César Augusto Ávila Aparicio, Néctor Guilebaldo De León Ramírez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Julio César Rivera Clavería. Entre los nombres …
César Augusto Ávila Aparicio, Néctor Guilebaldo De León Ramírez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Julio César Rivera Clavería.
Entre los nombres de este listado está la persona que el 17 de mayo asumirá el cargo de fiscal general durante los próximos cuatro años.
El presidente Bernardo Arévalo tiene ahora en sus manos la decisión de quién tomará las riendas del Ministerio Público. Podrá seleccionarla con la tranquilidad de que cumplirá su promesa de no reelegir un período más a la actual fiscal general.
María Consuelo Porras Argueta ha estado en el cargo de jefa del Ministerio Público durante ocho años. Quería seguir otros cuatro más. Y todo parecía indicar que podría integrar la nómina final. Fue la candidata mejor calificada de los 48 aspirantes —con una puntuación de 92.33 sobre 100—, pero en la votación que se realizó este lunes 20 de abril, apenas logró el apoyo de una tercera parte de los comisionados.
En las cuatro rondas, la fiscal general recibió los disciplinados seis votos de Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); y de los decanos Henry Arriaga (Usac), Luis Lepe (Regional), José González (De Occidente) y Enrique Sánchez (Panamericana).
El único candidato que recibió menos apoyo que Porras fue Walter Paulino Jiménez. Jiménez logró los votos de cinco comisionados.
Y aunque una parte de la ciudadanía celebró la no inclusión de Porras en la nómina de candidatos a fiscal general, este proceso llegó a su etapa final marcado por muchos cuestionamientos por parte de organizaciones de justicia y sociedad civil. Negociaciones políticas, exclusiones y la aplicación de criterios cuestionados. La elección de los seis perfiles es reflejo de esas negociaciones, según las personas expertas consultadas.
Las negociaciones
Para Edie Cux, experto en transparencia de Acción Ciudadana, el trabajo de la comisión de postulación es «el resultado de un sistema obsoleto, donde se reciclan perfiles». Esto, a criterio de Cux, «limita la posibilidad de incorporar trayectorias independientes».
Aunque los aspirantes cumplen requisitos formales, existe «una brecha entre la evaluación técnica y la realidad política del proceso».
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, experta en la veeduría de estos procesos en las últimas décadas, es directa al describir que «todo fue negociado».
«Desde el principio se vio una negociación de por medio, porque hubo votos para Beyla Estrada de comisionados que en otras circunstancias no hubiesen votado por ella». La lógica, explica, es la habitual: «Yo te doy, tú me das».
El analista Daniel Haering describe la operación que, según su observación, se llevó a cabo. Según Hearing, Beyla Estrada llegó con «las conexiones religiosas (evangélicas) y del sector privado. Se ganó (los votos de) la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y las universidades con ascendencia religiosa».
Estrada fue la única electa en la primera ronda y quien tuvo más votos (13 de 15). Solo votaron en su contra Patricia Gámez, presidenta del CANG, y Julio Cordón, decano de la Rafael Landívar.
La estrategia: dejar fuera a Porras
La estrategia del bloque reformista, explica Haering, fue pragmática: aceptar perfiles conservadores como el de Beyla Estrada sabiendo que «el presidente jamás va a elegirla». Este grupo lo conformaron principalmente Patricia Gámez (CANG); Julio Cordón (URL), Luis Ruano (UMG), Nery Anleu (Umes) y Pablo Maldonado (Unis), analiza Haering.
Los demás comisionados funcionaron como bisagra para permitir la elección de unos y otros candidatos.
El objetivo, según Haering, era asegurar que Consuelo Porras no llegara a la nómina y que hubiera al menos dos opciones viables para el mandatario.
Una de estas opciones sería Zoila Tatiana Morales, «una fiscal de carrera, con muchos años de experiencia, a la que no se le conocen señalamientos».
