El 12 de agosto de 2025 la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes pronunció la sentencia por el caso Hogar Seguro. En una sala judicial llena de sobrevivientes y personas cercanas a …
El 12 de agosto de 2025 la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes pronunció la sentencia por el caso Hogar Seguro. En una sala judicial llena de sobrevivientes y personas cercanas a las víctimas, resolvió condenar a seis exfuncionarios a penas de entre 6 y 25 años por la muerte de 41 niñas y las heridas ocasionadas a 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Las 56 estaban a cargo del Estado para que las protegiera. Tenían entre 13 y 17 años y habían intentado huir de un hogar al que señalaron por maltratos, alimentos en mal estado, agresiones, violencia sexual y trata.
Días después del fallo, la sentencia recibió nueve apelaciones en su contra. Los acusados protestaron, inconformes con la decisión de la jueza sobre las condenas. Los abogados de las víctimas lo hicieron porque absolvió a uno de los sindicados.
Además, Mujeres Transformando el Mundo, organización querellante en el caso, apeló porque esperaban mejores resultados en las medidas de reparación.
Los recursos fueron trasladados a la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal. Hasta julio de 2026 -esta sala no había notificado a las partes sobre la admisibilidad o no de las apelaciones. Un paso necesario para que el proceso continúe y la sala resuelva si confirma o no el fallo de la jueza Cifuentes.
Un año para conocer nueve apelaciones
El 3 de agosto de 2026, Agencia Ocote acudió a la Sala Segunda de Apelaciones para consultar por la razón de la demora. Ahí, indicaron que el departamento de comunicación social del Organismo Judicial daría la información.
Rudy Esquivel Barrientos, vocero del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, evitó profundizar en la información sobre el proceso y explicó que sólo podía compartir información a las personas involucradas en el proceso.
Esquivel justificó la demora de un año en la resolución de las apelaciones del caso Hogar Seguro. Alegó que cada proceso lleva más o menos tiempo de acuerdo con lo que suceda en el desarrollo del mismo.
El Código Procesal Penal sólo establece los tiempos hasta que las apelaciones llegan a una sala.
En la norma, el proceso no debería superar los 24 días. Después de este tiempo, la ley no pone un plazo para la resolución final de los magistrados de la sala.
Esquivel sí confirmó que la sala había aceptado algunas de las apelaciones. El 5 de agosto, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal admitió seis de las nueve apelaciones. Esto no quiere decir que las haya resuelto, sino que entrará a conocerlas.
Cuatro de ellas son las de los acusados Carlos Antonio Rodas Mejía, Santo Torres Ramírez, Luis Armando Pérez Borja y Brenda Chamán Pacay.
Los cuatro habían presentado apelaciones especiales de fondo y forma. Las de forma alegan que hubo errores o vicios en el procedimiento del debate y buscan que la sala ordene el reenvío del juicio, para que este se repita.
Las de fondo manifiestan una inconformidad en la sentencia. Alegan que no se tomaron en cuenta los argumentos de los abogados defensores y buscan que se revise para reconsiderar la inocencia de las personas condenadas.
También aceptó las de los abogados de las víctimas. Piden revisar la absolución de Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación.
La sala rechazó tres apelaciones. Las de las acusadas Gloria Patricia Castro Gutiérrez y Lucinda Eva María Marroquín Carrillo. Castro presentó apelación de fondo y Marroquín de fondo y forma. La sala consideró que no cumplieron con los requisitos y la claridad al presentar el recurso.
La apelación de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), también quedó fuera.
Jenny López, abogada de MTM, explicó que protestaron porque en la sentencia la jueza no tomó en cuenta el peritaje que presentó la organización para la reparación a las víctimas y sobrevivientes.
A paso lento para las víctimas
Abogadas y abogados de las víctimas refieren que el proceso de las apelaciones avanza a paso lento; una realidad que sucede con frecuencia en la justicia de Guatemala.
Diana Méndez Vivar, abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y de las víctimas, explica que el proceso ordinario termina en una sentencia, pero existen recursos que se pueden plantear y hasta que estos no estén resueltos, «la sentencia no está firme». Hasta que la sentencia no esté firme, esta no se puede ejecutar.
«La sentencia aún está en papel muerto, por decirlo de alguna manera, porque hasta que estos recursos culminen se puede exigir el debido cumplimiento de la sentencia. Los plazos en el Código Procesal Penal son claros, sin embargo, no se cumplen en la práctica», señala Méndez Vivar.
Carlos Quiej, abogado de la Fundación Sobreviviente y quien también representa a un grupo de las víctimas, recuerda que, mientras los recursos no se resuelvan, están en una situación de incertidumbre.
«Hay dos instancias. La primera instancia que se agota con la sentencia (la de agosto de 2025)», indicó Quiej.
El profesional explicó que la segunda es la que se está conociendo en la sala de apelaciones. En esta etapa, el siguiente paso debe ser una audiencia para exponer ante los magistrados los argumentos de los abogados y que haya una resolución.
Para algunas sobrevivientes y familiares de las víctimas escuchar la sentencia de la jueza Cifuentes representó una luz de esperanza en la justicia y una manera de aplacar el dolor por lo ocurrido. Esto las motiva a estar pendientes de que el fallo quede firme.
