Benita tenía 37 años cuando murió luego de dar a luz a su hijo Víctor. Vivía a unos 224 kilómetros de la capital de Guatemala, en el occidente del país. Su casa estaba frente al puesto de salud del cantón San Luis Sibila, Santa Lucía la Reforma, Totonicapán, pero era domingo y estaba cerrado. Los puestos de salud en Guatemala no suelen atender los fines de semana.
Su estado de salud se complicó por una retención de la placenta. Los vecinos intentaron reunir Q200 para pagar un picop que trasladara a Benita hasta un hospital, pero no lograron juntar el dinero. Benita murió y sus siete hijos quedaron en la orfandad.
Benita murió el primer domingo de mayo de 2023. Su historia quedó registrada en los monitoreos que hace el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) de Guatemala. No es la única.
En una década, de 2013 a 2022, en Guatemala murieron 4,257 mujeres por alguna causa relacionada al embarazo, parto o posparto. En promedio, una cada 21 horas.
Aunque los casos y la llamada «Razón de Muerte Materna» (el número de muertes por cada 100 mil nacidos vivos) han tenido una disminución, la baja no es suficiente para dejar de hablar del tema y hay cosas que no han cambiado: la mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres indígenas y sin acceso a educación.
Además, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guatemala está entre los cinco países de América con los números más altos de la tasa de mortalidad materna.
Para este reportaje Ocote analiza lo que dicen los números sobre las muertes maternas en Guatemala y qué luces dan sobre quienes eran las mujeres víctimas de un tipo de muerte que puede prevenirse. Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En la mayoría de los análisis se tomaron hasta el 2022 porque cuando se solicitaron, el ministerio no había concluido con la recopilación del 2023.
Menos educación, más muertes
Los números de las muertes maternas en Guatemala hablan de que, de las 4,257 mujeres que murieron por muerte materna en esos diez años, 1,263 no habían ido a la escuela. No tuvieron acceso a educación.
En la cantidad de víctimas, en primer lugar, están las que apenas estudiaron primaria. En este nivel se aprende a leer y escribir y se deberían obtener capacidades matemáticas. Luego están las que no fueron nunca a la escuela. Les siguen en tercer lugar las del nivel medio, integrado por el básico y el diversificado. Normalmente se cursan durante la adolescencia, previo a la universidad. La línea más baja de casos, son 108 mujeres que llegaron hasta ahí, hasta la universidad.
«El tener acceso a más niveles de educación ayuda a que las mujeres tengan un desarrollo y crecimiento profesional y económico que se relaciona con prevenir las muertes maternas. Porque si una mujer vive en pobreza y no está bien alimentada, cómo va a sostener otra vida», dice Deysee Maribel Cotom Ixcot, coordinadora del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj.
En Guatemala el acceso a la educación disminuye conforme aumentan los niveles, según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Educación. En primaria estudian 97 de cada 100 mujeres, pero en básico ya solo 68 de cada 100 y en diversificado apenas 36 de cada 100.
Los centros educativos públicos para estudiar básico y diversificado se concentran en las cabeceras departamentales y municipales, están ausentes en las comunidades rurales donde la mayoría de las mujeres son indígenas. Para continuar más allá de la primaria se necesita dinero para movilizarse y en muchos casos también supone sufrir acoso en el transporte público.
«Al no tener un proyecto de vida, las que pueden casarse, se casan. No hay más proyecto de vida porque el país no se los ofrece. Entonces hay jovencitas que tienen bebés a muy temprana edad, su cuerpo no está preparado», cuenta Cotom.
Telma Suchi, facilitadora técnica del Osar en el departamento de Quetzaltenango, participa en el comité de muerte materna de su territorio en el occidente del país. Recuerda que en el 2007 un estudio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) reflejó que 7 de cada 10 muertes maternas ocurrían en mujeres indígenas. En el 2022 fueron 6 de cada 10.
En 2013 la Razón de Muerte Materna (RMM) fue de 159.10 en mujeres indígenas, frente a un 70 en las mujeres mestizas. Para el 2022 la RMM había disminuido en las mujeres indígenas y aumentado en las mestizas, pero la brecha aún existe. En las mujeres indígenas el número sigue siendo mayor.
