La tarde del 30 de enero de 2026 se conoció que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y la suplente Claudia Elizabeth …
La tarde del 30 de enero de 2026 se conoció que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y la suplente Claudia Elizabeth Paniagua habían solicitado a la presidenta del máximo tribunal, Leyla Lemus, que convocara a sesión de pleno con carácter urgente.
El motivo: conocer dos amparos presentados para excluir a los profesionales de ciencias afines —sociólogos, politólogos, internacionalistas, criminalistas— del proceso electoral programado para el próximo 4 de febrero. A través de estas elecciones, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirá a un magistrado titular y uno suplente que los representarán ante la CC para el periodo 2026-2031.
Molina Barreto, Ochoa y Paniagua pidieron por escrito a Lemus que resolviera los amparos 393-2026 y 605-2026 a escasos días de la elección.
Lo que piden los magistrados
Los tres magistrados hacen referencia en su escrito al argumento de los dos amparos. Que el hecho de dejar participar a profesionales sin el título de abogado en elecciones de representantes va en contra de la Constitución.
Por ello, pidieron que «con prontitud» se convoque a pleno de la CC. Buscan que la máxima corte aclare si procede o no la participación de colegiados de carreras afines.
En redes sociales, diversos profesionales, incluidos candidatos para este proceso, aseguran que los magistrados adelantaron criterio sobre lo que buscan resolver.
En la página web de la CC se publicó que el pleno para conocer estos recursos será el martes 3 de febrero.
¿Quiénes presentaron los amparos?
Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), fue quien presentó el amparo 605-2026. En su cuenta de X expuso la posición de los recursos ante la CC. Según Falla, el artículo 269 literal e) de la Constitución dice que es la asamblea del colegio de abogados —hace hincapié en esta palabra— la que debe designar un magistrado de la CC.
Por esto, el abogado recalca que «las ciencias afines no pueden elegir, ni ser electos magistrados de la CC».
La FCT está vinculada a la criminalización de defensores de derechos humanos junto con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras. Tanto Falla como Ricardo Méndez Ruiz —presidente de la fundación— están señalados por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea por ser actores corruptos y antidemocráticos.
El amparo 393-2026 fue presentado por los abogados Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica y Efrén Emigdio Sandoval Sanabria con los mismos argumentos.
Ambos están vinculados a estructuras de corrupción dentro de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
En publicaciones de redes sociales han apoyado la candidatura a decano de Henry Arriaga, aliado del rector Walter Mazariegos. También publican contenidos contra el gobierno de Bernardo Arévalo y a favor del sindicato magisterial de Joviel Acevedo y de la fiscal general Consuelo Porras, ambos sancionados por EE.UU. por corrupción, igual que Mazariegos.
Un tercer amparo
Mientras tanto, los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales plantearon un tercer amparo ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.
Los dos están vinculados a Guatemala Inmortal. La organización está identificada como parte de una estructura que opera coordinadamente con la Fundación contra el Terrorismo y el MP.
Esta estructura mantiene la narrativa de que hubo fraude en las Elecciones Generales 2023. Constantemente presenta amparos en contra de las acciones del Gobierno y de los procesos del CANG desde que Patricia Gámez asumió la presidencia.
Los argumentos de los abogados son los mismos que los de los otros dos amparos, según explica Sagastume Vidaurre en su cuenta de X.
Sagastume sostiene que «el elector o electores deben ser abogados colegiados activos». Según dice, la misma Constitución establece este requisito para ser magistrado de la CC.
Este amparo agrega una supuesta irregularidad. Dice que la convocatoria al proceso electoral –el 30 de diciembre de 2025– no fue publicada en dos diarios de mayor circulación en el país, como manda la ley.
La Sala dio 48 horas al CANG (que vencían el 31 de enero) para que presentara argumentos de descargo. Patricia Gámez, presidenta del CANG confirmó que presentó un informe en este plazo.
Puedes ver aquí sus argumentos.
El CANG defiende a todos sus agremiados
El 31 de enero, la Junta Directiva del CANG emitió un comunicado en el que rechazó los intentos de exclusión. Reiteró que todos los profesionales del Colegio «tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General».
También que «los agremiados de profesiones afines han participado en todos los eventos electorales en los que se ha designado a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo el proceso en el que resultaron electos los actuales magistrados».
Aseguró que «la Junta Directiva junto al equipo de defensa gremial, se mantiene activa para enfrentar y tomar las acciones necesarias para la defensa del orden institucional y del derecho de participación».
Edgar Ortiz Romero, abogado constitucionalista electo como suplente del CANG ante la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, publicó en sus redes sociales sus argumentos legales en contra de los amparos.
Para Ortiz, los amparos se presentaron fuera de tiempo: «En cualquier elección, las reglas se fijan antes, no cuando el proceso ya está en marcha».
El abogado cita la Ley de colegiación profesional obligatoria para recordar que el derecho a voz y voto en la Asamblea General del Colegio de Abogados es de todos los colegiados, sin distinción del título profesional.
Así se ha hecho, recuerda, «desde los ochenta». «Los profesionales de carreras afines han participado en estas designaciones. Incluso, una de las magistradas que hoy impulsa el amparo fue electa en 2021 en un proceso donde votaron carreras afines».
La elección del 4 de febrero
El proceso está por concluir: 20 candidatos fueron inscritos (13 para magistrado titular y 7 para magistrado suplente). Los casi 50 colegiados —incluidos los de carreras afines— se preparan para acudir a las urnas bajo las mismas reglas desde hace cuatro décadas.
Varios de los candidatos se han pronunciado o han presentado recursos ante la misma CC contra la intención de negar el derecho de los profesionales afines.
Presentaron recursos Ovidio Orellana, Wálter Vásquez y Erick Castillo. Se han pronunciado Astrid Lemus, Fernando Bermejo, Oscar Morales y Estuardo Gálvez.
También presentaron recursos para no vulnerar el derecho de las carreras afines el diputado José Chic y el abogado Alejandro Xiloj.
Sobre el proceso de elección en el CANG, te recomendamos leer:
