Tres integrantes de la patrulla élite kaibil fueron imputados por haber matado a más de 200 personas en 1982. Uno de los acusados admitió, en Estados Unidos, que como parte de la masacre había matado a un bebé al arrojarlo a un pozo en la comunidad Dos Erres, en La Libertad, Petén. En 2023, un tribunal en Guatemala decidió absolver y dejar en libertad a los tres militares acusados de participar en la masacre.
Raúl de Jesús Gómez Hernández ha declarado en los cuatro juicios por la masacre de Dos Erres. En las cuatro ocasiones se ha sentado en un banquillo y ha jurado decir la verdad frente a un tribunal. Él está dispuesto a declarar las veces que sea necesario, asegura.
«He hablado lo que es, sin temor, con gallardía. Estoy diciendo la verdad», dice con firmeza Raúl Gómez, en un pasillo de la Torre de Tribunales, antes de ingresar a la sala de audiencias.
Sus ojos están húmedos y enrojecidos. «Es muy triste que el mismo Estado, las mismas autoridades de su país le hagan daño a uno injustificadamente. Allí (en el parcelamiento de las Dos Erres) no había guerrilla, sólo agricultores y trabajadores», lamenta.
Es martes, 7 de noviembre de 2023. Son las tres de la tarde. Raúl Gómez y sus hermanas, Sandra y María Ofelia, ingresan a la sala de audiencias donde escucharán la cuarta sentencia por la matanza de Dos Erres.
Hace 41 años, en diciembre de 1982, integrantes de la patrulla élite kaibil y soldados mataron a más de 200 personas: niñas, niños, mujeres y hombres de la comunidad Dos Erres, en La Libertad, Petén. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), niñas y niños fueron golpeados y arrojados a un pozo. Luego siguieron las mujeres y hombres que recibieron golpes y disparos.
Entre las víctimas de la masacre está Ramiro, de 25 años, el mayor de los hermanos Gómez, sus primos y tíos. Raúl y sus hermanas perdieron a 14 familiares en la matanza.
La sala de audiencia está llena. Algunos familiares, periodistas y observadores internacionales esperan que ingrese el personal del Tribunal de Mayor Riesgo E, a cargo de la jueza presidente Abelina Cruz Toscano y los jueces vocales, Edy Otoniel de León Morales y Alida Mariluz Valenzuela Woltke.
Tuvieron que migrar para salvar sus vidas
La mayoría de familiares de las víctimas no pudieron estar presentes para escuchar el veredicto, debido a que viven en Petén, a más de 500 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala. Alrededor de 10 horas de viaje en automóvil.
En enero de 1983, los hermanos Gómez tuvieron que abandonar sus tierras en Petén y migrar a la ciudad de Guatemala. Huían de la violencia desatada contra su comunidad, catalogada por el Ejército como una zona roja, por rumores de pertenecer a la guerrilla.
«Mi mamá no me quiso dejar allá (Petén), yo me quería quedar por si lograba ver a mi hermano. Para mí fue muy duro venir a la capital», recuerda Raúl Gómez. Ahora tiene 64 años, es abuelo, trabaja como guardián y jardinero en la ciudad de Guatemala.
Desde la segunda fila de asientos, Raúl Gómez observa a los tres acusados, que están dentro de la carceleta de la sala de audiencias. En audiencias anteriores los acusados no se presentaron y habían comparecido por medio de videollamadas desde la prisión de Mariscal Zavala.
Alfonso Bulux Vicente, Gilberto Jordán y José Mardoqueo Ortiz Morales están ahora esposados y permanecen cabizbajos. Jordán trata de ocultar su rostro con las manos para evitar las fotografías de los periodistas.
En 1982, Bulux Vicente ejercía el cargo de subinstructor del curso de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil del Centro de Estudios Militares en Poptún, Petén; Jordán era sargento especialista y ejercía de bodeguero; y José Mardoqueo Ortiz Morales, cabo especialista, y se desempeñaba como mecánico en la Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil.
Raúl Gómez no había podido reconocer plenamente a los acusados a través de la videollamada cuando se presentó a declarar en el juicio, el 11 de mayo. La jueza Abelina Cruz mencionó los nombres de los imputados y le preguntó si los conocía. «Así de lejos, no muy capto, pero sí», respondió. No veía claramente los rostros en la pantalla, pero el día de la sentencia, al verlos en persona, identificó a Bulux Vicente.
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«Contradicciones» y «sesgos» en los peritajes
El 11 de abril de 2023, empezó el cuarto juicio por la masacre de Dos Erres. La sentencia llega después de siete meses.
En sus argumentos, la jueza presidenta Abelina Cruz empieza hablando de la independencia judicial y el principio de inocencia. Lee con calma la sentencia, casi no dirige la mirada hacia las personas presentes en la sala.
«En la sociedad moderna, en la cual los juicios mediáticos se encuentran a la orden del día, debe velarse porque las personas sometidas a un juzgamiento tengan la garantía del juicio público, pero sin que esa publicidad se preste a una exhibición de la persona como culpable», refiere la jueza.
Luego, la jueza vocal Alida Valenzuela interviene para desacreditar algunos de los peritajes presentados por el Ministerio Público durante el juicio. Uno de estos estuvo a cargo de Manolo Vela, sociólogo y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Vela hizo un peritaje histórico social para explicar que la masacre fue una operación militar como castigo por la emboscada de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el robo de 22 fusiles al Ejército. Sin embargo, la jueza señala que hay «contradicciones», porque la acusación del MP refiere que fueron 21 fusiles.
En la carceleta, José Ortiz Morales se pone de rodillas cuando oye que hay contradicciones en la acusación. El acusado murmura plegarias. Se mantendrá de rodillas hasta terminar la audiencia.
Valenzuela también califica como «sesgo», que el peritaje de la psicóloga Nieves Gómez Dupois se centra en el impacto psicosocial en la niñez y adolescencia de las Dos Erres y no se considera a las personas adultas de la comunidad.
La jueza vocal asegura que existe «incertidumbre» sobre la identificación de 25 de las más de 200 víctimas, debido a que no todas fueron identificadas por medio de análisis genéticos. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) también identificó de manera antropológica por vestimentas y rasgos únicos como la dentadura.
Tribunal también ve «inconsistencias» en las acusaciones
Las juezas toman alrededor de 15 minutos para leer los argumentos. Después, el juez vocal Edy Otoniel de León se extiende en su argumentación durante una hora. Enfatiza en las «inconsistencias» de las acusaciones del Ministerio Público contra los tres procesados y proyecta en una pantalla los documentos que analizó el tribunal.
Según de León, en la acusación que presentó el Ministerio Público contra Gilberto Jordán se identifica antropológicamente a Albino Israel González Carías, como una de las 25 víctimas de la masacre.
«La acusación refiere que fallecen 200 personas particulares y el primero que está identificado es un soldado. En esa fosa había al menos un militar. Bajo esa circunstancia, no eran sólo civiles los que estaban en la fosa, deja en entredicho que de los 200 hay un militar», asegura el juez.
En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de 2009, ya se había hecho mención a que se había localizado el cuerpo del soldado Albino González, en las exhumaciones de 1994-1995.
De León muestra el listado de víctimas identificadas por la FAFG y menciona dos nombres de quienes habrían sido asesinados en 1982, según el MP: Israel Medrano Flores y Roberto Pineda García. Luego proyecta en pantalla las actas de defunción, en las cuales se establecen sus fechas de fallecimiento en 2013.
El juez señala que hay «incertidumbre» sobre la identificación de Cristina Castillo Flores, porque en el listado de víctimas está el nombre de Cristina Castillo, pero el segundo apellido es Alfaro. Cristina Castillo Flores falleció en 2013. También mencionó algunos casos en los que los nombres de las víctimas difieren, debido a que el MP tomó distintos nombres con los que se les identificaban.
Además, De León indica que una de las víctimas identificadas por análisis genético fue Manuel Antonio Ruano Linares, pero el juez lee y proyecta el listado de víctimas para mostrar que no hay ninguna con ese nombre.
Raúl Gómez cruza los brazos, frunce el ceño y observa al juez. El nombre 161 de la lista de víctimas que se proyecta en pantalla es Ramiro Gómez Hernández, el mayor de los hermanos Gómez.
De León alza la voz para leer el artículo 462 del Código Penal, que establece el delito de prevaricato. «El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. ¿Qué es lo que quiere Famdegua? ¿Qué es lo que quiere el Ministerio Público? Incurrimos, nosotros, en dictar una sentencia con hechos falsos, eso es prevaricato», remarca.