«La realidad no ha cambiado, y no ha cambiado porque las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, por el sistema en que vivimos no hemos tenido acceso a la educación», señala Suchi.
Pero no basta con aprender que 2 más 2 es 4. No basta con aprender matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o geografía. Hay más factores en la educación que pueden prevenir las muertes maternas: la educación integral en sexualidad, que las mujeres aprendan sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Suchi, Cotom y Alba Cecilia Mérida, antropóloga con estudios de género, coinciden en la necesidad urgente de que se cumpla con la educación sexual para hombres y mujeres en Guatemala. Con el propósito de que puedan tomar mejores decisiones sobre su cuerpo.
Según la UNESCO la educación integral en sexualidad debe ser gradual de acuerdo a la edad de los estudiantes. Promueve la construcción de un proyecto de vida, brinda conocimientos científicos y competencias para que los jóvenes decidan si quieren tener relaciones sexuales o no, ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
«Si no hay educación sexual o educación en derechos sexuales y reproductivos se verá el tema de la muerte materna como una problemática sólo de las mujeres y no es así, las mujeres no se embarazan solas. Si esa educación sexual no es oportuna para hombres y mujeres, los hombres hacen el ejercicio de su sexualidad sin responsabilidad alguna, sin medir las consecuencias de un embarazo no pertinente», remarca Cotom.
En los últimos años, Guatemala no ha cumplido con dar educación integral en sexualidad. De 2020 a 2022 el Ministerio de Educación no tuvo presupuesto para brindarla. En 2017, Guatemala recibió apenas 35 de 100 puntos en la evaluación de educación integral en sexualidad de la Plataforma Mira que te miro. Obtuvo el puesto 15 de 24 países evaluados en Latinoamérica y El Caribe. Mira que te Miro, es una plataforma de monitoreo social de los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Examina programas y protocolos de 24 países en derechos y salud sexual y reproductiva. Para 2023 concluyó que el panorama de la educación integral en sexualidad en Guatemala sigue siendo deficiente: sumó sólo un punto, obtuvo 36 de 100.
La salud queda lejos
«En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…», dijo Humberto Ak’abal en el poema “Lejanía”. Para las mujeres que viven en las áreas rurales, la mayoría indígenas, además de la educación, también la salud queda lejos. Deben viajar una, dos, tres o más horas para llegar a un hospital o a otros servicios de salud.
Para reducir temporalmente esa lejanía, la Ley para la Maternidad Saludable, aprobada en el 2010, establece la creación de casas maternas cercanas a los hospitales, Centros de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) y Centros de Atención Permanente (CAP). Estas casas con pertinencia cultural deberían permitir a las mujeres embarazadas hospedarse en fechas cercanas a su parto y tener acceso inmediato a los servicios de salud que pueden atender complicaciones, evitando que ellas se movilicen de un lugar a otro cuando su parto se acerca.
«La casa materna es una estrategia pendiente, pero ayudaría a reducir más la muerte materna. En la muerte materna no hay mucho que inventar, o las mujeres están cerca de los servicios con capacidad resolutiva o los servicios están cerca de las mujeres. La casa materna no es un servicio de salud, es un hospedaje donde la mujer pueda llegar con su esposo, con sus hijos, estar en una habitación. Donde pueda llegar la comadrona a acompañarla», explica Mirna Jeaneth Montenegro Rangel, directora del Osar Guatemala.
Aunque se han construido casas maternas, no todas se usan para prevenir muertes maternas. Por ejemplo: en 2021, personal de salud denunció que, en Ixcán, Quiché, la construcción de la casa materna se usaba para oficinas administrativas. Otras fueron construidas, pero no habilitadas: en 2017, en Santa Eulalia Huehuetenango, autoridades comunitarias revelaron que el edificio quedó abandonado.
«La mayoría de las casas maternas sirven de bodega, en tiempos de Covid se convirtieron en encamamiento. Sólo en Alta Verapaz usted puede contar 12 casas maternas y de las 12, tal vez funciona una. Algo de lo que queremos hacer con este nuevo gobierno es hablar de casas maternas. Las municipalidades tienen que invertir y los servicios de salud tienen que impulsar que la casa materna suceda», dijo Montenegro.
