Desde hace tres años la familia de Susana busca la verdad. Se enfrentan al coste emocional y económico que implica un proceso penal por una posible negligencia médica. Ella murió luego de una intervención quirúrgica, pero la necropsia y los dictámenes dan luces de que la causa de muerte no fue la que el médico informó en su momento. Para el esposo de Susana, esta también es una historia de violencia obstétrica, aunque es complicado descifrarlo en un país donde no está tipificada y su concepto tampoco se reconoce en el sistema de salud.
La noche del jueves 7 de enero de 2021, hombres armados entraron en la casa en la que vivían Susana Argueta de León y su esposo Alejandro García Rodríguez. Eran supuestos integrantes de una red dedicada al robo de propiedades. Entraron por la fuerza y aseguraron que eran los dueños del inmueble.
Llamaron a la policía y los hombres terminaron por marcharse, aunque antes los amenazaron. Por miedo, la pareja decidió mudarse. Al día siguiente comenzaron a empacar.
Susana estaba embarazada de unas 20 semanas; algo menos de cinco meses. . Esperaban a su tercer bebé, sería una niña. Al día siguiente del incidente en la casa ella empezó a sentirse mal. Tenía un sangrado.
Así que decidieron llamar a su ginecólogo de confianza, el médico de siempre, el que había atendido el parto de su hija de cinco años y el de su hijo de dos.
Al otro lado del teléfono el médico Estuardo Carrera Brolo les recomendó que llegaran a hacerse un ultrasonido. Ya lo tenían planeado para una consulta de control. El sábado 9 de enero la pareja fue a hacerse la prueba, pero el resultado no fue positivo. El corazón de la bebé ya no latía y era necesario hacer un legrado; una técnica que consiste en raspar el interior del útero para retirar el endometrio y, en este caso, el feto.
La pareja le dio la información al médico y acordaron una cita para dos días después.
«Nosotros nos enteramos de la pérdida desde el sábado en la mañana, pero el doctor decidió esperar hasta el lunes para verla en su clínica y ese día nos dijo que tenía que hacer la intervención y la programó para el martes», dice tres años después, Alejandro García.
La noche del lunes 11 de enero de 2021, él acompañó a su esposa al Hospital Maranatha, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala. En el país aún se vivían restricciones por la pandemia del COVID-19, así que él no pudo pasar con ella como acompañante. Susana se quedó ingresada esa noche. Al día siguiente le harían el legrado.
Esa madrugada, a las 4:00, recibió un mensaje de Susana para informarle que habían llegado por ella a la habitación para ingresar al quirófano.
Fue la última vez que supo de ella.
A las 10 de la mañana recibió una llamada más. Esta vez era del ginecólogo, Carrera Brolo, para decirle que su esposa había muerto.
«El doctor me da una explicación médica de una condición super extraña y me dice que por la pandemia no se pueden hacer necropsias. Yo no tenía la entereza para escuchar ninguna explicación», recuerda hoy Alejandro García.
No le prestó atención al doctor. Solo quería comprobar por él mismo que lo que le acababa de decir era cierto. «Me voy a donde estaba mi esposa y la encuentro fallecida. No había nada que hacer».
El médico le informó de que Susana había muerto por una condición extraña que es raro que suceda: embolia de líquido amniótico.
Esto ocurre cuando los antígenos fetales ingresan a la circulación materna. Es una emergencia obstétrica rara que puede suceder durante la interrupción de un embarazo en el primer o segundo trimestre.
Pero el esposo no terminaba de entender lo que había pasado. Además, los siguientes días, entre organizar el funeral, el entierro y hacerse cargo de sus hijos, tampoco logró ponerle toda la atención que hubiera querido a la situación.
Pero Enrique Argueta, el padre de Susana, también es médico y rápido sospechó que algo no estaba bien. Dudó de la justificación del médico sobre la muerte de su hija.
