Bertha Zúñiga siempre supo que la investigación por la muerte de su madre no había finalizado. Aunque hubo siete condenas en 2018 por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, …
Bertha Zúñiga siempre supo que la investigación por la muerte de su madre no había finalizado. Aunque hubo siete condenas en 2018 por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el juicio no alcanzó a los altos mandos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía en el noroccidente de Honduras.
«Lo que nosotras siempre demandamos fue la deducción de responsabilidades a los autores intelectuales», dice Zúñiga, sobre el crimen de su madre el 2 de marzo de 2016.
Ocho años después de la condena (enero de 2026), la investigación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó las sospechas de Zúñiga.
El estudio reveló pagos a sicarios, conversaciones en las que se planificaba el asesinato y el involucramiento de miembros de la familia Atala y gerentes de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA).
Durante la investigación, el GIEI enfrentó presiones e intentos de injerencia que buscaban limitar su trabajo. Entre ellas, comunicaciones intimidatorias de familiares y abogados de Daniel Atala Midence, hijo y sobrino de tres accionistas mayoritarios de DESA y jefe de finanzas de la empresa, quien es prófugo de la justicia.
Ese estudio se presentó el 13 de marzo en una reunión de seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Ciudad de Guatemala.
Zúñiga participa como la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que su mamá también coordinó. Expone frente a los comisionados acompañada por el billete de 20 lempiras que el Estado hondureño creó con el rostro de Cáceres.
Un asesinato planificado
El asesinato de Cáceres «no puede entenderse como un hecho aislado. Fue el resultado de decisiones económicas, financiamiento y protección institucional que lo hizo posible», señala Roxanna Altholz (Estados Unidos). Ella es la autora del estudio junto a Pedro Biscay (Argentina) y Ricardo Guzmán (Guatemala).
Agua Zarca fue una de las 51 concesiones para producir energía en el territorio lenca. En 2013, inició un proceso de presencia policial y militar, hostigamiento, criminalización, estigmatización y acciones de violencia contra la resistencia de comunidades como Río Blanco.
Esto llevó el 15 de julio de ese año, al asesinato de Tomás García, presidente del Consejo Indígena.
Dichas acciones según el GIEI, conformaron una estrategia sostenida de control social en ese territorio. «El asesinato representó el punto culminante en este proceso de violencia estructural», agregó Altholz durante la vista pública en Guatemala.
El GIEI evidenció que el asesinato de Cáceres, tres años después del de García, fue una operación planificada y ejecutada por una estructura criminal vinculada a DESA.
Con ello buscaron debilitar la resistencia comunitaria que encabezaba el COPINH, para salvaguardar la rentabilidad de las inversiones asociadas al proyecto Agua Zarca.
El asesinato de Berta Cáceres, en 2016, fue precedido por operaciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y planificación logística. En febrero de ese año, incluso se intentó ejecutar el asesinato, pero fue abortado por problemas logísticos.
Lavaron dinero para financiar
Ante la sesión de la CIDH, en Ciudad de Guatemala, se reveló que «el asesinato de Cáceres fue financiado con recursos provenientes del proyecto Agua Zarca, específicamente con los fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo (principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)».
Estos fondos, según la investigación del GIEI, «fueron desviados de su finalidad original».
Un análisis financiero permitió establecer que existía un patrón de desvío de fondos, transferencias internacionales injustificadas y el uso de empleados de bajo rango como cobradores de cheques.
Estas acciones permitieron pagar a los sicarios y costear la logística previa y posterior al asesinato.
El GIEI identificó movimientos financieros hacia sociedades ligadas a DESA (incluidas transferencias millonarias a la offshore PEMSA en Panamá). Parte de esos fondos fueron transferidos luego a Honduras.
Dentro de las 48 horas posteriores al crimen, se realizaron tres transferencias por un valor de 24,320.77 dólares. Ese dinero fue retirado a través de tres cheques por empleados de bajo rango de DESA.
El GIEI los entrevistó. «Estas personas relataron que cobraron los cheques con el propósito de entregar el dinero en efectivo directamente a Roberto David Castillo (expresidente de DESA y condenado por el asesinato)».
También «se constató que ambos empleados habían realizado este tipo de operaciones para entregar efectivo en múltiples ocasiones, tanto antes como después del 3 y 4 de marzo, lo que permite identificar una conducta reiterada de la empresa», indica el informe.
Los expertos del GIEI también denunciaron que la investigación dirigida por el Ministerio Público (MP) hondureño no profundizó en la responsabilidad de los empresarios. Entre ellos, Daniel Atala quien fungió como enlace del nivel operativo de DESA con los accionistas responsables de canalizar los recursos.
El papel del Estado
Ante la CIDH se argumentó que el Estado actuó para favorecer la impunidad. Las fiscalías y unidades de investigación que intervinieron no lo hicieron de manera coordinada, facilitando los intentos de desviar y entorpecer el caso.
«Por ejemplo, en las etapas iniciales de la investigación se identificaron maniobras deliberadas de obstaculización por parte de agentes estatales vinculados con DESA», indica el informe.
El crimen de Berta Cáceres fue previsible y prevenible. El Estado tenía en sus manos información concreta y en tiempo real que alertaba su planificación (llamadas interceptadas en las que se discutía el asesinato, logística y se negociaban pagos). Estas se obtuvieron en el marco de una investigación penal iniciada en 2015.
Para Lucas Mantelli, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que acompaña el caso, el Estado «tomó conocimiento previo de que se preparaba el asesinato y, aún teniendo esa información, no tomó ninguna medida para evitarlo».
Berta Cáceres tenía medidas cautelares de la CIDH como consecuencia de las amenazas y el hostigamiento al que era sometida. Sin embargo, el Estado hondureño falló en protegerla.
El GIEI recomendó que el MP continúe sus investigaciones del caso. Entre ellas, hacia la junta directiva y accionistas de DESA, el lavado de dinero, la red de sicariato y el involucramiento de funcionarios públicos.
Rechazan acusaciones
En la vista pública ante la CIDH, José Francisco Quijano, representa al Estado de Honduras, como subprocurador general. Es la primera vez que este país se presenta desde la toma de posesión del presidente Nasry Asfura en diciembre de 2025.
«Este crimen, que arrebató la vida de una reconocida líder indígena y defensora del medio ambiente, conmocionó a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional. El Estado reconoce el dolor que estos hechos han causado a su familia, a su comunidad y a quienes continúan su labor», dice.
Sin embargo, Quijano asegura que la nueva administración gubernamental analiza las recomendaciones del informe y considera su viabilidad. Según él contradice la Constitución del país.
El GIEI fue conformado en 2024 tras un acuerdo entre la CIDH y el gobierno hondureño. Los investigadores no pueden ejercer acción penal, sino deben entregar sus resultados al Estado para que este lo haga.
Quijano considera que dicho acuerdo carece de validez jurídica para obligar al Estado a accionar pues, a su parecer, viola el artículo 46 de la Convención de Viena sobre tratados internacionales. También porque no fue ratificado ante el Congreso Nacional.
Sin embargo, la CIDH «de ninguna manera avala la cuestión de que el GIEI invade facultades judiciales», sentencia la comisionada vicepresidenta y relatora para Honduras, Andrea Pochak.
Indica que este grupo fue conformado para colaborar con las autoridades estatales, a petición del Estado hondureño y únicamente «brinda recomendaciones».
En el derecho internacional, según el abogado Martinelli, «Rige el principio de continuidad de los Estados. Es decir, si bien los Estados cambian sus gobiernos, un gobierno posterior no puede desconocer lo que ya hizo y las obligaciones internacionales que asumió un gobierno pasado».
Quijano también cuestiona la imparcialidad de la investigadora Altholz por un supuesto conflicto de interés. En el pasado, la defensa de Daniel Atala presentó los mismos argumentos ante la CIDH.
«Nos preocupa que la nueva gestión del gobierno sea eco de esos cuestionamientos ya rechazados por las organizaciones», agrega la comisionada Pochak.
Con estos señalamientos, «se nota la influencia de este grupo económico en los argumentos que presentó el Estado», indica Zúñiga en entrevista con Agencia Ocote.
Una realidad compartida
El proyecto Agua Zarca llegó a la comunidad La Esperanza sin una consulta libre, previa e informada, según establece el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se impuso por medio de una ola de violencia que provocó un rompimiento en el tejido social, Este modelo se replica en la región.
En Guatemala, en 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la mina El Escobal y ordenó la realización de una consulta popular. En 2022, la población de Asunción Mita, Jutiapa, rechazó el funcionamiento de la mina Cerro Blanco.
En Alta Verapaz, la resistencia indígena logró que la CC reconociera que la hidroeléctrica Oxec no consultó a la población previo a iniciar sus trabajos en el río Cahabón, pero permitió que continuara operando.
Bertha Zuñiga asegura que el asesinato de Cáceres «evidencia un modelo de violación de derechos vinculado al extractivismo y la falta de protección a las comunidades y bienes naturales».
Diez años después del asesinato, la comunidad Río Blanco aún carece de la titularidad de sus tierras. El Estado hondureño insiste en reconocerlas de manera individual, no su personalidad colectiva.
En Guatemala, la carencia de titularidad de las tierras comunales ha terminado en desalojos forzados. Según el estudio Desalojos y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público, la vía penal se implementa para desalojar a comunidades. Esto sin que una autoridad judicial ejerza control sobre la validez del título de «propiedad privada» que sustenta las denuncias contra las comunidades.
Por ejemplo, en Purulhá, Baja Verapaz y en algunos municipios de Alta Verapaz, «se han impulsado procesos penales por usurpación y usurpación agravada a partir de documentos conocidos como «justos títulos» de propiedad, en los que los supuestos propietarios declaran ante un notario que un bien inmueble les pertenece», indica el estudio.
Los asesinatos
Según el GIEI, Berta Cáceres fue identificada como «un obstáculo estratégico para la consolidación y expansión de los intereses económicos y financieros asociados al proyecto Agua Zarca». Esto la colocó en una situación de riesgo previsible y documentado, a pesar de la vigencia de las medidas cautelares.
En Latinoamérica, los defensores del ambiente y el territorio se encuentran en riesgo. Según un informe de Global Witness, en 2024, 117 personas defensoras (el 82% del total mundial) fueron asesinadas en este territorio. De ellas, 48 de las muertes sucedieron en Colombia y 20 en Guatemala.
En 2025, al menos dos personas defensoras fueron asesinadas en Guatemala. Se trata de Marco Antonio Zuleta Quevedo, bombero forestal y guardarrecursos de la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas y Misael Mata Asencio, de la resistencia antiminera en Livingston, Izabal.