Otras construcciones para mejorar la atención materna aún no se usan. En Olintepeque, Quetzaltenango, se inauguró en el 2021 un Centro Materno Neonatal con pertinencia cultural. Cuatro años después no se ha habilitado.
En el Hospital Regional de Occidente (HRO) ubicado en la cabecera del mismo departamento se hizo una ampliación de la maternidad. Terminó de edificarse en 2016, pero a causa de 14 fallas en la construcción su uso se demoró, mientras tanto la maternidad sufría hacinamiento. Primero fue habilitado para pacientes Covid, durante la emergencia de la pandemia. Por la alta demanda, desde hace cuatro meses, al fín, se usa para la unidad de cuidados críticos obstétricos, pero . aaún no se entrega formalmente al área de ginecología, El Osar espera que se cumpla con esto el 17 de abril de 2024.
Carmen Sajquim, comunicadora del HRO, informó que aún no se ha entregado porque se tuvo que pintar nuevamente algunas paredes, además de hacer mejoras en el piso y en la iluminación. En cuanto a la fecha de entrega dijo que se hará en abril 2024, aunque no se tiene una fecha específica. El Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) gastó Q2.4 millones en la construcción de este edificio que pasó más de seis años sin ser útil para prevenir muertes maternas.
«Los edificios se van deteriorando, mientras las mujeres no tienen acceso a los servicios de salud», lamenta Suchi.
No basta con que los servicios de salud estén habilitados. Sin insumos o personal médico necesario para atender las emergencias, no podrán salvar vidas, deben tener lo que Montenegro llama capacidad resolutiva. Explica que para un CAIMI se necesita como mínimo una sala de operaciones, un pediatra, un anestesiólogo y un ginecólogo y obstetra.
«¿De qué sirve el CAIMI si no tiene anestesista viernes, sábado y domingo o si resulta que la máquina de la anestesia no está funcionando? Esas cosas son las que el Ministerio de Salud tiene que resolver», acentúa Montenegro.
La directora del Osar menciona otros escenarios de necesidades que deben estar abastecidas, como el sulfato de magnesio para estabilizar a una paciente con presión alta por preeclampsia, y la capacidad para hacer cesáreas en los CAIMI y los hospitales. Aunque en los centros de salud y CAP no se puede operar, se debería contar con misoprostol para hemorragias por retención de placenta. En los puestos de salud, que la atención es aún más limitada, deberían tener al menos un traje antishock: un traje a presión para que la persona no sangre mucho.
Ante la ausencia del Ministerio de Salud, en muchas comunidades son las comadronas quienes atienden la salud de las mujeres, las acompañan durante el embarazo, parto y posparto. Las abuelas comadronas saben que además de la lejanía hay otro factor que pone un muro: la violencia obstétrica.
«El Ministerio de Salud no llega hacia donde están las mujeres embarazadas, tienen que caminar demasiado, pero aunado a eso muchas son víctimas de la violencia, del maltrato dentro de los servicios de salud. Por esta razón las mujeres no quieren ir», explica Angelina Sacbajá Tun, abuela comadrona maya kakchiquel y fundadora del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nim Alaxik.
Montenegro apoya la opinión de Sacbajá. Reconoce que la violencia obstétrica aleja a las mujeres de los servicios de salud. Ambas aseguran que se necesita tender puentes y permitir que trabajen en unidad la medicina ancestral y la occidental. Para Suchi, este trabajo en conjunto debe incluir que el Ministerio de Salud proporcione a las comadronas lo necesario para atender los partos.
«El diagnóstico de referencia que lleva la abuela comadrona es valioso. Pero cuando las mujeres llegan las dejan esperando. Les dicen: “Ya tomaste agua de saber que plantas te dio la comadrona”, eso es falta de respeto. Lo que la abuela comadrona ha hecho también es parte de un sistema de salud, juntos tenemos que sacar adelante a la mujer que tiene complicaciones», reclama Sacbaja.
Hay un elemento más: los exámenes que se ordenan hacer a las mujeres embarazadas durante el control prenatal.