El juez menciona que los testigos hablaron de la masacre, pero que no estaban presentes el día de los hechos en la comunidad Dos Erres. De León considera que el Ministerio Público no logró demostrar la culpabilidad de los acusados y lee la decisión unánime del tribunal: Bulux Vicente, Jordán y Ortiz Morales son absueltos por los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato.
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellante en el actual proceso judicial, apelará la decisión del tribunal.
Ante la resolución en la que el tribunal Primero de Mayor Riesgo E absolvió a tres ex kaibiles procesados por ejecución extrajudicial y Delitos contra los deberes de humanidad en la #MasacreDosErres reiteramos: pic.twitter.com/LLIVmmbJxo
— Famdegua Guatemala (@FamdeguaG) November 9, 2023
«El Estado se comprometió a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy el Estado, a través de este tribunal, ha faltado a esas obligaciones que aceptó», manifiesta Javier García, abogado del Bufete de Derechos Humanos, al terminar la audiencia.
En septiembre, este mismo tribunal absolvió a Sergio Roberto López Villatoro, el «Rey del Tenis», a su hermana Clara López Villatoro y al exmagistrado Eddy Orellana por el caso Comisiones Paralelas.
La absolución fue dictada a pesar de que la investigación del MP revelaba que López Villatoro habría intervenido en el nombramiento de magistrados, a través de una estructura paralela para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones.
La primera sentencia absolutoria por la masacre
Esta es la cuarta sentencia por la masacre de las Dos Erres. Antes, se llevaron a cabo otros tres juicios en Guatemala, que surgieron de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En 2009, la CorteIDH responsabilizó al Estado de Guatemala por la masacre de Dos Erres y le ordenó investigar para sancionar a los responsables.
Dos años después, en 2011, un tribunal guatemalteco sentenció a tres kaibiles y un teniente, en el primer juicio de este caso. En el segundo (2012) y tercer debate oral (2018) se condenó a un ex subinstructor de la fuerza especial kaibil y a un militar retirado. Las penas en ambos casos se establecieron entre 5 mil a 6 mil años de cárcel.
En los tres procesos judiciales anteriores hubo sentencias condenatorias. Esta es la primera vez que un tribunal dicta sentencia absolutoria.
«Yo no sé si nosotros hoy estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. Como hayan sido los fallos anteriores, no nos vincula a nosotros», expone el juez de León luego de explicar las inconsistencias que analizaron en las acusaciones.
🚨 Tribunal absuelve a tres militares acusados por la masacre en la comunidad de #DosErres.
— Ocote (@AgenciaOcote) November 7, 2023
Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz y Alfonso Bulux Vicente eran acusados de matar a más de 200 personas en 1982.
Vía: @amedinillap
📸: @_chrisguti pic.twitter.com/VTjJEXqFdC
Dos de los acusados en el cuarto juicio por la masacre, Jordán y Ortiz, ya habían sido condenados en Estados Unidos por mentir en su solicitud de ciudadanía. Ambos negaron haber sido miembros del Ejército o cometido algún delito cuando solicitaron su ciudadanía en la década de los noventa, después de migrar a este país. Luego de cumplir sus condenas en EE. UU., los deportaron para enfrentar a la justicia en Guatemala.
En Estados Unidos, Jordán admitió haber arrojado a un bebé en un pozo, durante la operación militar para matar a pobladores de Dos Erres.
La lectura de la cuarta sentencia por la masacre de Dos Erres terminó con las palabras de la jueza presidenta Abelina Cruz: «Es de esta manera como el tribunal ha cumplido con el ordenamiento constitucional de impartir justicia», sentenció.
En la carceleta, Ortiz Morales llora, levanta las manos y reza de rodillas. Bulux Vicente se pone de rodillas cuando escucha que recuperará su libertad. Jordán no reacciona, sigue sentado en la banca y oculta su rostro con la mano.
Tras escuchar el veredicto y mientras los jueces salen de la sala, Sandra Gómez alza la voz, entre sollozos: «Dios mío, tú sabes la verdad… ¡Son unos corruptos, corruptos, hagan justicia, no sean corruptos!, ¡A estos asesinos los van a dejar en libertad!», grita.
