Néster Mauricio Vásquez Pimentel ha sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad desde el 2021. Su periodo está a meses de terminar, pero él busca reelegirse por otros cinco años …
Néster Mauricio Vásquez Pimentel ha sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad desde el 2021. Su periodo está a meses de terminar, pero él busca reelegirse por otros cinco años más.
Este miércoles competirá junto a 12 candidatos más para las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Los agremiados elegirán a un magistrado titular y otro suplente para el periodo 2026-2032. Las personas electas se sumarán a los otros cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes de la CC y tomarán posesión el 14 de abril de 2026.
En su papel como magistrado de la máxima corte de Guatemala, Vásquez Pimentel ha aprobado una serie de resoluciones polémicas.
Desde aquellas que protegieron a la fiscal general Consuelo Porras y al sindicalista Joviel Acevedo; la que anuló el reglamento de separación de desechos; o la que suspendió un acuerdo que buscaba transparencia en las contrataciones públicas.
Durante las elecciones generales de 2023 apoyó resoluciones a favor de las excandidatas a la presidencia Sandra Torres y Zury Ríos. Entre sus decisiones también está la de proteger la información de la Corte de Constitucionalidad sobre la seguridad de los magistrados.
La mayoría de estas resoluciones también han recibido el respaldo de sus compañeros titulares Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Hasta el cierre de edición de este texto ninguno de ellos se había postulado a la reelección.
Sus decisiones han impactado en casos de corrupción y memoria histórica.
Protección a Joviel Acevedo
En febrero de 2024 inició la negociación del nuevo pacto colectivo de las condiciones de trabajo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo..
La ciudadanía nunca pudo conocer el contenido del documento. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei aceptó que fuera confidencial.
Aunque las autoridades actuales del Mineduc solicitaron públicamente retirar la confidencialidad, el sindicato se negó.
La negociación ha sido tensa, con manifestaciones y paros de los maestros que apoyan al sindicato.
En un ejercicio de transparencia ante la reserva de la información y con la intención de que la población conociera lo que busca negociar el STEG, dos abogados y un estudiante de derecho intentaron acceder a ella por medio de una solicitud de información pública, que les fue negada.
Ante esta negativa, Javier Urízar Montes de Oca, Edgar Gustavo Roberto Lima Muñoz y José Javier Gálvez Hernández presentaron un amparo a la Corte Suprema de Justicia que también les fue negado. Apelaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que, al resolver en agosto de 2025, se mantuvo firme en la decisión de proteger la confidencialidad y confirmó la negativa.
Suspensión de disposiciones para proveedores transparentes
En 2024, el Ejecutivo de Bernardo Arévalo publicó el Acuerdo Gubernativo 133-2024, reformado por el 208-2024, para obligar a los proveedores del Estado a informar al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) quiénes son sus accionistas.
La disposición del gobierno no fue bien vista por todos los empresarios.
Hay compañías que reciben millones de quetzales del Estado, pero solo se conoce a su representante legal o a sus fundadores. No existe un registro de sus socios al que se pueda acceder públicamente.
Con la presentación de una acción de inconstitucionalidad, el abogado Raúl Enrique Ramírez Ceballos expresó públicamente su rechazo a la disposición. Se oponía a que se conociera a los accionistas de los proveedores del Estado.
La inconstitucionalidad presentada por Ramírez Ceballos tuvo eco en la Corte de Constitucionalidad (CC). Los magistrados suspendieron el artículo 9(d)(ii) del Acuerdo Gubernativo 133-2024, una iniciativa para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública.
El artículo suspendido incluía la obligación de declarar nombres y apellidos de los accionistas o socios de las empresas y el porcentaje de las acciones.
Anulación de reglamento de separación de desechos
También en 2025, la CC declaró con lugar una inconstitucionalidad presentada por el diputado del partido Vamos, Ronald Yomelfy Portillo Cordón.
El congresista presentó este recurso para impugnar el Acuerdo Gubernativo 164-2021. En 2021, el presidente de la República, entonces Alejandro Giammattei, había publicado en este acuerdo el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.