Suchi cuenta que hay madres con hasta seis controles prenatales, pero terminan falleciendo. Porque de acuerdo con el diagnóstico, les ordenaron exámenes de laboratorio: ultrasonido o prueba de orina para comprobar lo que el médico detectó. Muchas no pudieron pagarlos y al final su proceso culminó en una muerte materna.
Para el acceso a la tecnología también hay lejanías. En la ciudad de Guatemala hay dos hospitales públicos con estudios de laboratorio durante el primer trimestre del embarazo para saber si una mujer puede presentar hipertensión arterial, pero en municipios de otros departamentos, no.
Una vez más los números hablan: dicen que la mayoría de las muertes maternas ocurren en los hospitales públicos, seguidos por la casa de la víctima. También dicen que ocurren más en la atención con médicos que con comadronas y que la causa de muerte directa más frecuente es la hemorragia.
La justificación en hospitales públicos y personal médico es que cuando reciben a las pacientes, llegan tarde y muy complicadas. Para el Osar esto no es un argumento válido, pues no hay datos que lo comprueben y también existen otras sospechas: que se tardan demasiado en atenderlas y que como la mayoría de los hospitales públicos son hospitales escuela, los residentes (médicos que estudian una especialidad) no brindan la atención adecuada ante una ausencia de supervisión.
«El plan de acción debería ser capacitar bien a los residentes y monitorearlos», considera Montenegro.
Para atender la hemorragia posparto principalmente en retención placentaria, el Osar le apuesta al Misoprostol, medicamento aceptado por el Ministerio de Salud que debería estar disponible en los servicios públicos, además de ser entregado a las comadronas.
En Huehuetenango, aunque es uno de los departamentos con más casos acumulados, según datos de Salud y del Osar, desde el 2021 ha habido una disminución de casos de mortalidad materna. El Osar atribuye el logro al uso del Misoprostol para atender hemorragias posparto.
La hemorragia es la causa más frecuente de mortalidad materna.
La tragedia de la tragedia
La tragedia no termina con la muerte de la madre. Sigue con niñas y niños huérfanos que no pueden recibir leche materna, por el costo las familias no pueden comprar leche en fórmula, los bebés pierden peso hasta tener desnutrición. La tragedia continúa con adolescentes que deben dejar sus proyectos vitales para convertirse en madres de sus hermanos menores. La tragedia continúa con paternidades ausentes que, cuando la pareja muere, abandonan a sus hijos.
En esta última década, de los años que se tiene registro, los huérfanos, hijos de mujeres que murieron por una muerte materna suman 9,948. Para hacernos una idea: si sumamos el número de las muertes maternas (4,257) y el número de los hijos huérfanos (9,948), la cifra que se alcanzaría superaría la capacidad del Estadio Cementos Progreso, donde caben 14,022 personas sentadas. De las madres que fallecieron por muerte materna, 775 eran primerizas. Al menos 1,148 tenían entre 4 y 15 hijos. Según informes sobre muertes maternas realizados por el Ministerio de Salud, el hecho que las mujeres primerizas fallezcan y el nivel educativo de las víctimas es una alerta de la necesidad de que la educación integral en sexualidad debe comenzar tempranamente.
Montenegro recuerda a una niña de 14 años que perdió a su mamá por una muerte materna, ahora está a cargo de sus nueve hermanos, incluyendo a la bebé que nació cuando la mujer murió. También le vienen a la memoria unas gemelas a cargo de la abuela materna. Cuando la madre murió tenían un peso de 5 y 6 libras. Cuando cumplieron un mes, su peso era de 4 y 5: cada una perdió una libra. La abuela no podía alimentarlas.
«¿Qué tanto conocían las mujeres su propio cuerpo, cuál era su estado de salud, podían quedar embarazadas o el embarazo era un riesgo para su propia vida? En los casos donde las mujeres fallecen a consecuencia del parto y donde sobreviven sus hijos e hijas, se abre otro círculo de sufrimiento para estas criaturas que quedan huérfanas de madre. Esa nueva vida se suma a las cargas que ya existen en las familias y que recaen directamente en otras mujeres, como hermanas mayores, abuelas, principalmente», dice la antropóloga Mérida.
