son marcas especialmente conocidas entre la población, pero a escala internacional su imagen está manchada por señalamientos de violaciones a derechos humanos y por cuestionamientos a la seguridad de su uso.
Las compras que algunas instituciones —como la Usac o las municipalidades de San Pablo La Laguna y Totonicapán— hicieron de las cámaras Hikvision y Dahua incluyen el uso de Inteligencia Artificial, reconocimiento facial o reconocimiento de vehículos o de movimientos.
Hikvision, Dahua y el pueblo Uigur
En agosto de 2022, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre graves violaciones de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, al noroeste de China
En el informe, la oficina validó denuncias de patrones de tortura y malos tratos en contra del pueblo Uigur, originario de la región. Dentro de estos malos tratos se incluían tratamientos médicos forzados y condiciones adversas de detención. También dio credibilidad a denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género.
La organización responsabilizó al Gobierno chino. Concluyó que estas violaciones se producen dentro de un contexto en el que el Estado dice perseguir a terroristas entre la minoría Uigur.
No es la única entidad que se ha pronunciado al respecto. La Unión Europea y Amnistía Internacional también han denunciado estas violaciones.
En abril de 2026, personas de este pueblo visitaron Guatemala para contar su historia en una conferencia organizada por el Instituto Republicano Internacional (IRI). Jóvenes Uigur que viven en el exilio relataron lo que han atravesado sus familias y las agresiones que han sufrido.
Denunciaron trabajos y esterilizaciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas por parte del Gobierno de China. Incluso señalaron que hay centros considerados como lugares de «reeducación», donde ocurren estás agresiones, que definen como «campos de concentración».
Aseguraron que las agresiones ocurren por dos motivos: su religión musulmana y la importancia de su territorio, que conecta a China con Europa a través de pasos fronterizos y rutas comerciales.
Al menos 500 mil personas Uigur han migrado a 38 países. Amnistía Internacional registró en 2018 hasta un millón de personas detenidas en la campaña masiva de “reeducación” de China en contra del pueblo Uigur y otros grupos étnicos.
El uso masivo de la tecnología para videovigilancia ha sido clave para que las agresiones en contra del pueblo Uigur continúen.
El gobierno de China ha sido señalado de utilizar celulares y reconocimiento facial como herramienta de espionaje para controlar y vigilar a los uigures.
«Nosotros nos vemos diferentes», explica Rayhan Asat, abogada Uigur y defensora de derechos humanos. «No tenemos la fisonomía china». Dependiendo de la región, los Uigur suelen tener ojos más redondos y nariz más prominente. En ocasiones tienen más vello corporal que se puede observar con más barba en los hombres, cabello castaño o rojizo.
Hay dos empresas que han sido señaladas de contribuir a vulnerar de esta manera los derechos del pueblo Uigur: Hikvision y Dahua.
«Esas empresas le dan al gobierno la forma en que puedan identificar las características de los Uigur», dice Asat.
El Proyecto de Derechos Humanos Uigur (UHRP) ha denunciado que las autoridades chinas utilizan cámaras Dahua y Hikvision para rastrear, monitorear y perseguir a este pueblo.
Las investigaciones de esta organización y de otras dan cuenta que la policía de toda la región Uigur identifica a las personas a través de estas cámaras de vigilancia con el fin de detenerlos y arrestarlos.
Las redes de cámaras, aseguran, están configuradas para enviar alertas a la policía si se detecta a Uigures en las grabaciones de vigilancia.
En 2018, durante la primera administración de Donad Trump, el Gobierno de Estados Unidos impuso condiciones a las contrataciones federales, en las que prohibió la compra de equipo Hikvision y Dahua. Exigió que se retiraran los equipos de estas y dos marcas más. Manifestó la preocupación de que la tecnología fuera utilizada para actividades de espionaje por parte del Gobierno de China. .
Un año después, en 2019, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. agregó a Hikvision, Dahua y otras empresas más a la lista de entidades de empresas con restricciones para recibir exportaciones estadounidenses por su papel en violaciones de derechos humanos en la región Uigur.
Para 2021, el entonces presidente demócrata Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para restringir la inversión en el extranjero y prohibió a las personas estadounidenses invertir en Hikvision y Dahua, alegando un asunto de seguridad nacional.
