Después de las tormentas
Juicio por el asesinato de Berta Cáceres
Laura Zúñiga: “Estaban tan seguros de su impunidad que planificaron el asesinato por Whatsapp”
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Cinco años después del asesinato de Berta Cáceres, Roberto Castillo Mejía enfrenta un juicio. El empresario hondureño es acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen. Laura Zúñiga Cáceres, hija de la activista, dice que llegar a esta fase ha significado desafiar al poder y a quienes se creían impunes. En esta entrevista, asegura que la muerte de su madre no detuvo la lucha por los recursos naturales en Honduras, como esperaban sus asesinos.


Desde el 6 de abril de 2021, Roberto David Castillo Mejía, expresidente ejecutivo de la corporación Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), enfrenta un juicio por el asesinato de la activista ambiental hondureña, Berta Isabel Cáceres Flores. Es acusado de ser el autor intelectual del crimen.

En 2010, DESA recibió una concesión del Gobierno hondureño para construir el proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, que se llamaría Agua Zarca. Berta Cáceres se opuso desde el inicio a esta construcción. La ambientalista era lideresa del territorio indígena lenca Río Blanco, ubicado en el departamento de Intibucá, al oeste de Honduras, y cruzado por el río Gualcarque. Lideraba las protestas contra el proyecto.

La madrugada del 3 de marzo de 2016 un grupo de personas ingresó a su vivienda y la acribilló a balazos. A finales de 2019, siete hombres fueron condenados como autores materiales del crimen. Recibieron penas de 30 a 50 años de prisión.

Roberto David Castillo Mejía fue capturado dos años después del asesinato de Cáceres, el 2 de marzo de 2018. Las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto de San Pedro Sula, en Honduras, cuando pretendía viajar a Estados Unidos.

Debido a la pandemia de COVID-19, y para evitar contagios, el juicio por el asesinato de Berta Cáceres ha sido poco concurrido. Solo dos personas tienen permitido ingresar, aparte de los fiscales, abogados y jueces. Una de ellas es Dinora Mejía, la madre del sindicado. La otra es Laura Zúñiga Cáceres, la hija de la ambientalista a la que balearon el 3 de marzo de 2016.

Berta Cáceres. Foto: Goldman Environmental Award Recipient

Laura Zúñiga, de 28 años, es la tercera de los cuatro hijos de la activista fallecida. Hoy integra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la agrupación que lideraba su madre y que ahora dirige su hermana Bertha Zúñiga Cáceres.

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Aunque, hasta la fecha, Castillo es la única persona señalada como autor intelectual del crimen, Laura Zúñiga cree que hay más personas detrás del asesinato de “la compañera Berta”, como también llama a su mamá. La activista señala a miembros de la familia Atala, propietarios de la empresa DESA, como otros de los autores intelectuales.

Tras las protestas del pueblo lenca y el asesinato de su lideresa, DESA dejó de construir la hidroeléctrica. Sin embargo, el Gobierno todavía mantiene la concesión a la compañía, pese a que existe una investigación que inició la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y que continúa la fiscalía, después de la disolución de la entidad en 2020. En la investigación se establece que hubo irregularidades en su otorgamiento. 

¿Qué obstáculos ha habido para llegar a esta fase del proceso en contra del asesinato de Berta Cáceres?

Fueron más de dos años de dilaciones de la defensa de Roberto Castillo. Hubo recursos que sirvieron solo para retardar el proceso. Debido a esto la prisión preventiva contra él se extendió. Fueron más de dos años esperando a que empezara (el juicio) desde que fue capturado. La defensa recusó a los jueces que integraban el tribunal –es decir, trató de separarlos del caso–. Pero sus peticiones fueron rechazadas. Varios tribunales superiores dictaminaron lo mismo.

¿Considera que durante estos dos años el sistema judicial hondureño benefició de alguna manera a Roberto Castillo?

