El lunes 19 de enero se realizó la audiencia de primera declaración de Harol Salguero Morales, alias «Liro Rebelde», un pandillero del Barrio 18 capturado la noche anterior en la …
El lunes 19 de enero se realizó la audiencia de primera declaración de Harol Salguero Morales, alias «Liro Rebelde», un pandillero del Barrio 18 capturado la noche anterior en la zona 21 portando un arma de fuego y marihuana. Salguero estaría vinculado a los ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC), en los que suman ya diez agentes fallecidos.
Durante la audiencia, el MP solicitó que el pandillero fuese ligado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción.
Esto a pesar de que al inicio de la diligencia, a la pregunta del juez de turno a Salguero: ¿profesión u oficio?, este respondió: «Pandillas»
Además de que fue presentado un video en el teléfono de Salguero Morales con indicios de que habría participado en los ataques, lo que alertó la «negligencia» del ente investigador.
Lo que evidenció el video
En el teléfono del acusado se encontró un video en el que aparece destruyendo evidencia, audios y conversaciones que lo vinculan con la ejecución de un ataque en Bárcenas, Villa Nueva.
Pese a lo encontrado, el MP optó por no solicitar el procesamiento de Salguero por asesinato. Fue ligado por los dos delitos descritos y enviado a prisión preventiva.
✍El Ministerio Público no solicitó ligar a proceso a un pandillero del Barrio 18 por los ataques contra la PNC, pese a que su captura se dio en ese contexto. El sindicado fue procesado únicamente por portación ilegal de arma y delitos relacionados con drogas. El ente… pic.twitter.com/HHVgULVK7W
— Canal Antigua (@CanalAntigua) January 20, 2026
En redes sociales se viralizaron las críticas contra el MP «por falta de acción». Medios de comunicación, políticos y exfuncionarios comentaron el caso.
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, mencionó que «seguramente el MP cuenta con información sobre la planificación del amotinamiento con fines políticos, posee información sobre los atentados, su planificación, ejecución y responsabilidad».
Rivas, también exfiscal del MP, pidió: «Dejen a un lado su compromiso con la mafia y háganle justicia a las nueve (diez) vidas perdidas».
El presidente Bernardo Arévalo también se pronunció, calificando la decisión del ente encargado de investigar como un insulto. «Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala».
El MP justifica su actuación
Como respuesta, la noche del 19, el Ministerio Público publicó un comunicado en el que señaló que «es responsable del buen desarrollo de las investigaciones».
También aseguró que «el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y el resultado obtenido hoy no exonera, inculpa o declara la inocencia del sindicato respecto a la comisión de otros hechos delictivos».
Además, la entidad atacó a la prensa indicando que «el periodismo tiene el gran privilegio de informar a la población… sin embargo esa labor debe hacerse con responsabilidad y apegados a la verdad».
El secretario del MP, Angel Pineda, también publicó en la red social X que la entidad «cumplió su función de investigar».
«Se solicitó prisión preventiva y con base en los indicios racionales, el juez ordenó su envío a prisión. La investigación continúa y se imputarán nuevos hechos conforme avancen las diligencias».
Finalizó diciendo: «Instamos a no difundir información incompleta».
La fiscal general, Consuelo Porras, también publicó esa noche que «el MP no solo presentó imputación, sino que expuso ante el órgano jurisdiccional los elementos que evidencian la posible vinculación del sindicado»
También repitió que «la Fiscalía continuará ampliando la investigación y las imputaciones conforme al avance de las diligencias».
¿Investigó o no el MP?
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, asegura que el MP tenía la obligación legal de anticipar barreras de protección, informar oportunamente y prevenir. «Eso no es “MP fuerte y firme”, es negligencia institucional», aseguró.
Consultado por Agencia Ocote, el exfiscal anticorrupción indicó que las actuaciones del MP en esa audiencia evidencian que «no realizó investigación».
Según Sandoval, la fiscalía imputó solo los hechos en flagrancia, pero no investigó más. «Los hechos en flagrancia fueron que la persona fue detenida con un arma de fuego sin licencia y que le encontraron droga».
Menciona que sí obtuvieron indicios al extraer del teléfono información sobre un ataque.
«Pudieron haber realizado distintas diligencias, establecer con quién se realizaban las coordinaciones, qué movimientos tuvieron, qué personas estaban involucradas, realizar una labor para detectar cómo iban a operar esas actividades».
Por el contrario, con la diligencia «lo único que hicieron fue exponer las falencias de su propia investigación», asegura.
No debieron mostrar el video
Juan Francisco Sandoval menciona que no tenía sentido que en la diligencia se expusiera la información obtenida del teléfono si el MP no haría imputación de otro delito.
«La Ley contra la Delincuencia Organizada entró en vigencia en 2006 y cambió el paradigma de la investigación. Antes (a los fiscales) nos decían que debíamos investigar hechos del pasado, pero con esa ley uno puede anticiparse a hechos o actividades que la delincuencia va a cometer en el futuro».
Con esa nueva ley los fiscales adquirieron la calidad de garantes porque a partir de ese momento contaban «con herramientas para impedir o prevenir hechos delictivos con la magnitud de los que están ocurriendo», explica.
Pone de ejemplo que desde la detención del pandillero, continuaron cometiéndose ataques «y la fiscalía no realizó las labores necesarias de resguardar y de obtener mayor información a partir de los elementos con que contaba».
Un trato para defensores sociales y otro para pandilleros
Otra inconformidad entre usuarios de redes sociales sobre este procedimiento es el trato que el MP da a quienes sindica. Se puso de ejemplo la criminalización de actores sociales con delitos de terrorismo versus las acciones contra estos pandilleros que la ley sí tipifica como terroristas.
El exjefe anticorrupción del MP dijo que «es un trato diferenciado que hace la fiscalía de voces disidentes. El MP actúa contra ellos con celeridad y aún sin contar con elementos mínimos de investigación».
Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales sobre la eficacia del Ministerio Público, los casos de crimen organizado son de alto impacto, pero obtienen menores resultados.
De 2023 a 2025, solo el 5% de los casos relacionados con el crimen organizado recibieron una respuesta de calidad. Según dichos datos, 95 de cada 100 casos de delincuencia organizada no tienen respuesta del sistema penal.
Sandoval explica que aunque el MP cuenta con herramientas para desarrollar su trabajo investigativo no ha desarticulado estructuras criminales.
Esto expone, según el exfiscal, que el sistema de justicia no cumple con su obligación.