En ese momento, se preparó para presentar una denuncia en el Ministerio Público (MP).
Escarbar la verdad
Luego de la denuncia, el padre de Susana comenzó un camino complicado para el que necesitó contratar abogados y tener mucha paciencia.
El primer reto fue la ausencia de una fiscalía que tuviera el conocimiento específico de delitos por negligencia médica. No había —ni hay— un equipo o un personal especializado sobre ese tema.
Para los abogados de la familia de Susana, lo inmediato era realizar una necropsia y lograr el secuestro del expediente médico.
El fiscal que tenía a cargo el caso no procedió al secuestro inmediato del expediente, el centro médico Maranatha lo entregó voluntariamente. Esto provocó que casi por un año se discutiera en la fiscalía si el expediente era el correcto.
La exhumación se logró en 2022, un año después de repetidas solicitudes de los abogados de la víctima.
Finalmente se lograron sumar los peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al expediente médico y a la necropsia.
Estos dictámenes revelaron una información que el médico le había ocultado a Alejandro García cuando le dijo que su esposa se había muerto: durante el legrado, se había perforado el útero de Susana, lo que causó que se desangrara.
Abraham Girón Morales, el abogado que contrataron para llevar el proceso legal, tuvo claro que este era un caso de negligencia médica. «El primer acto de negligencia médica es precisamente esa perforación del útero, pero el segundo es en el posoperatorio. Viendo a la paciente, teniendo los signos claros que demostraban que se encontraba en un problema de hemorragia interna, no hubo un procedimiento adecuado para tratar de mitigarlo», argumenta Girón.
Según la acusación, el informe pericial que hizo el Inacif, el peritaje de la necropsia y las evidencias de patología confirmaron la mala praxis.
«El informe pericial del expediente médico explica un mal manejo posoperatorio y el examen de la necropsia es un trabajo muy detallado, muy minucioso, contundente y claro sobre la causa de muerte», asegura Girón.
Durante la investigación, la defensa del médico solicitó a los peritos del Inacif que respondieran un listado de un poco más de 100 preguntas relacionadas con el caso.
Se acercan al final
El caso que se abrió en el Ministerio Público a partir de la denuncia del padre de Susana acaba de cumplir tres años y apenas está en la fase de investigación. La demora se debe, en parte, a las reestructuraciones dentro de la Fiscalía.
Estas han implicado que el expediente haya pasado ya por cuatro fiscales. Cada vez que se asignaba una persona nueva a cargo del caso, necesitaba dos o tres meses para conocer el expediente.
En enero de este año, finalmente, el caso llegó al juzgado de paz. La fiscalía busca imputar el delito de homicidio culposo al médico que practicó el legrado.
En Guatemala el homicidio culposo es lo que se conoce en el Código Penal como uno de los «delitos menos graves». Estos delitos tienen penas mínimas (menos de cinco años de prisión) por las que se puede pagar una fianza para no ir a la cárcel, en caso que un juez declare culpable a la persona acusada.
El proceso por estos delitos se conoce en los juzgados de paz y tiene dos etapas. En la primera audiencia se conocen los cargos. Si el juez acepta la acusación como la plantea el MP, entonces se pasa a la segunda audiencia. En esta se lleva a cabo un debate, un juicio.
Pero antes de entrar a este proceso, por la naturaleza de estos delitos, las partes pueden llegar a un acuerdo. La mayoría de veces los jueces los motivan a hacerlo porque la pena no implica prisión.
El 29 de enero de 2024, Alejandro García llegó hasta el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal del Municipio y Departamento de Guatemala en donde se reunió con Enrique y sus abogados: Abraham Girón y Samuel Herrera.
Ese día estaba previsto que se diera la primera etapa del proceso por homicidio culposo en contra del médico Carrera Brolo (en la que la Fiscalía hiciera la acusación). Pero como aún no se había realizado la audiencia de conciliación. Aunque pasar la etapa del diálogo es necesario, llegar a un acuerdo no es obligatorio para las partes. Pueden decidir no conciliar y avanzar con el proceso.