El acuerdo pretendía imponer la clasificación de desechos, pero el diputado Portillo Cordón, integrante del mismo partido que el expresidente Giammattei, alegó que afectaba la autonomía municipal.
El magistrado Néster Vásquez aprobó la decisión y estuvo de acuerdo con la anulación. Así, la CC dejó sin efecto el reglamento. El Ministerio de Ambiente ha advertido que esto podría incrementar la basura en ríos, lagos y calles, lo que pone en mayor riesgo la salud de la población.
El presidente no puede remover a la fiscal general
Durante la campaña electoral de 2023, el presidente Bernardo Arévalo prometió exigirle la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras. Porras ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarla una funcionaria corrupta y antidemocrática..
El presidente no destituyó a la fiscal general como lo exigían organizaciones de la sociedad civil. Alegó que la legislación actual se lo impedía.
En 2023 llegaron a la CC tres expedientes de inconstitucionalidad sobre el proceso de destitución de la fiscal general. Autoridades indígenas, profesionales del derecho, ciudadanos y ciudadanas, presentaron los recursos. Buscaban que la Corte confirmara que Arévalo podía destituir a Porras.
La primera acción argumentaba que la Constitución permite que el presidente destituya a la fiscal general por causa justificada. La Ley Orgánica del MP entiende por «causa justificada» que la persona cometa un delito y haya una sentencia condenatoria.
Los inconformes alegaron que la fiscal general nunca se investigaría a sí misma. La CC confirmó que así debe ser el proceso. Determinó que la acción carecía de sustento legal y que la apreciación de que la fiscal no se investigaría a sí misma parte de apreciaciones personales.
Los segundos solicitantes cuestionaron que tenga que haber una sentencia condenatoria firme para lograr la remoción. Esto significaría que una decisión del presidente se traslada a un juez. La corte determinó que son dos acciones distintas y no encuentra problema en la norma.
En el tercer expediente se protesta porque la norma define la única causa justificada para remover al fiscal general lo que limita su remoción. La CC resolvió que se hace indispensable garantizar que la fiscal general no sea subordinada de ninguno de los Organismos del Estado.
Así la CC confirmó que el presidente únicamente podría destituir a la fiscal general por una sentencia condenatoria.
Bajo reserva la información sobre la seguridad de los magistrados
En junio de 2024, Vásquez Pimentel, que ese año tenía el cargo de presidente de la CC, publicó la resolución 01-2024 en la que declaró como información reservada la descripción del esquema de seguridad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Dentro de la información que Vásquez resolvió como reservada también está la identificación del personal que presta seguridad a los magistrados de la CC, la descripción del tipo de armamento que porta este equipo y la descripción de los vehículos asignados a los magistrados.
Meses antes de la decisión del magistrado, el medio digital Vox Populi publicó una investigación en la que reveló la compra y blindaje de camionetas de lujo para los miembros de la Corte.
Ampara a Toribio Acevedo
En marzo de 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron una apelación deToribio Acevedo, juzgado en el caso Diario Militar por asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
La resolución amparó al acusado para que pudiera recobrar su libertad a través de una medida sustitutiva que le fue otorgada por razones humanitarias. Los magistrados decidieron otorgar la protección constitucional por la situación de salud de Acevedo y el tratamiento médico que necesitaba.
Confirma participación de Sandra Torres y Romeo Guerra
Durante las elecciones generales de 2023, las resoluciones de la CC tuvieron un papel especialmente relevante. La participación o no de algunos candidatos dependió de la decisión de los magistrados de la Corte. Así ocurrió con Sandra Torres y Romeo Guerra.
La corte resolvió sin lugar la apelación que planteó el partido Todos en contra de la participación de Guerra como vicepresidenciable en el binomio. En el recurso, explicaban que Romeo Guerra era ministro de culto, lo cual es un impedimento recogido en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Los magistrados argumentaron que no se logró comprobar ante la máxima autoridad en materia electoral, que el candidato a vicepresidente hubiera desempeñado el cargo como pastor evangélico y que al momento de su inscripción aún la ostentara.