Desde el 6 de febrero de 2023, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos prohíbe autorizar equipo nuevo de Hikvision y Dahua destinado a la seguridad pública, la protección de instalaciones gubernamentales y la vigilancia de infraestructura crítica, una categoría que incluye de forma explícita las cámaras de videovigilancia.
El 4 de diciembre de 2025 esa regla se amplió para revocar autorizaciones ya existentes y bloquear los productos de «marca blanca»; es decir, el mismo equipo comercializado bajo otro nombre. Para Washington, el asunto dejó de ser estrictamente comercial y pasó a tratarse como un problema de seguridad nacional.
Los países que cuestionan la seguridad de su uso
Estados Unidos no es el único país que tomó estas medidas. Al menos otros cinco también han prohibido a Hikvision y Dahua en todo su territorio: Taiwán, Lituania, Reino Unido, Australia e India. A ellos se suman once estados de Estados Unidos con vetos propios.
En América Latina, en cambio, ningún país tiene una restricción nacional, y esa desprotección tiene un efecto medible. Según IPVM, la firma de análisis más reconocida del sector de la videovigilancia, la región se ha convertido en «la mayor fuente de crecimiento de ingresos» de ambas compañías chinas. Guatemala encaja de lleno en ese vacío.
En julio de 2022, un grupo de diputados británicos pidieron al gobierno del Reino Unido que prohibiera la venta y el uso de equipos de vigilancia de Hikvision y Dahua. Cuatro meses después, el gobierno de ese país vetó el uso de cámaras de seguridad chinas en ministerios y departamentos estatales por implicar riesgos para el país.
Un año después, en junio de 2023, el medio The Guardian anunció que Gran Bretaña retiraría los equipos de vigilancia chinos de las instalaciones gubernamentales. En la noticia informó que se apartarían los equipos que pudieran ser utilizados por la inteligencia china.
En 2025, Canadá ordenó el cierre de Hikvision en el país, por motivos de seguridad.
A partir de abril de 2026, India prohibió las cámaras de videovigilancia de Hikvision y Dahua. El medio India Today informó que la medida se debía a que el país había implementado nuevas normas de certificación de pruebas de estandarización y certificación de calidad para cámaras de videovigilancia, lo que bloqueaba la entrada de dispositivos de empresas chinas como Hikvision y Dahua.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, del Gobierno de Guatemala, indicó en una respuesta por escrito que «el presidente ha tenido como una de sus prioridades la ciberseguridad y ciberdefensa». Mencionó que habían instruido a las instituciones del Ejecutivo a implementar medidas para proteger los sistemas. Entre estas, protocolos «para el control de las adquisiciones de equipo tecnológico». Añadió que no podían extender estas acciones a otras dependencias, por una falta de legislación.
Sin embargo, a pesar de que se le consultó específicamente por las compras de Hikvision y Dahua y se le mencionaron las acciones de otros países no concretó si a nivel Gobierno tomarían alguna decisión más contundente.
Hikvision y Dahua niegan las acusaciones de Estados Unidos y otros gobiernos.
Las compras de Hikvision en Guatemala
En una investigación de Agencia Ocote y Sociedad.info, se analizaron 122 compras relacionadas con Inteligencia Artificial y reconocimiento facial para videovigilancia. Se identificó que entre las adquisiciones había equipos de las marcas Hikvision y Dahua.
Es complicado conocer el número exacto de cámaras y el monto que las instituciones pagaron a estas marcas específicas: Los contratos de compra o de servicios que las entidades firmaron —y que son públicos en Guatecompras— no siempre incluyen la marca de las cámaras. Algunos solo mencionan a los proveedores en Guatemala; empresas o particulares.
Para este reportaje se solicitó a cada institución un inventario de sus cámaras, con datos específicos, pero no todas respondieron las solicitudes o dieron la información precisa.
Las 16 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) compró para el campus central y otras 16 para el Centro Universitario de Retalhuleu son Hikvision.
Por medio de solicitud de información pública, se conoció que de las 20 cámaras que tiene en funcionamiento la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) cinco son de la marca Hikvision.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicó en junio de 2026
Q16,250 para el mantenimiento de 25 cámaras de videovigilancia de la marca Hikvision que están en el Hospital Modular y sus periferias de la zona 11 de Guatemala.
Se presentaron solicitudes de información pública para saber cuántas cámaras de esta marca tenía en funcionamiento el IGSS, pero la institución se negó a brindar la información. Alegó que por temas de seguridad no es recomendable trasladar a terceros la información.
