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Cuatro juicios por la matanza de más de 200 personas

En 1982, kaibiles y soldados asesinaron a niñas, niños, mujeres y hombres de la comunidad Dos Erres, en La Libertad, Petén. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó al Estado de Guatemala por la matanza y seis militares fueron condenados. Ahora, en 2023, se desarrolla el cuarto proceso contra otros tres acusados. Aún hay cinco prófugos.

«Realmente estaba pequeño, pero sentí duro. Tal vez hubiera querido morir a la par de él (hermano). Aún sueño con Las Dos Erres y escucho todo lo que se escuchó …

«Realmente estaba pequeño, pero sentí duro. Tal vez hubiera querido morir a la par de él (hermano). Aún sueño con Las Dos Erres y escucho todo lo que se escuchó esos días, los disparos, el olor, el aire, todo», relató un sobreviviente, cuyo testimonio se consigna en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).  

La población de las Dos Erres enfrentó torturas, violencia y muerte. Las mujeres y niñas sufrieron violaciones sexuales en repetidas ocasiones. 

Entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt, integrantes de la patrulla élite kaibil y 40 soldados asesinaron a pobladores de las Dos Erres. Ríos Montt enfrentó un proceso judicial por este caso, aunque fue declarado incapaz de asistir a su propio juicio, el segundo después del caso por el genocidio al pueblo ixil.  

La matanza comenzó cuando un kaibil arrojó vivo a un bebé en un pozo seco, según la reconstrucción de hechos que hizo la CEH. Niñas y niños fueron golpeados y arrojados al pozo. Luego siguieron las mujeres y hombres que recibieron golpes y disparos.

El pozo se llenó de cadáveres. En toda la comunidad se podía oler la muerte. 

El equipo de antropología forense recuperó los restos de al menos 162 personas en las exhumaciones efectuadas entre 1994 y 1995. Aunque testigos y familiares hablan de más de 200 muertos.  

Retrato de estudiantes de la escuela en Dos Erres, dos meses antes de la masacre. Fotografía: Famdegua.

A 41 años de la masacre, en 2023, se realiza el cuarto juicio. El caso es conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo E, a cargo de la jueza presidente Abelina Cruz Toscano y los jueces vocales, Edy Otoniel de León Morales y Alida Mariluz Valenzuela Woltke. 

El Ministerio Público (MP) informó a Ocote que cinco militares están prófugos por la matanza de Dos Erres. Tienen órdenes de captura desde 2010.

Salomé Armando Gómez Hernández, de 52 años, es un sobreviviente de la masacre. Su hermano mayor, Ramiro, no logró huir y fue asesinado junto a otros hombres en las Dos Erres. 

Gómez tenía 11 años cuando ocurrió la matanza. Logró escapar de los militares cuando custodiaban a las mujeres y niños en una fila hasta el área donde iban a asesinarlos. Se escabulló para encontrar un escondite entre la maleza y los árboles. 

«Las pusieron amontonadas a las mujeres, agarraron sus armas y las fusilaron. Yo miré todo, estaba bajo un árbol y fue enfrente de mí que las fusilaron. Yo oí los gritos, madres con niños en sus brazos cayeron al suelo. Unos que quedaron vivos los remataron, allí iba un amigo también, que se llamaba Chilo», recordó con la voz entrecortada, en una audiencia de anticipo de prueba para el actual juicio.

La hermana de Chilo, el amigo al que recuerda Salomé, también testificó en el debate oral en desarrollo. 

Su nombre es Timotea Alicia Pérez López. Ella perdió a su padre y dos hermanos en la masacre: Canuto Pérez, de aproximadamente 35 años; Cecilio, apodado Chilo, de 12 años, y Abel, de 6 años. En la madrugada del 6 de diciembre de 1982, los tres salieron de su casa en una aldea cercana, Las Cruces, para trabajar en el cultivo de maíz y frijol en Las Dos Erres. Ella declaró que el Ejército se los llevó y no los volvieron a ver.

