La Sala Sexta otorgó el amparo provisional a los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre. Así, revirtió el derecho de los profesionales de carreras afines a votar en …
La Sala Sexta otorgó el amparo provisional a los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre. Así, revirtió el derecho de los profesionales de carreras afines a votar en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir un magistrado titular y uno suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La resolución de la Sala Sexta ordena que, a horas del proceso de elección —programado par este miércoles 4 de febrero—, se haga una nueva convocatoria de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En esta nuevo convocatoria solo podrían votar los abogados. El amparo excluye así a todos los profesionales afines, como politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas.
La sala está integrada por los magistrados Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Estuardo Morales y Caren Orfilia Guzmán Sagastume. Los tres firmaron la resolución del amparo.
Partidarias de ASPA y del magistrado Néster Vásquez
Irma Yolanda Sosa Flores es la magistrada presidenta de la sala que resolvió el amparo. Antes de ocupar este cargo, fue defensora pública penal y asesora legal del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En una fotografía reciente de un acto de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) aparece posando junto a Néster Vásquez y Armando Ajín. Vásquez es el actual magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, en representación del CANG. Se postula a la reelección con Ajín, que es su candidato a magistrado suplente en la actual contienda.
Tanto Néster Vásquez como su actual suplente, Claudia Paniagua, son señalados por emitir resoluciones cuestionadas.
Por estas acciones, ambos están incluidos en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Caren Orfilia Guzmán Sagastume es la magistrada vocal II de la sala. También es integrante de ASPA y aparece en la misma fotografía junto a Néster Vásquez y Armando Ajín en un evento público, según Prensa Comunitaria.
Guzmán Sagastume fue asesora del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE). En abril de 2020, los magistrados del TSE autorizaron la creación de 10 puestos nuevos de asesores personales con salario de Q20 mil mensuales en el renglón 022.
Guzmán Sagastume era la asesora del magistrado Ranulfo Rojas en el órgano electoral, según publicó Nómada en 2020.
Frenó la juramentación de Gloria Porras
Roberto Estuardo Morales Gómez es el magistrado vocal I de la sala que resolvió el amparo. Actualmente se encuentra entre los 181 aspirantes a magistrado del TSE. En 2021 fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Un año después, en julio de 2022, el Movimiento ProJusticia publicó un informe sobre la designación de magistrado titular de la CC por el CSU para el período 2021-2026. En el documento explica que, en agosto de 2021 Morales Gómez tuvo un papel clave para bloquear la juramentación de Gloria Porras.
A través de una demanda en la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo presentada en contra de la Usac, Morales logró frenar el proceso en julio de 2021. La Fundación contra el Terrorismo presentó otro recurso en la misma línea, pero este fue denegado.
El Congreso de la República, presidido entonces por Allan Rodríguez, juramentó a los demás magistrados, incluidos Néster Vásquez y Claudia Paniagua, a pesar de que tenían procesos legales pendientes.
El acto de juramentación de Gloria Porras fue suspendido en reiteradas ocasiones entre julio y agosto de 2021, a pesar de que la Usac la ratificó como su representante.
Porras sufrió criminalización y debió marcharse al exilio siendo magistrada electa.
Reacciones ante el amparo
El 31 de enero, el Colegio de Abogados y Notarios ya se había pronunciado respecto de las acciones que pretendían excluir a profesionales de ciencias afines de la elección del magistrado titular y suplente de la CC.
«Todos los profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General», asegura el CANG.
Recalcó que todos los agremiados han participado en los eventos electorales de los que también resultaron electos los actuales magistrados. Los profesionales afines están agremiados al CANG desde 1983.
🚨COMUNICADO pic.twitter.com/gwZa4ydwDF
— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) February 1, 2026
El exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, Juan Francisco Sandoval, se pronunció respecto de la decisión de la sala.
«Una de las llamadas “cortes balanceadas” ya empezó a operar: está dejando fuera de la elección de magistrado de la CC a los profesionales de carreras afines, restringiendo el voto solo a abogados». «Así se “equilibra la democracia gremial”», publicó el exfiscal en su cuenta de X desde el exilio.
Edgar Ortiz, actual representante del CANG en la Comisión de Postulación del TSE y abogado especializado en derecho constitucional, también se pronunció en sus redes sociales.
«Resulta que un grupo de tramposos se dio cuenta de que en las mesas de los profesionales afines Unidad por la Democracia (su agrupación) sacó muchos votos, y entonces para tratar de ganar la elección a como dé lugar, manipularon la justicia», asegura.
Puedes conocer también quienes son los magistrados que promovieron las mismas acciones a través de la Corte de Constitucionalidad:
Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes presentaron el amparo, son los mismos abogados que plantearon un recurso en contra de la elección de la actual junta directiva del CANG en febrero de 2025.
En agosto de 2023, Diego Sagastume ya había presentado un recurso junto a otros abogados en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Argumentaba que en las elecciones generales hubo fraude electoral.
Esta misma narrativa es la que el Ministerio Público de María Consuelo Porras ha criminalizado a políticos, funcionarios, abogados y defensores sociales.
