«Si es necesario usar la fuerza del Estado para retomar el control de esos centros, lo vamos a hacer» fueron las palabras del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ante …
«Si es necesario usar la fuerza del Estado para retomar el control de esos centros, lo vamos a hacer» fueron las palabras del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ante la demanda de los reos amotinados en tres prisiones guatemaltecas.
La mañana del sábado 17 de enero de 2026, decenas de reos se amotinaron simultáneamente en tres penales: Renovación I, en Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de la capital; Fraijanes II, en el complejo carcelario de la finca Pavón, en el municipio de Fraijanes, y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la capital.
Villeda aseguró en conferencia de prensa la tarde del sábado que el objetivo es que los líderes pandilleros regresen a las prisiones en donde estaban. En julio de 2025, estos reos habían sido trasladados a Renovación I, en Escuintla, donde les quitaron privilegios.
Previo a los motines, los líderes de las pandillas habían exigido que, si no se les regresaba a los antiguos penales, el Sistema Penitenciario instalara aire acondicionado y que les dejaran llevar camas king size y comida de restaurantes.
Lo ocurrido en cada penal
En Renovación I, epicentro de los incidentes, los reos amotinados incendiaron el área administrativa, según confirmó Jorge Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario.
Unos kilómetros antes del ingreso al penal, se reportó el incendio de un vehículo, que previamente había sido atravesado en la carretera, para bloquear el paso. En la misma calzada, supuestos familiares de reos protestaron e impidieron que circularan vehículos y que las fuerzas de seguridad pudieran acceder.
En Fraijanes II —ubicada en el mismo complejo donde funcionan las prisiones Pavón, Pavoncito y Fraijanes I— Dellachiessa confirmó que los reos tomaron como rehenes a 28 guardias del Sistema Penitenciario.
El director de la institución también indicó que en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18, nueve personas fueron retenidas: ocho guardias y un psicólogo.
Hasta horas de la noche, los reos mantenían retenidas a 46 personas en los tres centros. Las autoridades confirmaron que no había reportes de heridos ni fallecidos.
Las exigencias de los pandilleros
Los internos exigen al Sistema Penitenciario el traslado de miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 a sus anteriores centros de reclusión.
En julio de 2025, Francisco Jiménez, anterior ministro de gobernación —y quien renunció en octubre tras una crisis en la que 20 líderes del Barrio 18 se fugaron de Fraijanes II— anunció que los reos serían trasladados a Renovación I. La decisión de mover a los presos a la cárcel de máxima seguridad se tomó después de que siete personas murieran en un funeral, en un ataque entre pandillas.
Durante el sábado 17 de enero, los pandilleros advirtieron a través de videos difundidos desde Renovación I que, de no cumplirse esta demanda, habría más acciones violentas.
La demanda, como han expresado en meses anteriores, es por el descontento ante la retirada de privilegios y la restricción de visitas y encomiendas. Además de que en Renovación I el gobierno tomó la decisión de mezclar a los líderes de las dos pandillas rivales.
Las personas que bloquearon la carretera de acceso a la cárcel —y que aseguraban ser familiares de los presos— también dijeron que los guardias retenidos no serían liberados «hasta que las autoridades y el presidente cumplan con regresarlos».
El ministro de Gobernación indicó que la coordinación de estos actos violentos tiene un líder: «El Lobo» máximo líder del Barrio 18, afectado por estar aislado en Renovación I.
Aldo Dupié Ochoa «El Lobo»
El ministro Villeda explicó en la conferencia de prensa que los motines fueron coordinados por la pandilla que dirige Aldo Dupié Ochoa Mejía y que este los autorizó.
Ochoa Mejía, de 42 años, nació en Jalapa y su familia migró en la década de 1990 a la colonia El Limón, zona 18 capitalina, desde donde inició su carrera criminal en el Barrio 18.
Es el máximo líder de la «Rueda del Barrio», la máxima autoridad de su organización delictiva. Las autoridades estiman que asumió la dirigencia entre 2014 y 2017.
Ochoa tiene varias condenas por al menos 139 asesinatos, otros 40 en grado de tentativa, todo tipo de extorsiones, lesiones y otros delitos. En total suma más de 2 mil años de prisión.
Ha sido acusado también por dos atentados en la Torre de Tribunales y uno en el Hospital General San Juan de Dios.
Ochoa era uno de los reos que gozaba de privilegios en Fraijanes II hasta su traslado a Renovación I.
«No se negocia con terroristas»
El ministro de Gobernación detalló que «entre las exigencias que esta persona había realizado era que en su pabellón se instalara aire acondicionado, que se le dejara ingresar una cama king size, que se le dejara ingresar comida de ciertos restaurantes del país y otra clase de privilegios que no estamos dispuestos a considerar».
«Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder ante estos chantajes y no voy a regresarle sus privilegios», afirmó Villeda.
Según el ministro, después de sobrevolar en helicóptero las tres prisiones, miembros de la Policía Nacional Civil, del Sistema Penitenciario y del Ejército se habían instalado ya en los alrededores.
Lo hicieron en anillos de seguridad para evitar fugas. Cuando la noche caía, también fueron desplegadas tanquetas en los alrededores de las prisiones.
Villeda responsabilizó a los reclusos por la vida e integridad de los rehenes y fue cuando afirmó que «si es necesario usar la fuerza del Estado» para retomar el control, lo harían.
Una fuga y la designación de terroristas
La calificación de terroristas a las pandillas, por parte del ministro, se sustenta en la designación oficial de estas organizaciones por el Congreso de la República a través del Decreto 11-2025.
El 21 de octubre de 2025, el Legislativo aprobó con 145 de 160 votos, la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
El presidente Bernardo Arévalo sancionó la ley el 10 de noviembre y entró en vigor al día siguiente. Dicha ley declara al Barrio 18, la Mara Salvatrucha, sus clicas y subgrupos como grupos terroristas.
La aprobación ocurrió días después de la fuga de los 20 líderes del Barrio 18 en octubre de 2025. Aunque existe una recompensa de Q150,000 por cada fugado, hasta el momento, solo seis han sido recapturados y otro fue asesinado.
Retoman el control
La mañana del domingo 18 las bombas lacrimógenas, policías antidisturbios con garrotes y escaleras para ingresar a Renovación I irrumpieron el recinto.
Bomberos, periodistas y alguno que otro curioso en los alrededores escuchaban las explosiones de las bombas disuasivas.
Poco antes de las ocho de la mañana, los agentes especiales liberaban a los guardias penitenciarios que estuvieron más de 24 horas de rehenes.
Minutos después fueron sacando uno a uno a los reos y los colocaron boca abajo en la entrada, donde los amarraron con las manos atrás.
Su principal objetivo, «El Lobo» estaba entre los sometidos. Sin embargo, el control de las prisiones sigue siendo el objetivo que no logran alcanzar.
2025: Un año violento
Los disturbios en los penales ocurren en un contexto de escalada de violencia en el país que el Ministerio de Gobernación ha atribuido a la pugna entre pandillas por territorio y venta de drogas.
El 2025 cerró con 3,138 muertes violentas, 276 más que las 2,862 de 2024. El anterior ha sido el primer año de retroceso en materia de seguridad, según las cifras de la Policía Nacional Civil.
La tasa interanual de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de 16.1 en enero de 2025 a 17.2 en mayo de 2025, según la organización Diálogos. Dicha tasa es el doble del promedio mundial.
Guatemala es el departamento que concentra el 51% de las muertes violentas en el país.
Te invitamos a leer este especial sobre la reconfiguración de las pandillas y sus territorios en Guatemala durante los últimos años.