Generalmente, este tipo de acuerdos suelen implicar una reparación económica de las personas acusadas a quienes fueron afectados.
Los familiares de Susana y sus abogados coinciden en que no iniciaron el proceso para sacar dinero. «¿Cómo ponerle precio a una vida, cómo valorar cuánto cuesta la ausencia de la mamá de mis hijos? Esa pregunta no tiene respuesta”, lamenta García.
Según dice, el propósito principal era encontrar la verdad. Saber qué le había pasado a Susana. También que esto no vuelva a pasar, dar una luz para quienes pasan por una negligencia médica.
«Encontrar la forma de que este tipo de cosas no se repitan porque a mí me llevó a episodios muy fuertes de depresión. Incluso tuve tres episodios en donde estuve a punto de cometer suicidio. Todo esto es muy duro. El día a día se vuelve muy pesado y difícil si está en las manos de uno sentar un precedente para que no se repita”, dice.
Después de esa audiencia suspendida el 29 de enero, la familia de Susana y el médico se reunieron el 7 de febrero en la sede del MP. Lo harán nuevamente el 11 de marzo.
La próxima audiencia en el juzgado de paz será el 18 de marzo. Si para entonces llegaron a un acuerdo, el caso se cerraría ahí. Si no, la Fiscalía presentaría una acusación y el juez tendría que decidir si se van a juicio.
El 7 de febrero, afuera de la sede del Ministerio Público en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, Ocote intentó conversar con Estuardo Carrera Brolo, el médico denunciado.
Respondió que no hablaría del tema y que la comunicación podría ser con sus abogados, de quienes tampoco quiso brindar el número telefónico. «Pueden pedírselo a Alejandro, está en el expediente», dijo.
Ocote llamó por teléfono a Josué Gómez, uno de los abogados de Carrera Brolo. Gómez respondió la llamada, pero al consultarle sobre el caso, alegó problemas en la comunicación. Luego de enviarle un mensaje para explicarle que la llamada era para solicitar una entrevista con el fin de conocer su postura en el caso, respondió que lo consultaría con el médico.
En Guatemala es difícil saber cómo de frecuentes son las negligencias médicas. La mala práctica médica, en sí, no está tipificada como delito, así que obtener datos se complica.
El abogado Abraham Girón, que se ha dedicado a litigar este tipo de casos, considera, a su criterio, que no son denuncias muy comunes. Puede ser, dice, porque no suceden muchas negligencias, pero también es probable que haya un subregistro importante porque la mayoría de las víctimas no denuncian.
Alejandro García considera urgente que historias como la de Susana provoquen una reflexión sobre los servicios de salud públicos y privados.
«Hacer ver que, ante la ausencia del Estado en los servicios de salud, el sector privado tiene una ausencia de humanidad. Los doctores cada vez se han vuelto más como maquilas de servicios médicos. Hay médicos que tienen ocho clínicas y le dan cinco minutos a cada paciente y al siguiente. ¿Dónde queda la actitud de servicio? Son carreras humanísticas», dice.
La sospecha de violencia obstétrica
Cuando hablamos con Alejandro García del caso de su esposa, él desliza la posibilidad de que también esté relacionado con una violencia obstétrica.
«Desde el primer momento el doctor no atendió con diligencia la emergencia. Si él no podía, era más fácil decir “no puedo, esto es algo que requiere atención urgente, vaya con alguien más”. La violencia empieza desde ese punto en el que no hay honestidad al momento de decir las cosas y abordar el tema», argumenta.
La violencia obstétrica es un tipo de violencia que se produce cuando el personal de salud lleva a cabo un trato deshumanizado contra las mujeres durante su embarazo, parto y postparto. Suele implicar que las mujeres pierdan la autonomía y la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se les medica o se llevan a cabo procedimientos innecesariamente
Pero establecer un caso de violencia obstétrica en Guatemala es complicado. El concepto no está regulado en las leyes y tampoco se contempla en los protocolos de salud a escala nacional.