Tras escapar, Salomé Gómez llegó a su vivienda no muy lejos de la comunidad, huyó junto a sus padres y hermana hacia Las Cruces. Gómez contó a la familia de Timotea Pérez que vio cuando mataron a Cecilio, quien cargaba en la espalda a su pequeño hermano, Abel. 

«Él (Gómez) nos trajo la noticia de que había visto cuando los tenían en fila para matarlos. Él le dijo a mi hermano, él más grande: “Chilito, yo me voy a ir, vonos” y Cecilio le dijo: “no, porque yo cargo a mi hermanito, si nos van a dejar ir, nos vamos a ir juntos y si nos van a matar, aquí que nos maten juntos porque no puedo dejar a mi hermanito solo”», testificó Timotea Pérez.

Salomé Gómez declara en audiencia de anticipo de prueba, mayo de 2022. Fotografía: Famdegua.

La espera por justicia continúa

Las víctimas sobrevivientes esperaron 27 años por la primera sentencia que condenó la masacre de Las Dos Erres. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó al Estado de Guatemala y le ordenó investigar para sancionar a los responsables.

«El Estado de Guatemala tiene el deber de combatir la impunidad y, en consecuencia, de remover todos los obstáculos que puedan impedir o demorar injustificadamente la investigación y sanción efectiva de los responsables por graves violaciones de derechos humanos», indicó la CorteIDH en su sentencia. 

La CorteIDH ordenó algunas medidas de reparación para que el Estado se comprometiera a identificar y entregar los restos de las personas a sus familiares; adoptar una política de capacitación permanente en derechos humanos y derecho internacional humanitario para el personal de las Fuerzas Armadas; publicar la sentencia en el diario oficial y en otro periódico de circulación nacional; construir un monumento; reparación económica, atención médica y psicológica a las víctimas.

Dos años después, en 2011, en el primer juicio de este caso, un tribunal guatemalteco sentenció a tres ex kaibiles y un teniente. En el segundo (2012) y tercer debate oral (2018) se condenó a un ex subinstructor de la fuerza especial kaibil y a un militar retirado. Las penas en ambos casos, se establecieron entre 5,000 a 6,000 años de cárcel.

«El daño ocasionado es de carácter irreparable. Resulta inexplicable la actitud de los tripulantes de la patrulla élite kaibil, que en forma inhumana masacró a la población civil indefensa del parcelamiento de las Dos Erres, humildes campesinos dedicados a la agricultura», manifestó el tribunal presidido por la jueza Yassmín Barrios, en la sentencia de 2011. 

[Lee aquí: Los prófugos acusados por crímenes de guerra no son prioridad en Guatemala]

La acusación 

El MP señaló a tres exkaibiles por delitos contra los deberes de la humanidad y asesinato contra población de las Dos Erres, en la audiencia inicial del cuarto juicio por la masacre.

Los acusados eran integrantes de la patrulla élite kaibil en 1982: Alfonso Bulux Vicente, ejercía el cargo de subinstructor del curso de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil del Centro de Estudios Militares en Poptún, Petén; Gilberto Jordán, sargento especialista; y José Mardoqueo Ortiz Morales, cabo especialista. Jordán era bodeguero y Ortiz se desempeñaba como mecánico en la Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil. 

Jordán y Ortiz solicitaron la ciudadanía estadounidense en la década de los noventa. Al hacerlo, ambos negaron haber sido miembros del Ejército o cometido algún delito. Años después, cuando ya tenían orden de captura, fueron arrestados por mentir en aquella ocasión. 

En 2010, Estados Unidos condenó a Jordán a 10 años en prisión federal. Al cumplir la pena, lo deportaron a Guatemala para enfrentar los cargos por la masacre. Ortiz fue detenido en 2017, condenado a 11 meses de prisión en ese país y deportado a Guatemala.