Sí, yo creo que mucho. No hubo una investigación temprana contra él. Eso hubiera facilitado el proceso de justicia. El asesinato de mi mami se dio en 2016. En ese año ya era claro el involucramiento de la empresa. Ya habían capturado a algunas personas relacionadas con la compañía. Pero no hubo un requerimiento fiscal contra Roberto Castillo, que había sido señalado por testigos y otras personas. Se le capturó hasta el 2018. Y eso creo que tiene que ver con intenciones de generar impunidad.

Es como los Atala, no se necesita a este punto ya debatir mucho sobre su culpabilidad. En este juicio se ve y se ha evidenciado su participación. Lo que siempre ha faltado para no garantizar justicia integral en este caso es voluntad política. Esto beneficia a las estructuras criminales, beneficia a los asesinos y beneficia a estas empresas que están acostumbradas a saquear a las poblaciones, a asesinar a la gente y a gozar de impunidad.

¿Cómo se vincula en este caso a la familia Atala?

En este juicio se llamó a testificar a Daniel Atala, que era el encargado de finanzas de la empresa (Desarrollos Energéticos S. A.). Él autorizaba pagos para los informantes y para hacer seguimientos a mi mami y la gente de COPINH. Se le llamó para que se sentara, testificara y diera información sobre esos movimientos bancarios que relacionan a la empresa DESA con el asesinato de mi mamá, así como con el seguimiento, hostigamiento y amenazas que sufrió la comunidad Río Blanco, que es la que se opone al proyecto.

Él se apegó a su derecho de no testificar en contra de sí mismo, pues lo que fuera a decir podría implicarle responsabilidad penal más adelante. Para nosotros eso significa que hay información, que hay responsabilidad de parte de esta familia, que para nosotros es una estructura, que relacionamos y entendemos como los asesinos intelectuales.

¿Qué significa para usted enfrentar en el juicio a uno de los directivos de la empresa de la familia Atala?

Es un momento de mucha responsabilidad y de tensión. No solo porque estamos hablando del asesinato de nuestra madre, sino porque el crimen se enmarca en una política de violencia contra los defensores y las defensoras de la tierra.

Sabemos que si logramos romper la impunidad en este juicio, podremos aportar a la no repetición en otros casos, a proteger las vidas de otros luchadores y luchadoras. No solo en Honduras, sino en Latinoamérica porque es una práctica en toda la región. No es un proceso que haya sido fácil, pero es un avance en el sentido de justicia, el poder señalar a los asesinos de mi mamá, aquellos que gozaban o estaban tan seguros de su impunidad que planificaron su asesinato en grupos de Whatsapp.

Fue algo que nos planteamos en este camino de hacer justicia, el desafiar a los asesinos, decirles que el asesinato de una compañera no funcionará para desarticular y desactivar la lucha. Creemos que estamos logrando cosas históricas en este caso. Aunque no deja de ser difícil. Es un momento que uno no se imagina vivir, el declarar o estar en un juicio por el asesinato de una mamá, en vez de estar platicando con ella.

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Menciona que el crimen se planificó desde un grupo de Whatsapp, ¿qué se sabe de  esto?

Se crea un grupo de Whatsapp llamado Seguridad PHAZ, (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico de DESA). En este chat hay un montón de conversaciones para atentar contra el COPINH y contra mi mami. En las conversaciones extraídas también decían que las acciones se debían dirigir contra ella y otros dirigentes porque eran quienes movilizaban a la población.

El día de la captura de los primeros señalados por el asesinato, incluso se dijo en ese grupo que se contactarían con el fiscal y con un ministro. En ese grupo también se hablaba del apoyo de la Policía y el Ejército para que actuaran como fuerzas de seguridad de la empresa.

¿La fiscalía ya ha señalado a algún funcionario por el crimen de Berta Cáceres?

No, pero hemos solicitado al Ministerio Público que se investigue la participación de funcionarios. Hasta ahora sólo existe un caso abierto por actos de corrupción que se cometieron para asegurar la concesión del río Gualcarque. La investigación es de la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras).

¿La condena sigue firme para los siete hombres que ya fueron juzgados como autores materiales del asesinato?

La defensa de ellos ha presentado un recurso de casación para revertir la sentencia, pero hasta ahora no ha sido resuelto. Siguen en prisión pagando su condena.

¿Cuál era la relación de Roberto David Castillo con los asesinos?

Él sirvió de enlace. ¿Cómo? Siendo contacto, dándoles dinero, haciendo operaciones de acoso, de inteligencia, de intimidación. Su labor también fue la de contactar personas que pudieran acercarse a los sicarios.

¿Qué otras pruebas existen contra él?

Hay testimonios de la persecución que él hacía hacia mi mami, de su forma de intentar acercarse para conseguir información. Algo que también se verifica en las conversaciones, en los grupos de Whatsapp. Él, después de conversar con mi mami, iba y daba toda la información a estos grupos que estaban coordinados para hacer el ataque. También hay pagos que hizo una de las empresas de Daniel Atala a una de las empresas de Roberto David Castillo, en los momentos en que los sicarios pidieron dinero en efectivo.

¿Se ha sentido intimidada en las audiencias?

Son espacios hostiles para nosotras. Por ejemplo, hace unos días, la defensa buscó negar la condición de mujer indígena de mi mami. Cuestionó a una perita si ella era indígena. Todo el tiempo han puesto en duda la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Es algo que a mí me parece terrible, como también escuchar que las organizaciones lucran de asesinatos de compañeras y compañeros.

Pero la reproducción de los discursos de odio también los vemos en las redes sociales. Ahí se reproduce el racismo, el odio, la violencia. Creo que es también porque no están acostumbrados a escuchar a los pueblos indígenas, a escuchar de su capacidad de organización, de pensar en desarrollo más allá de sus lógicas.

Aunque yo creo que todo esto era hasta esperable, pues son personas que nunca imaginaron llegar a ser juzgadas. Son ese prototipo que el capitalismo vende como un empresario exitoso. Ese que hoy está siendo juzgado por asesinato, que ha atentado contra el pueblo lenca y mi mami.

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¿Cuál es la situación actual del pueblo lenca? ¿Cuál es ahora su lucha en Río Blanco?

Son varias cosas. La empresa DESA todavía tiene la concesión del río Gualcarque, donde funcionaría la hidroeléctrica. Aunque la empresa no esté en el territorio y la maquinaria ya fue desmontada, eso no es garantía de que no puedan volver. Tienen el respaldo del Gobierno, pese a que se trata de una concesión ilegítima porque no fue consultada con la población.

La comunidad además está en un proceso para recuperar las tierras de las que se hizo dueña DESA. Algo que es riesgoso porque la misma empresa sigue incitando a las personas que trabajaron para ellos a que atenten contra los pobladores que buscan recuperar sus tierras.

Esa es la situación actual. La comunidad sigue en pie de lucha, sigue organizada. Seguimos encontrando a compañeras que van asumiendo el liderazgo de la comunidad, de la misma organización. Eso también es algo bonito porque, cuando hablamos de que Berta se multiplicó y miramos a estas compañeras asumiendo los roles del liderazgo del pueblo lenca, nos parece que es parte de la justicia que hacemos desde los pueblos.         

¿Luchan por la cancelación de la concesión del río Gualcarque?

Se ha solicitado varias veces, sobre todo a través de amparos. Algunos han sido rechazados. Los tribunales dicen que no tienen competencia, pese a que sí la tienen. En parte realmente es porque no quieren asumir la responsabilidad de quitarles la concesión a esa empresa. Hemos impulsado los recursos legales porque así marcamos el paso en la lucha de los pueblos. Planteamos, frente a las instituciones, las necesidades de la gente. No podríamos estar hablando de juicio hoy si no hubiéramos peleado para que se diera.

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