En países como Argentina, México y Venezuela, donde se reconoce como un delito, las definiciones pueden tener similitudes, ligeras variaciones e incluso incluir hechos distintos.
Por ejemplo, en los tres países se toma en cuenta el trato deshumanizado que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.
Pero además Argentina incluye en estos procesos la atención de abortos naturales o provocados, mientras que en las leyes estatales de México y en Venezuela también se toma en cuenta el abuso de medicalización.
En España, las negligencias médicas también pueden relacionarse con la violencia obstétrica. En julio de 2023, por ejemplo, una familia recibió la noticia que sería indemnizada con más de 5 millones de euros por una negligencia médica durante un parto.
En Guatemala, en cambio, no hay una ley que establezca qué es y qué no es violencia obstétrica.
🚨 "Si tocan a una, respondemos todas", "no a la violencia obstetrica", dicen las mujeres que participan en caminata por el Festival #8M en Quetzaltenango.
— Ocote (@AgenciaOcote) March 5, 2023
Caminan desde el Cunoc hasta el Centro Intercultural, zona 3.
📷 @MJLongoBautista pic.twitter.com/tf5jeJfdpT
Linda Valencia, ginecóloga con postgrado en estudios de género, expresidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala y quien recientemente asumió como viceministra de hospitales, explica que, a su criterio, una negligencia médica como la que se dio durante la intervención a Susana no está relacionada con una violencia obstétrica.
«Una sepsis, una embolia de líquido amniótico, una perforación, no es violencia obstétrica. Pudo haber mala práctica, pero no podemos asumir que hubo violencia obstétrica», asegura.
En todo caso, explica, puesto que en Guatemala no hay una ley que sancione la violencia obstétrica, eso nos limita a definir si un caso se encuadra en este tipo de actuaciones. «Desde el punto de vista legal no podemos asumir en ningún momento que hay violencia obstétrica, porque no existe una ley”, dice Valencia.
Agrega que, para saber si un caso podría tratarse de violencia obstétrica es necesario profundizar en aspectos como la atención, la calidad, la calidez, la forma en la que trataron a Susana. Si le explicaron a detalle el procedimiento y si ella fue parte de la toma de decisiones.
Valencia recuerda que es importante hablar del tema. Trae a la memoria que hace más de cinco años, la entonces diputada Sandra Moran presentó una iniciativa de ley relacionada a la violencia obstétrica.
En ese entonces, una mesa técnica, donde fueron parte asociaciones de médicos y el Ministerio de Salud, dictaminó que en Guatemala una iniciativa que sancione la violencia obstétrica no era lo adecuado. Se recomendó iniciar una política para humanizar la atención desde la formación a los estudiantes de medicina y capacitar a proveedores de salud en el ministerio. No hubo seguimiento al tema.
Desde el viceministerio de hospitales, Valencia explica que se puede fortalecer todo el tema de la calidad y calidez de atención en los servicios de salud. Pero considera que es importante que también desde el viceministerio de regulación se actualicen las normas técnicas en la atención obstétrica. Asegura que un normativo ayudaría a delimitar los estándares de calidad con el que se debe prestar el servicio a las mujeres.
«La violencia obstétrica no solo tiene que ver con las prácticas clínicas y la conducta de los proveedores, también tiene que ver con omisiones: un lugar que no sea privado, la falta de insumos para manejar a las pacientes, protocolos que no cumplen con los estándares de buenas prácticas. Todo esto combinado, nos damos cuenta de que como país no estamos listos y debemos comenzar con una política que involucre a todas estas partes», concluye Valencia.
¿Y yo, qué puedo hacer?
Para conocer más sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención al parto, puedes leer y descargar este documento de la OMS.
