El día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo de León se recordará como una serie de eventos marcados por la misma incertidumbre que definió los siete meses anteriores. Llegar al domingo 14 de enero ya, de por sí, era un desafío formidable.

A modo de conclusión de una epopeya, y a pesar de los atroces retrasos en el protocolo; a la medianoche del 14 de enero, Arévalo de León hizo una entrada triunfal al Teatro Nacional “Miguel Ángel Asturias” acompañado de Primavera de Vivaldi, para recibir la banda presidencial de manos de su colega de partido Samuel Pérez Álvarez en el Teatro Nacional. En ocasiones, la historia sufre patrones cíclicos. Hace casi ocho décadas, cuando el padre de Arévalo, Juan José Arévalo Bermejo, asumió la primera presidencia democráticamente electa, fue juramentado por el joven presidente de la Asamblea Legislativa, Manuel Galich, quien, al igual que el congresista Pérez, tenía 31 años y provenía del liderazgo estudiantil. El presidente inaugural de la Revolución de Octubre de Guatemala –también conocida como los Diez años de la primavera, entre 1944 y 1954– también enfrentó esfuerzos golpistas y una campaña vehemente repleta de descalificaciones. El nuevo presidente admiró esa elogiada época al tiempo que instó al progreso: “No podemos mirar constantemente hacia atrás cuando nuestro pueblo necesita avanzar”, declaró, enfatizando un llamado a que Guatemala crezca en dignidad, justicia y esperanza en el futuro. Arévalo de León, un sociólogo y exdiplomático de 65 años , expresó su agotamiento por el desafiante período de transición y reconoció a los dignatarios extranjeros, enfatizando su compromiso de rechazar el autoritarismo y la violencia.

La victoria fue fugaz. El lawfare siguió inmediatamente después de que el Movimiento Semilla perdiera su estatus de partido apenas dos días luego de la toma de posesión de Arévalo de León. Los 23 congresistas electos de Semilla se convirtieron en un bloque legislativo independiente, perdiendo acceso a roles de liderazgo en el Congreso de 160 escaños después de que el máximo tribunal de Guatemala concediera un recurso de amparo a grupos de extrema derecha e impusiera la decisión de un juez penal sobre la ley electoral de rango constitucional. Las maniobras judiciales destinadas a despojar a Semilla de su personalidad jurídica, parte de una campaña más amplia para socavar la soberanía popular, revelan la captura institucional del sistema de justicia, planteada desde hace mucho tiempo por observadores expertos y la también por la ciudadanía consternada.

Por delante queda un camino plagado de obstáculos y un enfrentamiento con la titular del MP, la fiscal general Consuelo Porras Argueta, y la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC). La conspiración para desmantelar la legitimidad democrática no terminará. Los golpistas, un grupo minúsculo cuya fortuna financia la depredación de los recursos, seguirán intentando socavar la voluntad de los ciudadanos y rechazarán cualquier aparente intento de reforma. La mafia antidemocrática que aisló a Guatemala del escenario mundial seguirá instrumentalizando al MP y al CC para mantener antiguos privilegios e inmunidad para la ahora debilitada coalición política dominante.

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Octubres revolucionarios

Al igual que su padre, Arévalo de Léon asumió el cargo después de sortear una prolongada carrera de obstáculos que pretendían frustrar su ascenso al poder, incluidos los continuos intentos de las autoridades políticas y judiciales de subvertir el orden constitucional. ¿Qué lecciones históricas y paralelos se pueden extraer de la década revolucionaria y cuáles son las perspectivas de que florezca una nueva primavera guatemalteca bajo este nuevo gobierno?

Retrospectivamente y visto desde la Guatemala contemporánea, los recuerdos sociales de la revolución revelan los anacronismos en juego en nuestra coyuntura histórica actual. ¿Qué tiene exactamente la revolución del cuarenta y cuatro que resuena con tanta fuerza ahora? Pocas personas estaban vivas o eran lo suficientemente mayores como para recordar la revolución con claridad. Así, lo que recordamos no son nuestras propias experiencias sino una destilación de los recuerdos de los demás; un tipo de “memoria social.” La historia y la memoria se recrean constantemente para satisfacer las necesidades contemporáneas y abordar cuestiones actuales. En otras palabras, recordar el pasado e imaginar el futuro.

Repase la historia de Guatemala y encontrará una sociedad caracterizada por una distribución de la riqueza marcadamente desigual. En este sistema laboral semifeudal, las élites reclutaron coercitivamente a campesinos indígenas, en su vasta mayoría mayas, para someterlos a servidumbre en fincas orientadas a la agroexportación. A pesar de que aproximadamente la mitad de la población está clasificada como “indígena maya” en los censos, el racismo estructural se fusiona con una tradición duradera de dictaduras. Ejemplo de ello, las protestas masivas y la huelga general derrocaron al tirano Jorge Ubico, amante de Napoleón Bonaparte, en 1944.

Esa movilización multiclase, conocida como la Revolución del 20 de Octubre, fue dirigida por una coalición de reformadores predominantemente urbanos. Si bien la causa de los rebeldes fue impulsada por la propaganda profranquista de Ubico, la revolución avanzó con premisas alineadas con el antifascismo del siglo veinte. Entre los adherentes revolucionarios se encontraban estudiantes, profesores, profesionales de clase media y jóvenes oficiales del ejército. Esta vez, los esfuerzos se enfocaron en contra la dictadura ubiquista, régimen en el que sobrevivieron prácticas e ideologías derrotadas por los países aliados en la Segunda Guerra Mundial: el racismo institucionalizado, la exclusión económica y la violencia política como mecanismo de control social.

La Revolución de Octubre de 1944 inauguró diez años de reformas sociales democráticas. Por primera vez en la historia de Guatemala, el Estado implementó políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar de la población en su conjunto. Juan José Arévalo Bermejo, profesor de filosofía guiado por una visión moral del “socialismo espiritual” (no por la del socialismo real), se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Guatemala en marzo del 45. Abolió el trabajo forzoso, creó programas sociales, legalizó los sindicatos y abrazó una firme creencia en la educación formal. “Somos socialistas”, dijo Arévalo, “porque vivimos en el siglo veinte”. Otras reformas modestas pero duraderas incluyeron la creación del Instituto Nacional Indígena, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un Código Laboral moderno y la Ley de Reforma Agraria, todas ellas logradas equilibrando los imperativos del desarrollo de orientación capitalista.

El interludio de los “diez años de primavera en la tierra de la eterna tiranía”, como lo describió el novelista Luis Cardoza y Aragón en su ensayo 1945 “La revolución guatemalteca”, confirmó a la clase alta de Guatemala que la democracia era peligrosa, que los reformadores eran comunistas y que la concesión era equivalente a la rendición. Un golpe de estado respaldado por la CIA contra el segundo presidente de la Revolución, el oficial del ejército Jacobo Árbenz Guzmán, puso fin por la fuerza al experimento progresista. El derrocamiento se produjo después de un intento de reforma agraria. Los motivos se debieron a la paranoia anticomunista macartista, la protección de los inversionistas estadounidenses (es decir, la United Fruit Company, que era el mayor terrateniente privado en Guatemala en esa época) y la arrogancia imperial de la administración Eisenhower que percibió amenazas de intentos soviéticos de instalar la primera cabecera de playa en América Latina.

El golpe de 1954 –la primera intervención de Estados Unidos en la Guerra Fría en América Latina utilizando técnicas innovadoras tomadas de la psicología de masas, los medios de comunicación y la publicidad– vive en la mente de los guatemaltecos como el marcador del fin de la última vez que el Estado trabajó a su favor.El golpe desató, hacia 1960, 36 años de violencia contrainsurgente que dejó más de 200,000 muertos, incluido el genocidio contra los mayas ixiles en el altiplano occidental.

Sin duda, la década revolucionaria de Guatemala y su abrupto final marcan el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El derrocamiento de Árbenz se convirtió en un paso decisivo para radicalizar la política hemisférica, lo que condujo a tácticas más militantes en ambos lados de la división ideológica. El golpe contra el gobierno revolucionario es una herida abierta en la memoria social de Guatemala y un recordatorio de lo que pudo haber sido. Quizás lo más importante es que existe la sensación de que esta podría haber sido la mejor oportunidad de Guatemala para reestructurar la propiedad de la tierra y el poder, disminuyendo estructuralmente la desigualdad. Aunque la revolución terminó como un proyecto estatal en 1954, siguió viviendo en los deseos y temores de los guatemaltecos y moldeó sus ideas sobre lo que era posible en el país.

Hoy en día, el reconocimiento de resistir múltiples intentos de golpe se debe en parte a la presión internacional sostenida. Estados Unidos y la Unión Europea emitieron sanciones diplomáticas y económicas contra funcionarios del estado guatemalteco involucrados en la subversión electoral y considerados actores corruptos. Sin embargo, a diferencia de 1954, cuando la movilización de apoyo interno fue insuficiente para frenar el golpe, 2023 es una historia de éxito debido predominantemente a la movilización de base de las comunidades indígenas guatemaltecas.