Gilberto Jordán fue deportado a Guatemala en 2020. Fotografía: ICE.

Durante el actual juicio, la fiscal Paula Herrarte explicó que el operativo militar fue planificado en contra de la población civil no combatiente del parcelamiento de Las Dos Erres. Esta comunidad era catalogada por el Ejército como una zona roja, por rumores de pertenecer a la guerrilla. 

Según el informe de la CEH, durante 1982 se incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en las cercanías a Las Dos Erres y la aldea Las Cruces. En septiembre del mismo año, se registró un enfrentamiento entre miembros de las FAR y del Ejército en Las Cruces.

Con los testimonios recopilados por la CEH, se determinó que existía el rumor de que habitantes de Las Dos Erres pertenecían a la guerrilla, porque se oponían a que la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) de su comunidad tuvieran que patrullar también en Las Cruces. 

Entre las supuestas pruebas estaba un saco para recolección de cosecha de uno de los fundadores del parcelamiento, Federico Aquino Ruano, con las siglas FAR. Estas iniciales correspondían a su nombre, que también coincidían con las Fuerzas Armadas Rebeldes. 

En octubre de 1982, un convoy militar fue emboscado por las FAR a unos kilómetros de Las Cruces. Las FAR se llevaron 22 fusiles del Ejército. La base militar de Poptún, Petén, solicitó un pelotón de kaibiles para recuperar las armas. 

Los tres acusados, junto a otros integrantes de la patrulla élite kaibil y 40 soldados llegaron a Las Dos Erres en la madrugada del 6 de diciembre. Sacaron a las personas de sus casas. Los hombres fueron encerrados en la escuela, las mujeres, niñas y niños retenidos dentro de las dos iglesias, católica y evangélica. Los militares interrogaron y torturaron a la población, pero no encontraron los fusiles.

Pobladores observan mural en el templo de reflexión en Las Cruces, en conmemoración de las personas asesinadas en la masacre de Dos Erres. Fotografía: Famdegua.

En la acusación del Ministerio Público se establece que el teniente César Adán Rosales Batres –quien comandaba el grupo de asalto kaibil– empezó a golpear a pobladores y violar a mujeres. Rosales tiene orden de captura internacional, es uno de los cinco fugitivos por este caso.

En el juicio, Herrarte indicó que el acusado Alfonso Bulux Vicente y otros miembros de la patrulla élite kaibil continuaron con la violencia y violación sexual contra varias mujeres, entre quienes se encontraba una niña, violada frente a su familia y otras personas de la comunidad. 

Mientras que Gilberto Jordán es uno de los kaibiles que lanzó niños al pozo. En Estados Unidos, Jordán admitió que la primera persona que él asesinó en Dos Erres fue un bebé.

«A las víctimas se les privó de la vida, golpeándolas en la cabeza con una almágana, lanzándolas al pozo para finalmente efectuar disparos y lanzar granadas de fragmentación», dijo la fiscal durante el juicio de 2023.

La fiscal explicó que José Mardoqueo Ortiz Morales y Jordán también apoyaron en el traslado de los pobladores desde la escuela y en dos iglesias hacia las áreas dentro de la comunidad donde fueron asesinados.

José Ortiz Morales fue deportado a Guatemala en 2021. Fotografía: ICE.

La defensa de los acusados es ejercida por dos abogados de la defensa pública penal, Janeth García Rafael y Juan Luis Monterroso Luna. 

Durante la audiencia inicial del juicio el 11 de abril de 2023, la abogada García Rafael, aseguró que con la prueba presentada por la fiscalía no se logra determinar la participación del acusado José Ortiz Morales y se deberá dictar una sentencia absolutoria.  

Monterroso Luna, abogado de Jordán y Bulux, señala que el Ministerio Público carece de prueba para demostrar la acusación contra los acusados. 

