La gestión de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP) ha estado marcada por la persecución y la criminalización de actores sociales y de defensa de los derechos …
En resumen
- Suman casi 170 casos documentados de persecución judicial por el MP, según el informe.
- Los casos están marcados por uso de delitos ambiguos, jueces sancionados y procesos sin garantías.
- La criminalización ha provocado exilios, prisiones arbitrarias y acoso cibernético sistemático.
La gestión de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP) ha estado marcada por la persecución y la criminalización de actores sociales y de defensa de los derechos humanos y la democracia, según lo refleja el estudio.
Se trata de acciones coordinadas que involucran desde el hostigamiento hasta la prisión arbitraria. Se han documentado al menos 166 personas perseguidas, asegura el Inecip.
Revela el estudio que la criminalización se dirige a grupos específicos: exoperadores de justicia y exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), defensores de derechos humanos y periodistas independientes.
Este sector cuenta con unas 60 personas criminalizadas. De estas, al menos 40 exfiscales y exjueces están en el exilio.
Nueve exfiscales han sufrido encarcelamiento, como Virginia Laparra (dos años presa), Eduardo Pantaleón (ya en libertad) o Stuardo Campo, el único que sigue preso desde mayo de 2023.
La mayoría de casos surgieron de las personas involucradas en casos de corrupción o impunidad que destaparon la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG.
Así lo documentó el informe dado a conocer.
Otros actores sociales
Pero también se ha perseguido a opositores políticos, incluyendo a estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Uno de ellos es Plutarco De León, estudiante de filosofía e ingeniería civil, quien alzó la voz contra la corrupción tanto dentro de la Usac como en el MP.
El 16 de noviembre de 2023, se inició un proceso en su contra con un allanamiento en la casa de su papá y una orden de aprehensión en su contra.
El MP lo acusó de sedición, usurpación agravada, daño continuado al patrimonio cultural y asociación ilícita. Junto a él fueron criminalizadas otras 26 personas en el Caso Usac.
Se les vincula a la toma de las instalaciones de la dicha casa de estudios en 2022, como respuesta al nombramiento de Walter Mazariegos como rector.
«La denuncia fue promovida por Mazariegos, en contubernio con otros miembros de su administración (a quienes él mismo nombró), quienes además se presentaron como testigos», asegura De León.
Los mismos patrones
Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el MP repite la misma serie de acciones en los casos de criminalización.
El proceso inicia con acciones previas de vigilancia y seguimiento. Por ejemplo, desde 2018, se han utilizado vehículos que aparentan pertenecer a estructuras de inteligencia o de aparatos clandestinos para perseguir a operadores de justicia.
En octubre de 2022, Agencia Ocote había documentado al menos a 86 criminalizados.
También suele realizarse campañas de difamación y estigmatización contra los criminalizados en redes sociales, con información que muchas veces es reservada del MP.
Se acompañan por «estrategias de intimidación» que incluyen la sujeción reiterada a procesos disciplinarios y/o penales infundados. También amenazas por mensajes escritos y llamadas, indicó la CIDH en su visita in loco a Guatemala en 2017.
El informe de Alianza por las Reformas y el Inecip, identifica a la cuenta Yes, Master –y otras que orbitan en su entorno– como uno de los principales actores del acoso cibernético en redes sociales.
«Diversas personas han denunciado públicamente que es administrada por el Secretario General del MP, lo cual se ve reforzado por la publicación de información confidencial o reservada de procesos judiciales», se asegura.
«En este sentido, existen indicios que dentro del MP podría estar operando un netcenter, para dirigir y coordinar campañas de acoso cibernético», indica el documento.
Un caso de estudio
El hostigamiento contra el estudiante Plutarco De León inició precisamente de esa manera. Fue más de un año antes de que se girara la orden de captura en su contra. Cuando se inició el proceso de elección de rector de la Usac, en 2022.
De León fue amenazado y acosado en redes sociales, donde expusieron sus datos personales, incluida la dirección de su residencia. Esto lo obligó a movilizarse constantemente para resguardar su seguridad.
«Posteriormente, la administración de Mazariegos me responsabilizaba de los daños y de la toma de la Usac, sin investigación ni pruebas. Eso evidenciaba que preparaban un montaje mayor en mi contra», explica el estudiante.
Plutarco de León sigue desde el exilio lo que ocurre en Guatemala, y principalmente en la Usac.
Transitar por la USAC no ha sido fácil; ha sido un terreno escabroso y siempre le hemos hecho frente, tanto en lo académico como en lo político, porque, nos guste o no, la USAC es política ✊🏼
— Plutarco De León (@Jr_plutarco) June 3, 2025
Y lo único que hicimos fue dar lo mejor de nosotros. La USAC es un compromiso. https://t.co/v1M6JtWEc8
Estas campañas de desprestigio constituyen una forma de acoso cibernético. Buscan denigrar y desprestigiar a las personas criminalizadas y sus abogados defensores.
Su objetivo es causar daños en la integridad psicológica y emocional. Cuando se dirigen a mujeres, tienen un fuerte componente de género, según el informe.
