María Consuelo Porras Argueta de Porres es una funcionaria acostumbrada a vestir ropa formal, austera, de colores sobrios. Usa peinados discretos, con el cabello recogido con una coleta. Suele jugar …
María Consuelo Porras Argueta de Porres es una funcionaria acostumbrada a vestir ropa formal, austera, de colores sobrios. Usa peinados discretos, con el cabello recogido con una coleta. Suele jugar con sus lentes, que cuando no están sobre su nariz, se acomoda sobre la cabeza. Los surcos entre sus mejillas y la nariz son pronunciados y resaltan en un rostro que suele mostrarse serio.
Es la mujer que, durante ocho años, ha estado detrás de la persecución y criminalización a fiscales, jueces y abogados; a defensores de derechos humanos y líderes indígenas; a periodistas y ciudadanos. Ha logrado ralentizar y congelar casos de alto impacto, de corrupción, de justicia transicional. Mientras, en paralelo, ha impulsado investigaciones sin sustento.Ha archivado expedientes para demostrar la eficacia de su gestión.
Consuelo Porras, de 72 años, ha sido la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala más cuestionada de los últimos tiempos.
Dos presidentes respaldaron e impulsaron su carrera. El primero, Jimmy Morales, en 2018, lo que empezó a consolidar la deriva de cooptación del Estado en Guatemala. El segundo, Alejandro Giammattei, en 2022, cuando revalidó a Porras y la atrincheró por cuatro años más en el cargo.
Este año se postuló para un tercer período —aunque Bernardo Arévalo prometió que no la reelegiría— pero no pasó el filtro de la comisión de postulación. Quedó fuera y tendrá que entregar el cargo el próximo 17 de mayo.
El arma de Porras: la persecución
Los señalamientos en contra de Porras se cuentan por decenas. Desde el plagio de su tesis doctoral a las más recientes, que la vinculan con las adopciones irregulares de 80 menores de edad entregados ilegalmente mientras estaban institucionalizados en el Hogar Elisa Martínez.
Durante sus dos gestiones a cargo del Ministerio Público, Porras destituyó arbitrariamente a fiscales como Juan Francisco Sandoval (jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad) a quien persiguió penalmente por los casos de corrupción que investigó.
Periodistas, columnistas, amigos, familiares y comunicadores en una protesta frente a la Torre de Tribunales para exigir la libertad de José Rubén Zamora, y rechazar el pacto de corruptos. Foto: Christian Gutiérrez.
También abrió varios procesos en contra de periodistas como José Rubén Zamora, quien pasó tres años y medio en prisión.
La persecución de Porras también llegó a los pueblos indígenas. Acusó de terrorismo a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que lideraron el Paro Nacional 2023 en defensa de la democracia.
Personalidades como el periodista Juan Luis Font, la jueza Erika Aifán, el juez Miguel Ángel Gálvez, la exfiscal Virginia Laparra y la exfiscal general Thelma Aldana, son algunas personas que están en el exilio tras la persecución de la fiscal general.
Porras también usó el sistema de justicia para perseguir a estudiantes y catedráticos de la Universidad de San Carlos que se opusieron al primer fraude del rector Walter Mazariegos.
Los tentáculos de la fiscal general intervinieron hasta en los resultados de las elecciones generales de 2023. El MP allanó el Tribunal Supremo Electoral e inició casos en contra del presidente electo Bernardo Árevalo.
Las acciones encendieron las alarmas de la población como un intento de anular los resultados de las elecciones sin motivos reales, lo que impulsó un Paro Nacional en octubre de 2023; una serie de manifestaciones en defensa de las decisiones tomadas por la población en las urnas.
Los señalamientos hacia su gestión y los rechazos de sectores sociales han sido expresados en protestas y manifestaciones, plantones frente a la sede central del Ministerio Público en la zona 1 de Guatemala.
Las condenas sociales hacia Consuelo Porras, han ido más allá de las fronteras del país. Está sancionada por el Consejo de la Unión Europea e incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos (en la administración de Joe Biden) por acciones que socavan la democracia en Guatemala.
Un MP desmantelado
El 9 de abril de 2026, representantes de los pueblos indígenas y de sociedad civil llegaron a escuchar lo que la fiscal general tenía que decir en su entrevista ante la comisión de postulación. Se pararon y, en coordinación, le dieron la espalda para demostrarle que la rechazan como funcionaria.
En ese día, en una realidad paralela a la que a diario observan cientos de personas, la fiscal general habló de las bondades de su trabajo.
Dijo haber logrado una transformación institucional del Ministerio Público, un plan de mejora continua. Aseguró que ha rendido cuentas y generado transparencia. Los datos demuestran que esto no es cierto.
Estudios como «Caro, ineficiente y corrupto: evaluación del MP durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras» y «¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025», demuestran cómo destruyó la carrera fiscal y ha llevado a la institución a más impunidad y menos eficiencia.
El perjuicio a la carrera fiscal, ocurrió con la destitución arbitraria de decenas de profesionales con experiencia, mientras que la eficacia del MP, pasó del 14.03% entre 2018 y 2019 a 6.44% entre 2024 y 2025. Se redujo un poco más de la mitad.
Las repercusiones no están solo en casos de corrupción, también afectaron la tasa promedio de eficacia en delitos de impacto social como homicidios, asesinatos, femicidios, violencia contra la mujer, violación, violación agravada, extorsión, corrupción y delincuencia organizada.
En casos de corrupción, la impunidad fue evidente al fiscalizar el trabajo de la institución. En el estudio «¿Eficacia o impunidad?», se registra que entre 2023 y 2024 la desestimación de casos de corrupción alcanzó el 261,45%. El número de casos desestimados supera el número de denuncias nuevas, lo que incluye desestimar también casos antiguos que se encontraban en investigación.
La impunidad pasó más allá de los casos de corrupción a otros delitos que afectan a la ciudadanía, como las extorsiones, en este caso el estudio revela que la tasa de eficacia pasó de 6,54% a 4.99%.
Los vínculos de Consuelo Porras
Trabajadores y personas cercanas a Consuelo Porras narran que cuando la fiscal está frente a quienes no le han jurado lealtad, puede llegar a ser una persona déspota. Mientras que con quienes no le representan un obstáculo es como «una abuela benevolente».
Así como hay sectores de la población que manifiestan en su contra, hay otros que la aclaman, a ella y a los beneficios de estar de su lado.
Ricardo Méndez Ruíz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), se ha pronunciado a su favor. En las redes sociales suele compartir comentarios positivos sobre el trabajo de Porras.
El 16 de febrero de 2026, Méndez Ruíz publicó el fragmento de una entrevista que tuvo en el canal TvGT —un perfil que suele compartir desinformaciones— en donde habla sobre el apoyo que le brinda a la fiscal general Porras.
«Yo la puedo favorecer con mis comentarios. Yo opino que es una persona absolutamente íntegra y estoy seguro que incluso sus detractores lo saben», dijo el director de la FCT.
El posicionamiento de Méndez Ruíz se comprende al revisar cómo el trabajo de la fiscal general ha ido de la mano con el de la fundación que lidera. En estos ocho años las denuncias que Méndez Ruiz ha planteado para criminalizar a diversas personas, han avanzado con rapidez: casos como el de las exautoridades de 48 Cantones, el proceso en contra de la exfiscal Laparra o del juez Galvez.
Mientras, las que se han presentado contra el director de la FCT se han quedado estancadas.
Consuelo Porras también ha mantenido una relación cercana con algunos círculos del sector privado. La Cámara de la Industria de Guatemala y el Cacif le entregaron un reconocimiento en 2021. Esto cobra relevancia al comprobar cómo, durante su gestión, el MP ha beneficiado a empresarios señalados en casos de corrupción.
Por ejemplo, cuando Rafael Curruchiche era fiscal de Delitos Electorales, pidió favorecer a los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, señalados por el caso de Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación. Lo mismo ocurrió con otros empresarios vinculados al caso.
Tiempo después, Porras eligió a Curruchiche para dirigir la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) que la fiscal descabezó, al destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval sin causa justificada.
A lo interno del Ministerio Público, la fiscal general mantiene aliados en otros puestos clave, como el secretario general del MP, Ángel Pineda; o la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.
Las tachas del pasado y del presente
Antes de asumir como fiscal general en 2018, Porras ya había intentado llegar al puesto más alto del Ministerio Público en otras ocasiones. En 2014, logró integrar la nómina final, aunque finalmente sería electa Thelma Aldana —quien también fue objeto de la persecución de Porras—.
Ese año, cuando la comisión de postulación de entonces barajaba quién integraría el listado de candidatos, Porras también recibió señalamientos.
Uno de ellos lo presentó Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez. La señaló de no ser idónea para el cargo con base en resoluciones que tuvo en la Sala de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia. La señaló de tomar decisiones que correspondían al Consejo Nacional de Adopciones y aplicar leyes diferentes a las que establecen los procedimientos legales.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos cuestionaron que tuviera una sanción de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Era de 2003 y se debía a una violación de derechos humanos en uno de colegios que tiene junto a su hermana.
En la elección de fiscal general de 2018 —cuando Porras fue reelecta—, el señalamiento se repitió, aunque esta vez la tacha no fue admitida. En este segundo proceso, el número de tachas aumentó a 14
Los cuestionamientos versaban sobre su inclusión en la Lista Engel y por el plagio de su tesis doctoral.
En 2026, los señalamientos se duplicaron: la comisión de postulación aceptó cinco de los 33 señalamientos que organizaciones presentaron contra Consuelo Porras.
Las tachas admitidas están relacionadas con plagio de su tesis doctoral, destituciones arbitrarias, criminalización de actores sociales y cuestionamientos por el uso del MP para esos fines.
La elección: los seis votos a favor; los nueve en contra
Consuelo Porras tuvo seis últimos aliados dentro de la comisión de postulación. Los seis mantuvieron su voto a favor de que la fiscal general avanzara en el proceso. Pero no fue suficiente; necesitaba al menos 10.
Claudia Paredes, presidenta de la CSJ; Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del CANG; Luis Lepe, decano de la Universidad Regional; Donald González, decano de la Universidad de Occidente; Manuel Arriaga, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y Fernando Sánchez, decano de la Universidad Panamericana fueron los comisionados que apoyaron a Porras.
La desproporción en los votos recuerda a la elección de 2022. Entonces, Porras obtuvo una buena calificación, pero tampoco era la favorita para la nómina. Al momento de la votación no logró el mínimo de 10 votos para la mayoría calificada.
Pero ese año, una jugada legal los obligó a incluirla en la nómina. Los abogados Erick Castillo y Mynor Caté presentaron un amparo para que la comisión de postulación entregara la lista de candidatos en el plazo legal establecido e incluyera a aspirantes con altos puntajes. La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional y la comisión se vio obligada a incluir a Porras en el listado, por su alta calificación (entonces tuvo 90 puntos sobre 100).
Los cargos anteriores de Consuelo Porras
Antes de ser nombrada por primera vez como fiscal general, entre 2004 y 2014, Consuelo Porras fue magistrada de apelaciones. Estuvo a cargo de la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y de la Sala Mixta de Antigua Guatemala.
Su relación con el sistema de justicia siguió. De acuerdo con el CV expuesto por el Ministerio Público la fiscal general fue asesora en Materia Constitucional en la presidencia del Organismo Judicial.