«Nos han estado preguntando constantemente ¿Cuánto tiempo más?, para nosotros es difícil, no podemos decirles con exactitud cuánto tiempo», lamenta la abogada Juanita Pérez, quien forma parte del equipo legal del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
«(Las víctimas) se han mantenido en esta lucha que no deja de ser desgastante. Continúan con la esperanza de que algún día la sentencia quede firme», añade.La abogada asegura que lo que les da cierta tranquilidad a las víctimas es saber que ya un tribunal se pronunció y reconoció la inocencia de ellas y la responsabilidad que tuvo el Estado.
Ahora que la Sala Segunda de Apelaciones admitió los recursos, el siguiente paso es conocer la fecha de la audiencia y la resolución de la sala. Si la sala confirma la decisión de la jueza, en contra del fallo aún se pueden usar los recursos de casación y amparo, un camino que falta recorrer hasta que la sentencia quede firme.
Desde la mirada profesional de la abogada Jenny López, de MTM, hay probabilidad de que las apelaciones de los acusados sean sin lugar. «Hay mucha prueba importante y no solo por la pérdida de la vida de las niñas y los daños físicos que quedan en los cuerpos de sobrevivientes, sino que por los medios de prueba que señalan directamente la responsabilidad penal de cada uno de los sindicados», dijo la abogada.
Las investigaciones pendientes: Jimmy Morales
En la sentencia la jueza Cifuentes también ordenó que se investigue la participación de otras personas. El nombre con más relevancia es el del expresidente Jimmy Morales.
Agencia Ocote consultó al Ministerio Público (MP) sobre los avances de las investigaciones y si había alguna en contra de Morales.
El miércoles 22 de julio de 2026 el departamento de comunicación social del MP informó que sí se están realizando diligencias por parte de la Fiscalía de Femicidio, pero evadió dar más detalles porque la investigación está en curso.
Al consultarle a los abogados de las víctimas, Quiej confirmó que fue contactado por la fiscalía. El abogado de la Fundación Sobrevivientes, como representantes de las querellantes, fue quien solicitó a la jueza que se ordenara la investigación del expresidente.
En el caso, Morales fue señalado mientras gozaba de inmunidad como presidente y luego como diputado del Parlamento Centroamericano. Por esto mismo, no fue investigado.
«La fiscalía solicitó una entrevista, para conocer cuáles eran los hechos que se estaban resaltando y si eran los mismos con los cuales se había denunciado —a Morales— en aquellas épocas, hace ocho años», contó Quiej.
Durante el juicio, el expresidente Morales fue señalado por testigos como la persona que dio la orden de que los policías, que agredieron a las niñas luego de que intentaran escapar, permanecieran en el lugar. Incluso habría dado la orden de llevar al hogar a 100 policías más, aunque las niñas necesitaban protección y no tenían conflictos con la ley penal.
Las deudas de la sentencia
Con la resolución de la sala, no solo están en juego las condenas. También las medidas para que no se repita un suceso como el que se juzgó y la reparación para las víctimas y sobrevivientes.
El listado incluye que el presidente de Guatemala pida un perdón público acompañado de altos mandos de la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Bienestar Social (SBS). En esta disculpa, el Estado debe reconocer su responsabilidad y el sufrimiento causado a las víctimas y familiares.
La jueza también resolvió que se deben garantizar tumbas dignas para las 41 niñas que murieron y la creación de un hospital para atender a niñas, niños y adolescentes con quemaduras. Además, el cuidado de la «Plaza de las Niñas» —el espacio dentro de la plaza de la Constitución donde se levantó un altar— y nombrar una calle o avenida en honor a las víctimas para fortalecer la conciencia social y evitar el olvido de los hechos.
A través de las pruebas, la jueza determinó que los agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron en el hogar el 7 y 8 de marzo de 2017 no tenían una capacitación en materia de infancia y adolescencia. Abusaron de su fuerza.
La sentencia establece que todo el personal de la Policía Nacional Civil tenga una formación especializada en derechos de la niñez y adolescencia. Para el personal de la SBS que trabaja en los hogares de protección se debe garantizar la profesionalización y especialización permanente.
Sobre las instalaciones del Hogar Seguro, en donde ocurrió el incendio, la jueza ordenó que sea declarado como un espacio conmemorativo destinado a promover la reflexión sobre lo ocurrido.
«Para mí la sentencia significó bastante, porque al final la verdad salió a la luz, se supo que nosotras desde el primer día no éramos culpables, fue soltar a mis compañeras y no tenerlas atadas conmigo. Necesitamos cerrar ese capítulo y que realmente podamos ser felices, que la sentencia que declaró la jueza se tome en cuenta», dijo una de las sobrevivientes a Agencia Ocote. Prefiere seguir en el anonimato, por seguridad.
En el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar Social puedes conocer más sobre sus atribuciones y servicios.
Además de los hogares de protección, tiene a su cargo los centros de atención integral, centros de cuidado infantil diario, centros juveniles de privación de libertad, programas educativos, entre otros.
Texto: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotos: Archivo Ocote