Procesos sin garantías
Como parte del patrón de conducta de los casos de criminalización, los plazos procesales suelen retardarse injustificadamente.
El MP utiliza tipos penales (delitos) ambiguos para criminalizar, según el informe. Esto permite que la opinión pública se divida en cuanto a criterios.
Algunos de esos delitos son incumplimiento de deberes o abuso de autoridad, en el caso de exoperadores de justicia. En el caso de abogados defensores de personas criminalizadas, han optado por señalarlos de obstrucción a la justicia.
El estudio ha identificado 27 delitos que han sido usados por el MP para criminalizar a actores sociales. Estos han sido usados al menos 500 veces.
Otros delitos más graves como terrorismo se utilizan para acallar protestas sociales, como en el caso de Luis Pacheco y Hector Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán. Ambos guardan prisión preventiva desde abril de 2025 por las manifestaciones de octubre de 2023.
Otro factor relevante para que estas acciones irregulares se sostengan, son los juzgados que las respaldan.
Aunque el sistema de asignación de casos en el Organismo Judicial tiene un sistema informático que, en teoría, es aleatorio, en la práctica eso no ocurre.
El informe documenta la «asignación exclusiva» de los procesos de criminalización a un grupo limitado de juzgados penales.
La mayoría de jueces a cargo de estos órganos han sido sancionados internacionalmente por obstruir la justicia. Entre ellos están Fredy Orellana, Jimi Bremer, Mynor Moto y Víctor Cruz.
Sin opción a defenderse
Estas acciones en conjunto garantizan que las personas criminalizadas sean incapaces de ejercer su legítima defensa.
El Inecip y la Alianza para las Reformas documentan violaciones como la declaración de los casos bajo reserva, lo que legalmente ata a las víctimas.
Algunos casos son el de la exfiscal Virginia Laparra, el caso contra los miembros del partido Movimiento Semilla, el del periodista Jose Rubén Zamora. Casi la totalidad de casos de criminalización han sido declarados bajo reserva.
En casos como el de Eduardo Masaya, abogado y miembro de Semilla que se ha negado a aceptar cargos, el juez ordenó su traslado a una cárcel con condiciones más severas.
Otro casi igual fue el de Jorge Santos, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral. En ambos casos, el juez Fredy Orellana y el MP buscan que acepten cargos.
Según el informe, esto ha funcionado como «coacción para forzar a las personas imputadas».
La Fundación contra el Terrorismo
Un factor adicional en esta estructura de criminalización lo componen entes o personas privadas que mantienen una coordinan efectiva con el MP para lograrlo.
Según la CIDH y Volker Turk, jefe del ACNUD, el 80 % de los casos de criminalización comienzan con denuncias o querellas presentadas por personas que fueron investigadas por la CICIG.
Estas personas actúan junto con o por intermedio de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y sus organizaciones o personas aliadas.
Un gran porcentaje de los casos contra los exfiscales, exjueces y abogados criminalizados tienen a la FCT como querellante. Esto a pesar de no ser parte afectada en ninguno.
Los casos más graves de esta entidad son contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval, contra quien acumularon 70 denuncias. También la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, con 60 denuncias.
Alianza para la impunidad
Esa alianza criminal se da en varios niveles. Plutarco De León afirma que el MP actuó de manera coordinada con la rectoría de la Usac para perseguir a estudiantes, trabajadores y docentes.
«El fiscal que nos criminalizó visitó frecuentemente la rectoría para reunirse con Mazariegos. En las últimas semanas, se ha visto tanto a Rafael Curruchiche (fiscal de la FECI) como a Consuelo Porras en la Usac», indica el estudiante.
👀🔎 Después de las especulaciones sobre el estado crítico de su salud y de su poca aparición pública, este martes, la fiscal general Consuelo Porras reaparece y lo hace visitando el campus central de la Universidad de San Carlos; se le observó en uno de los parqueos de la… pic.twitter.com/wN0rZ39D9q
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 24, 2025
A su criterio, es cada vez más evidente que Porras busca llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Consejo Superior Universitario (CSU). Esto para mantener inmunidad y por ello permite criminalizar a la oposición de Mazariegos.
Esa criminalización no se detiene. Tras expulsar a 10 estudiantes en mayo pasado, el MP inició investigaciones contra una manifestación ocurrida frente a rectoría.
El exilio, la última opción
Estos patrones de criminalización han provocado que más de 100 personas de diferentes sectores de la sociedad decidieran huir al exilio.
Los más vulnerables han sido quienes investigaban e impartían justicia. Organizaciones internacionales registran al menos 40 exfiscales y exjueces fuera del país.
El estudiante Plutarco De León, tras participar en un programa de estudios en el extranjero, decidió no regresar a Guatemala al no encontrar garantías para su vida.
Tampoco existen instituciones de justicia o derechos humanos a las cuales acudir y respalden su inocencia.
«El exilio lo cambia todo. Supone dejar atrás a mi familia, a mis seres queridos, y separarme de lo que alguna vez soñé que sería mi vida en el país donde nací. No hay área de mi vida que no se haya transformado a raíz del exilio», finaliza.