Avala participación de Zury Ríos
En el mismo contexto, el partido político Cabal acudió a la CC para pronunciarse en contra de la inscripción de Zury Ríos como candidata a la presidencia. El argumento era que, al ser hija del expresidente de facto José Efrain Rios Montt, no podía postularse.
La Constitución prohíbe ser presidente de Guatemala a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Así como a los parientes de caudillo, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que hubiera alterado el orden constitucional.
La Corte Suprema de Justicia ya había resuelto que Zury Ríos podía participar. La CC, incluido Vásquez, confirmó la decisión.
Argumentaron que la prohibición no puede interpretarse como una limitante perpetua, pues afectaría incluso a personas que pudieran no haber nacido aún.
Manifestaciones por el Paro 2023
En 2023, José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos, solicitó un amparo a la Corte de Constitucionalidad para que las autoridades impidieran el bloqueo de las calles y carreteras durante el Paro 2023 en defensa de la democracia.
Néster Vásquez fue uno de los magistrados de la CC que apoyó la orden para que en caso de manifestaciones en calles y carreteras, se garantizara el retiro de los manifestantes.
La resolución incluye que es el uso de la fuerza es una opción, justificado en que afectan la economía.
A favor de hermano del expresidente Morales
En junio de 2024 la Corte de Constitucionalidad dejó firme la decisión de librar de un juicio por lavado de dinero a Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del expresidente Jimmy Morales.
Samuel Morales fue señalado de haber recibido dinero de eventos con anomalías para la compra de alimentos, incluyendo uno que se usó para adquirir canastas navideñas entregadas a empleados del Registro General de la Propiedad.
En la resolución, la CC indicó que el Ministerio Público había incumplido los plazos para las correcciones de la apelación contra la decisión judicial que impidió que juzgaran a Morales por lavado de dinero dentro del caso Botín Registro de la Propiedad.
Más que una firma
Alexander Aizenstatd, abogado experto en derecho constitucional, explica que es difícil tratar de comprender los razonamientos de los magistrados cuando simplemente firman como la mayoría, y no tienen votos disidentes o razonados.
Al resolver un recurso, los magistrados pueden aprobarlo, porque están de acuerdo o disentir, para manifestar que no lo están. En la resolución pueden explicar los motivos por los cuales lo hacen. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo con el resultado, pero no con los razonamientos.
«Sería interesante ver si tiene algún voto donde explique. Yo nunca lo he visto, puede ser que exista el caso. No es algo muy común, porque a los magistrados no les gusta apartarse de la mayoría. Si alguien realmente no está de acuerdo con el resultado, con los principios o con la relación de los hechos o del derecho tendría la obligación de disentir», dijo Aizenstatd.
El experto agrega que las resoluciones de este y otros magistrados que buscan reelegirse son importantes.
«El trabajo de un magistrado es esencialmente explicar por qué llega a una conclusión. Todo magistrado que se postule a un cargo judicial debería ser juzgado por el contenido de sus sentencias y el o ella debería dar a conocer alguna de la que esté especialmente orgulloso», dijo Aizenstatd.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, mira las resoluciones de Vasquez como el mensaje de un pacto por la impunidad.
«Toda su línea de trabajo ha sido cumplir con la agenda de una alianza multisectorial que va orientada a restaurar los patrones de impunidad que siempre habían existido hasta antes de la llegada de Iván Velázquez a la CICIG. Se ponen en evidencia por los grandes niveles de corrupción y de criminalidad enquistada en el Estado», explica Ibarra.
La directora del Movimiento Pro-Justicia ubica a Néster Vásquez como un líder gremial improvisado que se ha hecho de poder. «El magistrado Néster Vázquez ha resaltado por el uso, el aprovechamiento del poder político que le han dado los cargos que ha ocupado», dice Ibarra.
Agencia Ocote intentó obtener la versión de Vásquez para saber su postura sobre las resoluciones y sus argumentos para apoyarlas. Le envió un correo electrónico, lo llamó en dos ocasiones y le envió un mensaje de texto, pero no respondió.
Créditos:
Investigación y redacción: María Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Oscar Donado
Fotos:
