Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue capturado este miércoles por el Ministerio Público …
En resumen
- Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones, fueron detenidos por su liderazgo en el Paro Nacional 2023, según el MP.
- El uso de una «panel blanca» para capturar a Pacheco evocó prácticas del conflicto armado interno y generó repudio.
- La ONU, OEA y líderes mayas denunciaron criminalización por ejercer el derecho a la protesta y defender la democracia.
Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue capturado este miércoles por el Ministerio Público (MP).
Su compañero de Junta Directiva en 2023, Héctor Chaclán, quien fungió como tesorero, también fue detenido.
Para los actuales líderes de los 48 cantones, este no es un acto en contra de los exdirectivos, sino contra autoridades ancestrales que actuaron en representación del pueblo.
El MP, en conferencia de prensa, detalló los delitos por los que se giraron las capturas:
- Asociación ilícita
- Instigación a delinquir
- Terrorismo
- Obstaculización a la acción penal
- Obstrucción de justicia
La fiscalía considera que los sindicados habrían «participado en acciones que interfirieron intencionalmente y vulneraron el correcto funcionamiento del sistema de justicia».
También confirmó que son cinco las órdenes de captura que se solicitaron.
Aunque no lo mencionó como tal, el MP confirmó que el proceso obedece a las protestas coordinadas para el Paro Nacional de octubre de 2023 a enero de 2024.
El Paro Nacional fue convocado para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso. También se pedía la renuncia del juez Freddy Orellana.
Estos funcionarios fueron señalados de socavar la democracia al iniciar una persecución penal contra el proceso electoral 2023.
También contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las autoridades electas por el partido Movimiento Semilla.
La población de todo el país atendió el llamado de las autoridades ancestrales y se movilizó, bloqueando carreteras en señal de protesta.
Se instaló además una resistencia en defensa de la democracia frente al MP, hasta el nuevo gobierno asumió el poder.
«Es contra las autoridades ancestrales»
Durante una conferencia de prensa, la actual Junta Directiva de los 48 Cantones expresó su rechazo a la criminalización por las protestas pacíficas.
Juan Pablo Ajpacaja Barreno, presidente, y Simeona Leticia Zapeta Soch, vicepresidenta, se pronunciaron al frente de su Junta Directiva.
«Es grave que el MP considere a los pueblos indígenas como terroristas, como una estructura criminal, al identificar que realizar las protestas constituye asociación ilícita».
«Argumentan obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia cuando, en busca de esa tan anhelada justicia los pueblos alzaron su voz», declaró Ajpacaja.
«Las órdenes de captura giradas tiene por objetivo a las personas… pero el mensaje que se busca enviar es en contra de los pueblos indígenas», agrega.
La «panel blanca»
Luis Pacheco fue detenido en su casa, en la zona 1 capitalina. Cuando el MP finalizó la diligencia, una panel blanca fue usada para trasladarlo a la Torre de Tribunales.
La «panel blanca» fue uno de los símbolos más aterradores de la represión estatal durante el conflicto armado interno, principalmente en los años ochenta.
Estos vehículos eran usados por el Estado para secuestrar a dirigentes sociales, sindicales o indígenas que eran torturados, asesinados o desaparecidos.
Nombrar a la «panel blanca» ha sido común en los últimos años, principalmente por redes sociales del netcenter.
Esas cuentas son las que publican información reservada del MP con la cual se ha criminalizado a abogados, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas.
¿Quién decidió usar la panel?
Se consultó al vocero del MP, Moisés Ortiz, por qué usar este tipo de vehículo en lugar de una patrulla como siempre hacen con un detenido. Ortiz aseguró que fue responsabilidad de la Policía Nacional Civil.
«No obstante, la diligencia de allanamiento fue coordinada por el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal y el artículo 10 de la Ley de la Policía Nacional Civil, en su literal e), es la PNC quien debe: “Aprehender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes, dentro del plazo legal.”», afirmó.
Y ratificó que «en ese sentido, es la PNC la institución competente para dar respuesta a tu consulta».
De igual forma se consultó a Julio Orozco, vocero del Ministerio de Gobernación, y al cierre de esta nota, la respuesta había sido: «Pregunto a los que ven esos temas en PNC. seguro ellos podrán apoyar con esto».
Al cierre de esta nota no se había tenido respuesta de por qué se usó ese vehículo.