De acuerdo con el portal Guatecompras, en 2015 el Organismo Judicial le asignó un contrato para prestar sus servicios a la presidencia del Organismo Judicial (OJ) por Q22 mil mensuales.
El CV que Consuelo Porras presentó a la comisión de postulación de 2026, registra que en 2015 y 2016 también trabajó como supervisora general de tribunales para el (OJ) en el renglón 011.
La Supervisión General de Tribunales se encarga de investigar las quejas y denuncias en contra de magistrados, jueces y personal judicial, fiscaliza el desempeño de los trabajadores y los evalúa. Como supervisora, Porras lideró estas acciones.
En el camino, Porras también pasó por trabajos en el Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobernación y Secretaría de Bienestar Social.
Fuera del espacio de la administración pública, Consuelo Porras tiene el registro comercial del Colegio Mixto El Pilar, Colegio Mixto Infantes del Milagro y el Colegio Mixto Castillo Real de Zaragoza.
La hora de reconstruir el MP
Según analistas consultados, el fin de la administración de Consuelo Porras puede ser el inicio de un nuevo comienzo para la fiscalía. También para el sistema de justicia en Guatemala
«Queda un MP destruido que difícilmente se va a recuperar, va a costar mucho. Para eso se requiere el apoyo de la cooperación internacional, de la sociedad civil, de los medios fiscalizando y esperemos que de las autoridades abriéndose a la fiscalización», explica a Agencia Ocote Juan Pablo Muñoz, integrante de la coalición de organizaciones de la sociedad civil Alianza por las Reformas.
Lissette Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Myrna Mack, considera que Porras deja una institución minada. Esto complicará el trabajo de la persona que llegará al cargo.
«Ocho años no son dos días. Quién sabe lo que va a dejar ahí de manera tan arraigada que sea difícil de sacar, pero podría ser peor», dice Vásquez. Considera que la persona que llegue al cargo deberá primero tomar el control, delimitar los daños y trabajar para recuperar la confianza de la población en la institución.
Aunque es consciente del reto, Vásquez no deja de ser positiva y recomienda que se evalúe lo que no está del todo mal. Lo que pueda redirigirse para no perder los recursos invertidos.
Daniel Haering, analista político, resalta que la figura de Consuelo Porras está desgastada y el resultado es que quedó fuera de la nómina.
Haering, Muñoz y Vásquez coinciden en que Bernardo Arévalo tiene una gran responsabilidad en la nómina que recibirá y sobre la cual debe escoger la mejor opción.
El Ministerio Público se reiniciará el 17 de mayo de 2026. Después de esa fecha, Porras quedará a la deriva. Sus intentos de mantenerse de alguna manera en el poder —ya fuera en la fiscalía o en otro espacio clave: la Corte de Constitucionalidad— han sido infructuosos.
Este año, Porras se postuló a magistrada de la CC por la Universidad San Carlos de Guatemala y por la Corte Suprema de Justicia. En ninguna de las dos instancias fue electa. Lograr esta magistratura le hubiera garantizado inmunidad durante cinco años, además de poder de decisión en la máxima corte guatemalteca.
En su lugar, la fiscal general tendrá que abandonar la mole gris de concreto en la zona 1 de la ciudad de Guatemala; el edificio del Ministerio Público que en los últimos ocho años la ha protegido.
También dejará el fuerte dispositivo de seguridad de grupos de personas armadas que la rodean y la aíslan cuando se presenta públicamente.
Consuelo Porras deberá volver a caminar sin ser fiscal general.
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Para saber las impresiones de Porras al haber quedado fuera del MP, Agencia Ocote se comunicó a los dos números que registró en el formulario de la Comisión de Postulación. En el primero, no respondió las llamadas; en el segundo, contestó el abogado Miguel Ángel Giordano, quien indicó que le autenticó algunos documentos a Porras, pero desconoce por qué su número está como contacto.
Redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
Diseño: Óscar Donado
