Walter Mazariegos asumió su segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) el 1 de julio de 2026. Lo hizo bajo acusaciones de un segundo …
Walter Mazariegos asumió su segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) el 1 de julio de 2026. Lo hizo bajo acusaciones de un segundo fraude electoral y con decenas de acciones legales pendientes. Expertos ven el camino más probable para su remoción, aunque no rápido, en los procesos iniciados por la Contraloría General de Cuentas por mal uso de los recursos.
Según expertos consultados por Agencia Ocote, la Usac no puede ser intervenida sin una reforma constitucional. Sin embargo, una serie de denuncias penales en contra de Mazariegos podrían permitir que abandone el puesto.
Aunque llevará tiempo, aquí te explicamos los caminos contra Mazariegos.
Las denuncias
Hasta el 23 de junio de 2026, Mazariegos acumulaba al menos 17 denuncias penales por anomalías en la elección, como no respetar y reconocer a varios de los cuerpos electorales electos y por no contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito).
Entre ellas se encuentra una denuncia presentada por los diputados Jairo Flores y Orlando Blanco de la bancada VOS por ocho delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, fraude, falsedad ideológica, coacción y encubrimiento.
Pero Mazariegos no es el único denunciado. Las querellas también acusan al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, cuyos representantes mantienen sus cargos con plazos vencidos, de participar en el fraude electoral.
Producto de una auditoría
En una citación en el Congreso de la República en abril de 2026, autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC) anunciaron que mantienen una auditoría en la Usac. A raíz de esta —y previo a la toma de posesión—, presentaron al menos tres denuncias ante el Ministerio Público (MP) contra Mazariegos.
Las autoridades no indicaron los delitos de los que lo acusan. Pero «por lo general, la CGC denuncia a las autoridades por incumplimiento de deberes o malversación de fondos. Tendría que existir algo con esto», explica el doctor en Derecho y exsecretario del MP, Javier Monterroso.
Agencia Ocote consultó al Ministerio Público (MP) por el estado de las denuncias contra el rector y el CSU. Su oficina de comunicación indicó que la institución «da seguimiento a las denuncias relacionadas con estos hechos».
También aseguró que «Las diligencias de investigación se encuentran en desarrollo y, conforme se registren avances, se informará». No obstante, no especificó la cantidad de denuncias ni los delitos que se les atribuyen a los denunciados.
José Chic, diputado del partido VOS, explica que las denuncias fueron presentadas en tres etapas. Algunas son previas a las elecciones y señalan hechos como la prolongación de los integrantes del CSU en sus funciones. Otras se presentaron luego de las elecciones para rector y buscaban frenar la toma de posesión. Un último grupo se presentó luego de esta.
«Ahora hay denuncias que fueron conexadas. Eso quiere decir que hay un expediente que puede tener hasta 10 de las denuncias que se presentaron. Se hablaba de 17 denuncias antes del 1 de julio. Yo creo que ahora llevamos alrededor de 20 a 22», indica el diputado.
¿Podría dejar la rectoría?
El rector de la Usac no tiene derecho de antejuicio. Por ello, si las denuncias de la CGC avanzan, podría enfrentar un proceso penal e incluso quedar sujeto a prisión preventiva si el juzgado lo considera.
Si esto sucediera, el puesto del rector se consideraría vacante. Si es de manera temporal, el decano más antiguo en el CSU asumiría. Sería un escenario parecido al del exrector Murphy Paiz, vinculado al caso Comisiones Paralelas en 2021.
Pero la prisión preventiva «depende de la gravedad de los hechos. Recordemos que esos delitos que se le están atribuyendo no son muy graves», señala Monterroso.
De ser condenado, Mazariegos debería presentar su renuncia ante el CSU.
Pero Monterroso aclara: «Son delitos, sí, y pueden obligarlo a renunciar a su cargo, pero no automáticamente. Es un proceso».
El obstáculo: la CC
La persecución penal contra Mazariegos y el CSU no depende solo del MP, sino también del sistema judicial. En paralelo al proceso de la CGC, diversos colectivos de estudiantes y profesionales, así como el grupo Dignidad y Rescate (DIRE-USAC), que aglutina a la oposición en la comunidad sancarlista, han presentado recursos de amparo. Estos exponen, por ejemplo, exclusión ilegal de cuerpos electorales y violación a las leyes internas y debido proceso.
Dichos amparos registran las mismas irregularidades que las denuncias presentadas contra el proceso electoral. Por ello, las denuncias penales (por el proceso electoral) no pueden ser perseguidas sin antes resolver los recursos en la CC.
«Un principio del derecho penal es que es el último eslabón del sistema. Si hay casos que se están discutiendo en lo administrativo —por ejemplo, en la CC—, no pueden ser perseguidos (penalmente) hasta que terminen y se dicte una sentencia», explica Monterroso.
El abogado y exfiscal anticorrupción Julio Prado coincide con este análisis. «Habría prejudicialidad en el proceso penal si hay asuntos por resolver», advierte.
Prado ya lo había advertido en nuestra verificación sobre por qué la Usac no puede ser intervenida. En ese momento aseguró que uno de los problemas de los interponentes es que, al presentar varios recursos, no se habían agotado los procedimientos establecidos.
«Cuando uno no está de acuerdo con una decisión, la ley prevé que uno pueda hacer que se replantee un tema. En este caso, los amparos (presentados por la oposición) no han agotado estos recursos», según Prado.
Los procesos no avanzan
El 29 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil falló a favor de DIRE y otorgó un amparo definitivo que suspendía la reelección.
No obstante, aunque «por lo general las cortes son muy estrictas en que si no cumple alguien una orden de amparo sea conducido judicialmente, en este caso las cortes no han certificado lo conducente», se lamenta Monterroso.
En otros casos, juzgados de primera instancia otorgaron amparos provisionales que ponían en suspenso las elecciones.
Sin embargo, a principios de junio, la CC revocó dichas resoluciones y denegó 18 amparos. Algunos recursos siguen a la espera de ser resueltos.
Por ello, Monterroso deposita sus esperanzas en las denuncias de la CGC para la remoción de Mazariegos.