La defensa de la democracia

A pesar de los repetidos intentos de socavar el voto popular, Guatemala sigue siendo una democracia debido al paro nacional lanzado por las autoridades indígenas que comenzó el 2 de octubre de 2023. Una enérgica movilización ha tenido el efecto de perturbar el gobierno en su núcleo, cuestionando las intenciones del Ministerio Público, institución, que, como bisagra operativa de sus procesos de investigación, ha abierto la puerta a que desalojos de tierras, impunidad, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como a la criminalización de comunidades y autoridades indígenas queden impunes.

Desde un punto de vista comunitario, la defensa de la democracia significa respeto a la voluntad del pueblo. Esto implica no permitir una marcha hacia la dictadura y la instrumentalización de gobiernos impuestos por militares, narcotraficantes y empresarios.Históricamente marginadas dentro de un sistema profundamente racista, las organizaciones que representan políticas asamblearias ancestrales se han convertido en una fuente importante de legitimidad y fuerza popular en los últimos años. La noche de su toma de posesión, Arévalo reconoció en su discurso a los pueblos indígenas, sus autoridades ancestrales y sus acciones simbólicas en las calles, incluidos los 48 Cantones de Totonicapán, la autoridad de gobierno tradicional maya k’iche, que hizo el llamado inicial al paro nacional.

Antes de dirigirse a la multitud en la Plaza de la Constitución, el presidente visitó el barrio Gerona, donde siete distintas organizaciones de autoridades ancestrales indígenas mantuvieron durante 105 días un campamento de protesta frente a la sede del MP, enfatizando su demanda de renuncia del fiscal general Porras. Una semana después de la toma de posesión de Arévalo de León, Porras dijo que no renunciaría, atrincherándose en el MP.

El esfuerzo colectivo del paro nacional no tenía como objetivo apoyar a un partido político o líder específico, como Semilla o Arévalo, sino más bien a salvaguardar los principios democráticos y rechazar a una clase política comprometida y contaminada. Más allá de las elecciones, persiste entre la gente la esperanza de que las acciones políticas puedan recuperar la nación de sus captores, fomentando condiciones de bienestar, justicia e inclusión para la mayoría, una aspiración ambiciosa que se remonta a la revolución.

La intensidad de los ataques contra la dupla presidencial y los pueblos indígenas que resisten el golpe es imposible de medir sin una visión de muy largo plazo. El nivel de impunidad en el gobierno saliente de Guatemala es proporcional al desastre de 1954. El nivel de odio hacia la democracia del ahora sancionado expresidente Alejandro Giammattei implicó complots, boicots y una captura judicial total para criminalizar la disidencia y silenciar a la oposición.

Optimistas cautelosos han comenzado a discutir el amanecer de una nueva era en Guatemala, donde un modelo político posconflicto había cultivado la indiferencia entre los progresistas. El centrismo reformista llenó el vacío en un electorado no partidista, produciendo un improbable ganador socialdemócrata entre un mar de opciones conservadoras y de extrema derecha. Esta insistencia en dejar de hacer política como de costumbre debe reflejarse en el futuro, especialmente en lo que respecta a las poblaciones indígenas.

Tomemos, por ejemplo, la legislación internacional vigente sobre los derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por el Estado de Guatemala como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula la industria extractiva en territorios. Esto se ha buscado hacer cumplir en diferentes territorios como Q’eqchi y Xinka, donde se han instalado proyectos mineros e hidroeléctricos que han generado disputas legales en las distintas cortes, incluída la Corte Constitucional. Este momento histórico, canalizado a través de protestas multitudinarias, ha venido generando conciencia sobre los derechos políticos de los Pueblos Indígenas.

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Ampliando la coalición

La histórica victoria de Semilla en las elecciones guatemaltecas de 2023 marca un momento notable en la democracia más poblada de Centroamérica. Este logro político surgió como respuesta a las tácticas represivas de las elites políticas que ejercían el control sobre las instituciones estatales posteriores al conflicto. A Arévalo de León le queda mucho trabajo por delante si ofrece una alternativa al popular bukelismo en el vecino El Salvador: la estética de la mano dura presentada a través de una propaganda de última generación, la acumulación de poder en un régimen sultanista y un desmantelamiento quirúrgicamente ejecutado de las instituciones democráticas.

El Movimiento Semilla nació como un grupo de análisis en 2014 integrado por intelectuales y académicos. En 2015, durante las masivas protestas anticorrupción que provocaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, debido a su presunta participación en un fraude aduanero generalizado, sus seguidores decidieron comenzar a convertirse en un partido político. El crecimiento de Semilla fue gradual. En su primera participación electoral en 2019 sufrieron la exclusión de su candidata presidencial , pero obtuvieron siete escaños en el Congreso.

