El pasado 9 de abril durante la sesión de la Comisión de Postulación para Fiscal General 2026-2030, Consuelo Porras, actual titular del Ministerio Público (MP) se presentó a una entrevista …
El pasado 9 de abril durante la sesión de la Comisión de Postulación para Fiscal General 2026-2030, Consuelo Porras, actual titular del Ministerio Público (MP) se presentó a una entrevista de 30 minutos como parte de los requisitos para volver a optar al cargo.
Le dieron un tiempo inicial para presentar su plan de trabajo, pero no lo hizo. Por el contrario, hizo un resumen de sus «logros» en los ocho años de gestión.
En su intervención y a preguntas de los comisionados, presentó como lo más positivo «la eficacia de su gestión» que sobrepasa el 100% de resolución de casos y que su administración «no es selectiva» en la persecución criminal. Las afirmaciones de Consuelo Porras, sin embargo, no coinciden con instituciones que analizan la gestión del MP.
Eficiencia superior al 100%
Consuelo Porras aseguró a la Comisión que el MP obtuvo un 116% de eficiencia en casos a nivel nacional durante 2025.
El dato que compartió corresponde al análisis de Flujograma de Justicia Criminal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) para ese año.
Sin embargo, el 116.37% que mencionó Porras corresponde a eficiencia anual, y en otra gráfica de eficiencia total reduce a 80.29%. Puede consultarse en este enlace las gráficas y la metodología.
Según la metodología de la herramienta, la eficiencia anual indica que «en un año determinado la institución fue capaz de atender el equivalente a la totalidad de casos que recibió». Pero el dato no explica qué salida se le dio a los casos y si fueron positivos para la víctima.
«Un indicador cercano o superior al 100% no necesariamente significa que el MP no tenga margen de mejora. En especial si la mayoría de salidas que ha generado no necesariamente aseguran la captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o condena de los responsables de los delitos», aclara el mismo infograma.
Sólo cierran los casos
El mismo argumento utilizó Porras cuando se postuló para un segundo mandato en 2022. La organización Diálogos realizó un estudio en 2023 demostrando que la eficiencia, en realidad, correspondía al cierre de miles de «casos en mora» que se acumulan por años.
«El impacto narrativo de la cifra es grande, ya que en principio se pensaría que estamos ante un proceso de mejora notable, ante una entidad que da sólidos resultados», según el estudio.
Puedes leer aquí el estudio completo de Diálogos:
Sin embargo, para Diálogos la formula es sencilla. Si en un año «entraron 100 casos y se resolvieron 130 (porque se tomaron otros de años anteriores), entonces la eficiencia será del 130%».
El problema es que se toman como «casos resueltos» las desestimaciones, los sobreseimientos o solicitudes de archivo de casos.
Poca eficacia
En 2025 el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip de Argentina) y la Alianza por las Reformas de Guatemala, presentaron el informe ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025 en el que evidencian que su eficacia llega al 6.44%.
Dicho estudio mide la eficacia general según cuántos de los casos que ingresan al MP reciben una respuesta de calidad, en donde haya algún tipo de responsabilidad de la persona acusada y algún tipo de reparación o satisfacción para la víctima.
Puedes leer aquí el informe comparativo de la ineficacia del MP versus el aumento de su presupuesto:
Mora judicial y eficiencia
Durante su entrevista, Consuelo Porras también mencionó la mora judicial de gestiones anteriores. «Hemos logrado un 99.7% de resolución de casos en mora, por cuanto que de todos fue conocido de la mora que realmente se nos dejó en 2018».
El comisionado Luis Aragón, decano de la Universidad San Pablo, le consultó sobre el «mal uso» de la desestimación de casos para mantener los números altos. Explicó que fue un argumento de otros aspirantes al cargo.
«Después de realizar cada investigación, cada fiscal concluye en que sí hay o no hay mérito para judicializar el caso o simple y sencillamente no hay investigación».
Porras aseguró que «eso es garantizarle al pueblo de Guatemala una justicia garantizada, con legalidad y objetividad».
En el periodo 2024-2025, el MP recibió 451,559 denuncias. Ese mismo periodo realizó 296,895 desestimaciones desde la sede fiscal y 39,255 desde la sede judicial. También archivó 125,059 casos. Esas salidas en su conjunto representaron el 102.17% de los «casos resueltos».
Hugo Mangione, coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del INECIP, explicó a Agencia Ocote que Porras utiliza una metodología que favorece sus datos.
Mangione explica que desestimar y archivar son recursos disponibles para los entes investigadores, pero que no deben usarse para engañar a la población.
Su importancia radica en que permiten «descongestionar el sistema y enfocarse en aquellos fenómenos criminales más graves para la ciudadanía, como la criminalidad organizada».
El problema en la gestión de Consuelo Porras, a pesar de haber desestimado y archivado gran cantidad de casos, es que «no se observa un aumento de la eficiencia en los fenómenos criminales más graves», menciona.
«No es un MP que desestima casos para enfocar los recursos en combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada y obtener resultados eficaces», puntualiza.
A esto se debe agregar que ha habido significativos aumentos al presupuesto del MP, superando en 2025 un 162% en comparación de cuando asumió Porras en 2018.
¿Hay persecución selectiva?
La comisionada Alicia del Carmen Franco Flores, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, preguntó a Porras sobre la «idoneidad» y por qué consideraba que reunía las condiciones para continuar en el cargo.
Porras respondió: «He representado la garantía de la legalidad, la institucionalidad, la honorabilidad y el trabajo. Por eso he sido muy criticada, porque no tengo ninguna selección en mi actuación. Siempre mi actuación ha sido regida por las leyes del país, la Constitución, sin ver distingo de ningún sector».
Aseguró Porras que «todos están sometidos al mismo tratamiento, siempre y cuando haya una denuncia».
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han señalado a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y personas investigadas por la CICIG como los denunciantes en el 80% de los casos de criminalización.
Son paradigmáticos casos como el del periodista Jose Rubén Zamora, capturado en 2022 por cargos de lavado de dinero y chantaje y terminó siendo procesado por obstrucción de la justicia y falsificación de documentos.
O el de las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, que llevan un año en prisión y tanto el MP como la FCT mantienen un litigio malicioso.
No investigan la corrupción
Contrario a la criminalización, las denuncias por corrupción presentadas por el Organismo Ejecutivo a través de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) no han tenido la misma celeridad.
Según el informe del Inecip, 151 de las denuncias presentadas por la CNC se encontraban en investigación, 57 habían sido desestimadas y 17 habían sido archivadas, entre otros. Ninguna había avanzado.
Hugo Mangione menciona que aunque Porras definió su gestión como una defensa de la legalidad y no ser selectiva, «cuando vemos los casos, se observa una criminalización arbitraria y sistemática».
«Cuando uno mira todos los casos, hay un eje común, que en la mayoría la FCT ha sido un articulador central para avanzar».
Mencionó el último caso contra la comisionada Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados.
El 13 de abril, Gámez, secretaria de la postuladora, hizo públicos actos intimidatorios por parte de la FCT, que la denunció ante el MP por cinco delitos. Esto porque ella expresó su apoyo a incluir la experiencia de juez para quienes aspiran a ser fiscal general del MP.