Suchi recuerda la importancia de que las mujeres y hombres tengan acceso a métodos anticonceptivos, a planificación familiar, que las mujeres sepan que pueden decidir sobre su cuerpo para espaciar los embarazos o no tenerlos.
«Las iglesias juegan un papel determinante. Erróneamente inculcan que es pecado hablar de derechos sexuales y reproductivos, líderes de diferentes religiones hablan de que la mujer debe ser reproductora de la vida y que tiene la obligación de tener los hijos que Dios le mande, le niegan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. La sexualidad también es un elemento de placer para las mujeres y no solo reproductivo», dice Cotom.
Las adolescentes que mueren por ser madres
Aunque la mayoría de las muertes maternas se concentran en mujeres de 20 a 34 años, las muertes de adolescentes por embarazo o parto también ocurren. En esa década fueron 445. Las muertes de estas adolescentes hacen recordar un tema importante: las adolescentes entre 15 y 19 años que son madres o están embarazadas.
Para Cotom y Mérida es importante profundizar en cuántos de estos embarazos son productos de violación.
«Sin importa la edad, están expuestas cotidianamente a la violación sexual; hace falta muchísima información cualitativa que ilumine sobre cuántas de las mujeres que fallecen antes de dar a luz, dando a luz o inmediatamente después de dar a luz han sido violadas sexualmente. Ni su cuerpo, ni su espíritu y psique quieren a un hijo engendrado a base de violencia, sufrimiento, dolor y estigma social», expresa Mérida.
Suchi recuerda las estrategias que no se cumplen, como los espacios diferenciados y amigables para la atención de adolescentes en la red de servicios de salud para brindarles educación sexual y asesoramiento en el uso de métodos de planificación familiar, con personal capacitado.
Los territorios más vulnerables
En esa década, los departamentos con más casos de muertes maternas son: Huehuetenango y Alta Verapaz.
Mérida habla sobre la vida de las mujeres y las niñas en esos departamentos. Cuenta que ahí las mujeres desde niñas, adolescentes y adultas están condenadas a morir a temprana edad porque no tienen acceso a atención médica oportuna y pertinente o están condenadas a vivir en condiciones de extrema pobreza y sin oportunidad de ni siquiera conocer que tienen derecho a otras formas de vida que no sea la maternidad impuesta.
«Hablo de maternidad impuesta porque, además de que no existen acciones educativas, de salud integral, preventiva y conocimiento de derechos; hay todo un entramado sociocultural que obliga a las mujeres a “creer” que su único destino es casarse, tener hijos y cuidar del esposo y ser responsables de todo el círculo del cuidado a través del trabajo doméstico que realizan, que además es impago, invisible y no reconocido», dice Mérida.
Gobierno no responde
El 14 de enero de 2024, en Guatemala asumió el poder el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Arévalo nombró ministro de Salud a Oscar Cordón y de educación a Anabella Giracca.
Para conocer las acciones que los ministros tomarán para atender la mortalidad materna, se consultó con Sandra Valdez, subdirectora de Comunicación Social del Ministerio de Salud, pero no hubo una respuesta sobre las acciones para reducir las muertes maternas, acercar los servicios de salud a las mujeres, verificar que las casas maternas construidas funcionen, así como garantizar abastecimiento y personal para atención de partos en los servicios de salud.
También se consultó con David de León, director de Comunicación Social del Ministerio de Educación, tampoco respondió sobre las estrategias de las nuevas autoridades para acercar los centros educativos a las mujeres, asegurar la educación integral en sexualidad y contribuir a la reducción de la mortalidad materna desde la educación. El artículo 7 de la Ley para la Maternidad Saludable establece que el Ministerio de Salud, el IGSS y ONGS, deben coordinar acciones con el Ministerio de Educación para prevenir las muertes maternas.
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Este reportaje es parte de la beca de Periodismo de Datos en Latinoamérica de la asociación Equal Measures 2030, con el apoyo de Salesforce a través de su software Tableau.
Investigación, texto, análisis y visualización de datos: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela y Marisa Miodosky
Coordinación Equal Measures2030: Marisa Miodosky
Asesores de datos de Salesforce: Stephen Price y Pahola Díaz