Semilla se consolidó como partido político al contar con el apoyo de personas movilizadas, incluidos jóvenes, estudiantes activistas de universidades públicas y privadas, propietarios de medianas empresas, académicos y líderes sociales. Esto ejemplificó un nuevo enfoque político, distanciándose de las normas clientelistas obsoletas que prevalecieron en las últimas décadas de construcción de partidos. Semilla representó un cambio paradigmático inicial en la política partidaria de Guatemala: el surgimiento de un nuevo tipo de organización, el partido programático. Libre de las cadenas de financistas de antaño, que van desde las clases terratenientes tradicionales hasta las élites emergentes vinculadas a redes criminales transnacionales, el eslogan anticorrupción de Semilla creó una coalición electoral y política viable.

En este momento de ruptura hegemónica, institucionalizar las victorias de los movimientos sociales requiere formar una nueva coalición.

La enormidad de este triunfo ciudadano radica en arrebatarle una porción sustancial del poder a la alianza criminal atrincherada con todo el aparato estatal y sus recursos económicos a su favor. Fue una tarea revolucionaria que ahuyentó los fantasmas del autoritarismo. Sin embargo, el gobierno recién inaugurado enfrenta la formidable tarea de traducir las aspiraciones abstractas de la población en acciones tangibles en un país que se enfrenta a condiciones ruinosas: tasas alarmantes de desarrollo humano, infiltración institucional y territorial del crimen organizado y ausencia de elementos fundamentales para el progreso,como educación e infraestructura de calidad. Los desafíos incluyen abordar la necesidad del subempleo, la seguridad pública, la justicia ambiental y más. Guatemala, que ha carecido durante mucho tiempo de una gobernanza eficaz, necesita ayuda para recuperar sus instituciones para el bien común.

Abordar las desigualdades estructurales antes mencionadas mediante la lucha contra la corrupción fue parte de las promesas de campaña. La administración de Arévalo de León debe abstenerse de desperdiciar la energía del grupo interseccional de personas que salieron a las calles en los últimos meses para rescatar la democracia nominal. Tiene un corto periodo de tiempo para aprovechar ese poder, o será otra decepción. Y para hacerlo más difícil, tendrá las manos atadas sin un partido que legisle una agenda programática que claramente pueda impulsar un nuevo arevalismo. Particularmente desafiante será lidiar con el tribunal superior, que carece de independencia judicial y encarna la principal amenaza contra la reforma transformadora.

En el horizonte de Arévalo de León hay algo más que la emulación de la figura mítica de su padre: el “maestro-presidente”, como lo llama en algunos escritos. Hace diez años, en el libro Arévalo: Discursos desde una Guatemala inacabada (Catafixia: 2014), el propio Arévalo de León escribió sobre la larga sombra que proyecta Arévalo Bermejo en el presente:

“No se trata de querer repetir la historia o de retomar un guión político trágicamente truncado. Se trata de recuperar valores, los principios, los ideales que como sociedad nos empujaron a emprender ese camino que aún estamos recorriendo, necesarios para recomponer la brújula que parecería hoy resquebrajada, y sin la cual no encontramos el polo ético imprescindible para escapar del marasmo.”

Articular la esperanza es complicado. La coyuntura histórica actual ofrece una visión de la transición democrática de Guatemala y del potencial del país para rectificar su rumbo, a partir de la esperanza inquebrantable de sus ciudadanos y centrándose en las vidas y experiencias de los Pueblos Indígenas. Mantener el apoyo popular exige apertura, transparencia y receptividad a los sentimientos del público. También requiere una nueva coalición revolucionaria, que centre los llamados transformadores para defender la democracia liderados por las políticas comunales y asamblearias indígenas de Guatemala.

Los innumerables desafíos —un poder judicial capturado y una clase dominante reaccionaria— empañan las perspectivas de una nueva década revolucionaria. Sin embargo, existe una creciente esperanza de que esta nueva administración que cambia paradigmas pueda sentar las bases para una nueva generación reformista de gobierno abierto, inclusivo y con conciencia social para el siglo XXI. No somos huérfanos de referencias aspiracionales.

Como dicta el apotegma, el viejo mundo está muriendo y el nuevo lucha por nacer. Ahora es el momento de reclamar el futuro y luchar contra los monstruos.

Vaclav Masek,

Sociólogo, latinoamericanista y periodista de opinión para distintos medios como El Periódico, CNN en español, entre otros. Su trabajo como académico y periodista ha buscado conectar las realidades histórico sociales de Centroamérica en relación a movimientos sociales y política.

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