En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el caso es similar. Hay gastos por mantenimiento, pero también por nuevas compras de cámaras Hikvision.
En 2025, el MSPAS pagó Q90 mil por cámaras de videovigilancia de esta marca con inteligencia artificial y reconocimiento facial para el Hospital Regional de Zacapa.
En 2026 contrató mantenimiento correctivo y preventivo de un circuito cerrado de cámaras de seguridad Hikvision.
Se trató de consultar a las cuatro instituciones si estaban al tanto de los señalamientos contra esta marca y si se plantearían revisar los contratos. Al cierre de edición de este reportaje no habían respondido las solicitudes de entrevista..
En las municipalidades Hikvision también se ha vuelto popular para la videovigilancia, ya sea para compra o renta de cámaras.
Desde diciembre de 2024, la Municipalidad de Totonicapán renta 115 cámaras para videovigilancia. La comuna confirmó que «la mayoría» son marca Hikvision y que usan Inteligencia Artificial para clasificación de movimientos humanos y de vehículos, además de reconocimiento de placas.
Las municipalidades de Cahabón, en Alta Verapaz y Pastores, en Sacatepéquez, también compraron cámaras Hikvision.
Al cierre de edición de este reportaje ninguna de las tres comunas había respondido a las consultas acerca de los señalamientos a Hikvision.
Dahua en las municipalidades
La marca Dahua también se ha ido instalando en las municipalidades. En Santa Catarina Pinula hay tres a cargo del Centro de Monitoreo.
Agencia Ocote y Sociedad.Info intentaron hablar con el alcalde, Sebastián Siero —que también es presidente de la la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM)— para consultar si conoce los señalamientos en contra de esta empresa. Siero no respondió las llamadas ni los mensajes de texto. Aunque en la municipalidad se llenó un formulario de solicitud para la entrevista, nunca hubo una respuesta.
En San Pablo La Laguna hay 30 cámaras Dahua y se adjudicó la compra de 50 más. La instalación del segundo grupo de dispositivos no ha sido sencilla. De acuerdo con la municipalidad hay postes públicos que están en áreas privadas y los vecinos y vecinas no quieren permitir que les instalen cámaras en sus tierras.
Según los documentos de la compra, las cámaras Dahua en San Pablo La Laguna tienen reconocimiento facial y búsqueda de imágenes con inteligencia artificial.
En este y en todos los municipios la compra de cámaras se justifica por la seguridad ciudadana, aunque está probado que la videovigilancia también implica riesgos a la privacidad y los datos personales.
Esa desprotección no es solo conceptual. En 73 documentos de contratación revisados para esta investigación, entre bases, dictámenes y especificaciones técnicas, no aparece una sola mención a la «protección de datos personales», la «auditoría algorítmica», la «cadena de custodia digital» ni al «consentimiento» de las personas cuyos rostros serán capturados.
Las compras dirigidas
Existen municipalidades que deciden la adquisición de estas marcas desde las bases del evento de la compra, como ocurrió en la municipalidad de San Pablo La Laguna. En las especificaciones técnicas del evento se pide que la empresa que oferte sea para cámaras DH-IPC-HFW1439S1-A-LED-S4, un modelo de Dahua que se identifica a través del prefijo DH.
Algo similar ocurrió con las municipalidades de Amatitlán, Santa Apolonia Chimaltenango, Fray Bartolomé de las Casas y Concepción Chiquirichapa, que desde las bases de la compra especificaron que las cámaras debían ser de marca Hikvision.
Durante una entrevista para este reportaje en la municipalidad de San Pablo La Laguna, se le preguntó al alcalde Gaspar Ixcayá Culum por qué habían escogido a esta marca desde las bases de la compra.
El alcalde señaló que fue la marca que les recomendó la empresa a la que contrataron. Al consultarle si la municipalidad puede hablar con la empresa antes de crear las bases de una cotización cambió el argumento y aclaró que había sido una sugerencia de personas expertas y trabajadores municipales a los que habían consultado.
«Cuando contratamos a la empresa, él nos recomendó que esta sería la buena marca para que puedan tener una buena vigilancia con estas marcas», dijo Ixcayá.