«En el presente debate no podrá demostrarse que los señores acusados tuvieran la capacidad de decidir y ordenar la ejecución de las acciones, seguidas por los integrantes de la patrulla élite kaibil que dieron muerte a los pobladores del parcelamiento de Las Dos Erres», planteó Monterroso.

«Máquinas de matar» contra población indefensa

Los kaibiles estaban entrenados para ser «máquinas de matar». La CEH documentó que en el decálogo kaibil se marcaron las bases de este grupo élite del Ejército de Guatemala.

«Siempre atacar, siempre avanzar; el ataque de un kaibil será planeado con secreto, seguridad y astucia y lo conducirá con fuerza, vigor y agresividad; el kaibil es una máquina de matar cuando fuerzas o doctrinas extrañas atentan contra la patria o el Ejército; al ser emboscado, acompañándose del máximo volumen de fuego, el kaibil se lanza al ataque aniquilador».

Los kaibiles recibían entrenamiento de capitanes y oficiales con experiencia en combate, que habían asistido a cursos en escuelas militares del extranjero, como la escuela ranger estadounidense. En la actualidad, los kaibiles siguen usando técnicas de combate, pero entrenan para convertirse en especialistas antiterrorismo, antisecuestros y antinarcóticos.    

Según la CEH, el entrenamiento combinaba técnicas de sobrevivencia en situaciones extremas de combate, prácticas de tortura a prisioneros de guerra para obtener información de forma rápida, adoctrinamiento ideológico anticomunista y de operaciones psicológicas.

La CEH estableció que el Estado aplicó la denominada «Doctrina de Seguridad Nacional», durante el conflicto armado, que incrementó la intervención militar para enfrentar a la contrainsurgencia y a quienes clasificaban como «enemigo interno», a toda persona u organización que representara cualquier forma de oposición al Estado.

Los kaibiles usaban técnicas de tortura a prisioneros durante el conflicto armado interno. Fotografía ilustrativa: Gobierno de Guatemala.

El sociólogo Manolo Estuardo Vela Castañeda declaró en el juicio con relación a su peritaje histórico social sobre la masacre de Las Dos Erres.

«La masacre fue una operación militar como castigo por la emboscada de los 22 fusiles. El Ejército dedicó todo un mes, diciembre de 1982, para que su mejor unidad de combate buscara a las unidades de las FAR en el terreno (La Libertad, Petén). Esta unidad, la patrulla kaibil, se caracterizaba por ser bastante despiadada con las poblaciones civiles», señaló Vela en una audiencia el 29 de junio.   

Vela explicó al tribunal que la patrulla kaibil recibía órdenes de combatir a la guerrilla y también ejecutar operaciones en contra de población civil. El perito indicó que no se trata de un error de inteligencia militar, la información recopilada por el Ejército se habría usado para planificar la operación de castigo contra la comunidad de las Dos Erres, vulnerable por ser catalogada como zona roja.

[Te puede interesar: «Masacre de Xamán, la justicia inconclusa y la deuda del Estado»]

De momento, la fiscalía ha presentado testimonios, peritajes y pruebas documentales para demostrar la culpabilidad de los tres acusados. En próximas audiencias se conocerán las pruebas de la defensa. La siguiente audiencia se programó para el 4 de septiembre de 2023. 

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Dos Erres continúan en búsqueda de justicia. 

Salomé Armando Gómez ha testificado en los cuatro juicios por la matanza. Él seguirá declarando las injusticias que vivieron él, sus familiares y pobladores asesinados.

«Yo testifico la verdad. Dios me dio la oportunidad de huir, me tiene con vida para que yo declare la verdad de lo sucedido, a través de los años. A mí me afecta todavía esto, fue una injusticia lo que se cometió en las Dos Erres, porque habíamos gente decente, campesina y luchadora», expresó Gómez.

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Fotografía de portada: National Security Archive.

Angélica Medinilla

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