Morales recibió los votos para pasar en la segunda ronda. Estos fueron de Gámez (CANG) y Cordón (URL), además de José Reyes (Da Vinci), Luis Ruano (UMG), Nery Anleu (Umes), Pablo Maldonado (Unis). Se les unieron Mario García (Rural), Luis Lepe (Regional) y Luis Aragón (San Pablo). También Franco del bloque contrario.
Gabriel García Luna sería la otra opción. «Una figura de consenso, un tipo moderado, tranquilo, conocedor. Si quieren, es un Bernardo Arévalo en fiscal», resume Hearing.
En esa misma ronda pasó García Luna. Por él votaron los mismos que por Zoila Morales, a diferencia de Luis Aragón (San Pablo) que votó en su contra y en su lugar lo hizo Arturo Saravia (UFM).
En medio de los extremos están Julio Rivera Clavería, César Ávila o Néctor de León. En opinión de Haering, no serían las mejores opciones.
Para Milvian Aspuac, del Consejo de Autoridad Ancestral de Santiago Sacatepéquez, la nómina incluye perfiles interesantes desde la mirada de los pueblos indígenas.
Pero aclara que será necesario analizar con profundidad a los seis antes de emitir una valoración. A su juicio, la postuladora priorizó el cumplimiento de requisitos en lugar de aspectos más sustantivos para fortalecer el Estado de derecho.
La manipulación
Hay una decisión que define este proceso y es la exclusión del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, un juez de carrera que había sido considerado por diversos analistas como el mejor perfil.
Carmen Aída Ibarra recuerda que la presidenta de la comisión de postulación, Claudia Paredes, cambió el requisito de la experiencia profesional el día que se inició la evaluación de los expedientes.
El lunes 13 de abril, Paredes propuso que el registro de abogados de la CSJ (documento para verificar inhabilitaciones) «se convirtiera en el instrumento que validaría el ejercicio profesional, a pesar de que eso iba contra la naturaleza de la constancia», recuerda Ibarra.
El resto de comisionados lo aceptó. Pero, a criterio de Ibarra, Paredes, como presidenta de la CSJ, tiene acceso a toda la información de la entidad y sabía que Villeda se había registrado en febrero pasado.
Villeda tiene 30 años de carrera judicial, pero no se había inscrito en ese registro porque su función no lo exigía. «Eso fue lo peor que le sucedió a este proceso», afirma Ibarra. «Se usó perversamente ese registro para dejar fuera a un aspirante que contaba con gran apoyo nacional e internacional».
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lamenta que varios perfiles hayan quedado fuera. «Son profesionales que, por trayectoria e independencia, debieron haber sido considerados».
Advierte que el mensaje es grave porque los «obstáculos a perfiles provenientes de la judicatura envían un mensaje equivocado sobre el valor de la carrera judicial».
Los desafíos de la reconstrucción
La persona que Bernardo Arévalo elija tendrá la posibilidad de reconstruir una institución profundamente cuestionada y desintegrada. Sandoval advierte que «se abre una oportunidad para redefinir el rumbo del MP».
Pero asumir el liderazgo del Ministerio Público que deja Consuelo Porras es un reto, según Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.
«Queda un MP destruido que difícilmente se va a recuperar. Va a costar mucho. Para eso se requiere el apoyo de la cooperación internacional, de la sociedad civil…», afirma.
Sin embargo, considera que diversos sectores están dispuestos a apoyar, porque «la sociedad cumplió su rol. Las organizaciones estuvieron pendientes. El proceso fue acompañado».
La comisión de postulación ya envió al Diario Oficial la lista de nombres y enviará una carta con los expedientes de los candidatos a Bernardo Arévalo, para que antes del 17 de mayo designe al sucesor de Consuelo Porras.
Espera los perfiles de los seis candidatos, próximamente en Agencia Ocote.
Texto: Alex Maldonado
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Óscar Donado