El alcalde y los integrantes del concejo explicaron que desconocían sobre los señalamientos en contra de las marcas Dahua y Hikvision. Aseguraron que su única intención era velar por la seguridad del municipio y cuestionan que este tipo de información sobre marcas con señalamientos por violaciones a derechos humanos no se comunique al país y a las autoridades.
«Nuestro conocimiento sobre cámaras es poco o nada», admitió Ignacio Porón, concejal tercero de San Pablo La Laguna. «Al momento de tomar la decisión de la marca tuvimos que investigar un poco. Tal vez recurrimos a personas que no sé si eran las idóneas».
Las municipalidades de Santa Catarina Palopo, Río Blanco San Marcos y San Pedro Sacatepéquez Guatemala, también especificaron desde sus bases de las compras modelos de cámaras Dahua.
Para este reportaje consultamos a las comunas sobre su decisión de contratar específicamente a estas marcas. Al cierre de edición no habían respondido la consulta.
Lo que implican estas compras
Desde la mirada de Sara Fratti, experta en Derechos Digitales y gerente de alianzas estratégicas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, las instituciones públicas deberían tomar en cuenta los señalamientos contra las marcas al realizar contrataciones.
«Que el Estado de Guatemala esté adquiriendo de una compañía que está sancionada por violación de derechos humanos, dice mucho de la forma en que les interesa o no el respeto de derechos humanos en el país», dijo Fratti.
«¿Qué garantías ofrecen las empresas de que no lo harán otra vez?», pregunta Jamila Venturini, co-directora ejecutiva en Derechos Digitales.
Para Venturini este es un elemento crítico sobre el análisis previo a la implementación de estos sistemas de videovigilancia y la ausencia de una visión mínima sobre si los sistemas han incumplido garantías de derechos humanos en otros continentes.
«Es parte de una negociación que debería estar presente y que debería ser prioritaria, más allá de este impulso por tener la tecnología creyendo que va a resolver problemas. Es posible que genere más problemas, más disconformidad social. Y sin hablar de las vulneraciones», dijo Venturini.
Eddie Cux, quien trabaja para la organización Acción Ciudadana y es exdirector de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, considera que hay que poner atención es a qué empresas se está contratando y qué tanto compromiso está adquiriendo el Estado a futuro.
«Si se adquiere una licencia, es un compromiso porque se le va a seguir adquiriendo soporte. De entrada, un contrato pequeño te puede generar un contrato mucho más a largo plazo», dijo Cux.
Rayhan Asat la abogada Uigur, se mostró disconforme al saber que las marcas están funcionando en Guatemala y desde instituciones públicas.
«Yo entiendo que son productos baratos, pero han violado los derechos humanos de las personas Y no es solamente el ser cómplices en contra de los derechos humanos; también el hecho de que afecten la seguridad nacional y la ciberseguridad debería de ser una preocupación para cualquier país», advirtió Asat.
Cómo se hizo esta investigación
Los datos de contratación provienen de Guatecompras, el sistema estatal de compras públicas, que publica en el estándar internacional de datos abiertos Open Contracting Data Standard (OCDS). Sociedad.info extrajo y estructuró esos registros con su plataforma de investigación TeseoETL y los cargó en una base de datos analítica.
Para no depender de una lectura manual imposible —el universo supera los dos mil procesos—, se usó una búsqueda semántica asistida por algoritmos: un conjunto de términos en español e inglés («reconocimiento facial», «videovigilancia», «biometría», además de marcas concretas como Hikvision, Dahua o ZKTeco) rastreó las compras relacionadas con inteligencia artificial entre 2020 y 2026. Los resultados se clasificaron automáticamente y luego se verificaron uno a uno de forma manual, descartando falsos positivos. Los documentos de las compras —bases técnicas, contratos, anexos— se procesaron con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para poder leer los PDF escaneados.
Toda cifra citada se contrastó contra la fuente original en Guatecompras, se duplicó por número de procesos y se trianguló con 180 solicitudes de acceso a la información pública, 23 entrevistas, consultas en el registro mercantil y reporteo en los territorios que hizo Agencia Ocote, además, el uso de estas herramientas no sustituyó el criterio periodístico: la inteligencia artificial ayudó a encontrar y ordenar las compras; la verificación y la interpretación son humanas.
Investigación y redacción: Eduard Martín Borregón y María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Luis González y Christian Gutiérrez
Diseño: Sofía Cabrera
Imagen de portada: Sofía Cabrera con fotografía de Daniel Lobo, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