Quieres conocer más sobre el uso de la «panel blanca» para cometer delitos de lesa humanidad durante los años ochenta en Guatemala.
Escucha el podcast: Episodio 49 // El «Diario del horror»
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Primera declaración
Por la tarde, se informó que Luis Pacheco y Héctor Chaclán deberán pasar las próximas horas en una carceleta de la Torre de Tribunales hasta que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia los escuche.
Se tiene prevista su audiencia de primera declaración entre la noche del jueves 24 y la mañana del viernes 25 de abril, cuando el juez decida si los envía a prisión o les otorga una medida sustitutiva.
También la autoridad de Sololá
En su conferencia de prensa, el MP agregó que solicitaría el retiro de la inmunidad contra el gobernador de Sololá, Edgar Benjamín Tuy.
Tuy fue la cara visible de la Alcaldía Indígena de Sololá, que junto a Totonicapán se convirtieron en el epicentro de las movilizaciones de 2023.
Cuestionados los fiscales junto con el secretario del MP, Angel Pineda, para conocer detalles del caso, argumentaron que por estar bajo reserva no podían darlos.
Si dijeron que la investigación deriva de una «denuncia ciudadana» porque se habrían suscitado «hechos violentos» durante las manifestaciones.
Pronunciamientos internacionales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala se pronunció en contra de la criminalización.
Subrayó que «la libertad de reunión pacífica y de asociación son derechos fundamentales reconocidos como pilares esenciales de la democracia».
y que «el Estado debe garantizar que ninguna persona sea criminalizada por ejercerlos».
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también lamentó la detención de Luis Pacheco, a quien le reconoció su labor por la democracia del país.
Dijo que la persecución que existe desde 2023 «no puede seguir siendo el instrumento que condiciona el andar democrático del país».
Almagro instó a las autoridades de justicia a ser objetivos y permitir que el caso se aclare con «exactitud y prontitud».
Como Secretario General de la @OEA_oficial, lamento profundamente la detención este día del amigo y líder Luis Pacheco, a quien en su momento le reconocí su labor por la democracia en #Guatemala durante la transición política de 2023.
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 23, 2025
La persecución política que se promueve en… https://t.co/qp6G7RDq4D
El presidente Bernardo Arévalo llamó a la población a «cerrar filas para defender la democracia», argumentando que existe un ataque contra la resistencia ciudadana.
Declaró que «estamos siendo testigos de lo que una cuadrilla de criminales es capaz de hacer cuando saben que se les está acabando el tiempo».
Arévalo hizo otro llamado, pero esta vez a los diputados al Congreso. Les recordó que existen dos iniciativas de ley para reformar la Ley Orgánica del MP.
Dijo que de ser aprobadas podría «poner fin al acoso y el hostigamiento que este grupo político criminal está haciendo contra el Estado de Guatemala».
«Hablar del derecho de los pueblos es criminalizar»
Luz Emilia Ulario, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá en 2023, fue otra de las autoridades ancestrales que acuerpó las movilizaciones.
Agencia Ocote le consultó sobre las acciones del MP y si tenía temor a ser criminalizada.
«Desde que nacemos los guatemaltecos, especialmente los que somos mayas, siempre hemos temido al Estado», afirma la lideresa.
Afirma que el Estado nunca ha sido «coherente» con la aplicación de las leyes con los pueblos, especialmente el pueblo indígena.
De hecho, agrega que en la actualidad es aún peor porque defender los derechos es sinónimo de criminalización.
«Hablar de derecho de los pueblos es criminalizar, defender el territorio es criminalizar. No así los que asesinan, los que roban».
«Por eso siempre digo que somos dos mundos totalmente diferentes», comenta Ulario.
Según ella, a pesar del temor, es por conocer la historia y no ser indiferentes que deciden luchar. Asegura que el MP sigue haciendo lo incorrecto.
«Esto es lo que hace que los pueblos tengamos que salir a las calles y denunciar los atropellos que se cometen contra el pueblo».
Califica las acciones del MP como un acto de desesperación e injusticia, porque no es la primera vez que se criminaliza a un defensor de los derechos humanos.
Ulario finaliza recordando a las actuales autoridades de los pueblos que deben hacer lo que demanda el país.
«Ahora son los llamados a cumplir lo que el pueblo demanda. Porque uno no hace lo que uno quiere, sino lo que pide el pueblo».
